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¿Fue la muerte de Bosco Wisum el producto de un choque de culturas?

¿Qué debe hacer un Estado que no entiende que la definición de riqueza no es la misma para todos sus habitantes?

Ésta es otra de las frases pegajosas con las que el presidente pretende descalificar a quienes nos oponemos a sus planes extractivistas y que nos merece el último de su ya larga lista de descalificativos, el de “racistas”. Pero, fíjense ustedes, yo coincido con él. La miseria no es parte ni tiene que ser parte de una cultura, cualquiera que ésta sea, y quien lo sostenga como objetivo deseable para un grupo distinto al propio, es racista. Eludir la miseria es una constante humana desde siempre. Pero hasta ahí no más llega mi coincidencia con él. Lo que no me parece tan constante es qué implican la miseria o la pobreza y la riqueza (y cualquier de los punto intermedios entre estos extremos). Discrepo abiertamente con Correa en que –incluso aceptando sin por eso conceder– la hipótesis de que las comunidades y pueblos amazónicos son pobres, la solución para esas comunidades y pueblos sea la extracción de recursos naturales en sus territorios sin su consentimiento previo, libre e informado.[1]  Cualquier aproximación al tema requiere que el Estado reconozca significativos niveles de autonomía a los pueblos indígenas amazónicos para decidir sobre sus territorios y sus vidas. Autodeterminación que incluye la libertad para fijarse sus propias prioridades, en el lenguaje más preciso del derecho internacional.

En cualquier caso, nadie ha reivindicado un supuesto derecho a ser miserable o pobre y aprovecho esa desafortunada frase de Correa para llamar la atención sobre temas de fondo que merecen discusión. Para eso, invito a ver el documental “¿Por qué murió Bosco Wisum?” que contiene varios de los elementos que debemos considerar para entender, como sociedad, el alcance de las decisiones gubernamentales que avalamos expresa o tácitamente y asumir, cada uno, la cuota de responsabilidad individual y colectiva que nos corresponde en éstas.

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El documental (Juan Larrea Arias y Tania Laurini, Ecuador, 2010, 32 minutos). No es un recuento de los hechos en torno a la muerte del profesor Shuar en septiembre de 2009, ni busca resolver el crimen.  Es una mirada al contexto en el que ocurrió: el conflicto entre la Federación Shuar y el presidente del Ecuador por sus planes de explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

Este desencuentro no es nuevo, ni es sólo de los Shuar.[2] El reconocimiento del Estado Plurinacional en Montecristi no lo solucionó; fue un paso importante en las relaciones entre la sociedad mayoritaria y las sociedades indígenas. No sólo puso el conflicto en el tapete sino que se convirtió en uno de los pilares de las luchas indígenas.  Lo que los pueblos indígenas entienden por plurinacionalidad puede no coincidir con lo que el resto de la sociedad –incluido el presidente Correa– entienden, pero esta falta de coincidencia no implica el fracaso de la plurinacionalidad, por una razón sencilla: en el Ecuador, la plurinacionalidad es un hecho no una ficción constitucional.

El documental revela algunos aspectos de este conflicto. Cuestiona la excusa gubernamental de que la extracción de recursos naturales es necesaria para sacar a los pueblos amazónicos de la pobreza, que oponerse a estos planes es racismo y que, en cambio, resaltan la incompatibilidad entre cómo se toman esas decisiones y la gran invisibilizada en estos debates, la autonomía indígena.

La vía extractivista al desarrollo del presidente puede responder, como él asegura, a los deseos de la sociedad mayoritaria; sin embargo, ésa no es una idea compartida por las sociedades amazónicas.[3] Más aún, es antagónica a las aspiraciones de buen vivir de éstas que ponen por sobre todo, la defensa de su territorio y de su formar de vida. Lo dicen shuar (ver a Marcelino Chumpi en el video), achuar (ver aquí a varios líderes hablar de sus propuestas alternativas), kichwas (ver a Patricia Gualinga, líder de Sarayaku, aquí); záparas (aquí), etc.

Ésta es una diferencia de antaño y de fondo, no una postura de coyuntura para llevarle la contra al gobierno actual y mucho menos para  perjudicar al resto de los  ecuatorianos. Pero el gobierno parece no entenderlo así e incurre en los mismos errores y prácticas de gobiernos anteriores y empresas petroleras.

Así, una revisión más a fondo de los ejemplos que suelen ofrecer gobiernos y empresas de una supuesta aceptación de las comunidades a los planes extractivistas revela acciones agresivas tendientes a la división de estas comunidades y omisión adrede de involucrar a las organizaciones representativas (usualmente más experimentadas que las comunidades) como manda el derecho internacional. (Ver aquí un ejemplo de esas dinámicas) 

Por otro lado, el hecho de que los pueblos de la Amazonía Norte (Huaorani, Cofán, Siona, Secoya) estén dispuestos a discutir acuerdos de beneficios sobre petróleo podría hacer pensar que están de acuerdo con esa explotación. Pero no es así. Siendo honestos -y si revisamos la historia-  lo máximo que podemos decir  es que cuando esos pueblos se dieron cuenta de que era inútil seguir resistiendo al avance de la frontera extractiva, no les quedó más opción que acomodarse y negociar.

En cambio, la resistencia de los pueblos de la Amazonía Centro-Sur (en gran parte, debida a la experiencia  que ven en el norte) tanto al petróleo como a la minería y las dificultades del gobierno para avanzar con esos planes en esa zona evidencian que la profunda diferencia a la que me refiero aquí, está viva y vigente.

 

En contextos así, las diferencias de idioma aumentan las posibilidades de malos entendidos y arreglos dudosos. En el documental, el incidente en el que Acacho le hace caer en cuenta a Correa que una mala traducción desinforma –mins. 20:23 en adelante– se resuelve con este último sugiriendo que los Shuar nombren un traductor propio. Eso es, sin duda, una propuesta sensata. El problema es que cuando hay altos intereses en juego la traducción puede volverse una interpretación de mis palabras a la luz de tus perspectivas.  A esto hay que sumarle que los conceptos básicos pueden no tener equivalencia en el idioma al que van a ser traducidos –lo cual se evidencia al escuchar una traducción–.  Ante estas circunstancias, toca cuestionar las posibilidades reales de comunicación sustantiva, más que de conversación, y de los requerimientos para lograr acuerdos legítimos.

El corazón de la cuestión es que los pueblos amazónicos insisten en demandar autonomía sustantiva. Esto es algo que el documental evidencia y que yo deseo resaltar porque me parece crucial para entender la magnitud del conflicto.  Tomarse en serio las diferencias sustantivas entre visiones de desarrollo, de Buen Vivir, entre la sociedad mayoritaria y estos pueblos requiere una nueva geopolítica, como indica Chumpí en el documental. Requiere el reconocimiento en serio de autonomía territorial y política de distintas nacoines sin que por eso se divida el estado ecuatoriano (cuco ya desgastado, por cierto). Estas demandas, ya tienen sustento en la Constitución y en el derecho internacional, pese a las contradicciones evidentes de la Constitución en ese tema.[4] 

El presidente del Ecuador está consciente de este reclamo de autonomía sustantiva.  El documental lo evidencia en el intercambio entre Correa y dirigentes indígenas en Carondelet, tras la muerte de Wisum. (Los Shuar declaran a Morona Santiago territorio libre de extractivismo y Correa les “contrapropone” que si es así no pidan obras ni servicios. Ante la aceptación de los Shuar  -que parece tomar a Correa por sorpresa- éste les recuerda que ellos no tienen autoridad para decidir nada. (Ver en el documental, la secuencia a partir del minuto 22:49)  

Escudarse en que si la Constitución dice o no dice que las nacionalidades tienen autoridad no cierra la discusión ni es una estrategia admisible en un Estado que se tome la plurinacionalidad en serio. Peor aún cuando el presidente influyó para que la Asamblea Constituyente –de la cual él no era integrante electo ni colegislador ni contra la cual tenía capacidad de veto, legalmente al menos–, no hiciera un reconocimiento explícito de la capacidad de los pueblos para decidir efectivamente sobre los planes y proyectos extractivos que pudieran afectar sus territorios.[5] 

Entre tanto, es inadmisible responder con amenazas ante reclamos de respeto a las prioridades de los pueblos amazónicos de mantener sus territorios libres de actividades extractivas. También que puede resultar hasta contraproducente. El presidente se tuvo que echar para atrás cuando los indios altaneros le aceptaron la “contrapropuesta” de olvidarse de “electrificación, agua potable, salud, vivienda, escuelas, carreteros porque “¿de dónde vamos a sacar la plata, pues?” en caso de que insistieran en rechazar la extracción de minerales.  “Estamos de acuerdo, súper de acuerdo…” le contestaron.

Más allá de la anécdota, una versión más sutil de este tipo de “motivación a consentir” es lo que anima al Decreto 1247 de consulta previa a la licitación de bloques hidrocarburíferos y es precisamente una de las razones que lo vuelven ilegal a la luz de los estándares internacionales e ilegítimo a la luz de los requerimientos de un diálogo intercultural honesto.

Finalmente, está la controvertida justificación de las actividades extractivas en la satisfacción de las necesidades de los pueblos amazónicos.

Correa insiste en que los pueblos amazónicos son pobres –y que para sacarlos de eso, tenemos que entrar a sus territorios a extraer minerales aún contra su voluntad . Estos pueblos contestan que no son pobres.

“No estamos muriendo de hambre…” dice uno de los dirigentes indígenas en el documental.  “Somos ricos, tenemos un vasto territorio. Tenemos alimentos orgánicos; casas que son adecuadas a nuestro clima caliente; tenemos aire puro para respirar, podemos sentarnos a ver los pájaros, escuchar sus canciones. Podemos hacer muchas cosas y podemos vivir en paz” dice Patricia Gualinga en la serie Secretos del Yasuní de Carlos Andrés Vera, aquí.

El problema quizás esté en la definición y componentes de pobreza que se está usando desde afuera para calificar la situación de los pueblos amazónicos. Una búsqueda rápida sobre indicativos de pobreza en pueblos indígenas en el Ecuador revela una serie de acciones tendientes a contar con información diferenciada para estos pueblos.[6] Eso es positivo, sin duda. El problema inmediato que noto es no distinguir entre situaciones: los indígenas amazónicos responden a dinámicas muy distintas que otros pueblos. A diferencia de los andinos, por ejemplo, su contacto con la sociedad mayoritaria es reciente. Eso incluye, entre otras cosas, una incipiente incorporación a la economía de ésta. La pobreza por consumo  o por necesidades básicas insatisfechas son categorías que reflejan mal la situación de estos pueblos. Lo cual no significa que no tengan necesidades sino que esas categorías pueden incluir circunstancias que no aplican para las comunidades de reciente contacto y excluir circunstancias que sí les aplican y que son ajenas a la experiencia de otras comunidades y pueblos. En el documental, esto último lo evidencia, con risas, el contingente amazónico en el encuentro con Correa en Carondelet: “en el casco urbano hay energía eléctrica; en la selva, en nuestros territorios, no necesitamos.”

Si esto último es acertado o no, no es el punto. El punto es que una tarea pendiente es contar con indicadores más apropiados, discutidos y consensuados con los mismos pueblos. Será eso y no una apreciación al ojo, ésa sí racista y asimilacionista, lo que permitirá al Estado ecuatoriano tener una idea más precisa de lo que necesita para cumplir de la forma más apropiada con sus deberes con los pueblos amazónicos. Sin chantajes, por cierto. Entre tanto, bastante información y reconocimiento internacional hay de una realidad compartida por pueblos indígenas en el Ecuador y alrededor del mundo: el mayor desmedro a ellos como pueblos y como individuos es menoscabarles su territorio y la integridad territorial. Como dijo Eriberto Gualinga de Sarayaku, “el petróleo no ha sacado aún a Ecuador de la pobreza, pero sin tierra nosotros sí somos pobres.” Aquí.

 

 

 


[1] Enfatizo comunidades y pueblos amazónicos porque son ellos a los que me voy a referir, sin por eso descartar a comunidades no indígenas. Íntag, por ejemplo, así como colonos y mestizos en otros lugares, incluida la Amazonía Norte y Sur, donde se han formado alianzas anti extractivistas entre éstos e indígenas. El ejemplo más notorio es el del Frente de Defensa de la Amazonía en su lucha contra Texaco-Chevron. Otro, no tan conocido es el Comité Interfederacional contra la Explotación Petrolera en la Amazonía Centro Sur, integrado por organizaciones Shuar, Achuar, Kichwa de la Amazonía y colonos de Taisha.

[2] Es una de las razones del temprano rompimiento entre la CONAIE y el gobierno de Correa. Ver: http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/1287-ecuador-conaie-rompe-relaciones-con-correa

[3] Ni siquiera lo es para las comunidades no indígenas en las áreas bajo planes mineros y petroleros, a juzgar por la realidad generalizada de conflictos en torno a estos planes.

[4] que por un lado ratifica una detallada autonomía en la sección sobre los derechos colectivos de los pueblos y por otro lado, diluye en la sección sobre ordenamiento territorial.

[5] Esa falta de reconocimiento explícito no previene, por cierto, la aplicación directa del derecho internacional en cuanto al consentimiento previo, libre e informado, pues el mismo preámbulo del artículo 57 de la Constitución incorpora a los instrumentos internacionales en el bloque constitucional. El Convenio OIT 169 y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (casos Saramaka y Sarayaku) sustentan la obligación de los estados de contar con el consentimiento de los pueblos involucrados al menos bajo ciertas condiciones. En violación de sus obligaciones internacionales, el estado ecuatoriano, muy particularmente, el gobierno de Correa, se niega a reconocer esto.

[6]  Por ejemplo, el Plan Plurinacional para eliminación de la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural (Septiembre, 2009)