julia_diaz._carrusel._1983.jpg

Una década oscura esconde historias de horror en este país. Voces quebradas en llanto que han sido torturadas por choques eléctricos, mutilaciones, golpes excesivos y asfixia a manos de policías y el Ejército. Las historias se multiplicaron en un 600% en una década.

Nacho tiene trece años y a finales de julio de éste año fue obligado a decir que su papá había asaltado un supermercado aunque no era cierto. Para lograrlo, policías federales mexicanos lo amenazaron con lanzarlo a un lago de lagartos en un zoológico de Tabasco, al suereste de México, lo torturaron con golpes en distintas partes del cuerpo y le dieron choques eléctricos. “Andaba jugando con mi balón cuando de repente se me atravesó una camioneta de la que bajaron policías que me persiguieron hasta la casa de mi abuelita, donde me escondí en un ropero, pero hasta ahí llegó el jefe de ellos”, contó Nacho a los medios de comunicación.

El padre de Nacho, Ignacio Ramírez, aseguró no ser un delincuente, sino un albañil. Junto a su esposa Margot, acudió a la fiscalía para denunciar el abuso policial a su hijo.

Es septiembre y han pasado dos meses desde que Nacho fue víctima de tortura y las autoridades locales no han logrado detener a ningún responsable por los delitos y amenazas que recibió el chico de trece años. Lo que sí recibió Margot, fue a un jefe de la policía decidido a pactar con ella para que no denunciara, argumentando que tenía un video donde se veía a su hijo robando el mismo supermercado con el que antes habían inculpado a su papá. Cuando la madre exigió ver las imágenes, el policía reconoció que era mentira.

En abril de 2014, un indigente fue torturado por policías locales en el turístico puerto de Acapulco, a cinco horas de la Ciudad de México. La escena se viralizó gracias a un video  grabado con un teléfono celular. En él se ve a un hombre con la cabeza cubierta por una bolsa plástica, sin camisa y siendo golpeado por tres policías –dos hombres y una mujer- a punta de tolete en las piernas, la espalda y los pies. “Por favor ya no más”, suplica el hombre ante la inclemencia de los uniformados que se forman para seguir pegándole en sus glúteos y piernas. Segundos antes de que termine el video, el hombre cae al piso, se tapa lo que alcanza de su cuerpo y los policías le exigen a golpes que se vuelva a levantar.

PUBLICIDAD

En Tamaulipas, al norte de México, la escena se repite pero esta vez con los miles de migrantes de Centro América que intentan cumplir el sueño americano. “Se suben hombres armados a los camiones en donde vamos y si no damos cuota para pasar por sus carreteras, nos cortan los dedos o jalan el gatillo“, cuenta un migrante hondureño entrevistado para El País que prefiere guardar el anonimato.

Como en Guantánamo

En su más reciente informe, Amnistía Internacional señaló que  la tortura y los malos tratos en México están fuera de control. La organización de derechos humanos se mostró sumamente preocupada por el incremento de las denuncias de éste delito que han aumentado en un 600% en diez años.

Ángel Amillara Colón Quevedo sufrió abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad negra de Honduras. Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron, lo humillaron e insultaron. Permanece en prisión desde marzo de 2009 y está a la espera de juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que lo obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014. El informe de la organización documenta los casos de más de veinte personas procedentes de todo el país que, como Ángel Colón, sufrieron palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semiasfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas mexicanas, con el fin de obtener “confesiones” o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.

Jesús Robles Maloof, un defensor de lo derechos humanos, cree que en México se  está exportando el modelo de los falsos positivos de Colombia. Agregó que los métodos para torturar en México se han ido sofisticando de manera salvaje con casos “de simulación de ejecución, picaña –que consiste en sumergir la cara de una persona en un excusado–, privación de la sombra, manos y bocas amarradas, permanecer hincado durante días enteros, son técnicas de tortura utilizadas en lugares como Guantánamo que dejan huellas físicas y sicológicas imborrables”.

El informe de Amnistía se titula “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”. Analiza el aumento de esas prácticas y subraya el clima imperante de impunidad y tolerancia que prevalece: solo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. El número de enjuiciados en los tribunales a nivel estatal es aún menor.

Para Ilan Semo Groman, maestro en Historia y académico de la Universidad Iberoamericana, Amnistía se fue por los datos más optimistas. “Los casos de tortura han aumentado más (de lo que ellos dicen) porque las cifras que ellos manejan son únicamente de las personas que se han atrevido a denunciar, hay miles que optaron por el silencio“.

Semo recuerda que en la década de los ochenta la tortura en México era utilizada para quienes se dedicaban a la oposición política y hacían resistencia social mientras que ahora ésta práctica ha pasado a detenciones por horas, por fines de semana y es contra toda la sociedad en general. “Se tortura igual a un estudiante, un empresario, un presunto delincuente, la usan para obligar o someter, para que no denuncien o se retracten, para callar y todos absolutamente todos hemos quedado desprotegidos“, subraya el historiador.

Más de diez años de utilizar el cuerpo como mecanismo de incisión para poner condiciones a los otros, “hace pensar que vivimos en México una etapa terrible, oscura, donde el sistema policiaco es partícipe y protagonista de las condiciones de vida en la mayoría de las áreas del país, donde los uniformados se han involucrado con el crimen organizado y conviven con él, ocasionando un escenario espantoso, dantesco“, concluye el académico.

El silencio de las autoridades

Ilán Semo Groman y Jesús Robles Maloof, coinciden que uno de los principales incentivos para que la tortura y prácticas degradantes se sigan manifestando en México, es la impunidad. “Mientras las autoridades sean incapaces de castigar a los que están fuera de la ley, muchos de los males que afectan el país seguirán en aumento“, dice Groman, historiador de la universidad jesuita. Para él, los principales responsables de que no se detenga esta violencia institucionalizada es el sistema jurídico mexicano, que los jueces no hagan investigaciones cuidadosas y la falta de un Estado de Derecho. “El problema es que se hacen los de la vista gorda“, opina Groman.

Para Robles Maloof, otro de los problemas que fomentan la tortura, son los premios y estímulos a los policías que detienen a un sospechoso. Con tal de recibir las gratificaciones, utilizan tácticas de interrogatorio diseñadas en agencias de inteligencia que no respetan los derechos humanos, y dan por sentado que un detenido es culpable aunque no se haya demostrado lo contrario. “Las autoridades mexicanas no pueden seguir mirando para otro lado”, afirmó Erika Guevara Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional.

PUBLICIDAD

Para Carlos Ríos Espinosa del Comité de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, lo que se debe atacar es el incentivo procesal para cometer estos actos. “Si la información obtenida bajo tortura se anula sistemáticamente en el marco de un proceso, los policías no tendrán más remedio que aprender a investigar profesionalmente”. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia

Las cifras crecen y el fantasma de la tortura acecha la tranquilidad de millones de mexicanos que siguen sin ver acciones concretas por parte del Gobierno. La tortura la practican todos: miembros del crimen organizado, policías locales y federales, aunque también hay denuncias contra las fuerzas militares. No hace falta ser delincuente o un opositor político para caer en manos de ella: es una de las prácticas más democráticas en México.