Arranca 2013. Sin duda, uno de los procesos que captará la atención de América Latina durante este año es la negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC. Santos ha sido claro: espera un acuerdo para noviembre de 2013. Las FARC también han sido claras: las conversaciones no pueden regirse a marcos de tiempos cortos y establecidos por el gobierno. Y los movimientos populares y sociedad civil también han sido claros: ningún proceso de paz avanzará o tendrá éxito sin su participación y sin sus voces.

En efecto, en agosto de 2012, cuando Santos anunció el inicio de nuevas negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, diversos sectores populares tradicionalmente sin poder ni voz (campesinos, indígenas, víctimas, afros, defensores de derechos humanos) así como individuos que hacen opinión pública, reaccionaron con una enérgica demanda de participación en el proceso. En respuesta, a finales de noviembre, el gobierno y las FARC emitieron el Comunicado Conjunto no. 5 con el cual solicitaron a las Naciones Unidas y a la Universidad Nacional de Colombia: 1) convocar a la sociedad civil a un primer espacio de participación; y 2) sistematizar las discusiones y propuestas del encuentro y reportar a la Mesa de Negociación (entre gobierno y FARC, también conocida como “Diálogos de La Habana).

 

Así nació el “Foro de Política de Desarrollo Agrario con Enfoque Territorial”, largo nombre de un espacio “oficial” para discutir el primer punto del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y que está orientado a determinar una política de desarrollo agrario integral. Recordemos que “tierra” es el primer tema de los diálogos de La Habana y en el que se espera que pasen el mayor tiempo negociando.

Y es que la tierra es a la vez causa y efecto del conflicto. Como su causa vertebral es la mismísima razón que llevó a los campesinos a organizar la guerrilla armada en los años 60s (FARC en 1964 y ELN en 1965). Agresivos procesos de concentración de la tierra por parte de los poderes del campo -y de paso, del país- habían operado en detrimento de campesinos que se quedaron sin tierra, que se quedaron con poca o que nunca la tuvieron. En las cinco décadas siguientes, el conflicto se tornaría más complejo por factores supervinientes como la producción de coca, amapola y marihuana, el paramilitarismo, la intervención de EE.UU, entre otros que ya se han llenado miles de páginas. Además, con el tiempo ya no se trató de una lucha entre campesinos y terratenientes solamente. El capitalismo llegó al campo colombiano y trajo consigo más actores, más conflictos y más desafíos.

Como efecto, el escenario principal donde sucede el conflicto armado es la Colombia rural. En palabras de Absalón Machado, uno de los más reconocidos académicos agraristas “en Colombia la tierra sigue siendo un factor de poder político que se ejerce a través de la violencia”. Dos cifras ilustran la violencia en el campo colombiano: los cinco millones y medio de habitantes rurales que han sido desplazados como consecuencia de la guerra han dejado atrás más de ocho millones de hectáreas perdidas por abandono o despojo forzoso.

Otros números nos permiten tener una mejor idea de la realidad, los poderes y la desigualdad de este campo colombiano: el índice de GINI de concentración de propiedad de la tierra (una conocida escala de medición de la igualdad en la cual el valor 0 determina igualdad y el valor 1 determina desigualdad) es de 0.891, muy cerca al 1 lo que quiere decir claro y fuerte: mucha tierra en pocas manos. De las 114 millones de hectáreas que conforman el territorio colombiano, 38 millones están destinadas a ganadería extensiva y nada eficiente (en muchos casos, hasta una cabeza por hectárea) y en poder de ganaderos agremiados que así como así controlan un tercio del país.

Además, el 74% de la población rural tiene necesidades básicas insatisfechas y casi el 80% de personas con hambre vive en el campo. De las veinte millones de hectáreas que pueden ser sembradas, sólo cinco millones se cultivan anualmente, lo que ocasiona que Colombia importe cada vez más alimentos básicos.

En crudo, Colombia tiene una de las más altas desigualdades de la propiedad rural en el mundo. En el mundo. No sin razón, Carlos Gutiérrez, de Le Monde Diplomatique Colombia, señala que el problema de la tierra es “la constante histórica” que determinará la solución o no del conflicto. Más allá del conflicto, la estructura agraria del país es en sí misma un obstáculo para el desarrollo, según el Informe de Desarrollo Humano que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en 2011 y tituló “Colombia rural: razones para la esperanza”.

El Foro de Política de Desarrollo Agrario con Enfoque Territorial se realizó del 17 al 19 de diciembre en Bogotá y contó con la participación de más de 1300 delegados y delegadas de las distintas regiones del país, incluidos representantes de 522 organizaciones campesinas, indígenas, afro-descendientes, de mujeres rurales, de trabajadores asalariados del campo, de organizaciones de víctimas y desplazados, ONGs, defensores de derechos humanos, sectores de la iglesia progresista. También contó con representantes de las empresas y gremios; el más destacado, la SAC, la Sociedad Agrícola de Colombia. La gran ausente fue la FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos. La negativa a participar de este poderoso actor del conflicto le valió múltiples criticas de diversos sectores de la sociedad colombiana, incluyendo al mismo presidente Santos. He aquí una muestra del poder y de la animadversión de los detractores de este proceso de diálogo. Y es que el conflicto sigue conviniendo a algunos…

Pero más allá de estas ausencias ¿quiénes son las voces rurales y qué le dicen al país –y, de paso, al mundo, a la región, a sus vecinos? Son voces diversas como diversa es Colombia. Representan distintas regiones y procesos históricos tanto de exclusión como de lucha. Son mujeres, hombres, jóvenes y no tan jóvenes. Son víctimas. Son luchadores. Sus voces se expresaron en plenaria a través de las diversas organizaciones sociales y plataformas. La Mesa de Unidad Agraria presentó el “mandato agrario”. El representante de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia enfatizó que la paz en el país pasa fundamentalmente por el respeto de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. La líder Olga Quintera de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina recordó la importancia de la movilización social como instrumento de lucha: “al despojo hemos respondido con aguerrida lucha social”. Nelly Velandia de las Mujeres Rurales de Colombia, otro espacio de coordinación nacional, presentó una muy elaborada propuesta desde la visión de género y del campo. Estuvieron presentes también representantes de Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, dos de las expresiones de unidad popular más importantes del momento.

¿Qué le dicen a Colombia? Le dicen mucho: claman justicia, exigen redistribución, muestran la tremenda diversidad de actores y conflictos en las regiones, dan cuenta, vivencial, de la durísima realidad del campo, y con lo que dicen, permiten que los oídos urbanos, académicos y mediáticos escuchen a la Colombia profunda de manera directa, sin mediadores edulcorantes.

Las voces no se cansan de presentar propuestas. Las principales tienen que ver con proyectos de ley para una reforma agraria, que el Estado se haga presente en el campo, que se dicten políticas públicas agrarias a favor de los pobres rurales, que se garantice el acceso a la tierra, que las mujeres rurales empobrecidas tengan acceso a tierra y créditos preferenciales, que se limite la extensión de la propiedad, que se frenen los monocultivos como palma y agro-combustibles, que se controle el fenómeno de la “extranjerización de la tierra” (compra masiva de grandes extensiones de tierra por extranjeros, similar a lo que ocurre en Chile y Argentina), que los terratenientes demuestren el uso productivo del suelo que poseen, que se formalice la tenencia en manos de los dueños tradicionales y no de los usurpadores actores y beneficiarios del conflicto, que se realice un censo agrario nacional, que se respeten los territorios de los pueblos indígenas, que las grandes empresas sean sujetas a tributación equitativa, que se presenten soluciones para la sustitución de los cultivos de coca, que se den condiciones de retorno para los desplazados y garantías de no repetición de la expulsión, que se reconozca y apoye la pequeña agricultura familiar y la soberanía alimentaria, y muchas más. La minería a gran escala se llevó una buena parte de las discusiones de las mesas y plenaria: es una de las amenazas más fuertes en la Colombia rural actual.

Sobre todo, las voces rurales de Colombia hablaron de resistencia sí, pero también de sueños de paz con justicia social. Todos los sectores terminaron las intervenciones con el mismo pedido a las FARC y al gobierno: que no se levanten de la mesa hasta haber alcanzado el acuerdo. Las voces rurales quieren un acuerdo. Pero no uno cualquiera, uno duradero, y para eso propusieron también mantener “un foro abierto ciudadano por la paz”.

Las palabras finales estuvieron a cargo de uno de los líderes sociales más comprometidos con el desarrollo rural pacífico de Colombia, el jesuita Francisco de Roux, más conocido como el padre “Pacho” quien, de manera pausada y firme, declaró con sencillez que este foro demostraba algo vital para el país: “no tenemos que matarnos para discutir el modelo de desarrollo”. Frase simple, poderosa y necesaria.

Frase que ojalá acompañe al resto de la negociación en La Habana.

 

Cristina Santacruz