Cantaban victoria los defensores del liberalismo económico cuando a pocos días de aplicada, se anunciaba que la salvaguardia cambiaria para importaciones de Perú y Colombia quizá no llegase a festejar ni su primer mes de vida. En esos días de marzo de 2015, el anticipado festejo se alimentaba de lo que finalmente fue el pronunciamiento de la Comunidad Andina de Naciones oponiéndose a la medida, así como del propio proceso de revisión emprendido por el Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador. “¡Un ratito! ¡Aquí nadie se me baja de la salvaguardia!” fue el mensaje que –en resumen– dio el Presidente Rafael Correa al respecto. Rápidamente reunió a su gabinete económico, habrá repartido algunos carajazos, felicitado algunas ideas, y pocos días después, en su acostumbrado enlace sabatino, anunció que no habría tal “desmontaje” de la medida, que imponía sobretasas solo a productos de Colombia y Perú. El gobierno avanzaría hacia una de mayor alcance. La salvaguardia ha tenido muchas críticas. Los defensores del liberalismo la califican como un error. Desde la otra orilla ideológica, en cambio, se habla de contradicciones y desesperación. Pero olvidan un elemento fundamental para el análisis: la política es una permanente disputa de intereses y sentidos. La aplicación de estas nuevas sobretasas arancelarias evidencia las disputas de poder y sentidos que implican el quehacer de la política gubernamental. Son disputas que se expresan en la relación del gobierno con los actores de fuera de su espectro, pero que también se hacen evidentes en los criterios y posturas del Presidente y sus colaboradores. Por eso, es necesario añadir un elemento más a todo lo que se dice estos días sobre la salvaguardia: Desde la lectura de la permanente disputa, es una medida correcta al alinearse con la perspectiva de una necesaria regulación económica, modelo que promulga la política presidencial.
La dolarización dejó al Ecuador con importantes ataduras en el ámbito de la política económica. No podemos incidir en el tipo de cambio de una moneda que no es nuestra y carecemos del margen de acción que tienen otros países para hacer política monetaria y gestionar su liquidez. Desconocer estas limitaciones y pensar que la economía del país y la dolarización pueden sostenerse dejándoles a la deriva de lo que suceda en la economía internacional, es un gravísimo error. Más aún si consideramos que esa economía internacional no es ninguna laguna de agua mansa, sino un océano agitado por la voracidad de los grandes capitales por sostener sus crecientes tasas de ganancia. Años atrás esa era la política económica de nuestro país: una política a la deriva. Si nos entraban más recursos de los que salían, en buena hora. Si no era así, sálvese quien pueda (seguramente quienes contaban con más recursos fuera que dentro, cortesía de la desregulación financiera). Por otro lado, si por buena suerte entra más plata de la que sale, una economía desregulada y a la deriva no ayuda a que se genere un desarrollo equitativo e incluyente. Si no hay recursos, sálvese quien pueda y si los hay, benefíciese (solo) el que pueda.
El Gobierno Nacional ha hecho bien en comprender y decir que la dolarización no es lo mejor que nos pudo haber pasado y que se requiere una posición proactiva para contrapesar las restricciones que dicho esquema monetario le genera a la política económica de nuestro país. En este sentido, los lineamientos para la política respecto a los flujos de divisas en dolarización han pasado de la “deriva” de años atrás a un tratamiento distinto: hacer esfuerzos por promover su ingreso, dinamizar su uso dentro del país y cuidar su salida. Esto cobra más sentido si pensamos que la importante inyección de recursos a la economía (inversión pública, crédito, salario digno, etc.) –pilar del modelo económico del Gobierno actual– no podrá cumplir a cabalidad su cometido si gran parte de esos recursos que llegan a manos de los ecuatorianos se escapa del país a renglón seguido como en buena medida sigue pasando. Muestra de ello es que los resultados actuales e históricos de la balanza comercial no petrolera siguen siendo deficitarios (en 2014 se registró un déficit de USD -7,612.1 millones). Pero volviendo a la medida, más allá de ser un mecanismo temporal y perfectible, es claro que esa visión distinta respecto al tratamiento de los flujos de divisas está presente en su trasfondo.
Talvez el incremento de los precios genere malestar, pero tiene su razón de ser. Además de preservar la salida de divisas en esta coyuntura, la medida cumple con otro cometido: genera certidumbre para aquellos productores nacionales que pueden reaccionar en el corto y mediano plazo. Recordemos, por ejemplo, lo beneficiosa que resultó la medida de salvaguardia de 2009 para el sector del calzado ecuatoriano y las medidas arancelarias que se establecieron en 2010 para darle continuidad a la protección y fomento del sector. Ahora bien, sería exagerado pensar que la salvaguardia puede ser una medida estructural de transformación productiva. Sin embargo, sí que se puede afirmar que no desentona con la Estrategia de Cambio de Matriz Productiva que promueve el Gobierno Nacional, especialmente en lo referente a la sustitución de importaciones e impulso a la producción local.
Para que una estrategia de transformación productiva trascienda la coyuntura, requiere pasar de políticas arancelarias de carácter temporal hacia la profundización de una agenda regulatoria (ya en marcha) que permita sustituir importaciones de manera más sostenida e impulsar la producción y el consumo local. De acuerdo a los datos del Comité Interministerial de la Calidad, en los tres primeros trimestres de 2014, la aplicación de medidas como normas de calidad le generaron un ahorro de USD 720 millones al país por concepto de desincentivo a ciertas importaciones. La aplicación de medidas de este tipo, como lo hacen muchos países alrededor del mundo (nuestros vecinos colombianos, para no ir tan lejos), dan un fuerte mensaje de “Sí se puede” con respecto a políticas que van más allá del corto plazo y que no requieren rendirle cuentas a la Organización Mundial de Comercio, como nos vemos obligados a hacerlo al haber aplicado la salvaguardia.
Hay que entender que la salvaguardia no es un esfuerzo aislado o que agota opciones en materia de política económica. Pero, más importante que enumerar las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional y criticar todo lo que podría hacer y no ha hecho, se puede afirmar que la salvaguardia es una señal en la dirección correcta. Me refiero, por supuesto, a la dirección de un modelo que critica el liberalismo a ultranza y que le apuesta a regular la economía.
En este punto, es fundamental tener en cuenta que la política partidista, así como la propia política pública, son espacios de permanente disputa de intereses y sentidos. En un “año difícil”, como denomina el Presidente Correa a esta coyuntura, estas disputas se vuelven más explícitas y contraponen a quienes apuestan por la profundización de un modelo económico distinto y a quienes aúpan, desde las más diversas trincheras, por el retorno a la austeridad y la desregulación. En el mundo de la utopía, queda pensar que la política pública se ejecuta tal como está planificada, y en el mundo del simplismo, que todo lo que se aleje de lo planeado es una gran contradicción. La política real nos obliga a entender que las decisiones no siempre se toman desde una cierta racionalidad, sino apelando a elementos como las relaciones de poder, los intereses y los choques de sentidos dentro del ajedrez que finalmente constituye la institución de un gobierno.
Es así que tenemos a la salvaguardia, la ley de incentivos para la producción, la búsqueda de financiamiento para sostener el programa de inversión pública y la agenda regulatoria para sustituir importaciones y promover la producción local, como ejemplos de decisiones adecuadas en la línea de fortalecer un modelo de economía que pone a los seres humanos y al país por encima de los intereses de los grandes capitales. Por otro lado, cabría preguntarse si la letra fina de las negociaciones comerciales (zanjadas y venideras) empuja el barco en la misma dirección.
Temporal, limitada y perfectible, la aplicación de la salvaguardia es un empujón en la dirección correcta en un contexto de permanente disputa. Además, es muestra de que el modelo económico por el que aboga el Presidente Correa y la Revolución Ciudadana se puede profundizar, incluso en un contexto complejo como el de este “año difícil”. Quien diga que en los escenarios de crisis hay poco margen de acción para la política pública está muy equivocado. ¡Un ratito! Las crisis puede significar oportunidades, siempre y cuando la disputa de sentidos y decisiones de política pública se incline en favor de las mayorías, es decir, en pro de la justicia social, la redistribución y la liquidez para el desarrollo, y en detrimento de los intereses de unos pocos que son los que aúpan, directamente o a través de voceros, por la desregulación y el libre mercado.
¿Qué dicen los nuevos aranceles sobre la orientación de la política económica del Gobierno?