Es media mañana del 18 de junio cuando llegan a Monte Sinaí camiones y buses con personal del Ejército y la Policia Nacional. Algunos vecinos los cuentan: suman más de sesenta vehículos. Según datos oficiales, en la operación de desalojo se movilizaron 1.500 policías –gran parte de ellos de los grupos de élite–, 500 militares y 55 polícias de tránsito que se encargaron de acordonar los accesos viales a la zona. Poco después, ante el estupor de la población, aparecen perros y policía montada.. Un helicóptero sobrevuela permanentemente la zona. Los más de 2.000 efectivos proceden con la destrucción y quema de 93 viviendas entre llantos, gritos y desmayos de los afectados.
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En un intento de racionalidad, aproximadamente trescientos ciudadanos se movilizan con banderas blancas al grito de “el pueblo unido jamás será vencido”. Se dispersan con cierta rapidez, voluntariamente. Sus dirigentes tratan de que no se repitan los enfrentamientos del pasado 10 de mayo, durante un desalojo que afectó a otras 500 viviendas de la zona. Los comentarios de los habitantes de Monte Sinaí son elocuentes: unos dicen que “el pasado 17 de febrero di mi último voto para el presidente Correa”; otros se preguntan “¿pero no era esta una revolución en beneficio de los pobres?”; y los comentarios más sagaces hacen referencia a un gobierno de “tecnócratas” carente de sensibilidad con el “dolor humano”.
Guayaquil es una ciudad que ha crecido en función de los asentamientos irregulares que, desde la década de los noventa, han sido controlados por traficantes de tierra. Según la arquitecta Patricia Sánchez, experta en mercados informales de suelo, “el sector marginal urbano ha carecido de otras formas de acceder a la vivienda que no sea a través del traficante de tierras, pues ni el Ministerio de la Vivienda, ni la Municipalidad, han ofrecido alternativas adecuadas a las condiciones económicas y sociales de la población”. Dicha situación persiste. Según datos del INEC –Censo 2010-, la población urbana de Guayaquil es de 2.278.691 habitantes, de los cuales el 70% es pobre. El municipio estima que unas 6.465 familias humildes demandan vivienda anualmente, lo que significa la demanda de 39.000 viviendas en los últimos seis años. Sin embargo, según los datos extraidos de la página web del MIDUVI, los bonos para nueva vivienda entregados en toda la provincia del Guayas entre 2007 y 2012 suman 12.360. Las viviendas construidas por el Municipio de la ciudad en ese mismo período son apenas 3.145 viviendas. En resumen, durante la gestión del actual gobierno no se han cubierto las necesidades generadas en materia de vivienda durante en ese mismo período, agravándose aun más la situación de déficit habitacional en la ciudad, calculada en 2006 en unas 750.000 viviendas.
Así lo cuenta Doña Felicita Ortíz, moradora de la cooperativa Thalía Toral, que unos días antes de este último desalojo sacaba como podía los enseres de su vivienda “Ante la imposibilidad económica de comprar una vivienda, decidí adquirir mi lotecito en el año 2006 y al año siguiente ya había abonado una parte significativa del monto total y me vine a vivir”. Ahora tiene miedo, a pesar de que a ella no le ha llegado la notificación de desalojo, pero dice que con la nieta que vive con ella han decido irse porque han visto cómo se han derribado las casas de muchos de sus vecinos a los que tampoco se les había notificado anteriormente. Doña Felicia ruega “La plata que gano es para el diario, esa es la realidad de la mayoría de nosotros, no tengo capacidad para pagar una vivienda de esas que nos ofrece el Estado. Todos acá rogamos a Dios que el Gobierno recapacite y tenga un poco de corazón”.
Francisco Cedeño, un emigrante retornado de España hace cinco años, indica que la mayoría de la población de Monte Sinaí vive del reciclaje, carpintería, albañilería, pequeño comercio o venta ambulante, así como de la cría de animales. “No tenemos nómina, no tenemos mecanismos de acceso a la vivienda social que nos propone el gobierno. Esta situación ya ha pasado con mucha gente que fue desalojada con anterioridad y que teóricamente iba a ser reubicada en el complejo habitacional de Ciudad Victoria”, explica Cedeño, y prosigue: “además, la mayoría de las familias que vivimos acá tenemos entre tres y cinco hijos, incluso hay gente que tiene hasta ocho, ¿como pretenden meternos en viviendas de 40 metros con solo dos habitaciones?”. De igual manera se manifiesta Ángel Pavón, vecino de la cooperativa Esfuerzo Propio, quien llegó en 2009 invirtiendo USD 2.500 en un terreno de unos 100 m2, “vendo agua, cepillos y otros productos por las calles de Guayaquil. Con cuatro hijos, uno de ellos de apenas seis años, ¿a donde vamos a ir?” Pavón sufre de osteoporosis, no tiene un trabajo formal, todavía le debe algo de dinero a la Fundación Hogar de Cristo por la casita de caña en la cual vive y, a pesar de no estar aún notificado, tiee miedo “todas mis ilusiones de construir un futuro digno para mi familias se han ido al traste”. Neiser Mina, otro vecino de Monte Sinaí sentencia: “Me sacan de mi casa y me quieren meter en una vivienda de 40 m2 y a eso lo llaman dignidad y buen vivir…”.
También hay moradores de origen colombiano con el estatus de refugiado que han sido desalojados en la zona. Vanessa G. relata entre sollozos como su casa en Thalia Toral fue destruída en el desalojo del 10 de mayo: “Nunca vi a tanto niño llorar mientras quemaban sus casas. Aunque mi esposo compró la tierra en 2008, construimos y vivimos acá hace dos años y medio. Tan solo pude salvar tres paredes de mi casa, la cual estoy pagando aun al Hogar de Cristo”. Tuvo que dormir dos semanas en la calle frente a lo que había sido su casa en una carpita que se fabricócí “no tenía a donde ir, pero la policía llegó y me obligó a marcharme”. Eran tres familias viviendo juntas, a las cuales nunca nos les llegó la notificación. Cuenta que vino a este país refugiada desde Colombia y que nunca pensó que en Ecuador el Ejército fuera a derrocarle su casa. Por el humo del incendio de las viviendas desalojadas, su hija de nueve meses se ha enfermado de los ojos. Para ella parece no haber salida digna posible “Mi esposo es tanquero, no aplica para el Plan Vivienda, no se que vamos a hacer y a donde ir”.
Los vecinos del lugar se han organizado en torno a la Red Comunitaria Monte Sinaí, una asociación aun informal con apenas dos meses de existencia, que agrupa –según sus voceros– a unas 15.000 familias de la zona. Básicamente sus demandas son: regularizar sus viviendas, atender los pagos del servicio de electrico –tarifa de la dignidad- y que intervenga el municipio en tareas de asfaltado y saneamiento para dignificar las zonas en las que habitan. Dario González Zambrada, uno de los voceros de la Red indica “el año pasado trabajé para el Ministerio de Salud como técnico de asistencia primaria y nadie me dijo que fuera terrorista, ahora que cuestionamos los desalojos nos hemos enterado de que el Fiscal Distrital del Guayas ha abierto una investigacion previa sobre algunos de los dirigentes locales”. Según González, ha habido interés desde algunos sectores partidistas por politizar esta situación, pero la Red Ciudadana se ha mantenido firme en no permitirlo, “lo que está en juego es el futuro de nuestras familias”.
La Red ha organizado mingas con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Riesgos en el sector, y reclaman la mejora en las infraestructuras del barrio, pero tanto el Municipio como el Gobierno Central “se tiran la pelotita unos a otros y nadie hace nada, todos nos dicen que tras el decreto de enero del 2011, en el cual el presidente Rafael Correa declara el área como Reserva de Seguridad, no pueden intervenir”.
Según Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de los Derechos Humanos, ante la gravedad de los sucesos, Amnistía Internacional ha solicitado información general sobre la situación de los desalojos en Ecuador. Además se han solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para las organizaciones sociales implicadas en la defensa de los derechos de los moradores, se están violando derechos constitucionales como el acceso a la vivienda o el hecho de que todas las personas desplazadas tienen el derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Navarrete denuncia a su vez que no hay mesas de diálogo entre los sectores sociales y las instituciones públicas implicadas en los desalojos, “tres universidades de Guayaquil se han expresado abiertamente en relación al tema en los mismo términos que el Comité”. Sin embargo, no hay respuestas de la Administración.
Entre las muchas irregularidades que se denuncian sobre el actuar de la Gobernación y la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, destaca el hecho de que según los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”, en su artículo 42 se indica que “cualquier decisión relacionada con los desalojos debe anunciarse por escrito en el idioma local a todas las personas afectadas, con suficiente antelación (…) todos los detalles de la alternativa propuesta (…) y cuando no hay alternativas, todas las medidas adoptadas y previstas para reducir al mínimo los efectos perjudiciales de los desalojos”; de igual manera, en su artículo 43 se indica que “los desalojos no deben generar personas sin hogar (…) el Estado debe prever la adopción de todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, especialmente a favor de los que no pueden ganarse la vida, para garantizar que se disponga o se ofrezca vivienda adecuada alternativa, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según el caso (…); y en su artículo 61 que ”todas las personas desalojadas, independientemente de si poseen un título de propiedad, deben tener derecho a una indemnización por la pérdida, el rescate y el transporte de sus bienes afectados”.
Por otro lado, según la publicación «Proyectos emblemáticos en la Zona 8», elaborada por la SENPLADES el presente año, se planifica una Programa Nacional de Vivienda Urbana en Monte Sinaí con infraestructura básica que beneficiará a 3.622 familias con una inversión de USD 75 millones. El modelo a seguir es el de Ciudad Victoria, donde la vivienda más económica que se ofrece, tiene un costo de $ 12.500 y un área de 40 m2, con un subsidio habitacional de $ 6.000. Para la adjudicación de dichas viviendas se exige un ahorro de $ 1.250 y un crédito aprobado por instituciones financieras de $ 6.250, a pagarse entre 10 y 12 años, en cuotas de $ 80 dólares mensuales en promedio. Sin embargo, a pesar de las «teóricas» facilidades dadas por el gobierno para la reubicación de los beneficiarios, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades; de las 3.622 familias favorecidas con la reubicación, solo 421 han presentado sus solicitudes.
Algunos problemas que devienen del modelo urbanístico de vivienda social implementado por el Gobierno son fácilmente detectables: Ciudad Victoria es un programa ofertado en la lógica del mercado, lo que implica que el comprador de la vivienda debe tener unas condiciones de ahorro de las cuales gran parte de la población afectada por las condiciones de precariedad estructural existente carece; gran parte de las familias que están siendo desplazadas no son sujetos de crédito para las entidades financieras que han de otorgar el crédito; además, los asentamientos informales sustentan su vida cotidiana bajo fórmulas de redes sociales basadas en la confianza y la reciprocidad que tienen su articulación bajo lógicas notablemente distintas a la capacidad monetaria de los implicados -este es el caso del cuidado de los niños por familias vecinas, la primera habitación o incluso la salud y el empleo-, elementos que se pierden en los conjuntos residenciales diseñados por el Gobierno. La arquitecta Sánchez añade al respecto «el derecho de construcción tiene una alta valoración en el mundo informal, las familias se autoconstruyen las casas en función de sus necesidades biológicas y económicas. Se amplia una habitación en función del crecimiento de los hijos, se utiliza la mano de obra propia lo que significa un cuantitativo ahorro respecto a la compra de una vivienda, se habilitan espacios en la misma vivienda para el trabajo -comercio, artesanía, crianza de animales…-“. Sostiene que estos elementos hacen que exista un rechazo generalizado al modelo de vivienda social implementado por el gobierno en las zonas que están siendo desalojadas. A todo esto, dice Sánchez, hay que añadir que la ubicación de estos complejos habitacionales incrementan la distancia respecto a donde sus moradores ejercen su trabajo, condición que implica peor nivel de vida y mayor costo económico para los reubicados.
De esta manera, la verdadera beneficiaria del negocio del plan de vivienda sociales implementado es la gran empresa inmobiliaria y no la población humilde reubicada, pues a través de la estandarización del sistema constructivo, los bajos salarios pagados por la mano de obra y la pequeña dimensión de las viviendas, se logra un beneficio económico alto a pesa de los bajos precios.
Los moradores de Monte Sinaí consultados dicen que construyendo sus casas en forma de minga y solidariamente con sus vecinos obtienen un ahorro del 50% sobre los precios fijados en Ciudad Victoria y otros complejos habitacionales promocionados por el MIDUVI, además de obtener espacios superiores de vivienda en función de sus necesidades. Se preguntan, además, porque no se ha contado con ellos para la conformación de estos proyectos habitacionales, si se supone que serán ellos los beneficiarios de dicha política en materia de vivienda.
Decio Machado
