La austeridad y otros mitos

Días atrás, el Presidente de la República, Rafael Correa, presentó la proforma del Presupuesto General del Estado para el 2013 para su debate y posterior aprobación por parte de la Asamblea Nacional. La proforma del Presupuesto General del Estado puede ser revisada aquí. De acuerdo con la proforma, el déficit del Estado para este año ascenderá a US$ 5.050.491.394,34, el mismo que será financiado, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Finanzas, mediante préstamos otorgados por China por un valor de US$ 3.800.000.000 aproximadamente, y la diferencia a través de deuda interna (títulos valores). En consecuencia, en el 2013 la deuda del Estado se situará en el 22,8% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es, un 6,4% más que en el 2009, pero dentro de niveles aceptables, por debajo del límite del 40% establecido en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y muy lejos de los valores alcanzados por países europeos.

En lo que respecta al déficit público para el ejercicio 2013, éste será del 5,55% del PIB, que sin ser una cifra ideal – el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea fija como tope de déficit el 3% del PIB – no es alarmante. Revisando estas cifras, podríamos llegar a la conclusión de que las finanzas públicas ecuatorianas están relativamente saneadas y, por tanto, la economía no tiene riesgo de sufrir una caída o recesión en el medio plazo. No obstante, quienes llegan a esa conclusión se olvidan de analizar otros factores importantes que, sin duda, nos llevan a una conclusión distinta.

En primer lugar, pasemos a revisar los ingresos y gastos proyectados en la Proforma. Los ingresos se verán reducidos en aproximadamente mil millones de dólares en comparación con el ejercicio 2012 debido a la paralización de la Refinería de Esmeraldas, mientras que los gastos se verán incrementados en seis mil millones de dólares, lo que supone un aumento de aproximadamente el 24% en relación con el ejercicio 2012. ¿Cómo se explica que, a pesar de que se prevé obtener menores ingresos, se decida incrementar el gasto público exponencialmente? La respuesta podría ser que el Gobierno de Rafael Correa sigue el modelo keynesiano de expansión del gasto público como fuente de crecimiento económico. Pero, ¿es sostenible en el tiempo expandir el gasto público basándose únicamente en el alto precio del petróleo actual? Adicionalmente, ¿cómo es posible que, a pesar del alto precio del petróleo, el Estado incurra en déficit presupuestario y tenga que financiarlo mediante préstamos otorgados por China? Más aún, los préstamos otorgados por China son garantizados con petróleo, por lo que si se produce una reducción del precio del petróleo, ¿seguiremos recibiendo préstamos de China?

Adicionalmente, casi la totalidad de los ingresos que se obtienen por la recaudación de Impuesto a la Renta e IVA se destinan a pagar el gasto corriente, esto es, los salarios del sector público. Y aquí surge otra pregunta, ¿es sostenible que el Estado destine la mayor parte de sus ingresos tributarios a pagar salarios del sector público?

Las interrogantes anteriores, y sus posibles respuestas, son las que nos indican que las finanzas públicas ecuatorianas no están tan saneadas como podría parecer, ni que la economía ecuatoriana es tan sólida como nos quiere hacer creer el Gobierno de Correa.

Si en países como Estados Unidos, España e Irlanda se creó la denominada burbuja inmobiliaria cuyo pinchazo derivó en la más grave crisis económica sufrida a nivel mundial desde la Gran Depresión; en Ecuador se está creando una “burbuja petrolera”, cuyo pinchazo puede arrastrarnos a una crisis económica con efectos sumamente perjudiciales para los ciudadanos.

En tiempos de bonanza, como los que aparentemente vive Ecuador, no se repara en las políticas económicas empleadas por los Gobiernos, ya que existen niveles de crecimiento económico aceptables y una baja tasa de desempleo. En cambio, en épocas de crisis como las que siguen viviendo Europa y Estados Unidos, se plantea la discusión de si la salida a la crisis se consigue con mayor gasto público y, por tanto, mayor endeudamiento y déficit, o si por el contrario, se consigue con austeridad en el gasto y control del déficit y de la deuda.

Para referirme a esta discusión, hablaré del caso de España por serme más familiar al haber vivido ahí durante muchos años. En el año 2007 se vislumbraba el inicio de la crisis, a la que, en aquel entonces, el ex Presidente Zapatero, llamaba “desaceleración económica”. Como los efectos de la crisis no se notaron hasta finales del año 2008 y las elecciones generales tuvieron lugar en marzo de 2008, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo mayoría en el Congreso de los Diputados, y pudo formar gobierno, reeligiendo a Zapatero como Presidente del Gobierno por cuatro años más.

Siguiendo la política de expansión del gasto público, Zapatero aprobó medidas como el cheque bebé que consistía en entregar 2.500 euros a los padres por cada nuevo hijo, sin importar si el hijo era de un obrero o del dueño de un banco; o la devolución de 400 euros del Impuesto a la Renta a todos los contribuyentes para “incentivar el consumo”, lo que supuso un costo de cinco mil millones de euros para el Estado (ver aquí).

Una vez aceptada la crisis por parte del Gobierno, Zapatero adoptó una postura a la que llamó “salida social a la crisis” (ver aquí) que consistía en aumentar el gasto público para mantener el “Estado del Bienestar”, toda vez que, de acuerdo con Zapatero y su equipo económico, las causas de la crisis habían derivado de la aplicación de políticas “neoliberales”. Cuando la crisis se agudizó, Zapatero adoptó medidas como el Plan E que supuso un costo para el Estado de ocho mil millones de euros y que fue cuestionada incluso por el Tribunal de Cuentas español (ver aquí).

La política económica empleada por Zapatero tuvo efectos devastadores en la economía española, ya que elevó el déficit fiscal por encima del 11% del PIB, aumentó la deuda, la economía continuó en recesión, y el desempleo siguió creciendo a un ritmo frenético. En mayo de 2010, Zapatero – presionado por Merkel y Obama – tuvo que renunciar a la “salida social a la crisis” y aprobó los que se denominaron como los recortes más duros de la historia de la democracia española hasta ese entonces (ver aquí).

Muchos dirán que lo que vino después fue peor con la aplicación de las mal llamadas políticas de austeridad por los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy. El error de quienes llegan a esta conclusión parte de la base de creer que España ha reducido sustancialmente el gasto público en los últimos años. La reducción del gasto público en España se ha producido únicamente en los dos últimos años y de forma más bien discreta como se puede apreciar aquí (https://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/austeridad-en-espana-1276240249.html). Es claro que Europa ha apostado por la consolidación fiscal, pero no mediante la contención del gasto público, sino mediante el incremento de los ingresos a través de las constantes subidas de impuestos.

Pero, al parecer en Europa y, particularmente Rajoy, no conocen el fenómeno de la curva de Laffer. A pesar de que Rajoy incrementó de forma sustancial los impuestos inmediatamente después de haber asumido la Presidencia del Gobierno, la recaudación tributaria en España cayó en el primer cuatrimestre del 2013 un 6,6% en relación con el mismo período del año 2012. Actualmente la economía española continúa en recesión, con un desempleo por encima del 25%, con impuestos sumamente altos, y apenas ha recortado el gasto público.

A diferencia de las medidas adoptadas por España durante la crisis, Alemania mantuvo su déficit público en niveles aceptables, alcanzando su cota más alta (4,10%) en el año 2010, sin incrementar de forma significativa la presión fiscal sobre los contribuyentes, lo que demuestra que las políticas de contención del gasto y del endeudamiento cuando son realmente aplicadas arrojan mejores resultados. Aunque a Alemania cabe reprocharle el haber utilizado la política monetaria del Banco Central Europeo en su beneficio para superar sus propias crisis como la de 2004.

Ninguna receta económica garantiza una salida inmediata a la crisis. Esta pudo haber sido evitada si los Bancos Centrales y la FED hubieran aplicado una política monetaria y crediticia distinta, y no hubieran propiciado la burbuja inmobiliaria que tanto ha perjudicado a Estados Unidos y a Europa. Sin embargo, una vez llegada la crisis, la solución no se encuentra en la expansión del gasto público que solo conlleva a un mayor déficit y endeudamiento, y no corrige los desequilibrios macroeconómicos, ni en las subidas de impuestos, tal como lo demuestran el caso español, griego e italiano – antes de la llegada de Mario Monti – sino que debe estar enfocada a una mayor contención del gasto, y a dejar que el mercado corrija los desequilibrios producidos por las políticas económicas que causaron la crisis. La aplicación de una verdadera política económica de austeridad y contención del gasto, así como una reducción de la presión fiscal sobre los contribuyentes se antoja como el camino menos espinoso para que un país pueda salir de la crisis más fortalecido, y no entrar en ese ciclo económico perverso de disfrutar algunos años de bonanza, a cambio de otros tantos de crisis.

Ecuador vive hoy una época de bonanza económica sostenida exclusivamente en los altos precios del petróleo. Aún así, la proforma del Presupuesto General del Estado contempla un déficit de cinco mil millones de dólares que serán financiados mediante endeudamiento, lo que demuestra que el crecimiento económico ecuatoriano es artificial. El crecimiento económico, para ser sostenible, debe estar cimentado principalmente en una mayor inversión por parte del sector privado, lo que sólo se consigue con incentivos fiscales, y una seguridad jurídica de la que Ecuador carece.

Correa todavía está a tiempo de corregir la política económica antes de que se produzca el pinchazo de la burbuja petrolera y sus efectos se empiecen a notar. Ecuador necesita reducir de forma inmediata el gasto público, y eliminar diversos impuestos que ahuyentan la inversión – ISD, Impuesto a las Tierras, y muchos impuestos municipales como el 1.5 x 1000, patente anual, etc. – para que la burbuja se vaya desinflando de forma paulatina, y no se produzca el temido pinchazo que nos arrastre a una situación como la que continúan viviendo algunos países de la zona euro, e incluso Estados Unidos.

Lamentablemente, las bases del populismo se encuentran en la expansión del gasto público, vía subsidios u obras visibles, por lo que albergo pocas esperanzas de que Correa modifique su política económica. Solo espero que cuando llegue el pinchazo no nos toque vivir escenas de hace más de una década que muchos ecuatorianos creen superadas.