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@marocape

El próximo 23 de agosto se estrena a nivel nacional La muerte de Jaime Roldós, de Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento. Un documento histórico revelador y necesario en un país desmemoriado que, tal como reza el epígrafe con el que empieza el documental, es incapaz de relacionar las cosas. Nunca mejor dicho. He aquí el antídoto contra la amnesia e impavidez colectivas: un trabajo cinematográfico y de investigación que se hace cargo de lo que nadie ha querido hacerse cargo durante décadas.

En este país tenemos deudas históricas que han sido enterradas en el mausoleo de los pendientes a olvidar, por ello, el valor de este trabajo radica justamente en el hecho de que dos ciudadanos se hayan «tomado la molestia» de buscar respuestas a una de las grandes preguntas incómodas de nuestra realidad contemporánea: ¿Jaime Roldós fue asesinado o en verdad se trató de un accidente?

El que quiera ampliar sus perspectivas y salirse de lo que dice la escueta «historia oficial», que vea el documental. No diré más. Ahora, aquel interesado debería estar únicamente en Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca, pues estas son las únicas ciudades en las que se va a proyectar el documental. Parecería suficiente ¿no?

Error. Aunque la idea centralizada de cultura por momentos no nos permita preocuparnos de la realidad audiovisual y el acceso al cine de poblaciones menores, debemos saber que pequeñas ciudades como Milagro, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Quevedo, Machala, Daule, Playas, Babahoyo y Riobamba sí cuentan con salas de cine y todas de la misma cadena: Supercines. Pero en ninguna podrá verse dicho documental.

Para este momento, casi todos deben estar enterados que esta cadena se negó a proyectar en sus salas La muerte de Jaime Roldós aduciendo razones políticas. ¿Cuáles? Pues nada más y nada menos que el fantasma -ya ni siquiera cadáver político- de Febres Cordero, que todavía viene a jalarnos las patas con fuerza. Un hecho inédito en este país, aún para aquellos que defienden el derecho de una sala de cine a proyectar lo que se les venga en gana. Y sí, en teoría y apegados a la lógica privada, también estoy de acuerdo: tienen el todo el derecho de negarse a pasar tal o cual película. La cuestión es que he leído argumentos tan absurdos como el justificar esta negativa detrás de negaciones anteriores a películas ecuatorianas que no cumplían -según las salas-  los estándares de calidad. En pocas palabras, no eran rentables. Y viéndolo desde ese punto, pues es una decisión hasta lógica. Pero aquí señores no estamos hablando de un mero producto comercial o de entretenimiento. Aquí estamos hablando de ética. De una decisión moral y no monetaria.

Por eso me pregunto, ¿no debería ser el espectador quien decida si quiere ver o no un filme? ¿No debería dársele ese derecho por más empresa privada que sea? ¿No deberíamos dejar que sea la gente quien juzgue, apoye o censure un filme? Más aún si se trata de un tema que nos incumbe a todos como parte de la historia política y social de este país.

Espero, como muchos, que Supercines revea su decisión y les permita acceder a todas esas poblaciones a un documental que finalmente, si se quiere, será rentable pues calidad e interés temático no le faltan.

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Rocío Carpio