Carina Vance Mafla es una de esas personas a las que los pensamientos se les evidencian en la expresión del rostro. No mueve demasiado las manos cuando habla, ni lo necesita: demasiado aspaviento con los brazos añadiría una dosis de histrionismo que resultaría completamente ajena a ella. Sin embargo, basta ver cómo ladea la cabeza, arquea los labios y cierra los ojos ante ciertas afirmaciones para anticipar sus respuestas y reconocer su convencimiento sobre las políticas públicas que ha instaurado desde la secretaría que dirige desde enero de 2012.
La mañana de ayer, domingo siete de abril, la ministra de Salud del Ecuador, hizo una pausa en sus actividades por el Día Mundial de la Salud y conversó conmigo sobre la polémica píldora del día después.
Vestida con una camiseta naranja y gorra, bajo el sol abrasivo del medio día y en medio de la estridencia del concierto de tecnocumbia que cerraba la celebración en la Plaza Veinticuatro de Mayo, cerca de la tradicional calle La Ronda, en el centro histórico de Quito, la ministra tuvo la deferencia de recibirme por breves minutos y, en medio de las circunstancias poco ortodoxas para una entrevista con una secretaria de Estado, contestó pausada pero convencida.
Además de la cuestionada píldora, conversamos sobre la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA), sus resultados y expectativas.
Estas son sus respuestas.
Ministra Vance, desde el 2011 ENIPLA funciona con una asignación presupuestaria efectiva, ¿cuál es el balance de la gestión hasta este momento?
Gracias por la entrevista. Sé que hemos estado de concretarla sin lograrlo, me agrada que hayamos coincidido hoy. Como te decía, me parece que muy importante lo que se ha logrado. Por un lado está está el reglamento que permita el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia de mejor manera; para que no haya restricciones a su acceso. Nosotros, el Ecuador, somos un país con uno de los índices más altos de embarazos adolescentes en la región. Por eso tenemos una estrategia nacional que no solo es la píldora anticonceptiva, ni el acceso a los insumos, como preservativos y demás, sino que tenemos una estrategia para informar sobre los derechos. Porque este es un derecho, el derecho sexual y reproductivo a tener información sobre cómo vivir una vida sexual plena, protegerse y no afectar a su salud. Me parece que este gran diálogo nacional, debate que se ha dado en las últimas semanas es muy positivo, algo que como ecuatorianos necesitamos tener. Justamente, por ejemplo, desmitificar ciertas cosas- Decían, por ejemplo que la píldora anticonceptiva de emergencia era abortiva y tenemos todo el sustento contundente de que no es abortiva. Al contrario, si es que nosotros tenemos la situación de que hay un embarazo, la píldora es protectora de ese embarazo. Entonces, es necesario desmitificar para ahí sí comenzar a hablar acerca de la sexualidad, de los embarazos adolescentes, de los problemas que trae la falta de planificación y de educación.
Los números de embarazo adolescente, conforme la estadísticas que maneja ENIPLA, son altísimos, ¿cuál es la meta de reducción de embarazos?
La estrategia tiene como propósito reducir en un veinticinco por ciento el embarazo en adolescentes, que se enmarca con los fines del plan nacional del Buen Vivir para el año 2016.
Si ENIPLA funciona desde 2011, ¿por qué recién se hace el reglamento? ¿a qué necesidad obedece la expedición de esta normativa?
Es un trabajo integral, donde vamos implementado distintas fases de esta estrategia. Por ejemplo, paulatinamente en el 2012 logramos tener en todos nuestros centros de salud y hospitales, acceso gratuito al preservativo, tanto al masculino como al femenino.
Es algo que no se lleva a cabo de un día para otro y es un proceso en el que uno va notando ciertas realidades. Hay ciertos lugares, por ejemplo, en que hemos tenido unidades operativas en que, lamentablemente, funcionarios se rehúsan a dar la píldora anticonceptiva de emergencia. Eso no es una opción, nosotros tenemos una política clara y la gente tiene que entender que es para que los ciudadanos puedan acceder al ejercicio de un derecho.
¿Cuáles son los motivos por los cuales esos funcionarios se han negado a entregar la píldora?
En muchos casos hay desinformación: pensar que la píldora es abortiva –que no lo es– y en muchos otros es una interpretación moral de la sexualidad de la otra persona. Es algo en que tenemos en que seguir trabajando. Nuestra normativa respeta el derecho de un funcionario a la objeción de conciencia en los casos de aborto. Es decir, en los casos en que hay mujeres que llegan a las unidades operativas con un proceso abortivo ya iniciado, entendemos que el funcionario eleve una objeción de conciencia; sin embargo, eso no aplica para la entrega de un anticonceptivo, ni convencional ni de emergencia. Eso es parte de un política nacional de planificación y eso es parte de lo que hace el reglamento: garantizar que la población acceda al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Hay un argumento de los movimientos profamilia ecuatorianos que afirma que la píldora se está entregando a menores de edad y que para eso debería contar con la aprobación de los padres, que no hacerlo es una violación a su patria potestad, ¿qué opina usted de este argumento?
Nosotros brindamos la píldora a personas en edad reproductiva. Eso quiere decir que se entrega a personas en edad adolescente. En el caso de una mujer, una adolescente puede tener su primera menstruación a los doce, trece o catorce años y nosotros estamos en la obligación de entregarle la píldora si es que tiene una situación de violencia sexual, o una emergencia –si no funcionó, se dañó o no hubo un método anticonceptivo–.
Yo más bien haría un llamado: si es que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales y las familias quieren conocer sobre la vida de sus hijos e hijas no pueden endilgarle la responsabilidad al Estado. Nosotros estamos dando herramientas a los padres de cómo hablar con sus hijos pero de ahí lo que yo pediría es que tratemos de tener una relación más abierta con nuestras hijas e hijos, porque si nosotros estamos dándole la píldora anticonceptiva de emergencia a una persona, pues… esa persona, presumiblemente está teniendo relaciones sexuales. La pregunta es, tal vez, ¿por qué los padres de familia no está al tanto de todo esto? De cualquiera manera, nosotros no podemos limitar el acceso a un derecho porque no existe una buena comunicación entre padres e hijos.
Más bien, nuestra responsabilidad es facilitar el acceso a la información que les permita a los padres tener esa conversación con sus hijos, logrando así una relación más abierta y sincera.
Las críticas del movimiento pro-vida ecuatoriano apuntan también hacia los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva de emergencia, afirmando que podría causar la muerte [en este punto, la ministra me mira entrecerrando los ojos, con algo de condescendencia, como si fuera mi argumento, pero igual continúo] y citan el ejemplo del anticonceptivo Dianne 35, cuyo uso fue suspendido en Francia, ¿qué tiene que decir al respecto?
Los anticonceptivos que están prohibidos, en nuestro país no se entregan. Nosotros tenemos un procedimiento de control, de tal manera que si un medicamento ha tenido observaciones, sencillamente no se dan en el país. La píldora anticonceptiva de emergencia que se entrega ha pasado todos los estudios del caso para garantizar su seguridad.
Ahora, es un píldora anticonceptiva de emergencia, eso quiere decir que tiene una carga hormonal muy fuerte y los estudios indican que hay efectos secundarios en una minoría de las personas que la usan. Por ese motivo, nosotros hemos tomado la decisión de entregarla –tal como se ha hecho en otros países, como Argentina, España y ahora Estados Unidos– pero con un asesoramiento. Nosotros no estamos dando la pastilla “tome la pastilla, muchas gracias”. Tiene que haber un asesoramiento y eso es lo que estamos difundiéndolo: esta es una pastilla de emergencia, que debe usarse cuando hay un imprevisto, sea una violación, o que se rompa o no funcione el preservativo en una relación sexual pero ese asesoramiento lo damos en nuestros centros, para que los ciudadanos conozcan bajo qué circunstancias se debe tomar la decisión de tomar la pastilla.
¿Es irreversible esta política pública instituida por este reglamento?
No es irreversible porque es un acuerdo ministerial y los acuerdos ministeriales son reversibles. Lo que hace que una política pública sea irreversible es que la ciudadanía, todas y todos, conozcamos nuestros derechos para que no llegue un momento en que perdamos uno.
Me refería a la voluntad política…
¡Ah! Sí, la voluntad política de este gobierno es clarísima: nosotros respetamos los derechos sexuales y reproductivos y queremos que todas y todas los conozcamos, los podamos ejercer y sí, en ese sentido es, totalmente, irreversible, aunque quiero dejar en claro que la política instaurada a través del reglamento es reversible por otro ministro, un próximo gobierno. Por eso es importante que conozcamos nuestros derechos sexuales y reproductivos, para que podamos velar por ellos.
