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En La Descarga, John Dunn, arquitecto guayaquileño, decía que “ya debemos olvidarnos del concepto antiguo de patrimonio; queremos aplicar un concepto de patrimonio que se basa en lo antiguo y lo colonial, cuando precisamente eso es lo que no tenemos. El patrimonio es algo dinámico el día de hoy estamos haciendo el patrimonio del próximo siglo, ¿quién quita que Urdesa o el Barrio Centenario sean Las Peñas del siglo veintidós o del siglo veintitrés” .

Desde tan temprano como la década del 30 del siglo pasado, hubo un consenso mundial sobre la preservación de los referentes históricos en las ciudades, dado por la Carta de Atenas. De ahí, varios instrumentos internacionales como la Carta de Venecia (1964), las Normas de Quito (1977), la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas (1986), la Carta de Nara (1994), entre otras, han perpetuado el esfuerzo de la comunidad internacional por salvaguardar el patrimonio arquitectónico de las ciudades.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), creado en 1978, es el encargado de esa tarea. En la administración actual, el INPC ha logrado establecer una política pública para la conservación de los bienes patrimoniales en las ciudades. Así, Ancón fue declarada ciudad patrimonial en 2011 y gracias a ese status ha podido recuperar los inmuebles edificados a partir de la primera década del siglo veinte, cuando la empresa Anglo Ecuadorian Oil Fields inicia la exploración y explotación petrolera con la perforación del pozo número uno.

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Además del proyecto de Ancón, el INPC hoy adscrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio por el decreto 1507 que elimina el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, otras ciudades están dentro del programa Ciudades Históricas y existen ya algunos barrios cuyas casas han sido declaradas patrimonios arquitectónicos.

En Guayaquil, por ejemplo, 27 casas del Barrio Orellana están bajo la protección del régimen patrimonial y serán readecuadas gracias al programa de rehabilitación de viviendas patrimoniales privadas. Inmuebles de los barrios Las Peñas, La Roca y Rocafuerte también serán restauradas y recuperadas.

Sin embargo, el plan estatal no avanza a la velocidad con la que la voracidad comercial está destruyendo inmuebles en otras partes de la ciudad y del país. En Quito, Cuenca y Guayaquil muchos inmuebles de arquitectura moderna están siendo reemplazados por construcciones ajenas a su concepción original, que bien podrían considerarse de “vandalismo urbanístico”. Los barrios pierden su identidad morfológica. Si los edificios deben reformarse, debería existir por lo menos la obligación de que sus reemplazantes se integren al conjunto. Eso no está sucediendo. Inclusive, algunas han sido demolidas completamente por no encontrarse inventariadas como patrimoniales. Sucedió en Quito, con un inmueble del barrio América, uno de los veintiún sectores que forman parte del proyecto de declaratoria patrimonial fuera del centro histórico, como se detalla en esta nota de prensa.

Por eso este dossier de GkillCity tiene como fin poner sobre la mesa el destino de la arquitectura moderna en las tres principales ciudades del Ecuador. Si bien es cierto que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización establece en su artículo cuatro que uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados es “ La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural;” y como una de sus competencias exclusivas el “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines”, en coordinación con el INPC, la tarea de llamar la atención de lo que está sucediendo es una obligación ciudadana. Así lo reconoce la Carta de Venecia:

“(…) Del seno de cada comunidad puede y debe surgir la voz de alarma y la nación vigilante y previsora. El fomento de agrupaciones cívicas prodefensa del patrimonio, cualquiera que fuese su denominación y composición, ha dado excelentes resultados, especialmente en localidades que no disponen aún de regulación urbanística y donde la acción protectora a nivel nacional resulta débil o no siempre eficaz.

4. En cualquier caso, la colaboración espontánea y múltiple de los particulares en los planos de puesta en valor del patrimonio histórico y artístico es absolutamente imprescindible, muy especial, en las pequeñas comunidades. De ahí que en la preparación de dichos planes debe tenerse en cuenta la conveniencia de un programa anexo de educación cívica, desenvuelto sistemática y simultáneamente a la ejecución del proyecto”.

En la Calle Larga de Cuenca, en La Floresta de Quito y en Urdesa y el Centenario de Guayaquil –por mencionar los que se podrían considerar, tal vez, más emblemáticos– el INPC tiene mucho trabajo por hacer y los ciudadanos estamos obligados a ese llamado. Si no, como dice Dunn Basta tomar de referencia el trabajo gráfico de Daniel Adum, en el que contrasta el destino (“triste final” los llama él) de ciertas casas en la emblemática Urbanización del Salado porteña, donde algunos inmuebles han desaparecido ya, derrocados o recubiertos con elementos que les resultan totalmente ajenos.

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En la construcción de ese patrimonio dinámico del que Dunn hablaba, el primer paso es que los ciudadanos tomemos conciencia que somos parte activa de esa construcción.

Los pedidos sobre preservación de infraestructura son el primer paso. Luego vendrá el aporte ciudadano respecto de los bienes que se preserven gracias a la declaratoria patrimonial. Entonces, podremos aportar nuevos flujos hacia esos fijos, conforme la teoría propuesta por Milton Santos, creando así verdadero espacio público, lo que no es sino la interacción de las ciudadanías que habitan la ciudad con esos referentes geográficos.

Caso contrario, en setenta o cien años, alguien repetirá las líneas que ya escribieron Ricardo Bohórquez, Florencio Compte y el propio Dunn en el primer –y único– tomo de las Arqueologías de la Arquitectura de Guayaquil, editado por el Museo Municipal de Guayaquil en abril de 2010 titulado “Maccaferri, El Primer Moderno” en el cual documentaron la obra del arquitecto italiano Francesco Maccaferri en la ciudad. Muchas de las casas de quien diseñara el Palacio Municipal de la ciudad y cuyas demás obras en Guayaquil pasan anónimas, desapercibidas, convertidas en papelerías, chifas, cabarés o, simplmente, abandonadas por la desidia y la desinformación que ha dejado nuestro patrimonio arquitectónico a la deriva.

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