El episodio veintiuno de la sexta temporada de Los Simpsons se tituló “Lucha educativa”. Allí se dibujó una de las escenas que más circulan en redes sociales, la de Jasper Beardly –un anciano a quien se le delega el papel de maestro a pesar de no tener experiencia– amenazando a sus estudiantes con tabla en mano: “Si miran por la ventana, hay tabla; si miran mis sandalias, hay tabla; si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla”. La escena termina con Lisa suspirando. Jasper es la autoridad que no sabe cómo incentivar a que sus estudiantes mejoren su rendimiento. Así, toma la vía que requiere menos sesos: la de la sanción.

Lejos de las risas, esta escena ilustra uno de los problemas centrales de la administración pública: los incentivos. ¿Cómo hacer que los partidos políticos compitan de manera honesta por el poder político (sin torcer leyes y transparentando su financiamiento, por ejemplo)? Como todo lo que concierne a lo público, las respuestas requieren de análisis tanto sensibles como robustos. Otra pregunta importante es ¿cómo hacer que los medios de comunicación tengan mayores incentivos para proporcionar información adecuada a los ciudadanos?

Una pregunta difícil, considerando que para los políticos existe un intercambio (a modo de balanza o trade-off) entre flujo libre de información y control político sobre su gestión. He ahí el motivo para las restricciones que por ley se le dan, como ocurre en Cuba, China o Arabia Saudita, donde el periodismo independiente es sancionado por los costos políticos de que un periodista revele el fracaso de algún proyecto o casos de corrupción, o las restricciones que se dan sin ley expresa pero mediante lobbying y otros mecanismos que aseguran inclinar a favor de un particular determinados intereses corporativos.

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) es alumno ejemplar de lo que no hay que hacer cuando se ejerce control sobre asuntos públicos particularmente sensibles. Por un lado, discursivamente defiende su capacidad sancionatoria y en la práctica lo hace con el mismo entusiasmo que Jasper: “si miran mis sandalias, hay tabla”; por otro, cubre su repartición de tablas con un velo de erudición que avergonzaría al listado de académicos que cita en sus resoluciones.

¿Quién mira las sandalias de la Supercom?

En los sistemas democráticos son transversales los mecanismos para que los políticos electos rindan cuentas a sus mandantes. En ciencia política, dichos mecanismos se incluyen en el concepto de accountability, que en realidad implica mucho más que “rendir cuentas” (no existe traducción exacta al español; en inglés remite tanto a la obligación de rendir cuentas y a poder exigirla en determinado momento, como a asumir plenamente la responsabilidad por sus decisiones). Así, la accountability política requiere de una variedad de arreglos institucionales para mejorar las experiencias democráticas, como el que los políticos se sujeten periódicamente a elecciones libres y competitivas –tan mencionado hoy en los debates sobre la reelección indefinida. Pero dentro de ese arreglo institucional para mantener una constante rendición de cuentas, también figura el flujo de información en el que los medios desempeñan un rol central: cuanto más informados están los ciudadanos sobre el éxito o fracaso de políticas públicas, mejor podrán decidir, por ejemplo, si castigar o premiar en elecciones a determinado candidato. El que los ciudadanos estén bien informados también ayuda a la acción colectiva: si los medios revelan el fracaso de un proyecto, más fácil será para los ciudadanos organizarse para reclamar a quien estuvo a cargo. De ahí que exista un trade-off fundamental –desde las preferencias de los políticos– entre flujo libre de información y control político.

Entre los países existen distintos sistemas de medios. Algunos autores (v. Curran, Iyengar, Lund, & Salovaara-Moring, 2009) toman como ejemplo, de entre toda la diversidad, a tres sistemas presentes en países con democracias liberales y de economías avanzadas: (i) el modelo de mercado, como EEUU; (ii) un modelo dual que combina televisión comercial desregulada con un servicio público fuerte, como Gran Bretaña; y (iii) uno en el que predomina un modelo de servicio público, como en Finlandia y Dinamarca. Puede decirse mucho acerca de cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, aunque en EEUU la Federal Communications Commission (FCC) se ha vuelto paulatinamente débil –se rechaza la intervención estatal y los medios están predominantemente en manos privadas–, se mantiene aún la tradición de “responsabilidad social” en el periodismo norteamericano aun cuando coexiste con la tendencia de medios orientados al puro entretenimiento (incluso en cuanto a noticias, que ha devenido en shows que hacen de la violencia y el crimen espectáculos).

Pero la verdad es siempre gris. Si bien algunos autores (v. Coyne & Leeson, 2009) sugieren que solo un sistema de medios regidos bajo lógicas del mercado (como en EEUU) y libres de la influencia de los gobiernos pueden cumplir con la función democrática que les corresponde, otros (v. Macrory, 2013) señalan que también es necesaria una regulación adecuada que resuelva factores estructurales como la concentración de medios (peligrosa en tanto puede llevar a sobrerepresentar intereses políticos de particulares), que en América Latina alcanza altos niveles.

Bajo esta categorización, Alianza País y sus legisladores se orientan –en discurso– hacia el fortalecimiento del modelo de servicio público, comprensible por el contexto ecuatoriano de alta concentración de medios en pocas manos privadas (de acuerdo al “Análisis de Desarrollo Mediático en Ecuador-2011”, el 83% de estaciones de televisión abierta y el 89% de radiodifusoras). El horizonte, que es el espíritu constituyente, apunta hacia la democratización de los medios (repartición equitativa de frecuencias) para que cumplan su función democrática. Pero ocurre que los legisladores y actuales burócratas no toman como base a las legislaciones y reglamentos como los de Finlandia o Dinamarca, que son buenas experiencias y cuyos medios públicos gozan de alta confianza: En Dinamarca, por ejemplo, los dos principales canales públicos de televisión acapararon el 64% de la audiencia en 2006 –medido por cantidad total de tiempo visto–. En ese mismo año, en Gran Bretaña, los dos principales canales de la cadena pública BBC tuvieron el 43% de la audiencia. Al contrario, Ecuador está más cerca de la experiencia venezolana, y se aleja incluso de legislaciones regionales en esta materia como la de Argentina.

Con muchas similitudes a las dinámicas venezolanas, nuestro aparato legislativo aprobó una regulación bajo procesos articulados con la sociedad civil solo en pantalla y en papel, que en consecuencia llevaron a cambios importantes de última hora a la estructura del cuerpo a cargo de la regulación. Entre los vicios que tuvo el proceso legislativo se encuentra la propia creación de la Supercom, que violó la Ley Orgánica de la Función Legislativa: el artículo 61 ordena que “durante el segundo debate el o la ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno”, pero la creación de una superintendencia no fue sugerida por ningún asambleísta.

Además, con muchas diferencias a lo que ocurrió en Argentina, en Ecuador y en Venezuela las leyes de comunicación se atiborran de un lenguaje vago y confuso. En Venezuela, por ejemplo, la “Ley Resorte” (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) tiene como objeto fomentar la responsabilidad social de los medios, permite sancionar a los que “fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y puede obligar a transmitir discursos y mensajes gubernamentales. Lo mismo ocurre en Ecuador: por ejemplo, se sanciona el morbo, que es un concepto abstracto, y además se especifica (artículo 74, numeral 1) que son obligaciones de los medios audiovisuales el transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República.

En Argentina la ley no se permite tales vaguedades u obligaciones: Como señala Macrory (2013), si se obliga a algo es a pasar contenidos producidos nacionalmente, que la acercan más a legislaciones como la francesa. Y las cadenas nacionales se restringen a situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. En otros países, como Chile, la transmisión de cadenas nacionales es voluntaria para los medios privados.

La Ley de Comunicación de Ecuador es aún más lejana a la de Dinamarca. La Radio and Television Broadcasting Act de ese país europeo contiene aspectos concretos de servicio público, que garantizan variedad de programas (noticias, arte, entretenimiento) de calidad, que fomenten la diversidad y que se sujeten a criterios de objetividad e imparcialidad en cuanto a cobertura de información. Cuentan, por supuesto, con autoridades reguladoras como el Radio and Television Board cuyos miembros (7 de 8) son designados por el ministro de cultura por un período de cuatro años, pero cuyas tareas son –en contraste con Venezuela y Ecuador– mínimas, como el otorgamiento de licencias y velar el cumplimiento de la ley.

No sorprende, entonces, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considere que Venezuela no es un referente adecuado en esta materia y que la legislación ecuatoriana es, después de Cuba, la más restrictiva para la libertad de expresión. No solo existe un desborde de capacidad sancionatoria por parte de la Supercom, sino que se blinda al poder Ejecutivo de modo que no se sujete a regulación alguna, lo que en la práctica significa que sus espacios comunicacionales no permiten el ejercicio de derechos como el de la réplica.

Por supuesto, existen intereses corporativos con el fin de hacer oposición al gobierno. Existen hoy como han existido históricamente. Pero el horizonte tuvo que haber sido el de restablecer la función democrática de los medios. Si bien la tarea de la democratización genera inevitablemente resistencia por parte de ciertas élites, en países como Argentina –con quizá mayor nivel de concentración en manos privadas (Grupo Clarín)– fue posible formular una legislación menos restrictiva.

Y el problema es, como siempre, un problema de instituciones que administran mal los incentivos: al igual que Jasper –el anciano de la tabla frente al que suspiraba Lisa Simpson–, la Supercom podrá seguir por siempre su repartición de tablas sin tener el resultado que en discurso afirma buscar, esto es, una mejor comunicación. ¿Por qué? Porque hay tabla para todos menos para los intereses del Ejecutivo, que hoy es el único autorizado para mirar sus sandalias.

Por supuesto, no debe extrañarnos que para los intereses de ciertos políticos la Supercom esté administrando de manera adecuada los incentivos, si lo que buscan es precisamente que los ciudadanos no estén informados y, así, no puedan castigarlos al no enterarse del fracaso de determinadas políticas públicas. Y, mal informados, crezcan sus obstáculos de coordinación para la acción colectiva.

Venezuela ha entendido muy bien ese trade-off fundamental. ¿Es Ecuador simplemente un caso de malos referentes en cuanto a legislación comparada, o es que Alianza País ha decidido internamente inclinar la balanza a favor del control político en detrimento del flujo libre de información y de una ciudadanía informada de los asuntos públicos?

La paranoia de la Supercom y el Cordicom

Si hay sensacionalismo, hay tabla. Si hay morbo, hay tabla. Si hay mentira, hay tabla. Para definir esto, en muchos de los casos, la Supercom y el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom) se han respaldado en la semiótica,[1] que es una herramienta de la academia. Los análisis textuales, narrativos y crítico-discursivos han usado la semiótica, usualmente para identificar ideologías subyacentes, representaciones, estereotipos o entender cómo detrás del lenguaje se esconden relaciones de poder, como los análisis de discurso del lingüista Teun  van Dijk o del sociólogo Stuart Hall. Como dijo el periodista polaco Ryszard Kapuscinski alguna vez con eco semiótico: “Las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, comienza con un cambio del vocabulario en los medios”.

Los semiólogos realizan análisis complejos y observan reiteraciones, las tendencias que hay en conjuntos de noticias (sociólogos como Pierre Bourdieu hablan de fenómenos como la “circulación circular” de la información), contextos históricos y sociales en los que casi nunca se aísla una noticia o una línea o imagen del resto de texto, del conjunto de otros textos, del género noticioso, del propio medio. Este tipo de análisis siguen revelando cómo las noticias presentan representaciones estereotipadas, racistas, sexistas. 

Pero el lugar de este tipo de análisis ha sido y es la academia. No es que la universidad no sea un lugar de poder, pero realizar análisis semióticos desde un organismo de control significa, por lo menos, una inflexión. Aquí entra una diferencia brusca: la academia no puede cerrar un medio porque no posee capacidad sancionatoria. Si bien la semiótica es una herramienta de análisis, cualquier teoría de comunicación contemporánea –desde la teoría de los usos y gratificaciones hasta la contemporaneidad, pasando por el español Jesús Martín-Barbero propone pasar “de los medios a las mediaciones”– diría que los significados del texto se juegan principalmente, aunque no exclusivamente m en el campo de los receptores (qué demandan, qué prefieren, qué entienden) de los mensajes comunicacionales, y no ubican la carga de la prueba solo en los medios.

Pero incluso si Supercom y Cordicom se remitieran con seriedad –y no por conveniencias– a cualquier teoría de comunicación contemporánea se entendería que los receptores somos activos, que el acto de comunicación es más complejo y que las visiones causa-efecto relacionada a los medios se han relativizado desde hace décadas. Umberto Eco, en su texto “Para una guerrilla semiológica”, piensa que “la batalla por la supervivencia del hombre como ser responsable en la Era de la Comunicación no se gana en el lugar de donde parte la comunicación, sino en el lugar a donde llega”. Eco plantea límites de la disciplina, la complejidad de los procesos semióticos, la influencia de la cultura en la interpretación. En ese sentido, la semiótica tiene sus limitaciones, puede analizar cualquier cosa que signifique, pero no puede decir que sus análisis recogen definitivamente “los significados” de aquello que se analiza.

Si Eco revisara los análisis detrás de las resoluciones del Cordicom o de la Supercom, pensaría que ambas son instituciones paranoicas por la manera en que arriban a conclusiones. Por ejemplo, en  la resolución sobre la sección “Lunes Sexy” de Diario Extra, es fácil encontrar transgresiones a los límites de la interpretación: allí, los burócratas del Cordicom escribieron sin empacho que:

“Otra palabra que se utiliza con diversas connotaciones sexuales es “picante”. Lunes sexy picante. La palabra “sexy” en letras blancas está sobre un fondo rojo. El color rojo se asocia con la vida, con la sangre. Se asocia también con la pasión y el amor erótico; con la comida sazonada con ají. Con lo caliente

Debajo del texto “Tremenda Potra Carajo” está una publicidad del pozo millonario con una leyenda que reza “atrévete a soñar”, frase que se asocia por metonimia con el cuerpo de Claudia Hurtado. “Pozo”, connotación económica; ¡Atrévete a soñar!, atrévete a tener a una mujer como Claudia Hurtado; es decir, la relación estatus económico-acceso o alcance a una mujer como la de la portada”.

El análisis es tan arbitrario en su búsqueda de significados ocultos, que causó risas y burlas en redes sociales. El problema, de nuevo, es que se trata de un análisis utilizado para sancionar a un medio. De poco o nada sirvió que la modelo del “Lunes Sexy”, Claudia Hurtado, afirmara ser mucho más de lo que el Cordicom veía (una mujer víctima de machismo), por ser madre, por ser empresaria, por ser exitosa.

Eco diría que ese análisis es el ejemplo claro de las interpretaciones paranoicas y de los riesgos de la sobre-interpretación. Cuando un ente regulador acepta cualquier tipo de transgresión, cualquier cosa es permitida. Diría Eco que uno podría, sin problema, afirmar que “existe una relación entre el adverbio «mientras» y el nombre «cocodrilo» porque –como mínimo- ambos aparecen en la frase que acabo de escribir”.

Valdría la pena preguntarse –sin que signifique dejar de lado este tipo de análisis–, qué piensan los receptores sobre las otras resoluciones y sanciones que hasta hoy se han dado: ¿había para los televidentes “racismo” en la frase de aquel periodista?, ¿machismo en la imagen de Lunes Sexy?, ¿morbo en la imagen de aquel accidente?, ¿mentira en una caricatura?, ¿dan finalmente “tabla” a esas noticias, imágenes, declaraciones?

Ninguna de estas tensiones invalida reflexionar, investigar, debatir críticamente sobre las historias de los medios públicos, privados, gubernamentales. Ninguna. Tal vez sea mejor hacerlo desde la academia, la sociedad civil, que desde un organismo que tiene fines de control. Sin embargo, plantea la problemática, la ingenuidad, el juego de poder y el peligro detrás de censurar la circulación de una imagen, de una historia, de un enunciado. La problemática de que otro decida por nosotros qué imagen debe causar o no risa, por ejemplo. Que imagen debe o no ofendernos. A qué noticia, periodista, canal o medio debemos “dar tabla” o no. Y de que también cada uno como receptores somos responsables de nuestra relación con los medios.

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Existe un problema fundamental cuando se otorga a entes reguladores excesiva capacidad sancionatoria, en el que el único que está por fuera de la regulación es el Ejecutivo y sus vastos espacios de comunicación. El problema se agrava cuando una ley es vaga y confusa, y dichos entes reguladores no dudan en ejercer el poder y definir, a discreción, qué es “adecuado”, “útil”, “veraz”, “objetivo”; esto, en especial cuando en la propia teoría del mundo periodístico los conceptos de “utilidad”, “noticiabilidad”, “objetividad” son discutibles y cuestionables. Hay noticias importantes para unos grupos y no para otros; no por eso se debe dejar de publicarlas. Si el periodista confió en determinadas fuentes que luego resultaron cuestionables, eso no define su veracidad. La objetividad sí es posible, pero si admitimos que el periodista y un medio tienen derecho a una posición sobre un tema, siempre y cuando  presente o releve los datos que la respalden.

Kapuscinski pensaba que “el verdadero periodismo es intencional, se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomente el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro”. ¿Invalida esta idea el periodismo de entretenimiento, por ejemplo? Esto, sin dejar de lado la propia problemática de los medios, sus intereses, líneas editoriales y los casos de manejo irresponsable de la información. Tal vez no sirvan para hacer buen periodismo, pero también hay un par de cínicos en este oficio. Vale la pena plantearse si es correcto que un organismo juzgue -todo el tiempo- los productos comunicativos, defina qué ha sido demasiado cínico y diga “hay tabla”.

Por cómo está conformada la institucionalidad reguladora de la información y comunicación, y por cómo administran los incentivos, nos alejamos de experiencias donde los medios cumplen con su función democrática. En el futuro no deberíamos de alarmarnos si nos percatamos aun más lejos de los escandinavos y aun más cerca de los proyectos bolivarianos: dicho camino lo marcaron hoy nuestras instituciones.