Apuntado por una única luz, en medio de la oscuridad, un hombre habla mientras los que lo observan permanecen en silencio. Algunos están concentrados en descifrar el parlamento del flaco que tienen en frente; otros, simplemente no entienden nada y callan. Junto a ver y oír, callar es uno de los derechos humanos que, según un grafiti legendario, tienen los pobres. La voz, amplificada y distorsionada por un megáfono pertenece a Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, una especie de Human Rights Watch criolla. Navarrete explica los alcances y significados de la solicitud de medida cautelar que ha presentado el CDH para evitar el desalojo de las doscientos cincuenta familias de la cooperativa “Las Marías” del sector Monte Sinaí, conforme la orden de la Comisaría Nacional de la Policía U.C.V. – Cuartel Modelo que les notificaron hace una semana. Son cerca de las nueve de la noche del lunes tres de junio de este año y desde las cuatro de la tarde, la ONG y los vecinos han montado una vigilia. En tres horas, se cumplirá el plazo concedido para que se retiren voluntariamente. A partir de la medianoche, las autoridades están facultadas a desalojarlos, inclusive por la fuerza. Para la gente de Monte Sinaí, para los pobres, en general, el futuro siempre ha sido una espada de Damocles. Y esta vez el hilo que la sostiene está a punto de romperse.
Este no es el Monte Sinaí de la Biblia, donde Moisés recibió de Dios las tablas de la ley. El Monte Sinaí de Guayaquil está situado al noroeste de la ciudad, pasando el canal de Cedegé que los deja fuera de los límites urbanos. Administrativamente fue, por años, tierra de nadie. En la práctica fue y es la tierra de doscientos setenta y cuatro mil nadies, como los llamó Eduardo Galeano en un poema. Una población equiparable a la de Cuenca.
Durante décadas, el tráfico de tierras ha hecho que la ciudad crezca desordenadamente. “Guayaquil se hizo a punta de invasiones” es una frase que retumba en la memoria colectiva de la ciudad. Traficantes de tierra han vendido y señoreado vastas extensiones, que han fragmentado y vendido a su antojo. Sus clientes, por lo general migrantes seducidos por los cantos de sirena de la gran ciudad, han comprado –de buena fe– “posesiones”. A diferencia del Monte Sinaí bíblico, acá no hay la entrega formal de títulos legales. Esas "posesiones" no son sino falsas promesas a cambio de dinero. La gente que habita Monte Sinaí ha pagado por la oferta (por el engaño, en realidad) de que, en poco tiempo, el estatus legal de esas tierras cambiaría y podrían acceder a un título de propiedad. Mentiras a cambio de un promedio de dos mil dólares por terreno. Una práctica antiquísima en el país. Versiones tropicales de esas dos posibilidades de repetición de la historia que identificó Marx, tragedia y farsa. La tierra prometida en Monte Sinaí es un giro más del loop de esas repeticiones, aunque cada vuelta resulte más decadente que la anterior.
El gobierno nacional ha decidido aplastar el botón de stop: desde diciembre de dos mil diez, decretó una política de “cero tolerancia a las invasiones”. Así, en mayo pasado, se desalojó a cuatrocientas familias de la cooperativa Thalía Toral, colindante con Las Marías. Xavier Burbano, Intendente de Policía de la provincia del Guayas, sostiene con convicción que el proceder gubernamental no solo es legal, sino legítimo. Explica que las construcciones que se han derrocado en Thalía Toral, y aquéllas que se van a derrocar en Las Marías, fueron construidas después de Diciembre de 2010 y están plenamente identificadas a través de fotos aéreas satelitales. Dice que los terrenos objeto de desalojos son propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y fueron invadidos por traficantes de tierras y otras personas que fraccionaron ilegalmente, construyeron y se asentaron en terrenos del Estado. Burbano, como los demás funcionarios que toman parte de estos procedimientos, están convencidos de estar actuando amparados por la legalidad. Reconoce que es una situación compleja y que entiende que involucre una decisión muy dura desde el punto de vista humano, pero considera que es una medida justa. Los desalojos han tenido lugar. Los desalojos no se detendrán. La espada de Damocles caerá, como cayó ya sobre la Thalía.
El desalojo de la Thalía se hizo mediante un operativo a gran escala. Tres comisarios y más de mil trescientos policías y miembros de las fuerzas armadas –caballería montada, ecuestre y motorizada, incluida– se enfrentaron a los moradores de la cooperativa que se negaban a abandonar sus viviendas. Incluso, en un cargo que los habitantes de Monte Sinaí que participan de la vigilia de esta noche niegan, se reportó el intento de incendio del hospital que se construye en el sector.
Navarrete continúa hablando. La maraña legal que intenta explicar lo absorbe. No encuentra las palabras para simplificar la acción planteada ante la justicia, ni los cerca de seiscientos vecinos que se han juntado frente a la carpa de la que cuelgan banderas blancas, terminan de comprender esa abstracción que se supone podría detener el desalojo, al menos momentáneamente. El secretario ejecutivo del CDH no tiene alma de político, es demasiado sincero: advierte que es probable que la medida no tenga ningún efecto real. Dice que ése no es un motivo para decepcionarse, pero se escuchan algunos suspiros. Intenta una nueva explicación, trata de aportar datos e insiste en que la medida tiene la fuerza de los actos simbólicos. Ha dicho un par de veces “para terminar” pero no acaba. Jefferson Ante improvisa un aplauso que es secundado por el público. “Supongo” sonríe Navarrete “que el aplauso es para que ya me calle”. Ante lo niega, pero toma el micrófono. Pide insistentemente a los asistentes que traigan sillas de sus casas porque la vigilia durará hasta las seis de la mañana. Ante es estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas en la Universidad de Guayaquil y se ha identificado como vocero de la Red de Organizaciones Comunitarias y Sociales de Monte Sinaí. Lleva una Constitución de bolsillo, que levanta y señala con aires de pastor en prédica:
– Aquí está, compañero, el derecho que le garantiza a usted y a su familia que no los desalojen.
Él también, afirma, pagó por una posesión cuando llegó a Monte Sinaí, hace siete años. Vive en una casa de construcción mixta, donde vende cuadernos, lápices y forros para subsistir. Desde hace tres semanas su mujer se ha hecho cargo totalmente del negocio, porque el activismo de Jefferson copa su tiempo. Algo resignado cuenta que han sido días duros, de renuncias y desvelos. Habla sobre el valor del diálogo, pide no recurrir a la violencia, le recuerda a sus vecinos que ellos son “gente de paz”. Improvisa un foro. Todo aquél que sienta que tiene algo que decir, puede acercarse. “No se olvide, eso sí, de traer su sillita”.
Comienza un desfile ininterrumpido de hombres y mujeres. El discurso es básicamente el mismo: dicen sentirse “traicionados por Correa”, sorprendidos porque el presidente haya olvidado que “alguna vez fue pobre” como ellos y que hay un Dios que, en algún momento, le pedirá cuentas. Parecería que, para ellos, el juicio final es otra instancia del juicio de la historia.
Uno a uno desfilan. Algunos esbozan teorías de conspiración. “Les van a entregar la tierra a los chinos, porque el gobierno les debe mucha plata” dice uno; otro lo corrige, “no, no es por lo que les deben, es porque debajo de esta tierra hay un mineral que los chinos quieren”. Otros acusan al gobierno de no cumplir las promesas hechas cuando pavimentaron la avenida. Fustigan repetidamente a Rafael Correa. Y de vez en vez, alguien pide una alabanza para Dios, porque Cristo está “¡presente!”.
La confusión reina ente los habitantes de Las Marías. La única certeza que tienen es que tarde o temprano, quizá esa misma madrugada, tendrán que salir de sus casas. Ninguno sabe a dónde irán, muchos de ellos dicen que no hay un plan de reubicación, algo que Burbano confirma parcialmente "Tienen derecho a reubicación en los planes habitacionales del gobierno como Ciudad Victoria y Socio Vivienda 1 y 2, aquellas personas que se asentaron irregularmente hasta Diciembre de 2010, de acuerdo a un censo del MIDUVI. Los que se asentaron irregularmente después de esa fecha , concluye, “lastimosamente no tienen derecho a reubicación”.
La noche avanza y, poco a poco, el discurso de derechos humanos se agota. El de la religión no. Mientras una camioneta trae una olla de aguado de pollo, las intervenciones han pasado de los reclamos y la indignación, al refugio de las alabanzas cristianas. Cantan, recitan salmos. Consuelo de los afligidos.
Es cerca la una de la mañana y la gente se ha dispersado. Ante recupera el micrófono y pide terminar con las manifestaciones religiosas, pues alguien le ha dicho que mucha gente se ha marchado algo incómoda por el giro que ha tomado la vigilia. Insiste en hablar de derechos, les pide a sus vecinos leer la Constitución e insiste en que existe una ley aprobada en 2011 por la Asamblea en la que se ordena regularizar los terrenos de Monte Sinaí. Agradece la presencia del CDH y la iniciativa de hacer la vigilia. Recuerda que el organismo de derechos humanos ha esgrimido argumentos jurídicos por los cuales no procedería el desalojo y que Navarrete ha intentado explicar en su intervención.
Entre otras razones, sostiene el CDH que la acción de desalojos forzosos afecta a varias normas de Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fernanda Carrera, miembro del CDH, explica que el Estado debería observar también que las garantías procesales que apliquen en el desalojo consideren una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas, un plazo suficiente y razonable de notificación a los afectados por el desalojo. En un comunicado, el Comité ha resumido sus preocupaciones: Muchos de los vecinos de la citada cooperativa de Thalía Toral no fueron notificados con antelación a su desalojo, negándoles la oportunidad de poner a salvo sus pertenencias y buscar otro lugar donde instalarse, que sólo se notificó el desalojo a las personas residentes en la cercanía de la Avenida Casuarina, pero después se procedió de desalojar la práctica totalidad de la cooperativa.
Dicen los activistas, además, que se observan una serie de defectos la notificación fundamenta el desalojo en la premisa de que los propietarios se encuentran dentro de la denominada Área Reservada de Seguridad del Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena, cuando en realidad la Avenida Casuarina se encuentra a más de un kilómetro al sur de dicha área. Piden que se suspenda la medida y se abra una mesa de diálogo entre los moradores, el gobierno y el municipio guayaquileño.
Mientras los argumentos van de lado a lado, la tierra prometida en Monte Sinaí se aleja. Las incertidumbres se vuelven cada vez más claras. Para los habitantes de Las Marías, las respuestas escasean. Cuando las respuestas faltan, sobra la desesperación. Fuera de micrófono, Kevin –manabita por delación del acento–, advierte con algo de nerviosa indignación:
– Por Dios que si me sacan de aquí me dedico al delito porque tengo que darle de comer a mi hijo
La noche se ha enfriado. Quedan muy pocas personas. Un grupo de activistas del CDH, con Navarrete a la cabeza, permanecerá en el lugar hasta las seis de la mañana. Dormirán, como puedan, en la camioneta del organismo. Los habitantes de Monte Sinaí intentarán conciliar el sueño, aunque muchos no lo logren: es, posiblemente, la última noche que pasen en el lugar en que, por mucho tiempo, aún a pesar de la precariedad y el abandono, han considerado su hogar.
