Del caso de allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio está todo dicho porque nada está dicho. El reporte del portal digital Plan V “Cuando el terror toca a su puerta” describe con precisión lo que pasó. De ahí, nadie sabe por qué entró un piquete de policías, como en una redada de película, derribando la puerta y asustando a un par de niños. Tampoco se explica por qué le prohibieron a Villavicencio la presencia de su abogado defensor, quien se identificó ante el fiscal. Si Villavicencio y su jefe, un asambleísta elegido democráticamente, han cometido un delito, deberá ser probado por la Fiscalía y declarado por un juez. ¿Que la ley permite actos urgentes y que el allanamiento se hizo con orden judicial? Sí, pero eso no quiere decir que el acto sea legal y legítimo. Que el defensor de Villavicencio haya podido estar es fundamental. Que hayan levantado un acta de todo lo que se llevaron, también. Que más de un abuso se ha cometido con una orden firmada por un juez, es algo casi obvio. Todo eso queda claro en el reportaje de Plan V. Pero hay algo detrás del allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio. Algo que no tiene que ver con los documentos y las computadoras que se llevaron, sino con un patrón que se repite constantemente en las alocuciones presidenciales de los sábados: los malos, los enemigos, ellos, la partidocracia, los mismos, son, siempre, unos inmorales.

La inmoralidad de la que el presidente acusa a sus detractores o sus adversarios políticos lo revela de cuerpo entero: un ultraconservador que está borrando con la derecha lo que construye con la izquierda. Ahora dijo que la calaña de Villavicencio y Jiménez es tal que en la computadora de uno de ellos se ha encontrado hasta pornografía. Cuando pidió arrestar a Jaime Guevara dijo que era un borracho y drogadicto. En la misma cadena en que habló del allanamiento a Villavicencio y la predilección de su jefe por la pornografía, dijo que no iba a permitir que la ideología de género se enseñe en los colegios porque la libertad no es que las mujeres quieran ser hombres y los hombres, mujeres. Que eso no resiste ningún análisis académico. En el enlace ciudadano antes de la Navidad, cantó y enseñó a cantar villancicos. La moral de Rafael Correa se está convirtiendo en un valor estatal. Quienes no la compartan, son juzgados. No importa si son de su propio partido, como pasó con las asambleístas que buscaban la despenalización del aborto por violación. Y cuando sus enemigos políticos son el blanco de sus ataques, siempre matiza esa enemistad con un comentario personal como “hasta pornografía encontraron”, que es una línea que tiene un subtexto muy claro: son tan ruines que hasta pornografía ven.

Hay que decir lo más o menos evidente: que la gente vea pornografía, beba alcohol o se drogue no las descalifica. Hay otra cosa aún más evidente: una persona cualquiera puede elegir no tener amistades que vean pornografía, beban alcohol o se droguen, pero un funcionario público -especialmente el Presidente de la República– no es un amigo. Ni un apóstol. Es una persona con obligaciones claras y limitadas en un documento. No es su tarea imponer sus costumbres, ni racionalizar los vicios de las personas.

Lo que es aún más grave: lo que una persona vea, lea y consuma no pueden servir de instrumento de persecución política. La tarea del Presidente está descrita y marcada en la Constitución que él mismo aprobó. Él está en falta porque permite la perpetuación de un Estado en el que existen ciudadanos de segunda categoría, una erradicación a la que sí está obligado. A lo que no está obligado es asociar ciertas conductas con ciertos perfiles. Y como no es su obligación constitucional, le está prohibido.

PUBLICIDAD

Pero el presidente Correa ha ido más allá de sus funciones. Ha impuesto su temperamento y su religiosidad cristiana a un Estado que se supone laico. Para eso, tiene dos sacos, uno en el que echa a los buenos y otro en el que echa a los malos. Por supuesto, quién es quién lo decide él. En el saco de los malos sus enemigos políticos, a los que suele adornar con lo que su moral cristiana considera perverso. Ahí están los borrachos, los marihuaneros, los pornógrafos, las desobedientes, las mujeres que quieren ser hombres y los hombres que quieren ser mujeres. Si al presidente Correa le asqueara la violencia, el discrimen y las violaciones a los derechos humanos tanto como le asquea la pornografía, los borrachines y la droga, este país sería otro. Si sometiera a análisis académicos la conducta de su Ministerio del Interior para ejecutar una orden en una casa a las tres de la mañana, o la insistencia en prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos en Ecuador y no los sopesara en la balanza de su moral personal, es probable que fuese el estadista que cree que es.

Hace unas semanas, en un discurso en la Universidad de la Sorbona, en París, el presidente Correa habló de cómo las fuerzas más retardatarias en América Latina están recobrando  algo del terreno que perdieron en la última década. Lo dijo en tono preocupado, como si hablara de un peligro inminente. Tal vez esas fuerzas se han dado cuenta que el socialismo beato de América Latina -y, en especial, el del Ecuador- no es tan diferente al de sus propios postulados. Que detrás de la regulación estatal de los mercados y las limitaciones a las importaciones, los revolucionarios creen en el mismo postulado moral por el que el conservadurismo atávico intenta mantener como parte de la legislación. Si la ultra derecha ha ganado fuerza y se siente con ánimos de luchar nuevamente en la arena política es porque, tal vez, ha descubierto que, como decía el coronel Aureliano Buendía, en Cien Años de Soledad, la única diferencia entre conservadores y liberales es a la hora a la que van a misa.