Lo diré de entrada: no creo que Supercines está obligado a pasar el documental “La muerte de Jaime Roldós”. Diré, además: creo que estaría mal que una cadena de cines tenga que cumplir con tal obligación. Estoy convencido de que esa no es la discusión que hay que plantear en este momento. Creo, además, que es una decisión errada e inconsecuente por parte de la cadena.
Pero vamos por partes.
¿Por qué estaría mal que Supercines sea obligada a pasar “La Muerte de Roldós”?
Estaría mal porque –como sucede en el Ecuador hace algún tiempo– esa es apenas la versión radical de cualquier desacuerdo: los que proponen una total (y totalmente fuera de contexto histórico) liberalidad; y los que (exagerando en el contexto histórico) creen en la total regulación.
Como he sostenido en repetidas ocasiones, no creo que la ley deba ser una herramienta para imponer la transmisión de contenidos en los medios. Tampoco creo que la cultura puede venir definida por ley. Esas definiciones suelen terminar en aplicaciones excluyentes y, sobre todo, no se basan en la persuasión como herramienta de la formación (digamos, en este caso, de públicos), sino en la fuerza. Emanuel Mounier definía así a la educación: la creación de las condiciones necesarias para que el ser humano se desarrolle plenamente, siempre a través de la persuasión y el razonamiento. A lo que estamos acostumbrados es a lo otro: a la imposición por la fuerza, el ocultamiento y la falta de persuasión, a la recurrencia a la amenaza y al engaño.
En este caso, estamos frente un dilema que enfrenta a un producto audiovisual con un público en formación. Entonces, la pregunta es qué público queremos que se forme y, más allá, qué sociedad queremos formar, a partir de qué individuos.
Mi buen amigo Tim Ruhe –físico alemán nacido en la DDR y colaborador de esta página– suele contar una anécdota: en la Alemania del Este, el ejército solía “ordenar” la terminación de las estaciones del año. Un día llegaba un memo que decía “Se decreta el fin del invierno”. Enseguida, ordenaban el cambio de los uniformes por unos menos cálidos. “No había que pensar ni siquiera para cambiar de estación” me decía Ruhe.
La excesiva regulación trae esos absurdos.
Por supuesto que nosotros no vivimos ni de lejos en la DDR, pero me parece que una eventual ley que ordene a la cadenas transmitir determinadas producciones le está quitando a los ejecutivos de esas cadenas la capacidad de razonar y persuadirse de que, en muchos casos, hay otros valores asociados a la programación de productos como “La Muerte de Roldós”.
Tampoco es legítimo que la obligación nazca del hecho de que sea una producción ecuatoriana. Ese es un argumento demasiado cercano a la mediocridad y, por tanto, peligroso.
Hay, sin duda, un punto medio en esta discusión: que el Estado no obligue a los cines comerciales a pasar nada, pero que permite la creación de más pequeños y cercanos cines en el país. Salas comunitarias financiadas a través de programas estatales, pequeños empresarios obteniendo líneas de crédito para montar en todo el país espacios que garanticen una programación que evite que la decisión de una sola empresa ponga en riesgo que un producto llegue a más ciudades. Lugares donde se fomente el ejercicio crítico de la formación de esos públicos.
Sin embargo, esa es otra discusión, que tan solo me sirve para dejar claro es que cierta regulación y normativa es necesaria, pero estoy convencido que tiene que enfocarse en impulsar la producción de contenidos y no en la imposición de transmisión de otros contenidos.
Lo que creo que debe regir en este momento el debate de la decisión de la cadena con mayor alcance nacional es el tema de la persuasión y el razonamiento para la decisión que han tomado.
¿Por qué debe Supercines rever su decisión y pasar “La Muerte de Roldós”?
Supercines ha tomado una decisión errada e inconsecuente y debe revertirla. De acuerdo a los productores del documental, Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento, la cadena de propiedad de Corporación El Rosado se ha negado a programar el filme debido a su “alto contenido político”. Así lo confirmó, también, Santiago Roldós en un correo electrónico que ha circulado en los últimos días.
Además, no podemos obviar, que la decisión de Supercines lo único que asegura es que las otras cadenas (Cinemark y Multicines) se abarroten de espectadores para ver el documental. Bien se sabe que la mejor publicidad para cualquier producto es que sea prohibido. Sin embargo, ninguna llega tan lejos como la cadena de El Rosado y el que ésta decida no programarla pone en jaque no solo al público, sino a los realizadores de «La muerte de Roldós».
Ahora bien. Todos sabemos a quién pertenece El Rosado.
Es una prominente empresa familiar de ascendencia judía. No los menciono por su apellido porque, me parece, consistiría en un acto de chabacanería textual sobre información que es pública y que, además, desviaría el argumento hacia una personalización innecesaria.
Y esto es una advocación por la empatía. Ni siquiera estoy en capacidad de afirmar que los dueños de la corporación han tenido una participación directa en esta decisión, pero sí estoy seguro que pueden hacer que sea revisada.
Y su ascendencia judía es de suprema relevancia para la reversión del error de no acoger –en las salas que posee en gran parte del país– a una obra que se constituye pieza indispensable de la memoria histórica del país, pues revisa uno de sus puntos más dolorosos y oscuros.
Lo que Sarmiento y Rivera han hecho, meticulosamente, es anclar en vídeo ese momento. Han hecho lo que suelen hacer los buenos documentales históricos: detener el tiempo. Mucho se ha dicho sobre las causas de la muerte de Jaime Roldós y su comitiva el 24 de mayo de 1981, pero en la conciencia colectiva el tema se ha ido disipando con el paso del tiempo. El documental de Sarmiento y Rivera es el antídoto contra ese olvido.
No es posible que gente perteneciente al mismo pueblo que ha luchado e insistido en mantener vivo el recuerdo del progromo en su contra desatado en Europa en el siglo pasado, no tenga la empatía para permitirle a un país –casi tan pequeño como el suyo– presenciar una revisión de un pasado que exige todavía respuestas y que para obtenerlas precisa no caer en el olvido.
No son escasas las ocasiones en que las diferentes asociaciones y agrupaciones judías del mundo se han manifestado en contra de producciones privadas que pretenden menoscabar o matizar el sufrimiento del pueblo judío durante el Holocausto nazi. Cada vez que alguien ha intentado negar el horror nazi o si quiera matizarlo, la reacción ha sido unánime: eso no hace.
A nadie se le ha ocurrido –y levantaría un escándalo mundial– que una cadena de cine decidiese no pasar la “Lista de Schindler”, por poner un ejemplo de ficción, por “su alto contenido político” o porque el cine ha consistentemente presentado una mala imagen de los alemanes.
Los ejemplos contrarios abundan. Cuando se estrenó “La Caída”, en la que Bruno Ganz protagoniza un Hitler derrotado y viviendo los últimos días de la guerra en su búnker, la comunidad judía mundial montó en cólera ¿Cómo era posible que se permitiese una película que presente un Führer que ama a su perro, besa a Eva Brown y siente un cariño paternal por sus secretarias? ¡Están humanizando al monstruo! Fue el grito unánime. Y pidieron la censura de una producción privada. Hoy en el Ecuador el grito unánime es ¿Cómo va la mayor cadena de cines del Ecuador no pasar una pieza de la trascedencia de «La Muerte de Roldós»? y lo que la gente está pidiendo es que la prohibición privada se revoque.
Los pre estrenos en Guayaquil y Quito estuvieron abarrotados, dudo muchísimo que esta decisión tenga que ver con cuánta gente irá a ver el documental.
Supercines está utilizando un argumento que podría haber servido para sacar de cartelera –básicamente– todo el cine sobre el Holocausto: “Una carga política muy alta”, “presenta una mala caracterización del pueblo alemán”. El argumento es inválido porque la Historia siempre tiene una carga política porque todo relato conlleva una subjetividad. Es imposible lograr un relato de tal asepsia. Es inválido además porque siempre es riesgoso tener menos información, por los motivos que fuere.
Su decisión es errada no porque la obligación de pasar el documental nazca de una decisión estatal o por que sea tolerable decirle a un tercero qué hacer con el cine de su propiedad. Su decisión es errada porque carece de empatía y, de hecho, le niega al país algo que a la patria de sus dueños jamás le ha estado negado: la preservación de la memoria histórica de las atrocidades que sufrieron en el Holocausto y su difusión por todos los medios posibles. Está negándolo, además, por un juicio de valor mucho menos relevante que la pertinencia histórica del documental. Y ese pasar por algo que es históricamente pertinente para una sociedad es algo que ni el Estado, ni ningún privados están legitimados a hacer.
Eso es todo lo que los espectadores críticos de este país queremos: que la cadena de cines más grande del Ecuador no le niegue buena parte de sus habitantes la reconstrucción de la memoria colectiva y que decida estar en el lado correcto de la historia. Aquél en que se paran quienes permiten que los pueblos crezcan a partir de los principios de la educación basada en la persuasión y el razonamiento y no en el ocultamiento y la imposición.
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José María León Cabrera
