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Cuando se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ya era acreedor de deuda pública. El Estado le debía seiscientos millones de sucres (treinta millones de dólares de entonces) al instituto que en 1969 –durante el gobierno de José María Velasco Ibarra– remplazó a la antigua Caja Nacional del Seguro. Desde 1942, cuando se aprobó la Ley del Seguro Social Obligatorio, el Estado era responsable del pago del 40% de las pensiones de jubilación. Aquella deuda de treinta millones bajó a solo cuatro en 1971, pero en 1981, era de ciento cinco millones; en 1990, de cincuenta y cuatro. A partir de la crisis bancaria de finales de los noventa, el montó creció exponencialmente, e incluso se llegó a pensar en privatizar el seguro social. En 2003, el IESS compró bonos del Estado por cuatrocientos cuarenta millones de dólares, en un momento en que la pensión jubilar mínima estaba congelada en quince dólares mensuales, de acuerdo a una carta de intención firmada por el entonces presidente Lucio Gutiérrez con el FMI, que le exigía congelar el dinero que el instituto tenía en el Banco Central como reserva monetaria. En 2006, la deuda estaba en unos dos mil quinientos millones. Ese mismo año, dos mil cien fueron pagados. Actualmente, el IESS ha comprado $6.800 millones de dólares en bonos del Estado, un dinero que ha sido destinado a empresas rentables de sectores estratégicos como Petroecuador y los proyectos hidroeléctricos. Además, el Estado también ha pagado con papeles la deuda que mantenía con el IESS. De treinta y ocho pagos, ocho han sido en efectivo, y el resto en emisión de bonos que vencen en 2017 y 2026. Así, el IESS ha sido una fuente de liquidez de emergencia y un importante tenedor de deuda pública interna desde siempre. Y nunca un gobierno pudo hacer lo que acaba de hacer el actual: quitarse esa carga de encima.

El futuro del financiamiento del IESS es incierto. El 20 de abril de 2015 entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral. En materia de seguridad social, el documento permite afiliarse a cerca de un millón y medio de personas que realizan trabajos no remunerados del hogar, o amas de casa. Pero también elimina la obligación del Estado de aportar con el 40% del valor de las pensiones jubilares (unos $1.100 millones), una responsabilidad que tenía desde hace setenta años. Para ello, se reformó el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social. En lugar de fijar un valor o porcentaje, el Estado solo invertirá en los jubilados “cuando haga falta”. Pero la Ley no explica cómo se decidirá esa posible aportación.

El argumento del presidente de la república es que el IESS tiene superávit. Y es cierto. Pero solo parcialmente. Es verdad que hay superávit, pero ese está concentrado sobre todo en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que incluye las pensiones jubilares. A finales de 2014, el IESS tenía un déficit por encima de quinientos millones de dólares en el fondo de salud, cuya realidad es distinta a la de los jubilados. En 2010, una reforma a la misma Ley de Seguridad Social incluyó a los cónyuges y los hijos menores de 18 años de los afiliados como beneficiarios de la atención médica gratuita en hospitales tanto públicos como los privados que mantienen convenios con el IESS. Aquello aumentó la demanda de los servicios en forma radical: los afiliados tienen cuatro millones de hijos, que en 2014 representaron un gasto de $65 millones. Pero el instituto no recauda nada por ese servicio, cuando las recaudaciones son –en principio– el espíritu del IESS. Los beneficiarios del seguro social están ahora cerca de los nueve millones, pero de esos, apenas algo más de la mitad aporta. Es decir, el dinero que sobra en pensiones jubilares, falta en otros fondos.

Un análisis actuarial es una proyección económica que mide la sustentabilidad de un proyecto y dice cuánto tiempo puede durar. En el IESS se realizaron seis que analizaban las posibilidades una vez eliminada la aportación estatal del 40% de las pensiones jubilares, una idea que apareció en el borrador del proyecto de Ley de Justicia Laboral. Los estudios arrojaron al distintos escenarios: uno dice que el IESS será sustentable doce años; otro, que serán veintitrés, y otro fija que para 2050 habrá un déficit de setenta mil millones de dólares.

Más optimista es la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Betty Carrillo, que asegura que el IESS podrá sustentarse durante los próximos cuarenta años.

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En una entrevista televisiva, Carrillo dijo que el IESS no es de los afiliados, sino del Estado. Una tesis que comparte el presidente Correa, quien considera que la deuda con el IESS es “ficticia”, porque el instituto es una entidad pública que ha invertido en otras entidades públicas. “Le pagamos cerca de mil millones de dólares anuales y como no tiene qué hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos, eso significa una deuda de $8.000 millones con el IESS, una deuda ficticia porque es nuestra propia plata”. Eso pese a que la Ley de Seguridad Social considera al instituto como una entidad autónoma y con fondos propios. Según Carrillo, los bonos que el Estado le ha entregado al IESS son como cheques que aún no han sido cobrados.

En 2007, la recaudación del IESS fue de dos mil millones. Siete años después, Llegó a más de siete mil millones, un aumento de casi alcanza el 400%. Y de ese dinero de 2014, se ejecutó el 95%. El hecho de que existiera un superávit en el rubro de las pensiones jubilares hizo pensar al presidente Correa que seguir subsidiando el 40% era absurdo, por el superávit. “En estos momentos es el mayor ahorrador del país”, dijo en un enlace ciudadano.

Ahora, con la Ley de Justicia Laboral aprobada, entre economistas y funcionarios han barajado algunas posibilidades para cubrir el déficit cuando sea necesario. La ex intendenta de Seguro Social, Carmen Corral, ha dicho que la Ley terminará por quebrar el fondo de pensiones. “Ellos [el gobierno] tendrán que, en algún momento, aumentar el aporte, aumentar la edad de jubilación y aumentar la base de cálculo de la pensión”. Cuando el ministro de Defensa, Fernando Cordero, era presidente del IESS, había hablado de la posibilidad de aumentar cada cinco años la edad de jubilación en un año.

En 2011, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decía que el déficit del IESS se vería en 2030. Pero el estudio también decía que si se eliminaba el aporte estatal del 40%, las afectaciones serían inmediatas, y que la deuda sería de unos dos mil millones en 2030 y de $10.000 millones en 2050. Y es que hay algo que juega en contra de las finanzas del IESS, con o sin subsidio: el crecimiento demográfico. En los últimos veinticinco años, tanto la tasa de fecundidad como la esperanza de vida han variado de forma que podrían afectar antes de lo previsto a un IESS sin subsidio estatal. Según Cepal, en 1990, cada mujer ecuatoriana tenía en promedio 3,67 hijos. En 2010, esa cifra bajó a 2,48. En el mismo periodo, la esperanza de vida aumentó de 69 a 75 años. Según esa tendencia, los aportantes irán disminuyendo mientras que los jubilados aumentarán y serán beneficiarios de la pensión durante más tiempo. Es por eso que la ausencia del subsidio es preocupante: el seguro social funciona como una especie de pirámide, donde el aporte de la población económicamente activa (los nuevos miembros) financie a los jubilados (los más antiguos). Y si el crecimiento demográfico dice que los primeros serán menos y que los segundos serán más, entonces un superávit hoy no garantiza nada mañana. El seguro social no luce tan seguro.

Bajada

¿Qué tan cierto es que el IESS tiene superávit?