Los agoreros del gasto público

El discurso oficial descartó la opinión de analistas económicos como Pablo Lucio Paredes o Gabriela Calderón por su visión «neoliberal». Han sido identificados en enlaces ciudadanos como pesimistas o “loquitos” que advertían el fin de los tiempos con cada decisión del gobierno que implicaba más gasto estatal y más cobro de impuestos a los ciudadanos, además de cero incentivo a la productividad nacional, sea cual sea. Aquellos loquitos, advertían que la bonanza ecuatoriana se debía al precio del petróleo, que en algunos momentos durante este gobierno sobrepasó los cien dólares por cada barril. Ahora que el precio está por debajo de los cincuenta dólares, lo loquitos resultaron tener la razón cuando advertían lo provocaría un gobierno con políticas tributarias y arancelarias como el nuestro: Un incremento en el gasto público imposible de mantener.

Por sentido común, cuando su aparato productivo no les genera productividad, los empresarios deben reducirlo. Eso es posible porque su estructura organizacional no está atada a un discurso ideológico de generar empleo a costa de los impuestos que genera la minoría empresarial y económicamente activa en el país. La lógica estatista, por otro lado, ha decidido restringir a los importadores incrementando los aranceles. El gobierno apoya su decisión en el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Estratégico para el Cambio de Matriz Productiva. En esos proyectos se determinan indicadores de producción nacional que justifican las sobretasas, o impuestos a los impuestos. Eso, para contrarrestar el déficit presupuestario acelerado por la caída del precio del petróleo, el cierre de tratados con países como EEUU y de la dependencia casi exclusiva de relaciones comerciales con países aliados y con suerte la Unión Europea (un mal necesario si queremos exportar con más facilidad), y la poca preparación para incentivar la producción local en relación al mercado local e internacional.

Cada vez trabajamos más días para pagar impuestos en lugar de generar ahorro o patrimonio para nosotros mismos. Pero en general, el problema no es el impacto a la clase empresarial y emprendedora del país. El problema estará en el impacto negativo que tendremos como consumidores. En realidad, estas políticas proteccionistas defienden –más que a la producción nacional– a las arcas del estado, pero atacan la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Esto lo ha dicho en varias ponencias Gabriela Calderón: la estabilidad económica en el Ecuador se debe al dólar americano. El Estado no puede alterar el patrón del dólar, ni imprimirlo en el Banco Central. Gracias a eso, hemos podido operar de una manera estable por los últimos quince años. Pese a que el dólar se ha ido fortaleciendo a nivel mundial, su valor y poder adquisitivo en nuestro país se debilita. La dolarización no le permite al Estado devaluar la moneda para tener una producción más barata, es decir, más competitiva. Como alternativa, el gobierno decidió crear salvaguardias que afectan al 32% de las importaciones, para que cada vez sea más difícil comprar productos que no sean hechos en Ecuador.

Y no es culpa del precio del petróleo, sino de la gran cantidad de tributos y salvaguardias que los importadores y productores están obligados a pagar para poder poner en perchas sus productos. Es un gasto que también deben costear los comerciantes que los distribuyen para que todos salgan ganando. Al final, todo ese incremento lo paga el consumidor.

Los aranceles encarecen los productos importados, pero también las materias primas e insumos extranjeros que se usan en la producción nacional como los instrumentos musicales manufacturados localmente, puertas hechas con MDF y cualquier derivado del acero como barras, ventanas o alambrón para malla, por nombrar algunos. Podríamos decir que los aranceles solo afectarían a cosas que Ecuador podría producir para cubrir la demanda, como manzanas (aunque actualmente el 90% de las manzanas en Ecuador son importadas), pero en realidad, afecta a productos que no podemos ni sabemos producir como computadoras, ropa, impresoras 3D, e incluso los útiles escolares.

Pero además. Estos aranceles que suben precios a los productos extranjeros podrían volver más caros a los productos nacionales. Porque al competir con un producto extranjero que ha subido su precio un 45%, el producto nacional puede subir un 25% y seguir siendo más barato, sin el obstáculo del arancel. Pero eso desincentiva el consumo y desacelera la economía. Los precios, a fin de cuentas, los define la ley de oferta y demanda y no un presidente, superintendente o la Pacha Mama. De esto es lo que nos advertía Pablo Lucio Paredes.

La riqueza no solo viene de los bienes materiales producidos en una maquinaria industrial o por las manos de un artesano, el comercio –el servicio de poner la mercancía a circular en distintos canales de distribución– también es riqueza. Es una actividad económica que genera ganancias y trabajo. Si decae el consumo, decae el comercio. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que “se nos escapa el dinero”. El dinero se va donde hay rendimiento y potencial de generar patrimonio. Eso no se trata de la voluntad de ningún estado, sino de la de productores y empresarios que ven que el valor de su moneda les permita adquirir e invertir más a largo del tiempo. Y eso solo se genera cuando hay comercio abierto por lo tanto las salvaguardias afectan al comercio y atacan a la lógica económica. En marzo de 2015, el Gobierno sostuvo reuniones con el Comité Empresarial Ecuatoriano y otros cuerpos gremiales del país. Se suponía que los gobernantes iban a escuchar a los empresarios para atender sus necesidades. Al final, la pluma del Poder Ejecutivo los mató.

Este problema no es externo, ni la culpa es del imperio yankee (¿o será ahora el chino?) que nos debilita sino de una política fiscal que no sabe reducir costos ni prever crisis. El déficit en el presupuesto general del estado es producto del inmenso gasto público y burocrático. La historia sería distinta si desde el primer año de Revolución Ciudadana se hubiese diversificado la economía, no bajo la visión de la matriz productiva únicamente, sino entendiendo la oferta y demanda local, incentivando de una manera más competitiva (con capacitación y no solo créditos) a los microempresarios, emprendedores en productos, servicios, tecnología e innovación. Si durante estos ocho años de bonanza petrolera el Estado hubiese ahorrado, no nos afectaría tanto la caída mundial del precio del petróleo y así nosotros, los ciudadanos que día a día pagamos nuestros impuestos no estaríamos costeando las consecuencias de los errores de las altas cúpulas. Con impresionantes currículums y equipos llenos de Phd, el gobierno ha creado una política gastadora y deudora, con una visión cortoplacista.

Las políticas públicas del gobierno parecen diseñadas para cumplir una agenda ideológica, más que para incentivar al mercado a descubrir las oportunidades para un verdadero desarrollo económico, dentro y fuera de la matriz productiva El presupuesto para lograr el cambio prometido en Ecuador era demasiado grande. Pero además, recuerdan a las políticas económicas de las dictaduras militares de los setenta. En esa época, en Ecuador estaban restringidas las importaciones. La idea en ese entonces era incentivar la producción nacional, y como resultado surgió el Andino, una pequeña camioneta de carga con asientos solo para dos personas. Hoy ya no se ensamblan: El Andino fracasó.

Puede que sea fácil decirlo ahora, pero si le hubiésemos prestado más atención a los loquitos de Pablo Lucio Paredes y Gabriela Calderón, talvez la historia sería diferente. Si hubiéramos aceptado humildemente que la izquierda no tiene idea de cómo vender un chicle, y si le hubiéramos dejado ese trabajo a los empresarios, los cerdos capitalistas y a las grandes corporaciones interesadas en invertir en Ecuador por nuestros costos de producción relativamente baratos, quizás el precio del petróleo no nos habría golpeado tanto. Es hora de darles a las empresas esa oportunidad.