¿Durante cuántas generaciones se prolongará la reserva militar en el caso Roldós?
Hace algunos meses, la Ministra de Defensa del Ecuador invitó a Martha Roldós a una reunión para comunicarle las gestiones que avanzaba por encargo del Presidente de la República para indagar las circunstancias en que murieron sus padres. Después de consultarlo con la Ministra, Martha me invitó. En esa reunión me enteré que la Ministra llevaba adelante diversas averiguaciones sobre los hechos ocurridos en mayo de 1981. Nos dijo, entre otras cosas, que después de mucha insistencia ante el Alto Mando había logrado escuchar las grabaciones de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 22 de mayo de 1981. Esta es la reunión en la que, para gran enojo del presidente Roldós, el almirante Sorroza le transmitió el malestar chileno frente a su política exterior. La Ministra nos informó también que se llevaban a cabo otras pesquisas en torno a las circunstancias del estrellamiento del avión con ayuda de expertos de su confianza.
Tuve la impresión de que las gestiones de la Ministra eran de buena fe y que la reserva de sus primeros hallazgos era necesaria, como ella nos dijo, para que su gestión pudiera seguir adelante. Ahora ella ha dejado su cargo. Hay un nuevo Ministro. ¿Qué ocurrirá con lo avanzado hasta ahora? ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar el nuevo Ministro? ¿Qué prioridad le dará? La Ministra nos dijo claramente que el Alto Mando era renuente a abrir sus archivos. ¿Hasta cuándo se impondrá ese espíritu de cuerpo? ¿Durante cuántas generaciones se prolongará?
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas nunca han sido objeto de una exigencia de transparencia por parte de las autoridades civiles. Una vez, el doctor Julio César Trujillo recordó en una entrevista la negativa tajante y altanera con que el mismo almirante Sorroza dijo en una comisión legislativa, en 1981, que no tenían ninguna obligación de entregar información sobre sus acciones antisubversivas a la función legislativa, de la que Trujillo era parte. Todos los diputados presentes se habían quedado callados. Quizás sorprendidos, quizás atemorizados.
¿Existe alguna relación entre esta reserva absoluta, supra-legal, del poder militar de 1981 y la reserva absoluta y supra-legal que impide conocer el nombre de los oficiales destacados el 30 de septiembre de 2010 para garantizar la seguridad del Presidente de la República? Según he leído en la prensa, la muerte del oficial Froilán Jiménez, por citar un caso, solo podrá ser esclarecida cuando esa información esté disponible para uso de las autoridades judiciales civiles.
¿Es posible una América Latina democrática, como soñaba Roldós, si las Fuerzas Armadas de todos nuestros países siguen manteniendo estos feudos de reserva sobre el poder civil?
Por estas razones a Lisandra Rivera y a mí nos pareció necesario reiterar en Medellín, cuando recibimos el premio Gabriel García Márquez, el deber de transparencia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas frente a su participación en el Plan Cóndor. Como sabemos, esta participación quedó probada en 1999 con el documento de la CIA encontrado por el periodista norteamericano John Dinges, y que hicimos público en “La muerte de Jaime Roldós”.
