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¿Cuál es la dosis de crueldad tolerable según el estadounidense promedio?

Para dar con el paradero de Osama  Bin Laden, la CIA torturó –entre 2002 y 2006– a  ciento veintidós sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, la organización terrorista detrás de los atentados del 9/11. Estas prácticas –conocidos con el eufemismo de “interrogatorios reforzados”– fueron santificados por el Departamento de Justicia estadounidense en un memorando en el que matizaba la violencia contra los detenidos: decía que utilizar estos métodos era aceptable siempre que la tortura no fuese su “principal objetivo”, y como el propósito era obtener información, consideraba que los agentes de la agencia de inteligencia norteamericana actuaban “de buena fe”. Se supo enseguida. Periódicos como The New York Times y The Washington Post se hicieron eco unos meses después, pero el programa continuó otros tres años. Más de una década después, en diciembre de 2014, el Senado estadounidense hizo un mea culpa: su Comisión de Inteligencia presentó un reporte que narra al detalle cómo eran esos interrogatorios. Mientras que la presidenta de la comisión, Diane Feinman, dice que el gobierno no debería permitir torturas nunca más, otros las defienden. Según el ex vicepresidente Dick Cheney, gracias a los interrogatorios se pudo “atrapar a los bastardos que causaron la muerte de tres mil de los nuestros el 11 de septiembre de 2001”. Estados Unidos violó la Convención contra la Tortura, pero aun así, un alto porcentaje del pueblo estadounidense lo tolera.

Según un reciente sondeo de la encuestadora YouGov, un 55% de estadounidenses cree aceptable que a los detenidos se les impida dormir, un 44% está de acuerdo con que sean golpeados, el 40% opina que no está mal estamparlos contra la pared, y el 37% considera admisible forzarlos a desnudarse. Pero pensar que ciertos niveles de tortura están bien es un problema: No importa si el dolor es mayor o menor, si es físico o mental: cualquier tortura es una violación a los derechos humanos. La organización Human Rights Watch fue clara en 2004: no existe tal cosa como una “pequeña dosis” de presión para obligar a alguien a hablar. “Una vez que se permite cierto grado de fuerza, los interrogadores enfrentarán la tentación de continuar aplicándola tanto como sea necesario para encontrar su información”. En diciembre de 2002, un oficial anónimo le decía al Washington Post que “si no violas los derechos humanos de alguien en algún momento, probablemente no estás haciendo tu trabajo”. Según el Post, los militares entrevistados consideraban “justa y necesaria” la tortura, y creían que sus paisanos c0ncordarían. No se equivocaban.

 

Los estadounidenses solo rechazaron a rajatabla las dos técnicas más humillantes: la “nutrición anal” y la “rehidratación anal”. El 73% de los encuestados por You Gov ve como inadmisibles estas prácticas en que pretenden alimentar e hidratar a los detenidos por la vía anal. Según el Senado, un prisionero fue forzado a “comer” una mezcla de humus, nueces y pasta a través del recto. El ex director de la CIA, Michael Hayden, se defiende diciendo que estas prácticas no eran parte de los interrogatorios, y que se trataba de “procedimientos médicos” necesarios para prisioneros que sufrían de deshidratación o inanición. Según Hayden, la salud de esas personas estaba en tan mal estado, que no era posible inyectarles nutrientes por vía intravenosa. Pero los médicos lo desmienten. Steven Miles, profesor de medicina en la Universidad de Minesotta, dice que “fisiológicamente es imposible que algún nutriente sea absorbido en el colon”. Wesley Boyd, profesor en Harvard, es más directo: Se hidrata a un paciente dándole un vaso de agua. Y si está inconsciente, se les inyecta líquidos por la vía intravenosa. “La hidratación rectal es tortura. Punto”, dice Boyd. Ni siquiera el Departamento de Justicia que protegía a los torturadores de buena fe podría ser indulgente con estos “procedimientos médicos”.

La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas ­de 1984 –suscrita por Estados Unidos– prohíbe a las naciones firmantes aplicar dolor físico o psicológico para extraer información. En 2002, el Departamento de Justicia consideraba que no era tortura si durante el interrogatorio no se infligía un dolor igual al de una “lesión severa, como la falla de un órgano, la disfunción corporal o la muerte”. La entidad se retractó en 2004, pero los conservadores aún justifican la práctica con explicaciones tan retorcidas como la buena fe del torturador que invocaba el Departamento de Justicia. Antonin Scalia, juez de la Suprema Corte estadounidense, dice que aunque la ley prohíbe la tortura, no está seguro de si eso aplique para sospechosos de terrorismo, como  si estos no fueran sujetos de Derechos Humanos.

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Además de ilegales, los interrogatorios fueron irresponsables. Uno de cada cinco torturados había sido detenido por error. Y se usaron técnicas que, según el ex analista de la CIA, Ray McGgovern, “salieron del manual de la policía secreta nazi, la Gestapo”. Un prisionero estuvo veintidós horas con las manos suspendidas por encima de su cabeza con una cadena que daba al techo; la posición, de extrema incomodidad, le impedía dormir. A otros les hacían waterboarding, una de las tácticas preferidas por los bullies de Hollywood: sus cabezas eran sumergidas en agua durante veinte o cuarenta segundos para simular asfixia. Otros eran encerrados en pequeños espacios en total oscuridad donde no podían moverse, y a veces, les arrojaban insectos. Hubo agentes que amenazaron a sus víctimas con taladrarles el cráneo. Dos personas murieron mientras eran interrogadas. En territorio estadounidense, cuando alguien fallece en una tortura, el culpable podría enfrentar la pena de muerte. Por eso, la CIA llevaba a sus prisioneros a naciones donde sí se permite la tortura –como Irak, Afganistán o la base de Guantánamo–, pero eso también está prohibido por la Convención contra la Tortura. No importa dónde se produzca, los signatarios se comprometieron a no practicarla en ningún lugar. Sea donde sea, la tortura es ilegal.

Los conservadores justifican las torturas. Arguyen que fueron efectivas, que ayudaron a encontrar a Bin Laden y que desde el 9/11, Estados Unidos no volvió a sufrir otro ataque terrorista. Según los responsables, la brutalidad era necesaria para proteger la vida de “los nuestros”, como decía Dick Cheney. Pero para “proteger” esas vidas, otras fueron puestas en peligro o se perdieron. “¿Quién se preocupa por los enemigos de Estados Unidos?”, pregunta con elocuencia el historiador británico Timothy Stanley, quien asegura que “fuera de EEUU, el mundo no se ha vuelto más seguro”. Mientras tanto, se sigue debatiendo la eficiencia de los interrogatorios reforzados. Es como si a los estadounidenses les diera igual que la tortura sea ilegal o que el 20% de los detenidos fuera inocente. Aunque en principio les incomoda la crueldad contra los otros, la aceptan cuando es útil para sus objetivos.