En un texto de comienzos de enero hice un breve análisis de la gestión socialcristiana del gobierno local, en donde desglosé cifras de la orientación del gasto del que se jacta la administración: en sus palabras, el modelo exitoso de la ciudad puede ser visto –de manera nítida, afirman- en que más del 70% del presupuesto se orienta a Obra Pública, mientras que tan solo un 10% a Gastos Laborales. Uno de los puntos que me interesó entonces fue desmontar ese 70%: a qué se destina, a cuáles áreas, quiénes se benefician y, más aún, quiénes no encuentran beneficio.
En el caso concreto del rubro Regeneración Urbana, mostraba que si se toma la Ordenanza Presupuestaria 2013 y si se consideran sectores determinados, la desproporción surge innegable: solo la regeneración en la Av. Víctor Emilio Estrada sumada con Lomas de Urdesa, goza de una asignación mucho mayor que la de un sector socioeconómico mucho menos próspero, como es el caso de la Av. Modesto Luque (Perimetral hasta ex procesadora de basura, pensada en principio para pobladores de Flor de Bastión, Sergio Toral y Paraíso de la Flor), evidenciado en el Gráfico 1:
Gráfico 1
Fuente: Ordenanza presupuestaria 2013 (acá)
Indagando un poco más, si se suman otros sectores varios, agrupados por utilidad bajo las categorías “sectores marginales” y “sectores no marginales”, es posible ver que los primeros reciben un 17% del total, mientras que los segundos (más prósperos) un 83%, como muestra el Gráfico 2; cuestión que puede ser corroborada tras una rápida revisión de la ordenanza presupuestaria del mismo año.
Gráfico 2
Fuente: Ordenanza presupuestaria 2013 (acá)
Esta es, en concreto, una de las razones que –a mi parecer- merece una crítica vigorosa: ¿Cómo se construyen dichas asignaciones? ¿Cuál es el fundamento del destino insignificante de recursos a sectores marginales? ¿Es posible otro tipo de orientación del gasto? ¿Es posible un balance distinto de prioridades a la hora de establecer los lineamientos de la gestión?
Así, por un lado, lo que se tiene es un cuestionable destino de recursos a zonas marginales y, por otro, el aumento a dos rubros que me interesa desentrañar para este texto: el de la Policía Metropolitana en particular y el de Supervisión y Control en general, toda vez que merecen la atención constante de organizaciones por los derechos humanos.
Ya sea acudiendo a dichas organizaciones o bien haciendo una revisión en Google, la lista de imágenes, productos audiovisuales, notas periodísticas, crónicas, aparecen sin esfuerzo, como el vídeo del pasado miércoles 24 de abril filmado por las cámaras de Ecuavisa (acá) o del documental “Guayaquil informal” de marzo del 2009 de Andrés Loor y Ernesto Yturralde. Allí donde una fuerza pública tiene un historial de uso excesivo de fuerza y de extorsión, allí debe ubicarse una carga de prueba que se interrogue por la necesidad de su reforma estructural y por la investigación de sus excesos.
Ese es un tema que parece interesar poco a la gestión actual, en vista de que esa interrogación fluye escasa en comparación con cuán rápido fluyen los recursos que se destinan a ella: para el 2012, los gastos en personal fueron de 5’183.962 dólares, y para el 2013 el monto aumentó a 5’776.478 dólares, esto es, un aumento de casi 600.000 dólares. De hecho, si se lo comparan los rubros correspondientes a Supervisión y Control (dentro del cual se encuentra la Policía Metropolitana) con los de Desarrollo Educacional (dentro del cual se encuentra Acción Social y Educación, Cultura y Promoción Cívica, Turismo y Relaciones Internacionales y Deportes), en el mismo destino de gastos en personal, se encuentra algo peculiar como muestra el Gráfico 3:
Gráfico 3
Fuente: Ordenanza presupuestaria 2012 (acá) y 2013 (acá)
Esa desproporción tampoco cuenta con justificación sensata. Y si bien Desarrollo Educacional (y lo que implica) ha aumentado en casi 2 millones de dólares, la Policía Metropolitana –tomada aparte- cuenta con mayor presupuesto. Si desglosamos Desarrollo Educacional, uno de sus agregados es –como mencioné- el relativo a cultura, que cuenta con 1’146.703 millones, es decir, casi 6 veces menos recursos que los metropolitanos.
En un segundo momento, estos datos deben pasar por otro tipo de instancia: resolver no solo los excesos de la seguridad pública y establecer cuáles son las bases que orientan el destino de recursos, sino además discutir sobre las ordenanzas y reglamentos referidos al uso del espacio y vía pública y los contenidos constitucionales que defienden el derecho al trabajo como un componente de los derechos de libertad. De lo contrario, se continuará presenciando la persecución a comerciantes informales, aun cuando estos tengan algún tipo de discapacidad, como ocurrió con el caso de los comerciantes ciegos de la Av. 9 de Octubre, documentado por Marcela Noriega en un artículo de GKillCity.
Solo allí hay dos grandes temas que merecen atención. Se trata, ante todo, de preguntas e interrogaciones que deben ser formuladas en especial por la proximidad de las elecciones seccionales, fechadas para el 23 de febrero del 2014. Porque más allá de estar en contra de lo que significa (y ha significado) el PSC o de preocuparse por la avalancha electoral que es hoy Alianza País, la idea es disponer de elementos para el análisis serio y robusto, dejando de lado las bonitas propagandas así como el emotivo discurso de candidatos que golpean su pecho en público, en especial si lo que está en juego es la administración del gobierno local y el bienestar de quienes habitan en Guayaquil.
