Por dos motivos concretos ligados entre sí. El primero, porque nunca dijo que no. Cuando el gobierno inició su lucha contra las invasiones y traficantes de tierras, que tuvo su punto más dinámico a partir de mayo de este año, nunca decidió cuestionar los procedimientos previstos para enfrentar el fenómeno.
Al contrario, los apoyó de manera personalísima con seguimiento del proceso en todo momento. Acompañó de cerca el despliegue de la fuerza pública contra uno de los segmentos más pobres de la población, cuyas casas irregulares eran demolidas. Como el despliegue del 10 de mayo, que se valió del impresionante número de 1135 policías y 500 elementos de la Fuerzas Armadas; hecho que hoy se recoge bajo la forma de dos noticias dignas de alarde en su página web personal, bajo los títulos (a) “Bonilla ratifica compromiso de cero tolerancia a invasiones” y (b) “Es imparable nuestra lucha contra invasiones y traficantes de tierras”.
Nunca cuestionó el hecho de que a la población desalojada, sin importar variables como número de hijos, no se le tenía preparado un plan de reasentamiento inmediato, como reza la normativa del derecho internacional y como estipula con mayor fuerza el sentido común y un mínimo de empatía, de que no está bien dejar a la deriva a familias pobres.
Que a ellos no se les garantizaría el derecho a la vivienda “porque son invasores, sino tendríamos que garantizarle una vivienda a todo invasor”, había dicho el Secretario Técnico de Asentamientos Irregulares, Julio César Quiñónez. Opinión compartida por una lista de funcionarios que en su momento apoyaron la Constitución de Montecristi en 2008 que, en su artículo 375, escribe “[e]l Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna”. Que en su momento apoyaron y que en este momento olvidaron.
Se trata, en definitiva, de una cuestión ética que no es menor. Yo no podría votar por alguien que no solo pasa por alto el sufrimiento generado por no tener dónde pasar la noche (siempre agravado si se tiene hijos), sino que lo defiende como causa última. Una revolución de rasgos socialistas no puede, como lo hizo también el intendente Xavier Burbano, afirmar que desaloja forzosamente aunque se lo haga “con el dolor del alma” y cruzarse de brazos llamándolo cumplir con su trabajo.
En esos momentos –sin duda, cruciales- uno sí que puede decir “no”. Rehusarse a cometer así sea la injusticia más leve. Tomarse en serio la lucha histórica por los menos privilegiados implica seguir la tan mencionada pero tan poco practicada máxima de Martin Luther King, cuando afirmaba que “[l]a injusticia, en cualquier lugar, es una amenaza para la justicia en todas partes”. Más aun cuando uno goza de privilegios tan básicos como un techo para pasar la noche, hasta de mayor rango como acceder a educación de tercer o cuarto nivel. La idea es utilizar esos privilegios para la búsqueda del beneficio de la mayoría.
Mi segundo motivo encuentra pólvora en una de sus declaraciones: “¿[d]ónde estuvieron los defensores de los derechos humanos hace 30 años?”, se anota con orgullo en una de las entradas ya citadas de su página web personal, en crítica directa a Billy Navarrete como secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) por el ¿delito? de haber interpuesto una medida cautelar para frenar ciertos desalojos forzosos (esto es, por haber acudido a la justicia en un Estado de Derecho, para que se evidencie el absurdo).
Pero quienes han estado interesados -en serio- en la defensa de los derechos humanos en la ciudad, conocen muy bien tanto a Billy como la labor de años del CDH, denunciando un sinnúmero de atropellos de distintos gobiernos. Y, por ello, no se preguntarían siquiera dónde han estado en los últimos 30 años: han estado -aunque ella lo desconozca- haciendo precisamente eso, defendiendo excesos estatales de una gama de causas; incluso esta en particular, como reza un comunicado que le enviaron en respuesta el 06 de junio de este año:
“[e]l CDH ha denunciado documentadamente la acción de los traficantes de tierras en zonas marginales de la ciudad donde se constituyeron en mini reinos custodiados con violentas bandas armadas. Recordamos que resultado de nuestra acción contra la impunidad en este campo el 12 de septiembre de 1992 nuestra oficina fue violentada y destruida como medio de intimidación”.
Que los juicios valorativos dicen más del sujeto que enjuicia que del sujeto u objeto enjuiciado, leí una vez en alguna parte. Para este caso, su pregunta dice más de ella que su pretensión originaria de desacreditar al CDH.
Mi opinión es que Guayaquil necesita un relevo, más que generacional, ético y congruente con principios elementales de derechos humanos y de búsqueda de la maximización del bienestar de los excluidos, mediante su inclusión en la administración local.
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Nada de lo cual, luego de los últimos y lamentables acontecimientos, puedo esperar de la gobernadora Bonilla.
Arduino Tomasi
