Profundidad

La reciente (y más peligrosa) aspiración de Patricio Pazmiño

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El gobierno del Ecuador es el Kraken: Un monstruo de muchos brazos y tamaño mitológico que quiere engullirlo todo. No le ha bastado con inmiscuirse con la autonomía sobre la vida sexual (grabar las entradas a los moteles, decirles a las mujeres cuándo tener sexo) o la transferencia de nuestra propiedad (con radicales leyes de herencia y plusvalía), todavía quiere quitarnos algo más: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La última movida en ese ya largo intento es la candidatura del doctor Patricio Pazmiño Freire para ocupar una de las vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH).

No es algo nuevo. En 2011 —cuando empezó el mal llamado “proceso de fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA)— Ecuador lideró serie de iniciativas que tenían el claro propósito de limitar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y suprimir o al menos debilitar varias de sus competencias. Por fortuna, fracasaron. 

Cuando ese caballo de Troya se desarmó, el mismo Pazmiño  —actual presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana— intentó postularse a Secretario Ejecutivo de la CIDH. Por falta de calificaciones, el hoy candidato a la Corte Interamericana no llegó siquiera a la ronda final del proceso de designación de Secretario Ejecutivo de la Comisión. Ante ese resultado, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño cuestionó la transparencia del proceso de selección y dijo que la CIDH carecía de credibidildad. Con su torpeza desvirtuaba la presunta independencia del candidato Pazmiño, algo que tanto se había pregonado.

Desde entonces —de forma ininterrumpida— el Gobierno ecuatoriano (que hoy quiere ser parte de la Corte Interamericana) ha denostado a la CIDH y a quienes acuden a ella en busca de justicia. Lo ha hecho ante los órganos políticos de la OEA y también en la  UNASUR —que nada tiene que ver con el SIDH— intentando minar su institucionalidad, y pretendiendo inmiscuirse en su financiamiento, sus relatorías temáticas, sus potestades cuasijudiciales y hasta su ubicación geográfica. Ha desinformado sobre las verdaderas razones por las que se creó el organismo y por las que los Estados democráticos de América lo vienen fortaleciendo desde hace más de cinco décadas, dándole progresivamente mayores facultades y autonomía, para ofrecer a los habitantes de la región una protección cada vez amplia de sus derechos fundamentales. Todo por alimentar al Kraken.

Otra amenaza constante del Estado ecuatoriano ha sido abandonar el SIDH. La última vez, se hizo en la rendición anual de cuentas del presidente Rafael Correa, en mayo de 2015. Ha insistido con vehemencia en la necesidad de diseñar nuevas instituciones en ámbitos que no incluyan a ciertos Estados “indeseables”, cerrando los ojos al tiempo y esfuerzo que ha llevado construir el actual sistema regional y los resultados que se ha obtenido a través de su trabajo.

A inicios del 2013, en uno de los momentos más críticos de la tensa relación entre Ecuador y la CIDH, la Cancillería que dirige Ricardo Patiño con tacto diplomático de elefante en cristalería, postuló un candidato ecuatoriano para que integre el “cuestionado” organismo. Erick Roberts Garcés, un funcionario de la Procuraduría que por más de quince años ha representado al Estado en los casos en que el Ecuador ha sido señalado como violador de derechos humanos. Una candidatura, por decir lo menos, incongruente. Luego del conversatorio del que todos los candidatos a Comisionados participaron en el Consejo Permanente de la OEA, se volvió evidente que el propósito de la candidatura ecuatoriana era impulsar la misma agenda de debilitamiento del SIDH desde adentro de la Comisión. Una vez más, los esfuerzos ecuatorianos no prosperaron.

Y aunque quiere insistentemente copar la Comisión, al Estado ecuatoriano parece no respestar a la Comisión. Desde octubre de 2013 a hoy, no ha acudido en ni una sola ocasión a las audiencias convocadas por la CIDH para tratar delicadísimos temas de derechos humanos que no perjudican a un grupúsculo de “pelucones” sino a todos los ecuatorianos. Los avisos de no presentación son siempre de última hora, con esa sorna y prepotencia revolucionaria a las que el Gobierno cree que todos —comunidad internacional incluida— debemos allanarnos.

El irrespeto no ha se limitado a las reiteradas ausencias. Desde marzo de 2014 el Gobierno nacional se ha dedicado a mentirle a la ciudadanía sobre la supuesta falta de validez y legitimidad de los decretos interinos de protección emitidos por la CIDH, las famosas medidas cautelares, todo con el afán de eludir su obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos. Profunda hipocresía: a través de su propio Ministerio de Justicia ha pedido medidas cautelares contra otros Estados de la región.

Esa incongruencia no era una novedad. Cuando en 2012, Venezuela decidió retirarse de la Convención Americana —no del SIDH pues para lograr tal efecto tendría que salirse de la OEA—, Ecuador —implacable crítico de los Estados que no son parte de la Convención— no sólo no se sumó a los países que llamaron al estado venezolano a reconsiderar la decisión, sino que nuestra Cancillería dijo que se trata de un asunto “que entra en el fuero de la política interna de esa nación”. Mostramos, como siempre que se trata del régimen de Nicolás Maduro, la diplomática mejilla de los que miran para otro lado.

El denuedo del actual gobierno frente al SIDH se refleja en sus estrategias procesales. Frente a los casos y peticiones individuales pendientes ante el SIDH, sus argumentos se han dedicado evitar la discusión de fondo y empantanarla a partir de alegaciones formales de supuesta incompetencia de los órganos de supervisión. Hace tiempo que no ha admitido su responsabilidad ni ha promovido procesos de solución amistosa con las víctimas, demostrando su nula adherencia a los principios que inspiran el sistema.

El Ecuador sigue sin cumplir una serie de decisiones no sólo de la CIDH sino del propio Tribunal que ahora quiere infiltrar. Basta ver en tal sentido recientes resoluciones de cumplimiento de sentencia de la misma Corte Interamericana en casos tan antiguos como Suárez Rosero v. Ecuador, decidido hace casi dos décadas, que todavía tienen varios puntos pendientes.

Con todos estos antecedentes cabe preguntar, aunque sean solo preguntas retóricas: ¿Cómo así ahora nuestro Estado tan soberano quiere a como dé lugar colocar un peón —en términos ajedrecísticos— en el ‘devaluado’ Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Por qué a estas alturas quiere ‘defender’ la institucionalidad del SIDH y legitimar su actuar aportando un juez? pero sobre todo ¿Por qué, habiendo muchos juristas ecuatorianos que si están calificados para asumir el desafío de ser Jueces de la máxima Corte del continente y a quienes si les interesan los derechos humanos, el ungido es un amigo del Canciller y el Presidente?

Las respuestas las dio el Canciller Patiño: “No tenemos ningún representante ahí” dijo en una entrevista al diario El Comercio publicada el 6 de junio “Y han dictado sentencias en contra del Estado y las hemos cumplido. Creemos importante que tengamos un representante, como todos los demás países.” Pero los motivos del jefe de la diplomacia ecuatoriana no son solo geopolíticas, sino personales: “Lo conozco desde hace muchos años. Tiene una trayectoria de defensa de los derechos humanos. Litigó contra el Estado ante la CIDH en los 90”. Patiño cree, además, que Pazmiño es un devoto de su oficio “Es un hombre que ha dedicado su vida por los derechos humanos, y hoy cumple un papel importante en el Estado.” Que sea amigo del Presidente, no le parece tan relevante “Se lo critica como amigo de Correa, pero lo proponemos porque corresponde que alguien de su calidad jurídica esté en la Corte.”  Las ‘razones’ del Canciller generan más dudas que certezas.

¿Qué busca con el argumento de que no tenemos ningún representante en un tribunal que declarado responsable al Ecuador por violación de derechos humanos?  Parece una clara intención de coartar la independencia e imparcialidad del organismo, con alguien que pueda hacer lobby en los casos ecuatorianos. El argumento, además de cuestionable es inefectivo:  la propia Corte Interamericana en su Opinión Consultiva 20/09 estableció de manera taxativa “[q]ue el juez nacional del Estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos contenciosos originados en peticiones individuales”.

Al señalar que Pazmiño es el candidato idóneo porque lo conoce muchos años y porque cumple un papel importante en el Estado, queda claro que el presidente de la Corte Constitucional ha sido postulado por ser instrumental a los intereses del Gobierno. Equivocadamente, se piensa que su función en la Corte Constitucional es compatible con el ejercicio de funciones en un órgano de supervisión internacional de derechos humanos. Sin embargo, hay evidencia histórica en contrario en el propio SIDH, como la renuncia presentada por Diego García Sayán a su cargo de Ministro en el Perú antes de posesionarse como Comisionado. Florentín Meléndez renunció a la CDH tras su designación como Juez de la Corte Suprema de Justicia del Salvador, por el evidente conflicto de intereses que representaría ejercer una función pública que pudiera derivar en eventual responsabilidad internacional del Estado, y al tiempo ser parte del órgano encargado de declarar tal responsabilidad. Al canciller Patiño ese conflicto de interés no le preocupa: hay que darle de comer al Kraken.

La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA. Son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley de su país o del Estado que los proponga como candidatos. Pazmiño sólo satisface uno de tales requisitos, el de cumplir las condiciones para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales en el Ecuador –que por cierto no son muy exigentes–. 

De los demás, carece en absoluto: no ha sido postulado a título individual sino según dice el propio Canciller, en representación de Ecuador. Es muy discutible su “alta autoridad moral” luego de haberse auto prorrogado las funciones y haber sido cuestionado varias veces durante su ejercicio como juez constitucional. En 2011, se le inició una instrucción fiscal por supuesto soborno en el caso denominado ‘Corte Cervecera’. Después, la fiscalía declaró que no existía responsabilidad de Pazmiño en el caso en que el secretario de la Corte Constitucional habría recibido un cheque de quinientas mil dólares de una parte interesada en un proceso que conocía la Corte. La eximencia de responsabilidad no quita, sin embargo, que la sola existencia de ese caso haga que la “alta autoridad moral” de Pazmiño decrezca a la hora de correr por una de las vacantes de la CDH.  

En materia de derechos humanos también carece de competencia. Eso se sabe con una simple lectura de algunos fallos producidos por la Corte Constitucional que preside.

Los Gobiernos y la sociedad del continente deben saber que el candidato ecuatoriano a la Corte Interamericana no es cualquiera. Es el que despojó de sus derechos adquiridos e intangibles a los trabajadores de la Cervecería Nacional. Amnistió a Floresmilo Villalta declarándolo “perseguido político” pese a estar condenado por un delito sexual, desconociendo en forma grosera los derechos de la víctima. Nos dijo que la comunicación no es un componente del derecho humano a la libertad de expresión sino un servicio público sometido al capricho estatal. Contra expresa disposición constitucional determinó que los derechos de las personas —el reconocimiento de la condición de refugiado por ejemplo— pueden regularse por decreto presidencial sin que haga falta una ley. Decidió que la justicia indígena sólo opera cuando a la justicia occidental le parece bien. Dio luz verde al paquetazo constitucional que entre otras cosas determina que la acción de protección —nuestro recurso de amparo— es extraordinaria y el acceso a la misma puede ser limitado por ley. Admitió una acción constitucional para revertir la declaratoria de inocencia de una persona injustamente acusada de terrorismo. Ese es Patricio Pazmiño, el candidato del Kraken.

Que exagero se dirá, que no fue sólo él se dirá.  Yo lo señalo de todo eso porque en ninguna de las nefastas decisiones de la Corte Constitucional a las que aludí en el párrafo anterior, votó en disidencia, demostrando algo de compromiso con los derechos humanos.

Quiero confiar que los Gobiernos responsables de la región reflexionarán, y no tratarán de silenciar el molesto lloriqueo ecuatoriano sobre la ineficacia del SIDH otorgándole al gobierno de Rafael Correa la dádiva de un sillón en la Corte Interamericana. Ojalá entiendan que ahí no solo se sentará Patricio Pazmiño, sino también la posibilidad de desmantelar el Sistema desde adentro. Pero hasta salir de dudas el martes 16 de junio de 2015, voy a tomar prestada por un momento la frase del presidente Correa: que nos quiten todo menos la esperanza… de que un día el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos hará justicia a los ecuatorianos por todo lo que ha acaparado el actual Gobierno. De que el SIDH no pasará, también, por las fauces del Kraken. Para conservar dicha esperanza, el amigo del Presidente no debe ser elegido a la Corte.

Bajada

¿Por qué es un riesgo que el Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador llegue a la CDH?

Juan Pablo Albán
Abogado de profesión y defensor de los Derechos Humanos por convicción. Todavía es iluso y cree que este país puede ser mejor.