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@garoba

Conversando con Juana Ramos

La iniciativa Yasuní-ITT ha sido a la larga, el resultado de un experimento que probó con distintos elementos para la consecución de fondos y escogió uno que aparentemente no tuvo éxito. Pero no es tan fácil hablar de éxito o fracaso cuando ninguno de los mecanismos que proponía Ecuador había sido planteado antes en el escenario internacional como una forma de evitar el avance del cambio climático.

 

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La opción escogida que hasta el último se promocionó fue la llamada “Emisiones Netas Evitadas”, una iniciativa que consiste en compensar a los países que mantienen los bosques en pie, a la vez que evitan la proliferación de grandes cantidades de carbono. Esta idea fue una novedad en las cumbres internacionales sobre medioambiente, pues se aparta de las propuestas conocidas dentro del Protocolo de Kyoto y la idea era que los mecanismos del protocolo puedan ser aplicados a las emisiones de CO2 que aún no han sido generadas y que hay cómo evitar.

De inicio, no podíamos participar dentro del Protocolo de Kyoto porque nuestras condiciones nunca estuvieron orientadas a crear un mecanismo de mantener el equilibrio del ciclo del carbono. El proyecto que proponía Ecuador no consistía en capturar CO2, sino en evitar que ese carbono se libere a la atmósfera.

¿Cuánta dificultad había en generar algo tan nuevo y cuánto iba a costar a quienes se embarcaran en la tarea de logarlo? Juana Ramos, la primera secretaria técnica de la Iniciativa Yasuní-ITT, cuenta que las condiciones eran claras y la dificultad del reto también: “Teníamos que entrar a un mercado paralelo de bonos que era incipiente en el mundo en ese momento”. La intención de ese primer equipo, ahora se ve lejana a la propuesta consolidada de las emisiones netas evitadas, pues hablaba de insertar la Iniciativa Yasuní-ITT en el mercado financiero con la compra de bonos.

A finales de 2007 se creó la Secretaría Técnica de la Iniciativa y 2008 empezó a correr con este mecanismo como un intento por empezar a obtener resultados concretos. Los “Certificados de Garantía Yasuní” (CGY) fueron planteados como un documento basado en la no explotación de crudo. En lugar de vender petróleo, Ecuador tenía que entrar al mercado de los bonos. “Nuestra propuesta era generar un bono con todas las condiciones de un producto financiero nuevo, diferente de todo lo que estaba en ese momento en el mercado”, cuenta Ramos. El propósito fundamental del bono era que sea transable en el mercado internacional.

El escenario era el siguiente: 2008. Al Gore con su Nobel de la Paz en mano, tenía a todos contagiados de sus ganas de salvar el mundo. Para marzo de ese año, el ex vicepresidente de Estados Unidos lanzó una campaña para obtener la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su país y esperaba que el mensaje se replique en otros grandes emisores de CO2. Ecuador quería lo mismo. Había que aprovechar la efervescencia del ambientalismo de ese entonces.

Decimos “Ecuador”, pero acá, como en todo lado, no había una sola idea de los planes para el Yasuní. En todo caso, el equipo que representaba al gobierno, salió a negociar con el mecanismo de bonos. El problema ahora era cómo iba a percibir el mundo la propuesta, porque no hablamos de un espacio cualquiera con 850 millones de barriles de petróleo en su subsuelo. Había que mostrar que el principal hecho por el que se hacía toda la transacción era por el ‘sacrificio’ que implicaba la no-explotación: la concentración de biodiversidad que hace única a la reserva, los ríos y otras fuentes hídricas que alimentan esa riqueza y por supuesto, la presencia comprobada de dos pueblos en aislamiento voluntario; todo esto como parte de un territorio soberano que le pertenecía al Ecuador, pero que representaría la voluntad de conservación de todo el mundo.

Existía el temor de que al transformarlo todo en material de intercambio financiero, pierda estos valores. En una entrevista para diario El Universo, Luis Corral, quien entonces pertenecía a la campaña Amazonía por la Vida, imputó a los bonos de ser “políticamente incorrectos”. Y, claro, la propuesta inicial, de la que esta campaña fue promotora, hablaba del aporte de la comunidad internacional, no precisamente en forma de bonos que se pueden comprar y vender en un determinado mercado.

Hay que entender que así como Amazonía por la Vida, muchas otras organizaciones de la sociedad civil dieron cabida a la Iniciativa Yasuní-ITT. Esto salió de la gente y fue recién en 2007 que empezó a tomar forma oficial hasta convertirse en una propuesta del gobierno. Por eso, no resulta tan desorbitado que organizaciones ambientalistas hayan dado seguimiento al proceso, hayan participado en diferentes aspectos de la difusión de información, así como en la promoción para la recolección de fondos a nivel local. También se preocuparon de que el proyecto continúe el curso que estaba planificado desde un inicio.

Acción Ecológica, organización ‘madre’ de Amazonía por la Vida, fue una de las generadoras de la propuesta dos años antes de que el presidente Correa tenga a la Iniciativa Yasuní-ITT insertada en su gobierno. “El mercado del Clima que se abrió a nivel internacional ha tenido efectos tan perversos como los del petróleo porque son efectos de control territorial. (…) Nuestra cuña iba a que si quieren en verdad enfrentar el cambio climático, dejemos de sacar petróleo”, cuenta Esperanza Martínez, directora de Acción Ecológica en una entrevista con Xavier Sáenz.

Así, al momento en que la iniciativa empezó a tomar formas diferentes, la presión fue más fuerte. Los activistas ponían en cuestión el hecho de que no se conocía qué derechos adquiría el habiente de un bono, sobre el territorio. Algo que Juana Ramos se detiene a reflexionar en su análisis de por qué la Iniciativa no cuajó. “Todos esos actores tuvieron mucho peso y es ahí cuando yo hablo del infantilismo ecológico. En realidad, a los compradores, se les estaba dando derecho sobre una potencial explotación del petróleo, mas no sobre la biodiversidad. Era una garantía de que si el Estado ecuatoriano llegaba a explotar, los contribuyentes podían reclamar el valor que dieron. Así funcionaba.”, sentencia Ramos, antes de asegurar que para ella, el sistema de contribución pura no funcionaría.

En los estudios y documentos que en ese momento se emitieron, se establecía claramente que era imposible llegar a los niveles de contribución que necesitaba la Iniciativa Yasuní-ITT, a través de la contribución voluntaria. Juana Ramos y su equipo, que estuvieron apenas un semestre en el proyecto, se dedicaron a organizar la propuesta y ver las formas en que ésta podía ser factible y suficientemente llamativa en los encuentros internacionales para captar el dinero y mantener el crudo en el subsuelo.

“Sin embargo esos estudios no fueron tomados en cuenta”, lamenta Ramos. El peso pudo más y el sistema de bonos fue tirado a un lado y poco a poco se armó el mecanismo de “Emisiones Netas Evitadas”. Desde su lado pragmático y consecuente con el paso que había dado, la iniciativa debía seguir por el camino que llevara a la obtención segura de los compromisos. No habrían sido nulas las expectativas, porque las ofertas y el interés sí tocaron la puerta cuando Ramos aún se encontraba en el gabinete negociador. En ese contexto, recuerda algunas experiencias durante su función de titular de la Secretaría Técnica, entidad negociadora de la Iniciativa en ese entonces, entre ellas, el grupo español con el que tenían avanzadas las conversaciones para comprar los Certificados de Garantía Yasuní, o los ingleses que estaban dispuestos a venir a Ecuador para firmar por los suyos.

Dos son las razones que la impulsan a no creer que tal y como está planteada la Iniciativa Yasuní-ITT vaya a tener éxito. El primero, la dificultad para implementar la iniciativa, al no tener un mecanismo propio y más bien esperar la buena voluntad internacional. “Yo creo que ahí estuvo el error. El no entender que con las fórmulas tradicionales de operación, una propuesta como la Iniciativa Yasuní-ITT no podía funcionar jamás. Tenía que generar los mecanismos operativos tan innovadores como era la propuesta”, dice Ramos.

El otro argumento son las condiciones de la cooperación internacional. Sin adaptarnos a las condiciones actuales del sistema, la iniciativa pierde sentido al querer llegar a sus potenciales aportantes. Y sí. La cooperación internacional va en declive. Si en toda América Latina, la cooperación alcanza los 230 millones de dólares, ¿por qué habríamos de ser los únicos en recibir una contribución que supere los 300 millones anuales?

Durante años, las Emisiones Netas Evitadas sonaron desde las oficinas del Ministerio de Ambiente, hacia el mundo, como una propuesta totalmente nueva. ¿Cuándo se había escuchado que un país se exima de explotar su petróleo para proteger al que podría ser el pundo más biodiverso de la Tierra? Sin embargo, el status quo siempre tendrá su peso en la batalla de las nuevas propuestas y es ahí cuando el ingenio para que éstas ganen a los argumentos para que todo siga igual, debe ser mayor y dinámico, conocer cada movimiento del otro y saber moverse para ver resultados.

Nada está dicho y para continuar, requerimos aún, cerca de 600.000 firmas para repensar en cómo hacer que la Iniciativa Yasuní-ITT vuelva a ganar fuerza en el escenario mundial. Desde 2008, Ecuador vive la tensión de que este territorio, el 22% del Parque Nacional Yasuní, adquiera nuevamente el carácter de bloque petrolero. La disputa entre lo que se quiere, el ideal y el asentamiento de una propuesta, continúa aflorando mientras el jaguar, el tucán, el sapo bufónido o cualquiera de las más de 2.500 especies de vegetación se disuelven en el discurso de obtención de dinero en base a las rentas del crudo. Los mecanismos de negociación no son nada sin la propuesta viva, sin el ITT vivo.

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Gabriela Robles