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Cuando leí América se comportaba como ISIS – un texto del periodista estadounidense Bill Moyers sobre el fanatismo religioso– pude ver las innegables semejanzas entre el Ecuador y el “cinturón bíblico” de los Estados Unidos –que incluye los estados sureños y parte de las planicies centrales. En ambos, la población es mayoritariamente cristiana –católica acá, protestante allá– y está sometida a la influencia que ejerce la religión sobre los aspectos fundamentales de su vida: la educación, la salud, el desarrollo de la ciencia, las leyes y la impartición de justicia.  Se me ocurrió entonces revisar en paralelo cómo ambos territorios han lidiado históricamente con el fundamentalismo, el odio y la discriminación.

Viví en Guayaquil durante mi infancia, adolescencia y unos pocos años de adultez, y en Carolina del Norte a fines de los noventa.  Allá, en Asheville, la joya de los montes Apalaches con pungente aroma a tierra húmeda y gente risueña que habla con acento edulcorado como el tañido de un banjo, encontré diferencias culturales abismales con Washington D.C., Miami y Nueva York, ciudades más cosmopolitas donde había vivido antes. Asheville era mucho más parecida a la “Perla del Pacífico” de mi juventud: amable, plácida y homogénea. Sospechosa de lo foráneo y poco tolerante con lo distinto. Dócil a primera vista, pero con un potencial de crueldad infinito, capaz de achicharrar en sus hogueras de infierno grande a todo aquel que no se ciñera a las reglas del juego.

En el caso del “cinturón bíblico”, no estoy siendo metafórica. La quema de personas vivas, o luego de haber sido colgadas, fue sistemática durante cientos de años en esa zona. Como cuenta Moyers en su texto, la imagen del piloto jordano Muath al-Kassabeh ardiendo dentro de una jaula a manos del Estado Islámico le resultó familiar, pues se parecía a una que había visto antes: la del cuerpo carbonizado de Jesse Washington –un joven afroamericano de Waco, Texas, acusado sin pruebas de violación en 1916. A su alrededor, decenas de hombres blancos sonreían. Uno de ellos les mandó una foto del evento a sus padres diciendo:

–Esta es la parrillada que tuvimos anoche. Yo salgo a la izquierda con una cruz sobre mí. Su hijo, Joe.

La ONG Iniciativa de Igualdad y Justicia se ha dedicado a investigar la historia de los linchamientos en Estados Unidos entre 1877 y 1950, el período en que proliferaron. Luego de cinco años y 160 viajes a puntos estratégicos, determinaron que hubo casi cuatro mil víctimas mortales de raza negra.

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Hay, sin embargo, casos documentados desde el siglo XVII hasta el más reciente en 1981 en que James Knowles y Henry Hayes, miembros del Ku Klux Klan, mataron a Michael Donald de 19 años en Mobile, Alabama (al respecto hay un documental recomendable, producido por el canal Discovery, titulado “El último linchamiento”). Podría argumentarse que matanzas de este tipo se dan incluso hoy, que crímenes de odio como el reciente asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, a manos del policía Darren Wilson, no son sino una versión contemporánea de linchamiento. 

Al investigar sobre linchamientos racistas en Ecuador, lo primero que encontré fueron referencias al caso mediático del Tin Delgado. Son pocas las menciones sobre linchamientos motivados por odio racial en la historia de nuestro país (la mayoría de los casos referenciados se han producido en comunidades indígenas, como ajusticiamientos de delincuentes). Eso no quiere decir que los racistas ecuatorianos hayan sido más benévolos que sus pares del Norte. ¿Por qué, entonces, no campearon aquí grupos como el Ku Klux Klan con la misma fuerza que en Estados Unidos? Puede ser que los afro ecuatorianos y los indígenas –esclavizados en algún momento de nuestra historia– no representaron, al ser liberados, la amenaza que sí fueron los negros en el sur de ese país, donde los blancos sintieron que su economía se resquebrajaba luego de la abolición. No sólo perdieron su mano de obra gratuita, sino que tuvieron que incorporar a cientos de miles de nuevos ciudadanos que empezaron a depender de un gobierno donde ya había muchos viviendo en la pobreza. Y así, pese a su libertad, los negros se convirtieron en chivos expiatorios, víctimas de los más viles castigos.

En nuestro país, los esclavos liberados siguieron tan marginados, que la población dominante no los percibió como una amenaza. De hecho, no los percibía en absoluto hasta que los indígenas organizaron un movimiento enérgico, ganaron representación política y empezaron a exigir sus derechos para incomodidad de muchos, incluyendo hoy a su otrora aliado, el Presidente de la República. La incorporación de la comunidad negra a la sociedad en iguales términos está aún pendiente.

Hablemos de cifras. En el Ecuador, el general José María Urbina expidió un decreto para liberar a los esclavos en 1851 mientras que la abolición de la esclavitud no llegó a los Estados Unidos sino 13 años después, en 1865. Desde entonces, los afro-americanos han tenido que luchar para conseguir cada derecho que han obtenido y aún viven en una sociedad mayoritariamente racista y discriminadora. En un artículo de The Guardian: “América todavía es un país profundamente racista”, Chris Arnade, reconocido fotoperiodista que ha documentado el tema de la adicción en el Bronx de Nueva York, cuenta cómo la imagen de ver a Obama elegido presidente se borró cuando vio la forma en que la policía trata a los negros en el gueto. Chomsky también habla sobre el tema en una entrevista con la periodista Laura Flanders. “Desde que empezó la guerra contra las drogas en los 70 y 80 volvimos a criminalizar la vida de los negros. Es cierto que hay élites que tuvieron una ventana, un par de décadas en las que pudieron ir a la universidad y tuvieron ciertas oportunidades, pero la masa afro-americana vive atrapada en una guerra racista en la que todo está diseñado para que no puedan insertarse en la sociedad”. Lecciones de racismo contemporáneo.

En 1968, Paul McCartney cantaba Hey Jude, Estados Unidos perdía la guerra de Vietnam, Martin Luther King, la vida de un balazo, y en Nueva York nacía el movimiento por los derechos de una minoría discriminada y sin representación política: los homosexuales. Todo empezó cuando un grupo de hombres gay que se reunían a socializar en el bar Stonewall Inn de Greenwich Village, cansados del acoso policial que sufrían y, envalentonados por el clima contestatario de los tiempos, estallaron en una serie de protestas para ser reconocidos como ciudadanos con los mismos derechos que los demás.

El Village, claro está, no es el “cinturón bíblico” donde la consecución de derechos LGBTI es más reciente incluso que la de los negros. En este punto el Ecuador nuevamente se adelanta a Alabama, despenalizando el delito de “homosexualismo consentido” en 1997, a raíz de nuestras propias protestas estilo Stonewall –que sorpresivamente no se dieron en Quito ni en Guayaquil, sino en la tradicionalísima Cuenca, reina hermosa de fuentes y flores, como dice su himno. Precisamente, las manifestaciones empezaron luego de que un grupo de policías irrumpiera en un conocido bar donde se había coronado a la reina gay. La violencia con que trataron a las catorce personas que se llevaron detenidas fue tal, que estas iniciaron una demanda contra la Policía Nacional por poner en riesgo su integridad física, luego de que fueran víctimas de todo tipo de abusos, incluyendo sexuales.

Los líderes activistas Ángelo Anastacio, Gonzalo Abarca y Orlando Montoya, entre otros pocos aguerridos, consiguieron 1,400 firmas de las 1,000 que exigió el Tribunal Constitucional para derogar el artículo discriminatorio. Un año después, no solo estaba despenalizada la homosexualidad, sino que nuestra Constitución incluía una disposición que establecía “la no discriminación por orientación sexual”. Es cierto que a nivel jurídico la despenalización fue una victoria de forma y no de fondo, ya que los criterios que los jueces plantearon para llevarla a cabo fueron prejuiciosos, falaces e insultantes. El primero decía que la homosexualidad era una enfermedad (pese a que en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad del Manual de Trastornos Mentales), el segundo, que la condición de enfermedad eximía la responsabilidad delictiva y el tercero, que despenalizar esta enfermedad evitaría que se propagara en las cárceles (claro, porque la homosexualidad debe ser igual de contagiosa que la gripe aviar).

Gracias al desarrollo de un activismo eficaz, se logró que la Constitución del 2008 incluyera los criterios acertados por los que debió despenalizarse la homosexualidad. Al día de hoy se han judicializado principios como la libertad de conciencia, la autonomía y soberanía corporal, la intimidad, el respeto a las diferencias, a la diversidad y a la identidad de género. Poco a poco, esos conceptos han comenzado a calar en la conciencia de la sociedad –pero aún queda mucho por hacer. La titánica tarea de legalizar el matrimonio igualitario es el próximo paso. Y este sí, me temo, que Alabama lo ha dado primero. Hace pocas semanas, y contra todo pronóstico, se convirtió en el estado número 37 en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos.

Históricamente, Alabama se ha comportado de manera vergonzosa con sus ciudadanos homosexuales. Hay un caso emblemático de los años 70, donde el juez Joseph Culquitt, encargado de crear los estatutos del Estado sobre abuso sexual, declaró, con la complacencia de sus colegas, que la homosexualidad era un crimen tan detestable que no necesitaba definición legal, ya que por su condición abominable, no se debía siquiera mencionar. No sorprende, entonces, que Alabama y 13 de sus vecinos hayan sido últimos en la fila para eliminar la “ley sodomía”. La Corte Suprema ya la había invalidado a nivel nacional en el 2003, pero la cucufata Alabama se empecinó en mantenerla oficialmente en sus libros hasta el 2013. ¿Cómo puede haberse legalizado el matrimonio igualitario en un estado donde hasta el 2010 se intentó castigar a un hombre, Dewayne Williams, por el delito de sodomía?

No sin un tira y afloja entre jueces estatales y federales. Una pelea que, en honor a la verdad, no es solo por el matrimonio igualitario sino por el derecho de los estados a autogobernarse. En enero de 2015, la jueza Distrital Federal Callie V.S. Granade derogó la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama, por considerarla inconstitucional. Decenas de novias y novios, parejas LGBTI, corrieron a obtener sus licencias matrimoniales para darse el “sí, acepto” legalmente, hasta que la noche del domingo 8 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo estatal, Roy Moore, ordenó a los magistrados que no dieran más licencias. Su escrito decía: «… para aliviar la situación adversa que afecta la administración de justicia en nuestro estado… ningún juez, agente o empleado de juzgado emitirá licencias de matrimonio que sean inconsistentes con el artículo 1…” (el que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama y que la jueza Granade ya había declarado inconstitucional). El lunes 9 de febrero de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos negó la orden de Moore y ratificó el veredicto de Granade.  

Muchos Jueces Federales están convencidos de que el matrimonio es un derecho para todos los ciudadanos, sin distinción de género. Esa convicción, esa voluntad política está haciendo la diferencia aún en estados como Alabama donde la población está mayoritariamente en contra. Apuesto mi pluma a que en algunos años, cuando caigan en cuenta de que no ha ocurrido ninguna tragedia en sus vidas a raíz de que los homosexuales puedan casarse, los sondeos arrojarán resultados favorables. La historia es distinta a nivel nacional, donde un 63% de los americanos aprueba el matrimonio homosexual. Los pronunciamientos de apoyo llegan cada día en mayor número y de todas partes: líderes de opinión, cabezas visibles en el mundo del entretenimiento, el deporte, las letras, la política, la educación.

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Obama es el primer Presidente en funciones que ha declarado con todas sus letras estar a favor del matrimonio igualitario –claro, no lo hizo hasta que los sondeos revelaron que la mayoría de la población también lo aprobaba. Hasta el 2012 solamente apoyaba las uniones civiles que, según él, daban a las parejas del mismo sexo iguales derechos que a las heterosexuales. En 2012, sin embargo, Obama se retractó y manifestó que su opinión había evolucionado. Y como la suya, la de cada vez más estadounidenses.

El Presidente ecuatoriano, en cambio, no entiende la diferencia entre derechos civiles y dogma religioso. Aparte de las disculpas que expresó a la comunidad LGBTI luego de un desafortunado comentario homofóbico, solo ha tenido gestos grandilocuentes como reunirse con uno que otro activista para la foto, que luego desvirtúa con un discurso lleno de prejuicios y estereotipos. Sus promesas de apoyo no se han materializado y como detesta que lo contradigan y señalen sus faltas, mientras más incisivos son los reclamos de los activistas, más involuciona en el tema del matrimonio igualitario.

Las iglesias tienen soberanía para decidir cómo definen el concepto de matrimonio dentro de sus estatutos, eso es innegable y lo respeto profundamente. Pero en este caso no estamos hablando del matrimonio eclesiástico sino civil. El Estado ecuatoriano es laico, y debe otorgar los mismos derechos a todos sus ciudadanos. Iguales obligaciones, iguales derechos. Tendría que ser así de sencillo, pero no lo es. Entran en juego factores como la ignorancia y la homofobia –una forma de miedo a lo distinto que se manifiesta como odio, y que lamentablemente se propaga desde las cabezas de nuestra sociedad.

En el Ecuador, las iglesias han ejercido y ejercen poder político. Hablo en plural, porque no somos un país solo católico; las religiones protestantes evangélicas han cobrado gran fuerza en los últimos años. Correa es un ferviente curuchupa, lo cual no tendría porqué ser un problema si no trascendiera su vida espiritual. Pero el Presidente de un estado laico no debería gobernar el país poniendo sus creencias religiosas antes que los derechos de sus ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, el poder que ejerce la derecha cristiana depende de qué partido esté gobernando: si es el Republicano, se establece una especie de cogobierno con las instituciones religiosas. El partido Demócrata, en cambio, las mantiene a raya. Dato curioso: la jueza Granade que permitió el matrimonio gay en Alabama fue nombrada por George W. Bush, el presidente más conservador y ultra cristiano que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Nadie sabe para quién trabaja.

Hace pocas semanas escuché una entrevista a la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, en la que hablaba sobre la legalización del matrimonio igualitario. Recordemos que, sobre el tema, dicha corte empezará a escuchar casos en abril y dará su veredicto en junio. Todo apunta a que desde ese momento las parejas homosexuales podrán casarse a lo largo y ancho del territorio estadounidense. “El cambio en la actitud de la gente sobre este tema ha sido enorme”, dijo Bader Ginsburg, “en los últimos años, las personas gay han empezado a decir ‘así soy yo’, y mirando a nuestro alrededor hemos descubierto que es nuestra vecina querida, o el hijo de nuestra mejor amiga o incluso nuestro propio hijo. Pienso que mientras más gente ha salido del closet, hemos empezado a reconocer que cualquiera de ellos puede ser uno de los nuestros.” Llena de verdad, la honorable.

Si somos gay, hagámonos visibles, y si no, miremos alrededor, reconozcamos a los nuestros, y luego abracemos también a los que sentimos ajenos. La apertura está llegando a sitios tan improbables como Alabama. Y a pesar del vendaval de homofobia que sopla desde los púlpitos y el Estado, empieza a llegar también a Ecuador.

Bajada

Analogías sobre los prejuicios en el “cinturón bíblico” estadounidense y nuestro país