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Cuando en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra la inhabilitación del opositor Leopoldo López para las elecciones a la alcaldía de Caracas, el gobierno venezolano decidió no hacer caso. López llevaba tres años sin poder participar en ningún tipo de elecciones –a las que habría llegado como candidato fuerte– por una acusación de corrupción que fue aceptada sin juicio. El entonces canciller Nicolás Maduro anunció que el Estado haría respetar su soberanía, y que no tenía que rendirle cuentas a la Corte, pese a que Venezuela era signataria de su tratado. Hoy, Ecuador anda en un lío parecido con el parlamento alemán. A finales de 2014, el canciller Ricardo Patiño suspendió la cooperación ambiental de Alemania, luego de negarle la visita a los diputados de la comisión de medio ambiente del Budestag –el congreso alemán–, que intentaba conocer la explotación del petróleo en la reserva de Yasuní. Alemania había invertido ocho millones de dólares para la conservación ambiental en Ecuador, y las autoridades locales interpretaron el intento de visita de inicios de diciembre como una intromisión. Se ofendieron, porque sintieron que los alemanes venían como “supervisores”, y el presidente de la República, Rafael Correa, mandó a decir que este país “no es colonia hace doscientos años”. Hay situaciones que vuelven difuso el límite entre la soberanía y la sensibilidad a la crítica.

La explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní es un tema delicado para el Gobierno ecuatoriano. En 2007, Correa impulsó la iniciativa Yasuní ITT, que pedía una compensación económica al resto del mundo a cambio de no extraer el crudo de esa reserva para evitar impactos ambientales en la Amazonía. La suspensión de la iniciativa en 2013 fue el primer fracaso del Gobierno, que al año siguiente sufrió un revés en las elecciones para dignidades seccionales. Una sobrecarga emocional para un gobierno que lleva más de un año lidiando con el movimiento ambiental Yasunidos, que quiere que ese petróleo se quede bajo la tierra. Lo curioso es la sucesión de intentos bizarros para zanjar el problema sin siquiera discutirlo. En mayo de 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó 240 mil firmas –de 700 mil– recolectadas por la organización Yasunidos para convocar a una consulta popular. El CNE descartó ocho mil formularios porque algunos venían impresos en ambos lados de la hoja, en otros las impresiones eran más pequeñas, otros tenían papel en tamaños distintos a A4, y otros contenían errores en los datos de los recolectores, y no de los firmantes. Un mes más tarde, un estudio de la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Andina afirmó que más de 667 mil firmas eran válidas (unas noventa mil más de las necesarias). A inicios de diciembre, la Caravana Climática, un bus que llevaba un recorrido de nueve meses entre México y Perú –donde se celebró la vigésima Conferencia del Cambio Climático, COP20–, fue confiscado por la Policía Nacional por un supuesto mal uso de su permiso de turista: acusaron a su conductor de supuestamente cobrar por transporte de pasajeros, abordo llevaba a diecisiete personas, entre esas, miembros de Yasunidos.

En esos mismos días le negaron la entrada a los parlamentarios alemanes porque la visita no había sido coordinada a tiempo. El ministro de Desarrollo de Alemania, Gerd Muller, enfureció. “No lo vamos a aceptar”, le había dicho a la ministra de Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, durante la COP20. En esa visita, los diputados querían ir al Yasuní y sostener una reunión con Yasunidos. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Budestag, Barbel Hohn, dijo: “no permitiremos que nos dicten con quién nos debemos encontrar”. Los diputados estaban interesados en cotejar versiones sobre la explotación del petróleo en el Yasuní y comprobar que los ocho millones de dólares aportados por Alemania se estaban usando correctamente para disminuir el impacto ambiental. Esa fue la ofensa a la soberanía ecuatoriana: Dudar de la palabra de un gobierno sensible. Los diputados alemanes ni siquiera habían opinado sobre la situación del Yasuní, donde no habían podido llegar, y los acuerdos de cooperación ambiental ya estaban siendo revocados.

El canciller Ricardo Patiño respondió que mientras el Gobierno del Ecuador no los invitara, los alemanes podían quedarse “tranquilitos”. “Si alguien quiere visitarnos, nos avisa… Y si nosotros queremos, lo aceptamos”. Patiño además aclaró que “somos nosotros quienes decidimos nuestra política petrolera soberana”. Sin embargo, una encuesta indica que el 66% de los ecuatorianos está en contra de la explotación del Yasuní. No queda muy claro a quién se refiere Patiño cuando dice “nosotros”. En su libro El contrato social, el enciclopedista francés Jean Jacques Rousseau escribió  que “el poder puede transmitirse, pero la voluntad no”. Hablaba de la soberanía y dejaba ver sus límites.

Al presidente Correa se le ocurrió que, además de cancelar los acuerdos y devolver el dinero de la cooperación alemana, era buena idea agregar otros ocho millones de dólares “para cursos de capacitación en respeto, en soberanía, en derecho internacional” para los germanos. Pero el Gobierno hizo algo más que cortar de raíz la crítica previsible. Negar la entrada al país a un grupo de extranjeros contradice el artículo 416 de la Constitución de la República, que dice que el Estado “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero…”. Ese texto está basado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a transitar libremente y a escoger su residencia en el territorio de un Estado”. Todo sea en nombre de la soberanía.

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Para el politólogo Winfried Weck, la reacción del Gobierno ecuatoriano es normal tratándose de un presidente que suele ser muy susceptible a las críticas. Weck trabajó hasta septiembre de 2014 en las oficinas de Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, dedicada a capacitar a partidos políticos. La organización abandonó el país porque sentía que estaba siendo muy controlada, luego de criticar el sistema electoral ecuatoriano. El Gobierno es vulnerable a la crítica y actúa –por llamarlo de alguna forma– en consecuencia, con decisiones frágiles, que se convierten en fáciles blancos para nuevas críticas. Esta no es la primera vez que Correa se enfrenta a los diputados alemanes. En 2013 canceló unilateralmente el acuerdo para la protección del Yasuní en el que Alemania se comprometía a donar treinta y seis millones de dólares. Ahí, llamó prepotentes e insolentes a los funcionarios alemanes que expresaron su desacuerdo con la decisión de explotar el uno por mil del parque. Al parecer, el medio ambiente genera un clima hostil en Ecuador.

Bajada

¿Es la soberanía una cuestión de sensibilidad?