En la edición 74 de GkillCity, publicada el 19 de noviembre del 2013, se presentó el dossier “La paz distante”, que trataba el inicio de las conversaciones de paz del gobierno colombiano con las FARC, el conflicto colombiano y las expectativas de lo que podría pasar con posterioridad a la eventual firma de un acuerdo entre esas partes.

 

La relevancia de ese especial estaba dada por la relación directa que ese conflicto tiene con el Ecuador, pues la violencia generada a causado el desplazamiento de miles de colombianos, mucho de los cuales han buscado refugio en el Ecuador. Las cifras oficiales hablan de poco más de cincuenta y cuatro mil colombianos en situación de refugio en el país, pero se afirma que el número real ascendería a más de ochenta mil.

Esa migración forzosa ha devenido en una serie de prejuicios sobre el perfil del colombiano que llega al país. Por eso era importante intentar entender el conflicto a través del dossier para ir desmitificando esas ideas preconcebidas que solo conducen a la xenofobia y a la invocación de la violencia y la represión como respuesta a los males sociales.

El dossier tuvo una gran acogida, tanto en Ecuador como en Colombia y, por él, la Universidad Casa Grande invitó a GkillCity a ser parte del Observatorio del Proceso de Paz colombiano que creó junto al Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y ACNUR. En una de las reuniones de dicho organismo, surgieron las preguntas que motivó este dossier: ¿Cuánto saben los ecuatorianos de la institución del refugio? ¿Conoce los antecedentes históricos que lo motivan? ¿Sabe por qué hay tantas personas en situación de refugio en el país? ¿Entiende que no son solo colombianos los que se han acogida a esa medida?

La verdad es que el refugio es una institución casi desconocida, a pesar de la cantidad de personas que a su amparo se acogen para ingresar al Ecuador. Este es un breve recorrido histórico para intentar un marco referencial de una de las obligaciones internacionales más importantes a las cuales se ha obligado el Estado ecuatoriano.

***

El 20 de agosto de 1946, las Organización de las Naciones Unidas, con el fin de velar por los derechos de los cientos de personas registradas como refugiadas tras la Segunda Guerra Mundial, creó la  Organización Internacional para los Refugiados (OIR). Esta agencia especializada fue respaldada por 18 países, entre estos Estados Unidos,  que aportó con el 40% del presupuesto que manejó la OIR.  En 1952, la OIR culminó sus funciones al ser reemplazada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organización que amplío sus funciones para garantizar los derechos de los refugiados con un origen no europeo, pues  la  OIR sólo reconocía como refugiados a quienes fueron desplazados de ese continente antes del 1 de Enero de 1951.

Un hito importante en el reconocimiento de los derechos de los refugiados a nivel global es la Convención de Ginebra, en la que obliga a los países suscriptores a garantizar los derechos y obligaciones de los refugiados hasta concretar soluciones como la repatriación voluntaria en condiciones de seguridad.

Otra de las características que guarda la convención de Ginebra es que “cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, una declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención”. En ese sentido, Ecuador como Estado parte, ratificó lo acordado en dicha Convención mediante un Decreto Ejecutivo firmado por el presidente en funciones, Rafael Correa, en el 2010, en el que entre otras cosas se ampliaban las acciones del país en materia de refugio.

Diego Corral trabajó entre el 2007 y el 2010, en la Cancillería en el proceso de reconocimiento de refugiados. Desde su experiencia afirma que el trabajo del Estado “consistió en realizar entrevistas en zonas de frontera tomando como criterio de reconocimiento una amenaza grave a la vida o integridad a personas que provenían de lugares de Colombia que se podían calificar como conflictivos. En este ejercicio se reconocieron cerca de 5000 refugiados’.

Sin embargo, el Estado se complicó con la emisión de este decreto en cuanto al impacto social que acarreaba la falta de mecanismos en los que se asegurara la protección internacional debida. Corral, considera que “Si bien se daba el reconocimiento en la práctica los derechos no eran equiparables a los de los ciudadanos. Hubo problemas en cuanto acceso a la educación, a la salud y al sistema financiero. Aparte de surgir en los años siguientes evidencia de fraude en ciertas historias que llevó  a una revisión de todo el proceso y la revocación y cancelación de varias visas de refugiado”.

 

Ese problema es el que la solicitud que en este dossier se formula pretende resolver: la homologación del carné de refugio con la cédula de ciudadanía.

Por su parte, además de las reacciones sociales registradas al interior, Ecuador requería de apoyo para financiar la estabilidad de los refugiados, para lo cual solicitó apoyo a Colombia y, a no recibir respuesta, acudió a ACNUR. A partir de esto se reformularon las acciones en otro decreto en el que el reconocimiento de los refugiados tiene un proceso más riguroso. Ese decreto, el 1182, ha recibido duras críticas por parte de las organizaciones derechos humanos, pues resulta restrictivo y atentatorio contra obligaciones adquiridas por el Ecuador en convenciones internacionales, así como violatorio de garantías constitucionales. En el dossier de la presente edición, Arduino Tomasi expone en detalle los vicios alegados.

***

Pero, ¿cuál es la realidad del refugiado en el Ecuador?

Hasta marzo de 2013 el Estado ecuatoriano reconoció un total de 55.327 refugiados, de los cuales 54.470, es decir el 98,45%, son provenientes de Colombia, así lo revelan datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  El porcentaje de refugiados colombianos ha tenido sus variaciones desde el 2008, pero desde ese año al 2013 han crecido y el porcentaje es más representativo en comparación con la cantidad de refugiados que llegan a Ecuador de otros países. Cuba es al momento el segundo lugar de origen de los refugiados reconocidos por el Estado, con un porcentaje del 0,42% en el 2013, representación inferior si se compara con el 1,08% que se registró en el 2008.

Varios testimonios recogidos por ACNUR en un documento sobre la situación de los refugiados colombianos en Ecuador determina que una de las causas de este fenómeno de movilización es el conflicto armado que enfrenta Colombia, seguido de intereses económicos, mineros y agroindustriales. Frecuentemente, las personas afectadas por el conflicto inician un proceso de movilización interna en el que posteriormente deben recurrir al desplazamiento hacia las fronteras por mantenerse en estado de susceptibilidad. Así también lo revela el hecho de que el 30% de las familias en calidad de refugiadas son de 5 miembros, el 20% de dos y de cuatro miembros, 19% de familias con tres miembros y sólo un 10, 9% de los refugiados viven solos.  Basta ver el vídeo que el CDH de Guayaquil preparó para GKillCity.

El mayor porcentaje de refugiados se ubica en las poblaciones fronterizas de Esmeraldas, y Lago Agrio. La población refugiada es mayoritariamente joven, lo cual desemboca en que busquen ingresar a la vida laboral por obtener un sustento económico para su residencia. Sin embargo, existen distintos factores que impiden el desarrollo de estas actividades. ACNUR reconoce que pese a que el reconocimiento de refugiado permite un tipo de protección bajo las condiciones de no devolución del individuo a su lugar de origen, es inevitable que muchas de las personas con las que los refugiados deben mediar su inserción social tienen estigmatizadas las causas que originan la migración forzada, muchas veces desconocidas, hace que las condiciones de refugiados sea un motivo de discriminación.

En la encuesta realizada por ACNUR para determinar el estado de la población refugiada en las zonas fronterizas del país, se encuentra que el 44% de los refugiados encuestados tiene como actividad principal el trabajo, que a su vez se concentra en la agricultura, pesca y comercio. Un 22% de estos estudia, el 21% realiza quehaceres domésticos y un 9% busca trabajo. Muchas de las personas encuestadas y entrevistadas en grupos de enfoque revelaron situaciones de discriminación laboral e incluso dentro del espacio en el que viven, sin embargo las condiciones en las que se propiciaría su retorno al país de origen menguan cualquier tipo de exclusión social, anteponiendo un mejor nivel de seguridad para vivir.

Así, sin un documento que les permita el pleno ejercicio de los derechos, la situación de los refugiados en el Ecuador constituye un círculo vicioso que, si bien no tiene el terrible componente de la violencia armada que viven muchos de ellos, los mantiene en la marginalidad, incapacitados de acceder al empleo formal, al sistema financiero y a las cosas más elementales de la vida cotidiana para lo cual se necesita un documento que esté legalmente reconocido como válido para acreditar la identidad de una persona.

Si el Estado ecuatoriano quiere reafirmar esa tradición en la institución del refugio (uno de los argumentos a los que apeló el canciller Patiño para otorgar el asilo a Julian Assange) debe tomar medidas inmediatas que superen los impedimentos que hoy sufren las personas en situación de refugio y, además, debe revisar las condiciones impuestas en el Decreto 1182.