“Es más difícil perdonar a alguien cuando tiene la razón”, decía Albus Dumbledore, uno de los personajes centrales de la saga Harry Potter. Y es lo que le pasó a Rolando Panchana, exgobernador del Guayas. El miércoles 20 de mayo de 2015, Panchana sugirió que se cambiara el lugar donde el Papa Francisco daría su misa en Guayaquil el próximo 6 de julio, por cuestiones de seguridad. Autoridades de la Iglesia Católica en Ecuador –entre esos el arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui– se opusieron. Según ellos, la decisión ya estaba tomada, y si el gobierno intentaba cambiar el lugar, la visita del Papa a la ciudad estaría en duda. Panchana tuvo que renunciar esa misma noche. Al cabo de unas horas, Viviana Bonilla, secretaria nacional de Gestión Política, decía que aceptaba la renuncia porque el funcionario se había adelantado: su sugerencia no tenía un sustento técnico que lo respaldara. Al día siguiente, el informe que esperaban le dio la razón al exgobernador.
Originalmente, la visita del Papa era solo a Quito. Pero como Francisco había declarado en marzo a 2015 como el año de la misericordia, quería conocer el Santuario de la Divina Misericordia, ubicado en el kilómetro 26 de la vía a la Costa, en Guayaquil. Ahí, daría la misa. Para eso, la agenda del Papa aumentó un día en Ecuador, y después irá a Bolivia y Paraguay. El problema con ese lugar era que había una sola vía de acceso, y en alguna situación de riesgo, una evacuación sería imposible: a la misa del Papa se espera que lleguen un millón de cristianos. Era la preocupación del presidente de la república, Rafael Correa, cuando sobrevoló el santuario, el 19 de mayo. En su enlace ciudadano del 30 de mayo, Correa contó que ya había informes que aseguraban que la misa ahí era inviable. “Entonces, ¿por qué siguen trabajando?”, había preguntado el Presidente. Los ministerios de Vivienda y de Transporte y Obras Públicas ya habían ejecutado el 30% de los trabajos de adecuación de las tierras alrededor del santuario. Unas cuarenta y cuatro hectáreas de terreno irregular –con elevaciones de hasta catorce metros– debían convertirse en una explanada para oficiar la misa con todos los creyentes.
La noche del 19 de mayo, Correa reunió al Consejo de Seguridad del Guayas –integrado por miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y la Gobernación del Guayas– y les dio 72 horas para presentar un informe técnico que determinara finalmente si se podría ofrecer seguridad en la misa. Al día siguiente, Panchana dio la rueda de prensa en que sugería que la misa no debía ser en el Santuario de la Divina Misericordia, sino en el Parque Samanes, ubicado al norte de Guayaquil, que cuenta con suficientes vías de acceso y con cincuenta hectáreas de explanada donde albergar al millón de cristianos.
Hubo polémica enseguida. En redes sociales acusaron a Panchana de querer politizar la visita al llevarla a un lugar simbólico para el Gobierno. Un editorial del Mercurio de Cuenca cuestionaba el tropicalismo incontrolado del entonces gobernador, que le costó el cargo. Pero sobre todo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y la Arquidiócesis de Guayaquil se negaron. Todo ese día, 20 de mayo, aparecieron en páginas web de medios de comunicación las versiones de los sacerdotes. David De la Torre, vocero de la CEE, dijo que no había tiempo “para polémicas estériles”, porque el Papa iba a venir a Guayaquil porque quería ir al Santuario de la Divina Misericordia. El presidente de la CEE, Fausto Trávez, advirtió que ese cambio podría provocar que Francisco cancelara su visita a Guayaquil, porque “el dueño de la visita es el Papa y él resuelve”. Y según Antonio Arregui, se estaba exagerando con la seguridad. Según la CEE, los responsables del viaje pontificio habían dicho que si no podía asistir un millón de personas en el santuario, «cabría disponer el sitio para albergar un número inferior de personas, siempre el mayor posible”. El problema era que, como reveló el informe técnico de la SNGR, las personas que entraban eran once mil, apenas el 1% de la cifra original. Las declaraciones se producían y reproducían en la prensa. Al final del día, la posibilidad de que la visita se cancele había generado tal presión que Panchana tuvo que presentar su renuncia, por sugerir una mejor opción. “Declaraciones que puedan comprometer de alguna manera la seguridad de la visita papal no pueden ser permitidas”, dijo la secretaria de Gestión Política del Gobierno. La sede de la misa era inamovible por deseo de Francisco. O eso era lo que decían la Conferencia y el arzobispo.
El canciller Ricardo Patiño –que estaba de gira por Angola– tuvo que viajar a Roma ese fin de semana para hablar en persona con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y Alberto Gasbarri, responsable de la organización de las visitas papales. Y el lunes 25 de mayo, Gasbarri confirmó por teléfono que la misa sí podría cambiar de lugar. Para entonces, Panchana ya se había ido; su sugerencia, no. Y aunque el Vaticano ya se había pronunciado, la Conferencia Episcopal seguía protestando cuando el 27 de mayo, Patiño hizo público que el Parque Samanes sería la sede de la misa. Arregui decía que él todavía no tenía ninguna confirmación del Vaticano. Mientras eso no pasara, el programa que tenía la Arquidiócesis sería modificado. Las declaraciones parecían fruto de la desconfianza. El 14 de mayo, la CEE firmó un convenio con la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para la documentación de la visita del Papa. Según el acuerdo, la Secom no podría utilizar el material para campañas o actividades no relacionadas con la visita, y las imágenes serían difundidas gratuitamente para que los medios puedan usarlas según “sus propios criterios y agenda de programación”. Eso, según Marcos Pérez, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, para que “no se tergiversen” las palabras de Francisco en Ecuador. La preocupación de la Iglesia es legítima, pero aquella hostilidad es una difícil forma de coordinar la visita del Papa.
La participación de la iglesia local ha sido algo extraña. Cuando se confirmó la visita del Papa, Arregui dijo que en el Santuario de la Divina Misericordia se podrían aprovechar unas cincuenta hectáreas, pero la secretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, dijo que eran solo dieciséis, y no cuarenta como les habían dicho. Para poder recibir al millón de personas, era necesario intervenir con fondos públicos en los terrenos privados aledaños al santuario, donde había que nivelar los predios. Según el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, “nos estamos exponiendo a una glosa” si las cosas no se hacían de la forma adecuada. Y cuando por fin la Arquidiócesis y la Conferencia Episcopal tuvieron que aceptar el cambio, envió un boletín de prensa en el que se llevaban el crédito por la gestión de los organismos gubernamentales: “la iglesia local, pensando en el bien de los fieles, presentó al Santo Padre la posibilidad de aceptar un cambio en el programa”. Y aprovechó para dejar en claro que como se trataba de una misa, la organización y la presencia de los peregrinos al interior del campo eucarístico son de su competencia. Porque ellos son los anfitriones, y nadie más.
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— Omar Simon (@osimonc) May 30, 2015
El 29 de mayo, Omar Simon, secretario general de la Presidencia, publicó en Twitter un oficio de la Nunciatura Apostólica del Ecuador que decía que el Papa había aceptado el cambio de la misa al Parque Samanes “para favorecer la máxima participación de los fieles”. El comunicado tenía fecha del 21 de mayo. Es decir, un día después de que la CEE y la Arquidiócesis inundaron de declaraciones los medios. Era el mismo día en que al exgobernador le aceptaran la renuncia. Es como si la salida de Panchana fuera el efecto secundario de una pugna –unilateral– por ser el anfitrión del Papa.
A Rolando Panchana no le tuvieron paciencia.
