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Este no tan breve test sirve para determinar si quien lo toma tiene más afecto por las ideas que por una persona en particular. Una vez completado, se podrá saber si el examinado tiene sólidas bases en sus convicciones sobre lo que el ejercicio del poder debe ser, o si ha desarrollado de forma simple, una grave dependencia al proceso político actual y a su líder, el presidente Rafael Correa.

¿Está usted de acuerdo con restringir el uso de los espacios públicos, y en general el derecho a la ciudad, a ciertos grupos de personas por razones estéticas?  Más concretamente, ¿está usted de acuerdo con que los informales sean excluidos tanto de las áreas regeneradas  (municipio) y el parque Samanes (gobierno central) en Guayaquil, como del centro histórico de Quito porque estorban, son una vergüenza o afean el lugar?

¿Cree usted que el Estado debe tomar decisiones que pueden afectar a personas y comunidades sin la participación de estos  como manda el deber de consultar, buscar consenso y alterar su decisión en caso necesario? Para entender mejor esta pregunta, es necesario remitirse a los siguientes casos:

El gasoducto vía a la Costa-El Chorrillo a cargo de Petroecuador, se decidió sin consulta apropiada –según estándares legales mínimos– y bajo la idea inconstitucional e ilegítima de que el proyecto no admitía modificaciones, pues eso lo “atrasaría 1 año más y costaría seiscientos millones más de lo presupuestado.” Aquí.

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La extracción de recursos en territorios indígenas está sujeta a consulta previa, libre e informada como dice la ley y ésta sí, con altos estándares internacionales (aquí). En la práctica, esas “consultas” no pasan ni el primer requisito. En el caso Yasuní, el presidente Correa anunció la decisión en agosto de 2013, la Asamblea la autorizó en octubre y el Ministerio a cargo recién convocó a consulta en noviembre. Conteste el lector, ¿previa a qué, pues? ¿Al inicio de actividades? Ni siquiera eso, pues los trabajos ya habían empezado al menos en un bloque. (Cándidas declaraciones de Petroamazonas en 2012, aquí)

La Ronda Petrolera XI tampoco ha sido debidamente consultada.  Léalo aquí.  Si le aturden los detalles, véalo acá.

Porque a pesar de tanta garganta gastada, en el Ecuador los seres humanos, unos más que otros, siguen estando al servicio del crecimiento económico y el poder –que sigue comportándose como poder, no importa cuán loables sus objetivos– y no al revés.  ¿Está usted de acuerdo con que sea así, que toda destrucción y atropello valgan porque el fin lo amerita?

Revisemos evidencias:

Los planes de extracción petrolera en la Amazonía. Además de inconsultos violan derechos de la naturaleza y de individuos, comunidades y pueblos.

¿Está usted de acuerdo con que a esos pueblos se les impida la libertad de elegir sus prioridades de desarrollo, de usar y gozar de sus territorios en la forma en que ellos saben vivir y les conviene; o la libertad de usar o conservar los recursos de sus tierras; en fin, todo lo que implica el derecho a su autodeterminación que es el equivalente a la libertad individual para los colectivos? ¿Está de acuerdo con seguir tratando a esa región y sus pueblos como tierra de nadie? (Lea aquí)

¿Está usted de acuerdo con sacrificar a pueblos enteros, a cuenta de que son minoritarios, para favorecer los intereses económicos de la mayoría? Escuche a Alicia Cawiya, dirigente Wao, ante la Asamblea que autorizó la explotación del Yasuní, aquí.   Y a Patricia Gualinga, líder Sarayaku, sobre lo que es para su comunidad el Kawsay Sacha, la Selva Viva, su buen vivir y cómo éste aporta al buen vivir del país, el mundo y las futuras generaciones aquí.

Además, ¿está usted de acuerdo con que se ponga en peligro de exterminio a pueblos con los cuales no tenemos contacto sostenido, que ignoran nuestro sistema legal y político, que no son súbditos de nadie más que de sí mismos? Pueblos libres en el sentido más concreto –y solitario– de la palabra;  sobre los que el gobierno no tiene autoridad legítima, aunque sí obligaciones que debería tomarse en serio. Escuche lo que dice literalmente la Constitución sobre el tema, aquí. Lea las directrices de la ONU sobre la protección debida a estos pueblos, pero lea el documento completo, y diga si no es deshonesta la forma cómo el informe de la Asamblea las manosea para justificar  la autorización que le exigió el Jefe, acá.

¿Hay un marco legal que en este caso realmente proteja a los seres humanos del avasallamiento del capital y el poder de las mayorías o es pura quisquillosería mía y de otros indigenistas infantiles? Lo hay y fue violado. Léalo aquí o escúchelo acá y acá.

Otros ejemplos: los planes mineros en Mirador e Íntag. En el primer caso, el gobierno permite y alienta la pérdida de tierras ancestrales y de otros pequeños propietarios ante prácticas engañosas de las empresas mineras (ver aquí). En el segundo, ignora procesos locales de producción sustentable que muestran  cómo otro mundo sí es posible (calificándolos con desdén como “un negocio por ahí”) para favorecer los emprendimientos de alta inversión porque supuestamente con eso se construirá un ya dudoso “buen vivir” totalizante. (Ver acá).

Entonces, ¿está o no de acuerdo con que el extractivismo pone al capital sobre las personas y los pueblos afectados?

¿Está usted de acuerdo con llamar “ecologistas infantiles” ,“atrasapueblos”, “enemigos del desarrollo” a todo el que se opone a los planes extractivistas del gobierno?

¿Está usted de acuerdo con que a un grupo de mujeres amazónicas que se movilizaron a Quito desde Puyo, provincia de Pastaza, para reclamar contra los planes petroleros del gobierno, y pidieron audiencia con el Presidente, les respondieran que el presidente Correa las recibiría en Pañacocha, provincia de Sucumbíos? Ver aquí

¿Está usted de acuerdo con que a una fundación con años de apoyo a pueblos amazónicos en sus luchas contra empresas petroleras depredadoras la disuelvan porque, según el Ministerio del Ambiente, unos actos violentos  de terceros –a los que no identifican– constituyen  “desviación de fines estatutarios”  de la fundación? 

¿Está usted de acuerdo con descalificar por fastidio a un comunero que lleva años en la resistencia antiminera, llamándolo  un “cubano-americano” que, supuestamente, busca “desestabilizar a los gobiernos progresistas” y de promover una “hoja de ruta” con acciones de protesta, de usar a mujeres y niños de escudo en las movilizaciones, tomarse de edificios públicos y acosar a funcionarios (aquí)? 

¿Está de acuerdo con que el aparato oficial responda, ante la falta de evidencia de esas afirmaciones, y lo culpe por asociación escarbada de la bibliografía de un  manual hecho para resistencia anti empresas y exhorta expresamente a buscar alianzas posibles “con gobiernos locales, regionales y nacionales” (aquí, página 10)? 

¿Cree usted que es proporcional  que actos de protesta pública –incluso si fueran: “ingreso en forma abrupta”, “forcejeo con agentes del orden”, “sustracción de esposas”, “interrupción de reunión de mandatarios”– se los persiga con cargos penales de sabotaje y terrorismo? 

¿Cree usted que “gritar consignas” en una marcha de protesta constituya un “atentado contra la seguridad del orden público”? Ver pie de página 29, aquí 

Cree usted que una fundación puede ser disuelta por actos de violencia cometidos por terceros no identificados? Ver ítem anterior.

¿Cree usted que todo esto y más no tiene tufo a criminalización de la protesta como algunos sostienen, aquí y acá?

¿Está usted de acuerdo con que la policía utilice proyectiles del tipo que sea para reprimir manifestaciones callejeras?

Más aún, ¿está usted de acuerdo con que las autoridades traten de evadir la responsabilidad ante la ciudadanía y particularmente ante los afectados, por la represión con juegos de palabras, para pelearse con los medios y excusas tipo: “un miembro de la policía portó una pistola paintball sin permiso pero no la usó”, ante las evidencias visuales de hematomas en los manifestantes, aquí?

¿Está de acuerdo con que en la ciudad del grafiti, el partido en el poder aplauda que “muchos jóvenes defiendan la revolución desde las paredes…”, pero considere una “actitud de violencia” y amenace hasta prisión a quienes grafitean consignas contrarias al gobierno?

  ¿Está usted de acuerdo con que el más alto funcionario público del Ecuador, en uso del personal de seguridad provisto por el Estado y protegido por éstos y por la inmunidad de su cargo, pretenda confrontar a un individuo que le ha hecho un gesto obsceno y luego lo acuse falsamente de borracho y drogadicto?  Contraste la versión del funcionario “me le bajo, bueno, tienes algún problema conmigo” –aquí– con la del parte del jefe de seguridad que “explica” que la caravana se detuvo para  investigar los supuestos riesgos de seguridad del yucazo –abrir la foto del parte que acompaña noticia –aquí–.

  ¿Está usted de acuerdo con que un presidente impida un debate en la Asamblea Nacional como ocurrió con respecto al aborto por violación?  ¿Y que lo haga alegando que “el disenso es traición” y que la bancada legislativa de su partido le acepte el chantaje (aquí)? 

En general, ¿está usted de acuerdo con el repetido recurso retórico de la amenaza con renuncia que personaliza cualquier tema de discusión? (Aquí)

Y más importante, ¿está usted de acuerdo con que en un Estado Laico alguna autoridad invoque su religión como razón  incuestionable de sus decisiones en temas de interés público?

¿Está usted de acuerdo con que la más alta autoridad del país expresamente cuestione el libre ejercicio de la identidad de género  porque dizque es “una imposición de la ideología de género”, pese a que la constitución vigente lo protege como una libertad?  (Aquí, minuto 2.43 en adelante)

¿Está usted de acuerdo o no que es un atropello a  la dignidad de las personas trans decir que las respeta pero rechaza “la ideología para justificar el modo de vida” de “hombres que eligen ser mujeres y mujeres que eligen ser hombres”? Todo esto a días de una reunión que sostuvo con un grupo de organizaciones, principalmente trans, en Guayaquil el 13 de diciembre de 2013. Aquí. En esa reunión se le expusieron problemas como acceso a salud, educación, trabajo, basados precisamente en  esa idea de que  las personas trans  “son una cosa y quieren parecer otra”. Reunión motivada en parte, por la preocupación respecto a las “líneas discursivas utilizadas por el señor Presidente”. Acá

¿Está usted de acuerdo con que una autoridad ignore e irrespete a las familias conformadas por personas GBLTIs, porque la única familia que reconoce como base de la sociedad es la familia de “hombre, mujer, niño” a la que, supuestamente, “la ideología de género amenaza”. Todo en abierto desafío al reconocimiento constitucional (art. 68) de diversas formas de ser familia y en particular de las familias conformadas por parejas del mismo sexo (Aquí, minuto 2:46 en adelante, y nuevamente, aquí minuto 5:16 en adelante ).

Y en general, ¿está de acuerdo con que reclamar por legítimos derechos –mujeres, GLBTIs, naturaleza,  indígenas– señal de ingratitud porque “nadie ha hecho tanto por estos grupos” y, además,  “vayan a ver qué les habría hecho Febres Cordero?“

¿Está o no de acuerdo con que las actitudes aquí descritas constituyen discriminación a las personas GLBTI y a sus respectivas familias, y que son más perniciosas cuando se trata del un alto servidor público y no de cualquier mortal prejuicioso y desbocado?

¿Está usted de acuerdo con que el jefe de una de las funciones del Estado se ría de que el jefe de otra de las funciones le llame la atención por su abierto desafío a las leyes electorales, y que luego proceda en franca violación de éstas alegando “la libertad de expresión de todo ciudadano”, en un momento en que ningún ciudadano podría alegarla porque estábamos en pleno silencio electoral?  Aquí

Y a propósito, ¿está de acuerdo que en el caso de la Asamblea, la autoridad electoral no aplique la ley como es su obligación porque cumplirla dizque “es voluntad del Jefe de Estado” (aquí)?

¿Está usted de acuerdo con que ante las críticas de organismos internacionales por el incumplimiento de normas y prácticas se responda, desviando la atención, sobre los reclamos que   hacen o no a terceros, por supuesta violación de soberanía y avances colonialistas? Aquí. Para mayor información, se puede revisar el siguiente link sobre la doctrina Roldós respecto a la supremacía de los derechos humanos sobre las soberanías nacionales, aquí.

Y al respecto ¿está usted de acuerdo con la advertencia de sacar al país del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) y socavar así un mecanismo más o menos efectivo de protección y promoción de derechos, porque le han llamado la atención en varias ocasiones aquí? Sobre la importancia del SIDH aquí, y sobre crítica a las pretensiones del gobierno del Ecuador, acá.

¿Está de acuerdo con restringir indebidamente derechos fundamentales a punta de decreto, como es el caso del Decreto 16 con respecto a derechos de reunión y asociación pacíficas y de expresión y promoción de otros derechos y que puede usarse para disolver organizaciones, como lo advirtieron la Relatoría Especial de la ONU en el tema (aquí) y otros (aquí) tiempo antes del caso Pachamama;  o el Decreto 1247  que menoscaba el derecho a la consulta de los pueblos indígenas (aquí)?

¿Está usted de acuerdo con que Rafael Correa sea a veces es el presidente y otras, un ciudadano cualquiera, según la conveniencia de cada situación? El episodio más reciente fue comentado en la pregunta veintiuno.

Esa actitud tóxica nos gobierna. Revise la “enfermedad” –según califica el autor– descrita acá y concluya usted si hay o no sospechosas coincidencias. Si usted, además, está de acuerdo, no tiene ninguna crítica, no encuentra justificación o simplemente guarda silencio ante cada uno de los hechos aquí cuestionados, usted es un fanático correísta.

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Cuestionario para determinar si usted es un fanático correísta