El pasado 31 de mayo Diario Hoy publicó una nota con un impactante titular: “Correa califica de novelería al matrimonio homosexual”. Si bien la nota se basó en las declaraciones del presidente Correa –dadas en una entrevista radial–, en estricto sentido el titular no estuvo apegado a la verdad. En dicha entrevista, haciendo referencia a planteamientos que él no considera parte de la izquierda, el Presidente Correa dijo: “Tenemos que superar lo que muchas veces son novelerías, y no me refiero al matrimonio gay, yo entiendo la aspiración de estos grupos…». Por lo tanto, Correa enunció expresamente la salvedad de lo que él consideraba “novelerías”, diciendo que no contaba entre ellas al matrimonio gay.
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Por esta razón, la Secom emitió un oficio a Diario Hoy el mismo día de la publicación de la nota exigiendo “rectificación inmediata, obligatoria, gratuita y en el mismo espacio para asegurar que estos derechos no sean vulnerados.» Ante el silencio de Hoy, la Secom emprendió una campaña en medios de comunicación a fin de lograr que el diario rectifique.
Hoy continuó sin rectificar su titular, solo publicó la carta de la Secom el 4 de junio. El 13 de junio, la Defensoría del Pueblo, interpone en Quito una acción de protección en contra del Diario en los siguientes términos, solicitándole al juez que «declare la vulneración del derecho a recibir información veraz y verificada y el derecha rectificación y disponga que Diario HOY proceda a rectificar la información que fue publicada el 31 de mayo bajo el título ‘Correa califica de novelería al matrimonio homosexual’ , tal como lo establece el artículo 66, número 7, de la Constitución de la República». Los titulares de los derechos vulnerables, de acuerdo a la demanda, era la comunidad GLBTI. Alegaba también que «la información de Diario HOY no fue previamente verificada y, de otra parte, contiene una tergiversación que, a criterio de la Defensoría, afecta a los derechos de un sector de la ciudadanía identificada como comunidad GLBTI».
Esta acción de protección fue acogida por la jueza Verónica Medina, quien dispuso al Diario Hoy “la reparación integral y de manera inmediata de los derechos que se han declarado vulnerados, para lo cual los accionados deberán ofrecer las debidas disculpas a los titulares de los derechos fundamentales lesionados, en este caso, todos los ciudadanos ecuatorianos, en especial las minorías conformadas por los grupos denominados GLTBI, quienes son los directamente afectados por la noticia totalmente descontextualizada”.
¿La Defensoría del Pueblo es del Pueblo? Yo, como lesbiana activista no me sentí afectada por el titular del Diario Hoy (si bien reconozco que el titular no recogió textualmente los dichos del presidente Correa, es más: los tergiversó), me sentí y me siento afectada por las declaraciones del Presidente en esa entrevista donde reiteró su negativa de apoyar reformas para implantar el matrimonio homosexual; donde, además, dijo: «No estoy de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, porque creo que la naturaleza algo de razón debe tener y que los niños deben estar en la familia tradicional, conformada por hombre y mujer», y «Entiendo la reacción de estos grupos por la exclusión, la opresión de la que han sido objeto. Pero incluso son reivindicaciones un poco vacías de contenido, porque el matrimonio como figura no les da ningún derecho adicional del que ya tienen con la unión de hecho», citas que tomo de la misma nota del Diario Hoy en cuestión, que ya pasaron el examen minucioso de la Secom y frente a las cuales, como no se ha pedido rectificación, supongo que son correctas y, además, haciendo uso de mi memoria, fueron así (también escuché la entrevista radial de aquel día).
Me pregunto, negar el acceso a un derecho civil, impedir la igualdad ante la ley de la ciudadanía LGBTI, cuestionar que estemos en capacidad de adoptar niños anteponiendo criterios “naturales”, y asegurar que con la unión de hecho ya tenemos los mismos derechos del matrimonio, ¿no representa acaso una afectación directa “a los derechos de un sector de la ciudadanía identificada como comunidad GLBTI”, utilizando las mismas palabras del Defensor del Pueblo?
Y por cierto, esto de decir que la unión de hecho nos da los mismos derechos que el matrimonio se quedó en el papel, pues es un planteamiento no ceñido a la verdad, por cuanto las personas LGBTI pasamos por muchas vulneraciones para que se nos reconozcan los derechos que supuestamente tenemos al unirnos de hecho.
Preguntemos a Rosita Paredes, por ejemplo, quien no recibe respuesta del IESS, ante el impedimento informático que presenta su sistema cuando ella intenta registrar a su pareja, con quien mantiene unión de hecho, para hacer extensiva su cobertura, obteniendo como “interesante” respuesta del sistema “NO SE PUEDE AGREGAR A UN CÓNYUGE QUE SEA DEL MISMO GÉNERO”. Tampoco podemos hacer declaraciones juramentadas en las notarías con los bienes de nuestra pareja unida de hecho, pues los notarios se limitan a decir que en nuestras cédulas dice SOLTERO y que, por lo tanto, los bienes de nuestra pareja no pueden declararse; y si, por desgracia, nuestra pareja con la que mantenemos unión de hecho fallece, nos tocará hacer como la valiente Janeth Peña que pasó todo un viacrucis, para que el IESS le reconociera su derecho a recibir la pensión del montepío. Estos son apenas dos ejemplos de los atropellos que debemos pasar con unión de hecho notarizada en mano.
Frente a estas vulneraciones de derechos, ¿qué acción de protección ha patrocinado la Defensoría?, ¿qué pronunciamientos ha hecho? La acción de la Defensoría del Pueblo en favor de nuestros derechos se ha limitado a elaborar unas muy bonitas cartas publicadas en su sitio web, llamando la atención de personas que han hecho declaraciones en medios de comunicación perniciosas y falsas sobre lo que es la homosexualidad, declaraciones, además, que ratifican que se mantenga el estado de negación de derechos en el que vivimos; buena acción pero, finalmente, estas personas no tienen el poder de limitar nuestros derechos como sí lo tiene quien con su poder puede movilizar las políticas públicas de todo un Estado.
Pamela Troya
