La novela comenzó el 1 de abril de 2011 cuando la CIDH dictó una medida cautelar ordenando a Brasil suspender la construcción de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte hasta que sean consultados los pueblos indígenas afectados por el proyecto. El gobierno brasileño rechazó el otorgamiento de dichas medidas y en reacción a las mismas retiró a su embajador ante la OEA, retiró a su candidato a la CIDH, suspendió el pago de su cuota anual y motivó la conformación de un Grupo de Trabajo para evaluar «el funcionamiento de la CIDH y el fortalecimiento del sistema interamericano”.
La creación del grupo de trabajo fue inmediatamente respaldada por otros estados, entre ellos Ecuador, donde la iniciativa coincidía con el desarrollo del caso El Universo. La propuesta de Brasil le brindaba terreno fértil a varios países con intenciones claras de debilitar el sistema interamericano en una supuesta búsqueda de evolución y reforma. Eso es fácilmente deducible: Brasil propone la conformación de un grupo de trabajo con buen timing. El gobierno carioca rechaza una medida cautelar al mismo tiempo que Venezuela renegaba por los cuestionamientos de la CIDH sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e independencia judicial en el país (recordemos que en el 2009 se elaboró un informe especial por ello); Colombia y sus permanentes rechazos a ser incluido en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, en ese capítulo se examinan situaciones de especial atención en materia de derechos humanos; y, a estos reclamos se suman las pretensiones de Nicaragua, Bolivia y más Estados. Bolivia y Nicaragua señalan a la CIDH como «base militar» de EEUU porque «sólo ataca a países latinoamericanos». Pedían que «de una vez por todas se reforme la Comisión porque hay una evidente falta de defensa y protección de los DDHH, no se aporta en nada a mejorar la protección y es inaudito que sea financiada por EEUU». Adicionalmente, para ellos, urge la desvinculación expresa de la “derecha pro-capitalista y pro-imperialista”, especialmente para Bolivia que acusa a ese “sector” de utilizar el organismo para su defensa, en alusión a la masacre de octubre de 2003 protagonizada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
En esas circunstancias, el Grupo de Trabajo se constituyó en el vehículo idóneo para posicionar las pretensiones de turno y camuflar de reforma las intenciones de controlar el funcionamiento del sistema.
El 13 de diciembre de 2011 el Grupo de Trabajo aprobó varias recomendaciones sobre el funcionamiento de la CIDH y éstas fueron posteriormente adoptadas por el Consejo Permanente de la OEA. El 5 de junio de 2012 la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/RES. 2761 (XLII-O/12) la cual establece que la Asamblea General “acoge” las recomendaciones del Grupo de Trabajo y señala que en un plazo de 6 meses una Asamblea General Extraordinaria será convocada para evaluar la aplicación de las mismas. La resolución fue negociada a puerta cerrada, sin presencia de la sociedad civil ni de miembros de los órganos del sistema interamericano y con ella se inició oficialmente el proceso de reforma del SIDH, liderado principalmente por Ecuador y Venezuela.
La gravedad de las recomendaciones hechas radica en 4 puntos claves: 1) Pretenden que la CIDH dedique sus recursos mayormente a labores de “promoción” y no al estudio de casos individuales, estableciendo plazos casi absurdos en el procesamiento de los casos; 2) Proponen eliminar el Capítulo IV de su Informe Anual, el cual es de importancia fundamental en materia de análisis y prevención de la situación de derechos humanos en países de especial atención; 3) Controlar la temporalidad y procedencia de las medidas cautelares; y, 4) Pretenden limitar la labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
El 22 de marzo de 2013, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, los representantes de los estados se pronunciaron sobre las reformas que se discuten bajo el nombre de “proceso de fortalecimiento del SIDH» y emitieron una resolución final en la cual no acogieron los pedidos de Ecuador y plantearon continuar con las discusiones para el perfeccionamiento del SIDH. Como es propio de la cancillería ecuatoriana, ante el rechazo de sus pretensiones, su principal -al igual que el representante boliviano- planteó la posibilidad de que Ecuador abandone el sistema interamericano. Una amenaza que tampoco es nueva: En el 2010 (antes de la creación del «Grupo de Trabajo»), el fallecido presidente Hugo Chávez anunció que Venezuela se retiraba del SIDH porque la CIDH era «un cuerpo politizado usado por el imperio para agredir a gobiernos como el venezolano».
Los ataques al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a sus organismos principales, no son nuevos. Simplemente están cobrando fuerza en la región, como si se tratase no de estados sino de un equipo con agenda propia e intereses claros. El argumento de que se actúa como “una extensión del imperialismo norteamericano” es, además de falso, pobre. La Comisión y la Corte, a través de los mecanismos puestos al alcance de las victimas, muchas veces de forma más efectiva que los mecanismos nacionales, han permitido la protección de derechos y han contribuido a los procesos de reconocimiento, promoción y vigencia de los Derechos Humanos en nuestra América. Quizás es pertinente cuestionar el sistema como estrategia para garantizar su subsistencia y búsqueda de mejoramiento, pero no para descalificar los alcances logrados y menos aún para dejar en desamparo a quienes si creen en él. Irónicamente son los estados, y no las víctimas, los descontentos. Los mismos estados a quienes ha debido mendigárseles apoyo y que hoy se sienten dueños, con el ánimo propio de los terratenientes, de un sistema al que reducen a tentáculo del imperialismo.
La mejor muestra de lo dicho anteriormente es que muchos países, algunos políticamente afines y otros no, hoy critican el sistema sin el menor reparo de pensar en que tal vez, la supuesta deficiencia que acusan pueda responder al desamparo al que han sometido, especialmente, a la Comisión.
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Así, en el 2011, por ejemplo, los ataques vinieron de los Estados Unidos: la Comisión dictó 11 medidas cautelares contra ellos y solo una contra Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el 2004, Cuba atacó al SIDH porque la CIDH aceptó considerar tres casos «emblemáticos» de la isla: a)El juzgamiento sumarísimo y condena a muerte seguidas de ejecución; b)el juzgamiento y condena de más de 70 disidentes y opositores detenidos entre marzo y abril de 2003, sin que medien garantías judiciales; y, c)La detención ilegal de dirigentes opositores por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Ahora, si el asunto aquí está vinculado a la desmemoria, me permito recordar algunos hechos históricos que han podido llevarse a cabo gracias a la vigencia del SIDH: Las condenas alcanzadas en el caso Tibi y el caso Chaparro-Lapo en Ecuador, la importancia de la atención al proceso de desmovilización en Colombia, el caso del diario militar en Guatemala, la visita de la CIDH a Argentina en plena dictadura militar, la lucha contra la impunidad del Perú de Fujimori, el amparo concedido a los pueblos indígenas, el caso Sarayacu en Ecuador, la preocupación expresamente manifestada por las servidumbres en el Chaco, la protección promovida a favor de los privados de libertad y, por último pero no menos importante, los avances importantísimos en materia de igualdad de género, no discriminación y respaldo a los derechos de la mujer.
Karla Morales
