I. Introducción
Era necesaria una ley de comunicación. Tampoco era una opción: se trataba de un mandato constitucional el tenerla lista y aprobada en un año contabilizado desde la aprobación de la carta política del 2008. Dicho plazo venció el 15 de octubre del 2009. Y hasta el pasado viernes 14 de junio del 2013 –cuatro años después- no contábamos con una ley aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, aun cuando el 09 de septiembre del 2009 se creó una Comisión Especializada Ocasional a la cual se dispuso tratar el proyecto.
La nueva legislatura (2013-2017) tuvo su sesión inaugural el 14 de mayo de este año. Exactamente a las cuatro semanas de inaugurada se aprobó lo que no se aprobó en cuatro años. Ello ha valido para calificar de “aprobación express” su proceso, direccionando la crítica hacia un supuesto escaso de debate. Otros, al contrario, han elogiado su celeridad última y contenidos finales.
Expondré mis reparos a ambas posturas.
II. ¿No se debatió? De informes e insumos
Si se revisa el informe para primer debate de la ley presentado el 21 de noviembre del 2009, su construcción se dio de manera colectiva, requirió de 24 sesiones e incorporó insumos de distintos sectores: se recibieron 34 documentos/aportes de organizaciones sociales, gremios, universidades, grupos ciudadanos, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas; entre ellas, CNCINE, Unión Nacional de Periodistas, SENATEL, Fundamedios, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
Para el caso de organismos internacionales, la UNESCO, el Relator Especial de la Libertad de Expresión de la ONU y delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentaron igualmente aportes de distinto tipo. Del lado de asambleístas, quienes aportaron fueron: María Paula Romo (Ruptura 25), María Cristina Kronfle y Susana González (ambas Madera de Guerrero), y Fernando Vélez (PSP).
Durante la preparación del primer informe se contó, además, con un grupo consultivo, entre cuyos miembros estuvieron Xavier Zavala Egas (jurista y editorialista), Valeria Betancourt (Técnica de investigación científica), Marcos Párraga (entonces director de noticias de GamaTV), Rubén Montoya (entonces director de Diario El Telégrafo), Juan Carlos Calderón (editorialista de Diario Expreso), César Ricaurte (director de Fundamedios) y Hernán Reyes (sociólogo).
En el caso del informe para segundo debate, presentado el 01 de julio del 2010, se contó con 45 sesiones, es decir, en conjunto –sumando lo anterior- la Comisión Ocasional tuvo 69 sesiones. Los actores que contribuyeron fueron en su mayoría los anteriormente mencionados.
Adicionalmente pueden sumarse distintas contribuciones, ilustradas en el Gráfico 1:
Gráfico 1: Contribuciones en primer y segundo debate
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Fuente: Asamblea Nacional, Informe para segundo debate, 01 julio 2010
Ese es, en suma, el panorama de datos duros en materia de participación en tanto contribuciones recibidas por la comisión.
III. De insumos, omisiones y mañoserías
Lo anterior, sin embargo, no agota el reclamo de la falta de participación. Postulo, al contrario, que muchas de esas quejas planteadas tienen fundamento. Me interesa mencionar dos puntos concretos.
El primero de ellos se encuentra en el informe para primer debate, en específico en la página 90 del documento, relativo al tema de la profesionalización para el ejercicio de la comunicación. Los comentarios fueron remitidos por la UNESCO y expresaban con claridad los problemas de exigir títulos académicos, particularmente para medios comunitarios, campesinos e indígenas: “La exigencia de título para quienes ejerzan labores como periodistas contradice el derecho a la libertad de expresión e información que el mismo proyecto reconoce, así como la Convención Americana de Derechos Humanos que Ecuador ha firmado. Por tanto, consideramos que estos artículos deberían ser suprimidos o modificados fuertemente para adecuar el proyecto a los estándares interamericanos”; que luego se justifica de manera más detallada citando la Opinión Consultiva N°5/85 sobre la compatibilidad entre la colegiación de periodistas y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Comentarios y argumentación proporcionada por UNESCO que fue, en definitiva, desplazada sin empacho en el texto de Ley Orgánica de Comunicación que entra en vigencia hoy. Si en el informe para primer debate su artículo 23 afirmaba: “El Estado debe propiciar la profesionalización de la comunicación social” y que las distintas entidades de comunicación debían “dar facilidades de horarios y hasta económicas si fuese el caso, para que las personas que desarrollan acciones comunicacionales puedan realizar estudios de profesionalización y técnicos”, la actual ley en su artículo 42 escribe que “[l]as actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación”, añadiendo que habrá una excepción con aquellos que tengan “espacios de opinión, y profesionales o expertos en otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas”, así como a personas “que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas”, quienes no estarán sujetas a esos requerimientos.
El segundo reparo que expongo se encuentra en la página 16 del informe de mayoría para segundo debate. Allí se informan los problemas por los cuales atravesó la comisión, los puntos que suscitaron mayores discordias. Uno de ellos fue la conformación del Consejo de Comunicación e Información: la integración –se escribe- “marcó la ruptura dentro de la comisión y constituyó la principal causa de la oposición al proyecto por parte de los asambleístas del bloque de minoría”, toda vez que entre sus atribuciones estaría sancionar por vulneraciones a derechos de la comunicación.
Sin embargo, dicha preocupación, “principal causa de la oposición al proyecto”, también fue desplazada sin empacho. Pero de manera mañosa. Esta afirmación amerita un breve recuento conocido, pero que creo válido enfatizar.
En la semana del 10 al 14 de junio se había anunciado la convocatoria para la votación del proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea. Empero, entre los asambleístas se desconocían los últimos cambios y modificaciones añadidas: lo que se tenía era el documento presentado el 18 de julio del 2012. El día jueves 13 a las 16h49 el presidente de la comisión, Mauro Andino, entregó recién a la Asamblea lo que se votaría por la mañana del día siguiente, el cual fue circulado en horas de la tarde/noche.
Lo mínimo que podía esperarse era que no variara demasiado con el documento del 18 de julio. Cuestión que, al final del día, ocurrió: aquella “principal causa de la oposición al proyecto” (no solo del bloque de minoría sino de varias otras organizaciones y ciudadanos –en donde me incluyo-) cambió totalmente en su forma y naturaleza.
Si la preocupación era que el consejo no tuviese una conformación equilibrada, el texto final lo ignoró de manera escandalosa. La atribución de sancionar pasó una Superintendencia de la Información y Comunicación, como consta en los artículos del 56 al 58, cuyo superintendente es elegido de una terna enviada por el Presidente de la República.
IV. Consideraciones finales
Considero que es en gran medida desacertado afirmar que la elaboración del proyecto de ley no tuvo debate colectivo. Como mostré en el Gráfico 1, entre asambleístas, ciudadanía y organizaciones, se recibieron 159 contribuciones en distintas fases del proceso.
Lo que me parece acertado son los reclamos por las omisiones, como los comentarios argumentados de la UNESCO sobre la exigencia de títulos académicos, desmerecidos en tanto se los pasó por alto sin ninguna justificación de por medio; solo bajo el supuesto, no demostrado, de que la profesionalización obligatoria contribuiría a la mejora del ejercicio de la labor periodística.
Sumado al cambio de último momento sobre un tema que la propia comisión ocasional reconoció como la principal causa de discordia al proyecto. Que, como lo veo, pudo haber sido evitado sin mayor lío.Pero no ocurrió así y, de ese modo, me es difícil no quedarme con un sabor de mañosería que termina –hablo por mí- por aplacar otros puntos necesarios para una ley robusta, como la distribución equitativa de frecuencias.
Arduino Tomasi
