Uno de los temas que más me preocupa sobre los internamientos forzados en “clínicas de cura” es la indolencia social y hasta la justificación tácita (algo comenté ya sobre la permisividad social en el caso del internamiento a personas LGBTI por parte de padres y/o familiares próximos). Hay historias de lo más variadas entre las personas, sobre todo mujeres, que son encerradas contra su voluntad por infidelidad, deudas y hasta por negarse a profesar una religión en particular, como es el caso que testimonia Viviana Loaiza en esta edición,. Aunque parecen de película son una vergonzosa realidad.
La pregunta perturbadora es cuántas personas estarán en esta situación mientras escribo esto, cuántas caerán mañana, cuántas Zulemas, Saras, Vivianas, cuántos Lalys, cuántas otras historias con tantos otros detalles existirán la mañana de este lunes…Y entonces, ¿qué podemos hacer como individuos desde nuestros espacios de acción, pública y privada? Creo que un repaso de situaciones comunes en estos casos puede ayudarnos a respondernos esto último.
Algo que parece evidente al revisar testimonios (sobre todo privados), declaraciones, recuentos, noticias, etc. es que estos casos usualmente cuentan con la participación activa o negligente de muchas personas y aunque el objetivo aquí no es señalar nombres quiero resaltar tendencias, actitudes que exigen atención.
Primero, la participación de la familia ahuyenta potencial auxilio a la víctima. Hay que tomar en cuenta que no siempre intervienen sólo el padre/madre/hermano, la familia extendida puede participar también como testimonia una víctima que fue sometida tras llegar con engaños a la casa de su prima. En cualquier caso, si los hechos ocurren a la luz del día es muy probable que alguna persona sea testigo pero cuando se interesa y reclama lo que usualmente la hace desistir es la presencia del familiar que “justifica” la acción.
Segundo, si ya de por sí sorprende que alguien pueda creer en esa excusa (ninguna persona puede ser retenida/movilizada contra su voluntad salvo por la debida autoridad y con la debida orden), es increíble que esa “justificación” también pueda persuadir a agentes del orden. ¿Es posible que policías vean a una persona ser conducida esposada en la calle/en un auto y se contenten con la explicación de que “es mi hija”,? Ante los “operativos de captura” que realiza el personal de estos centros, ¿cómo responde un policía ante la justificación de que “se trata de un drogadicto, oficial”? ¿Deja pasar esa ilegalidad o exige la inmediata liberación de la persona retenida? Y en este último caso, ¿procede a detener a los actores del tal operativo? Por testimonios que he escuchado, me atrevo a decir que las respuestas a estas preguntas son decepcionantes.
Un caso particularmente indignante que he escuchado con respecto a la actitud de la policía en estos temas es el de una muchacha que desnuda y ensangrentada denuncia a un policía que ha sido violada en pandilla por disposición del padrastro que se enteró de que era lesbiana, el policía cambió su cara de horror por la de asco al tiempo que le espetaba un “bien hechito”.
Y lo que termina de revelar la nula comprensión de la policía de que tanto las retenciones como su actitud permisiva ante éstas son ilegales es que haya policías que se presten a realizarlas ellos mismos. En el caso de un joven fallecido en una clínica en Guayaquil en junio, esta nota de prensa recoge las declaraciones de un agente que indica que ellos mismos “apoyan a las familias que piden su colaboración en el traslado de los adictos a los centros, «pero hasta allí llegamos» (!)
Pero además de las familias directas y extendidas y de la policía, hay otros participantes directos e indirectos: en y alrededor de los centros de internamiento.
Además de la actitud reprochable de empleados y empleadas que aún sabiendo de las prácticas de captura y retención indebidas no las denuncian, está el silencio -no menos criticable- de los vecinos. Una de las revelaciones desoladoras sobre estos centros es que no suelen estar en lugares recónditos, escondidos, sino en medio de un barrio cualquiera. Si ya de por sí es difícil creer que nadie sepa lo que pasa adentro, es doloroso aceptar que a sabiendas no se actúe. En la misma nota de prensa arriba, los vecinos del centro donde falleció dan cuenta de gritos de auxilio que escuchaban en las noches y entonces la pregunta es si hacía falta que alguien muriera para caer en cuenta de que esos gritos no eran normales, por decir lo menos.
Y finalmente está la actitud de los operadores de justicia. Al testimonio de activistas que señalan que son los mismos fiscales los que no encuentran delito en el sometimiento e internamiento forzosos de personas cuando éstos han sido ordenados por un familiar, se suma el de víctimas que revelan cómo abogados se permiten aconsejarles que no denuncien porque “acuérdate que estarías denunciando a tus padres”. Vaya, yo no sé si mis colegas entienden que una cosa es ser empáticos con una persona que en casos como estos tiene sentimientos encontrados con respecto a su familia (en cuyo caso, lo profesional es darle toda la información sobre los escenarios legales a su disposición y posibles consecuencias para que ella tome una decisión consciente) y otra cosa muy distinta es reprocharle (veladamente pero reproche igual) que siquiera considere denunciar. Sepan, por favor, que igual que en el caso de policías y fiscales permisivos, esta actitud de abogados (incluso en organizaciones supuestamente de apoyo) provoca profunda perturbación y frustración en las víctimas, que no sin razón sienten que todo el sistema está en su contra.
Así el panorama, qué hacer desde lugares cotidianos, de no poder formal. Denunciemos, no callemos. Si algo en el barrio suena mal pues digámoslo así. A las autoridades más próximas. Si no hay respuesta, insistamos. Con las limitaciones de llegada y todo, las redes sociales han probado ser en muchos casos canalizadoras exitosas de reclamos que antes no habrían tenido mayores posibilidades de avanzar. Si un amigo o amiga desaparece, gritemos, más si tenemos buenas razones para pensar que la familia está involucrada porque es precisamente en esas circunstancias en que está más indefens@ y vulnerable (ya hemos visto por qué). ¿La familia amenaza? ¡Graben! Cada caso será diferente y habrá que tomar las precauciones que se requieran pero esas amenazas suelen ser fanfarronerías. Sólo las denuncias de mala fe pueden acarrear consecuencias negativas a quien las presenta. Seamos proactivos, indaguemos nombres completos, direcciones, lugar de trabajo, datos que puedan servir para presionar a la familia. Exijamos a las autoridades que acojan las denuncias y amenacemos con hacer pública la falta de atención inmediata. Y cumplamos. para esto es necesario tomar nota del nombre completo, cargo y oficina pública, además de una relación concisa de lo sucedido. Si es posible al momento de la denuncia, ir con alguien que pueda servir de testigo. En cuanto a las organizaciones que trabajan en estos temas, difundan información; si tienen recomendaciones para los distintos actores sobre qué hacer y a quién acudir, si hay las llamadas “líneas calientes” de apoyo y asistencia, compártanlos con organizaciones asociadas y a través de sus redes. Nuevamente, la disponibilidad de redes sociales ayuda en la difusión. En el caso de las víctimas, si reciben amenazas abiertas o veladas, si tienen alguna sospecha de que algo les pueda pasar -aunque no sepan bien qué mismo pueda ser- denuncien, soliciten boletas de auxilio y hagan públicas esas situaciones. Eso puede ayudar significativamente a los esfuerzos por rescatarl@s. Eso ayudó mucho en el caso de Zulema Constante que en su cuenta tuiter fue anunciando que “algo le podía pasar” y sirvió para movilizar a las autoridades contra las alegaciones de su familia de que estaba “bien”.
Ésta no es una lista exhaustiva, ni las propuestas, garantía de resultados; y nada de lo sugerido exime a las autoridades, operadores de justicia, agentes de policía de su trabajo, particularmente de un trabajo comprehensivo para erradicar esta lacra que ha dañado tantas vidas, pero al menos es un esfuerzo de promover la acción que sí podemos ejercer y controlar: la propia.
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Raphael Pérez. Gay couple hugging. 2012.
Verónica Potes
