No es placentero escribir sobre desalojos, así que mientras más breve sea, mejor. Mi intención es, sin galanura, dejar sentadas ciertas ideas que explican por qué se ejecutan desalojos en Monte Sinaí. No pretendo que mis argumentos provoquen aplausos, solo procuro aportar elementos que contribuyan, a lograr una discusión racional del conflicto.
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Durante años los traficantes de tierra y otras personas invadieron, fraccionaron ilegalmente, y construyeron en predios públicos y privados en Guayaquil, sin que las autoridades de turno dictaran políticas públicas de prevención y control. Esto provocó un crecimiento urbano desorganizado, pues se hicieron las cosas al revés: Primero se asentaron las personas, luego el Estado tuvo que llevar servicios básicos a terrenos no urbanizados, y así el remedio resultó más caro que la enfermedad. Y es que urbanizar terrenos previo a la construcción de viviendas, es mucho más barato que llevar servicios básicos a asentamientos humanos irregulares. Lastimosamente Guayaquil se expandió a fuerza de invasiones, desordenadamente y en un marco de escasa planificación. Sería imposible entrar en detalle sobre la historia de las invasiones en Guayaquil, pues podríamos escribir un libro al respecto, así que en esta ocasión me referiré únicamente a los desalojos ejecutados por el Gobierno en Monte Sinaí.
En días pasados se realizaron dos operativos de desalojo para retirar más de seiscientas construcciones, en los asentamientos conocidos como Thalía Toral y Las Marías, en el sector denominado Monte Sinaí (noroeste de Guayaquil). ¿Cuál es el motivo? Los terrenos objetos de desalojos son propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), y fueron invadidos por traficantes de tierras y otras personas que fraccionaron sin autorización, construyeron y se asentaron irregularmente en terrenos del Estado. Consecuentemente, se procedió con el retiro de esas construcciones. Este argumento es esencial, está prohibido fraccionar predios y construir sin autorización en propiedad privada o del Estado, pero lo dicho se pierde de vista en medio de alocuciones periodísticas, que en su mayoría enfocan el drama social por encima de las razones de ley.
Las personas asentadas en el mencionado sector, sabían que no podían invadir, ya que en Diciembre de 2010 el Presidente Correa declaró cero tolerancia a las invasiones, y advirtió que no se permitirían nuevos asentamientos humanos irregulares. En ese sentido, en la última campaña política previo a las elecciones presidenciales de Febrero 2013, el entonces candidato Rafael Correa fue claro en expresar, que su gobierno no toleraría nuevas invasiones, y que procedería con los desalojos que fueran necesarios. El pueblo ecuatoriano en una sola vuelta, eligió al candidato cuya política es cero tolerancia a las invasiones, ganando incluso en todos los distritos electorales de Guayaquil. Es fundamental comprender, que el Presidente está demostrando coherencia con su discurso de campaña y compromiso de frenar las invasiones.
Las construcciones desalojadas en Thalía Toral y Las Marías, fueron aquéllas construidas después de Diciembre de 2010, y estaban plenamente identificadas a través de fotos aéreas satelitales, captadas con equipos tecnológicos adquiridos por el Comité Interinstitucional para la Prevención de los Asentamientos Humanos Irregulares, así lo ha explicado la Secretaría Técnica del mencionado Comité. En cuanto a reubicaciones, las autoridades gubernamentales han advertido que tienen derecho a reubicación en los planes habitacionales como Ciudad Victoria, aquellas personas que se asentaron hasta Diciembre de 2010, de acuerdo a un censo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Quienes se asentaron después de Diciembre de 2010, haciendo caso omiso a la decisión del Presidente de no permitir nuevas invasiones, lastimosamente no tienen derecho a reubicación. En el imaginario común existe la creencia de que las invasiones son algo normal, porque crecimos con ellas, por eso asumimos como obligatorio que el Estado debe reubicar a quienes invaden, pero debemos romper ese paradigma. No debemos victimizar a los pobres para justificar las invasiones a propiedad privada o del Estado, y por coherencia no se debe premiar las invasiones con reubicaciones, pues sería fomentarlas. Por eso quienes se asentaron después de Diciembre de 2010, no tienen derecho a reubicación.
Por otro lado, no es verdad que todas las construcciones desalojadas pertenecían a personas en la pobreza. En Thalía Toral y Las Marías se verificaron casos en que una familia ostentaba hasta cinco viviendas de cemento, porque la cabeza de familia entregaba casa a los hijos, lo que supone un relevante patrimonio. También se encontraron casas sin familias custodiadas por guardianes, por lo que se infiere que el «dueño» ni siquiera vivía en el barrio. Y por increíble que parezca, también existían casas dadas en arrendamiento, lo que significa que quien la construyó no la habitaba, sino que la alquilaba a un inquilino, con fines de lucro obviamente. En Thalía Toral y Las Marías la mayoría de construcciones desalojadas, eran casos como los que he mencionado. No obstante, gran parte de los medios de comunicación no hicieron tal disquisición en sus reportajes, a pesar de la información proporcionada por la Gobernación del Guayas, en ruedas de prensa ofrecidas conjuntamente con el Comité Interinstitucional para la Prevención de los Asentamientos Humanos Irregulares.
Un lugar común es: ¿Cómo es que se lucha contra el tráfico de tierras desalojando a la gente que es víctima de los traficantes de tierra? Ese es un falso parangón. Los desalojos son un eje, dentro de la lucha contra las invasiones emprendida por el Gobierno. Cabe resaltar, que a las personas desalojadas previamente se les solicita, que abandonen los terrenos que pertenecen al Estado, y la mayoría accede voluntariamente. En el último operativo en Las Marías, se planificó desalojar 270 familias, de las cuales 207 accedieron voluntariamente y tan solo 63 fueron retiradas, sin registrarse enfrentamientos. Estos datos también fueron proporcionados en rueda de prensa, por las instituciones gubernamentales antes aludidas.
Otro eje es la persecución del delito de tráfico de tierras, fraccionamiento ilegal de predios, estafa, robo de energía eléctrica, extorsión, intimidación, y todo el concurso de delitos que ocurren. En el ámbito de la política de cero tolerancia a las invasiones, se incluyó a acusados de tráfico de tierras en la lista de los más buscados del Guayas (para el plan de recompensas), se han emitido varias boletas de detención y se ha capturado a los sospechosos Marco Solís y Mario Quiñónez, se realiza periódicamente una mesa de trabajo con el Fiscal General para revisar los avances de las investigaciones, se han allanado y clausurado definitivamente decenas de ferreterías ilegales en las que presumiblemente se lavaba dinero del tráfico de tierras, entre otras acciones comunicadas por la Gobernación del Guayas.
En otro orden de cosas, en este conflicto atropelladamente han aparecido supuestos defensores de los Derechos Humanos. No quiero generalizar, por eso me refiero exclusivamente a quienes hicieron un show mediático para anunciar su demanda judicial contra el gobierno, porque no están de acuerdo con los desalojos de las construcciones prohibidas en propiedad del Estado. Estos supuestos defensores de los Derechos Humanos, nunca han llevado a los tribunales a los traficantes de tierras, pero sí demandaron al gobierno con rueda de prensa incluida. Manifiestan “queremos tender puentes”, pero como antesala entablaron un litigio contra el gobierno. No critico la demanda per se, sino el falso o doble discurso. Sobre esto, sospecho que hay cierto afán de protagonismo mediático y algo de vanidad, en medio de un conflicto que es muy sensible. El segmento de personas de ingreso bajo, puede acceder a los planes de vivienda digna que ofrece el gobierno (Ciudad Victoria, Socio Vivienda 1 y 2, entre otros), pero estos supuestos defensores de los Derechos Humanos, al parecer prefieren que la gente siga pagando a los traficantes de tierra, para vivir en las invasiones en condiciones de miseria.
Y es que no basta querer arrimar el hombro, hay que saber cómo hacerlo, para no incentivar las invasiones y no favorecer a los intereses de los traficantes de tierra. Una de las medidas que adoptó el Gobierno para frenar las invasiones, fue la colocación de puestos de control para impedir el ingreso de materiales de construcción en zona de asentamientos irregulares. Con esta restricción, se afectó a la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo, pues su fábrica de casas ubicada en Monte Sinaí quedó desabastecida de materia prima. Sin embargo, el Presidente Correa propuso comprar casas a la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo, para ubicarlas en terrenos urbanizados, hasta que se completen los planes habitacionales gubernamentales; lo que agradó a la aludida Corporación. Así las cosas, actualmente existe un compromiso de trabajo para la ejecución de dicho planteamiento, que encarnará una alianza estratégica. Ese es un ejemplo de cómo una ONG sensata puede coordinar labores con el gobierno, para favorecer el derecho de las personas a una vivienda digna, sin demandas judiciales ni shows mediáticos de por medio.
Finalmente debo decir que no me explico el desinterés de la mayoría de medios de comunicación, tradicionales y alternativos, en la última campaña para las elecciones presidenciales de Febrero 2013. Muchos fueron incapaces de cuestionar en sus entrevistas a los entonces presidenciables, sobre cuál sería su política frente a las invasiones. Los candidatos la tuvieron fácil en ese aspecto, gracias a entrevistas dedicadas a temas de cajón, no fueron incomodados con preguntas sobre invasiones. Insisto, en el imaginario común existe la creencia de que las invasiones son algo normal, porque crecimos con ellas, eso tal vez explica que ciudadanía y periodismo despierten, únicamente al ruido que hace una política inédita en la historia del país: Cero tolerancia a las invasiones.
El Presidente en uno de sus enlaces ciudadanos reconoció que los funcionarios, policías y militares que participan en los desalojos, viven dramas humanos por lo delicado de la situación; y varias veces ha sostenido que los desalojos se ejecutan con el dolor del alma, pero que debe frenar las invasiones para salir de la pobreza. Yo estoy de acuerdo.
Xavier Burbano
