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Para salvar el #InternetLibre

17 de mayo del 2013 – Quito, Ecuador: Durante un conversatorio por el Día de Internet, realizado junto a otros colectivos sobre la Ley de Comunicación y el impacto que podría generar en Internet, tal vez la observación que más llamó la atención fue la de Fabián Auz  al llamar "analfabetos digitales funcionales” a asambleístas que habían desoído observaciones desde la ciudadanía sobre el amplio significado del término “redes sociales” que en el proyecto de ley estaba implementado.

22 de Octubre del 2013 – Bali, Indonesia: Durante el Foro de Gobernanza de Internet, reunión a nivel mundial de los gobiernos, la sociedad civil y la empresa privada para debatir sobre amenazas y oportunidades de la red de redes, Joan Carlos Caribe, activista de fama mundial y quien impulsa la ley Marco Civil para la protección de los derechos en internet en Brasil, indicó que la gran amenaza son los parlamentarios `dummies` digitales.

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Legisladores de excelente sueldo,  que cuentan con asesores que ganan miles y comités de expertos, pero que ignoran ciertos temas digitales. El problema no es ignorar, pero son “ignorantes digitales” por ignorar voces e iniciativas dispuestas a brindar apoyo por ciudadanos desde la red. Los asambleístas deben legislar  en función de garantizar los derechos de los ciudadanos también en plataformas digitales y, en este caso particular, de más 10 millones de usuarios ecuatorianos conectados.
 
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tuvo un debate de pocos días, interrumpido por el partido de fútbol de la selección, su texto final se entregó después de un feriado, un domingo en la noche, y con una votación inmediata que seguramente no dio tiempo a los honorables a leer el documento definitivo; dio por resultado un Código que vulnera derechos que deben respetarse también en telecomunicaciones.

Temas relevantes como el relacionado con la obligatoriedad de almacenar la información que generan los usuarios, se debieron eliminar, ya que no sólo violenta el derecho a la privacidad de las personas en internet, sino que incrementa la autocensura. Con el almacenaje de información de los usuarios caemos en aquello que el gobierno ecuatoriano ha criticado y que tiene que ver con la violación a la privacidad por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. y que suma otros factores como la posibilidad de no disminuir de manera acelerada la brecha digital debido a posibles incrementos en costos y precios en servicios de telecomunicaciones.

Esta "ignorancia digital” tiende un velo que imposibilita dar cabida a las tendencias de acceso y a los derechos de los usuarios en internet, y podría obligar a los ciudadanos a usar medidas técnicas para saltar restricciones y hacer respetar sus  derechos. Pero éstas, lastimosamente, podrán usarlas sólo una pequeña parte de la población que esté preparada; siendo la única alternativa el garantizar nuestros derechos. Y aunque no fuera solo una pequeña parte de la población la que pueda burlar estas limitaciones y vigilancia, ese no es el punto, no tenemos que estar cuidándonos de la vigilancia del gobierno, deberíamos tener la libertad de vigilar y fiscalizarlo más bien.

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La  propuesta presentada por el Secretario Jurídico de la Presidencia de incluir articulados exclusivos para la  penalización de injurias en redes sociales, a finales de agosto, obligó a leer por completo el COIP y observar que, el ahora Art. 474, solicitaba almacenamiento  de la data que generen los usuarios e incluso la obligatoriedad de videograbarlos. Este artículo al parecer fue propuesto a mediados de agosto, en una reunión con un representante de la Policía Judicial encargado de delitos informáticos. (enlazar)

 

Desde ese momento avanzamos en todas las instancias: solicitar reuniones con el Presidente de la Comisión, con Asambleístas de diversas bancadas e incluso publicar y difundir una carta abierta al Presidente, solicitando el veto del artículo en mención del COIP. Una de estas reuniones también generó una acción concreta y ya se han presentado formalmente a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional observaciones específicas al artículo 474.

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#InternetLibre  es el resultado de esa defensa ciudadana a los derechos que el COIP vulnera en plataformas digitales y que ha ganado adhesiones de ciudadanos particulares y colectivos de la sociedad civil, quienes hemos logrado interesar a medios de comunicación masiva y asambleístas.

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Mientras nuestros representantes no se interesen en garantizar los derechos de todos tanto de manera offline, como online  tendremos iguales amenazas. Se debe comprender que es obligatorio garantizar, desde tener la libertad y responsabilidad sobre nuestro derecho a la expresión en blogs hasta el derecho a protestar digitalmente. Además, de no sólo propender a la enseñanza del uso de redes sociales sino a ejercer nuestros derechos en internet; no es lo mismo enseñar a viralizar un tweet que el protegernos de intentos de  leyes, como en China, donde un tweet con muchos RTs puede ser entendido como delito de difamación. 

#InternetLibre no es una propuesta gremial, no solo defiende a un grupo de profesionales; muy por el contrario, es una propuesta ciudadana que busca defender nuestros derechos, los de los asambleístas, los tuyos y los de todos. 

Bienvenida y bienvenido a conectarte por tus derechos, sigue en Twitter y Facebook el hashtag #InternetLibre, infórmate, colabora y comparte.