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El gobierno central intenta transferir las competencias de tránsito a los municipios, pero Guayaquil se resiste. Un asunto sobresale, y es el posible aumento del precio de los pasajes urbanos. Al alcalde Jaime Nebot no le gusta la idea. Respaldado por 396 grupos ciudadanos,  Nebot ha decidido resolver esto vía consulta popular. Dos preguntas quiere hacer a los guayaquileños: si sube el valor del pasaje en las actuales condiciones en que funciona el transporte público, y si se aumenta a cinco centavos una vez que este servicio haya sido reformado. Esto sin cambiar las tarifas especiales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero una consulta no es la forma más adecuada para fijar el precio del pasaje, porque eso es obviar un diálogo con una de las partes involucradas: los transportistas.

Es cierto que el Art. 104 de la Constitución de la República nos da el derecho a hacer consultas sobre cualquier asunto. También es cierto que el valor de los pasajes es algo que le compete a toda la ciudadanía, porque el transporte urbano es un servicio público. Pero una consulta popular, como forma de tomar decisiones, presenta limitaciones en este caso. No ha habido una campaña informativa para que los ciudadanos puedan decidir con argumentos si la tarifa se mantiene o aumenta. Esto es importante, porque la cantidad en que subiría el pasaje depende de un análisis costo-beneficio, y para eso se necesita metodologías. Hasta ahora, el Municipio solo ha tenido acercamientos con líderes estudiantiles, mujeres y familiares de transportistas urbanos, pero ha rechazado reunirse con transportistas.

Decidir el precio del pasaje en consulta popular es desproporcionado: En Guayaquil hay alrededor de dos millones de votantes, y solo cuatro mil transportistas. Es igual que preguntarle solo a una de las partes: los clientes que utilizan los buses. Se deja de lado la opinión de los transportistas, quienes conocen mejor la realidad de este negocio. El diálogo con las partes involucradas resulta más adecuado. En 2014, Mauricio Rodas, alcalde de Quito, resolvió el tema del alza de pasajes a través de cuatro mesas de trabajo con los transportistas. Ahí se trataron asuntos como la calidad del servicio, los costos operativos, el sistema integrado de recaudo y la participación ciudadana. Al final, se mantuvo el costo del transporte urbano en veinticinco centavos, las tarifas de estudiantes y adultos mayores quedaron en doce centavos, e incluso se redujo a diez el pasaje para personas con discapacidad. Se concluyó en las mesas que incrementar el precio de veinticinco a cuarenta y dos centavos –como proponían los transportistas– terminaría en un gasto adicional de 75 dólares mensuales para una familia de cinco miembros. Todo esto sin necesidad de llamar a una consulta popular.

Según el artículo 269 de la Constitución de la República, las competencias exclusivas de los GAD deben ser asumidas de forma obligatoria y progresiva. El tránsito es una competencia exclusiva para los municipios, según el Art. 264, numeral 6 de la Constitución. Lo mismo establecen una resolución de la Dirección Ejecutiva de la ANT del 12 de septiembre de 2014 y el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Nebot dice –por otro lado– que todavía no puede asumir la competencia porque no ha recibido los fondos suficientes. Según el alcalde de Guayaquil el Municipio debía recibir 44.2 millones de dólares y no los 30 millones que envió el Ministerio de Finanzas. El Art. 273 de la Constitución indica que las competencias que asuman los GAD se harán con la respectiva transferencia de recursos. La resolución 006 del Consejo Nacional de Competencia –del 26 de abril de 2012– dice que cuando una política tarifaria incluya subsidio, el gobierno central seguirá aplicándolo. Pero en la proforma presupuestaria de 2015, el gobierno eliminó el subsidio al transporte urbano, que es lo que evitaría el alza de los pasajes. Según Nebot, el gobierno no cumple con su parte para que las competencias se transfieran: En enero de 2015, no había instalaciones adecuadas a disposición de la alcaldía para capacitar a 630 aspirantes a agentes civiles de tránsito municipales.

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Otra razón que argumenta Nebot para no asumir la competencia –la que motiva la consulta– es la Resolución No. 100, del 27 de agosto de 2014, de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La resolución incluye una política tarifaria para subir el precio del pasaje urbano en un 13%. El porcentaje corresponde a la “Tasa de Rentabilidad”, que es la cantidad de dinero destinado como ganancia para los transportistas. Según el Alcalde, la resolución es una orden del gobierno para elevar el pasaje. Nebot no quiere correr el riesgo de quedar como el responsable del alza de los pasajes, porque eso tiene un costo político: la desaprobación de la ciudadanía.

Sin embargo, existe otra resolución, que deroga la No. 100. La resolución 122 establece que las tarifas se fijan con una metodología de cálculo monetario, que responda a la realidad socioeconómica de la ciudad, localidad o país. Ese método no es obligatorio, como ha dicho la ministra de Transporte, Paola Carvajal. Cada GAD debe decidir si lo aplica. Esa metodología toma en cuenta el dinero invertido para obtener el bus urbano, la demanda de pasajeros y los ingresos que obtiene el conductor, entre otros aspectos. También se establecen costos fijos y variables y una proyección de los resultados si la tarifa fuera asignada al transporte público. Además, se considera que cada transportista pueda –además de cubrir costos operativos– generar ingresos acordes a su trabajo. Esta resolución ofrece completa libertad al municipio para poder determinar la tarifa del transporte como desee. Si bien ya no hay subsidio al transporte, el alcalde no puede oponerse a asumir competencias que le manda la Constitución.

La consulta popular no es una decisión estratégica para determinar la tarifa del pasaje: Es una maniobra política de Nebot para no perjudicar su imagen pública. Si se realizara la consulta, ganaría el “no”, porque los ciudadanos no querrán pagar más por el transporte. Es la forma en que la alcaldía intenta mantener su imagen intacta frente a los guayaquileños. No obstante, esto también es una respuesta a una maniobra del gobierno: La competencia que entrega es un problema para el municipio de Guayaquil. Que el alcalde pretenda responder con una consulta es –en cierta forma– comprensible, pero innecesario. Aunque revisar las tarifas fuera obligatorio, la consulta no es la mejor forma. Sobre todo después de que el municipio de Quito demostrara que son más efectivos el diálogo y el consenso entre las partes involucradas.

Bajada

¿Era necesario llamar a una consulta popular para decidir el alza de los pasajes en Guayaquil?