El gobierno ha trazado un razonamiento limitado en torno a la explotación petrolera de los bloques Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Más que limitado, engañoso, toda vez la ecuación que han pretendido posicionar es u obras y servicios en abundancia o la conservación del Yasuní. Sus ministros lo han secundado brindando números jugosos y extraordinarios. Lo cierto, sin embargo, es que la realidad es siempre más compleja y hay mucho más en juego de lo que parece. Como dijo un escritor guayaquileño: “la publicidad del gobierno puede ser hermosa, pero es publicidad”.
Existen varios puntos centrales necesarios de desentrañar en esta materia. Por un lado, es posible discutir sobre obligaciones constitucionales claras que señalan la obligatoriedad de la consulta previa ante proyectos que puedan amenazar a comunidades en aislamiento voluntario. Este tema ha sido abordado en este espacio de manera minuciosa por Verónica Potes quien, en un artículo (acá), citó especialmente a las “Directrices de Protección para los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial” de la ONU que se requieren para atender “la extremada vulnerabilidad y el elevado riesgo de desaparición que corren” tanto los pueblos indígenas en aislamiento como los pueblos en contacto inicial.
Todos estos argumentos existen en abundancia y han sido propuestos por distintos líderes sociales y especialistas. Al gobierno, sin embargo, poco le ha interesado dialogar. Y ese es, paradójicamente, otra de las condiciones que deben estar presentes cuando se decida implementar una política que pueda afectar a pueblos en aislamiento voluntario: el Estado debe de proceder con buena fe y voluntad. Las políticas de prevención encuentran raíz precisamente en la predisposición del Estado de que querer dialogar y discutir en clave de reconocimiento. No existe otro eje para un coherente y robusto principio de precaución.
Con lo que se ha lidiado en todo este tiempo, propio del carácter disciplinario de este régimen, es una imposición y ridiculización de interlocutores. Ante esto, organizaciones de la sociedad civil optaron por una salida: la recolección de firmas para que se dé una consulta popular. Esta consulta obligará al gobierno a dialogar y a esgrimir argumentos más allá de la guerra de falacias y de propaganda.
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