Posterior a los pobres y poco alentadores resultados de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Cambio Climático en Doha es pertinente preguntarse como la comunidad de Estados se plantean enfrentar la mas grande amenaza que afecta la humanidad. Estas lineas tratan de resumir algunos de los aportes del Ecuador y marca el inicio de una serie de reflexiones que analizarán países claves en la arena de este debate internacional. En particular se identifica tres áreas críticas que demandan ambiciosas decisiones políticas para viabilizar una reducción efectiva de los gases de efecto invernadero que permitan estabilizar las temperaturas globales: fuentes de emisiones, substitutos que permitan evitarlas o reducirlas y el dilema de los recursos necesarios para implementar acciones. Se argumenta que más allá de acuerdos internacionales, el ciudadano tiene una gran responsabilidad de aportar a la solución de problema.
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El cambio climático representa una amenaza sin precedentes. Es el reflejo de una crisis sistemica que se manifiesta en lo económico, en el sistema de normas que ordenan las interacciones sociales y su relación con la naturaleza. Para muchos el cambio climático simboliza el resultado de ver a la naturaleza como ese objeto de apropiación y enriquecimiento desmedido sin reconocer sus derechos ante la necesidad de una distribución justa y equitativa de sus frutos en un marco de límites biofisicos.
En ese contexto, la prioridad máxima de las naciones debe enfocarse en estabilizar las temperaturas. Para lograrlo es claro que se deben realizar dos tipos de acciones: 1) limitar las emisiones a través de iniciativas concretas de reducción o, mejor aún, de evasión de emisiones; y, 2) fortalecer la capacidad de adaptarse a los impactos del incremento de temperaturas, particularmente de sociedades y ecosistemas vulnerables.
Sin embargo, esta comprobado que sí la sociedad global utiliza sus reservas actuales de fuentes de energía fósil con fines de satisfacción de demanda energética no lograremos estabilizar temperaturas. Por tanto, se podría argumentar que las prioridades para combatir el cambio climático incluyen:
1. Fuentes de emisiones: aproximadamente el 80% de emisiones globales provienen de la combustión de fuentes fósiles de energía (petróleo, carbón mineral, etc.). Por tanto para reducir su uso se puede alterar su necesidad o proveer alternativas que lo reemplacen. Esto ultimo puede facilitarse a través del usos de fuentes substitutas de energía que eviten contaminación como las energías limpias o renovables (solar, eólica, geotérmica, etc.).
De igual forma, se puede reducir el consumo o la demanda de energía. Un área explorada es aquella que impulsa un cambio cultural de la sociedad global para alterar patrones de producción y consumo. Por ejemplo, se puede partir del entendimiento que la acumulación de la riqueza no satisface necesidades, que el buen vivir o la capacidad de vivir la vida en plenitud y en armonía con la naturaleza no necesariamente pasa por comprar más y demandar más energía en los procesos productivos que generan esos bienes o servicios innecesarios.
Sin embargo, dada la inminente necesidad de acciones urgentes es preciso explorar mecanismos que permitan cambiar la matriz energética global en el corto plazo. Entre las alternativas, emerge la posibilidad de implementar políticas o programas claros que limiten la capacidad de extraer esas fuentes de energía fósil. La Inicitativa Yasuni-ITT sigue esta premisa. Esta Iniciativa propuesta por el Ecuador busca evitar la extracción y combustión de 20% de las reservas de petróleo de nuestro país equivalentes a 410 millones de toneladas de dióxido de carbono. A cambio de una compensación económica por el servicio prestado, Ecuador podrá captar $3.6 mil millones e invertirlos en proyectos de energía renovable como parte de su política de alcanzar 90% de fuentes renovables en su matriz energética hasta el 2016.
Otra área que se puede explorar es el uso de herramientas basadas en incentivos. Por ejemplo, el Ecuador ha propuesto el uso de los mismos a escala global. La propuesta Daly-Correa busca implementar un impuesto de 5% sobre todo barril de petróleo que se extraiga en un país en desarrollo y se exporte a un país desarrollado. Esta herramienta puede disminuir incentivos de consumo, generar recursos que permitan fomentar los substitutos al tiempo de facilitar se reemplace la fuente de ingreso que permite el acceso a recursos a países en desarrollo exportadores de fuentes fósiles.
Las emisiones por cambio de uso de la tierra, particularmente la deforestación, aportan también al problema. Sin embargo, disminuir la deforestación puede permitir que el costo total de los esfuerzos para estabilizar las temperaturas se reduzca en aproximadamente 20%. Esto indica que es urgente que se implemente nuevos mecanismos para reducir o evadir emisiones. Introducir incentivos económicos en este tipo de mecanismo puede ayudar a una adopción significativa y ambiciosa de esas actividades. Por tanto, y siempre y cuando se incorpore guías claras para que estas soluciones también respeten derechos colectivos sociales y ambientales, es necesario adoptar mecanismos que permitan controlar deforestación (conocido como REDD+ por sus siglas en inglés Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation), incrementar la reforestación de áreas degradadas o bien forestar áreas que tengan aptitud y no compitan con seguridad alimentaria. En el caso de Ecuador todas estas acciones están en fase implementación en cuanto a la Estrategia Nacional REDD+, el Programa Socio Bosque y el recientemente lanzado Programa Nacional de Reforestación que involucra el sector privado, gobiernos locales y comunidades.
De igual forma es necesario que se permita a países no solo ganar por limpiar lo ya ensuciado o disminuir esa contaminación. Es crítico que se permita generar valor a partir de no ensuciar, de la prevención. Esa es la lógica de la propuesta de
Emisiones Netas Evitadas, un mecanismo que permite que Yasuni-ITT pueda ser reproducido en otros espacios y otros países, asegurando los recursos necesarios para la transición que necesitamos urgentemente sin comprometer la posibilidad de países en desarrollo de generación de riqueza y su justa distribución a partir del manejo sostenible de recursos no renovables.
Implementar acciones nos confronta con la gran incógnita del origen de los recursos económicos, tecnología y capacidades necesarias.
A. Recursos económicos: si no existe los recursos, fuentes claras y el mecanismo para su entrega ágil y equitativa, pese a la voluntad política de algunos estados, no será viable la acción ambiciosa necesaria. Por tanto no sólo es importante tener un Fondo Verde como mecanismo para receptar y redistribuir. Es necesario llenar ese cascarón vacío en el futuro cercano y no en el 2020 como se ha propuesto. Las opciones están sobre la mesa. Un impuesto como Daly-Correa puede movilizar rápidamente parte de los $100mil millones por año que se busca para arrancar la transición. Mecanismos como ENE asegura que esos fondos se usen exclusivamente para reproducir acciones de adaptación a efectos adversos y de mayor mitigación (reducir emisiones) como en el caso de la Iniciativa Yasuni-ITT.
B. Tecnología: no sólo nuevos recursos permitirán incrementar demanda de sustitutos y por tanto involucrar mayor interés del sector público y privado en su desarrollo y comercialización. Es crítico que se identifique un conjunto de tecnologías que, justificado en la necesidad de salvaguardar la vida humana, cuenten con flexibilidades en la aplicación de derechos de propiedad intelectual y así permitir su adopción rápida y masiva para acciones de mitigación y adaptación en sociedades y ecosistemas vulnerables.
C. Lo anterior da clara luz de la necesidad de que las capacidades del talento humano también se fortalezcan y permitan el uso y desarrollo de esas tecnologías a alcanzar con la inversión de recursos. Las capacidades no solo profesionales sino las que vuelvan real y viable el cambio educacional y cultural mencionado en el mediano y largo plazo.
De la exposición de estos aportes del Ecuador se observa que para combatir el cambio climático demanda cambiar la racionalidad económica que predomina nuestras relaciones sociales y sistemas productivos hacía una racionalidad ecológica que reconozca y respete la naturaleza y sus límites. Este breve recuento también indica que conocemos las áreas donde debe enfocarse la solución en cuanto a la acción colectiva que se demanda a las naciones para avanzar.
El problema, sin embargo, continua en la voluntad política ausente de las negociaciones. Cuando los intereses de algunos estados hegemónicos y en muchos casos privados se superponen al interés colectivo se observa la falta de acción que nos encontramos. Por ejemplo, no hay claridad de que el protocolo de Kioto (único instrumento vinculante de reducción) se renueve en un segundo periodo de compromisos de reducciones, por lo menos no en el nivel de ambición que se requieren en cuanto a magnitud y urgencia de las metas. De igual forma, no hay voluntad para adoptar el mecanismo REDD+ o si quiera claridad en cuanto de donde provendrán los recursos que se requieren pues no hay voluntad de tener un diálogo sobre fuentes de financiamiento en la negociación de la Naciones Unidas.
Es así que resulta imperativo que la sociedad informada demande esa acción a sus gobiernos y demuestre en su propio vivir un cambio radical. No se puede esperar a que se den las condiciones necesarias para soluciones de arriba a abajo. Puede ser que las verdaderas solucionen provengan del sur y desde sus organizaciones de base. Es al final del día el ciudadano el que puede elegir que consumir y en que proporción invitando a cambios en el sector productivo y sus demandas energéticas.
Daniel Ortega
