El 2012 termina y carga un lastre de situaciones urgentes que no han sido resueltas y que, al contrario de lo promocionado, van de la mano con la crisis judicial que se vive en el marco de la reestructuración del sistema. Se ha limitado el concepto de “emergencia” de la función judicial a la remodelación de espacios físicos, todo al mejor estilo de políticas de maquillaje. Es decir, se persiste en las practicas de embellecer para disfrazar y se ha institucionalizado esta tendencia en todos los sectores, precisamente para que todos ellos se “beneficien del cambio” que no es otro sino el aumento de infraestructura y servidores, donde prima todo lo opuesto a lo que se dice buscar: corrupción, desigualdad, discriminación e injusticias. En un sistema de justicia ineficiente y abusivo, la situación de los derechos de la mujer es un asunto de supervivencia, de aguante y que siempre puede quedar “para después”. Especialmente en lo que respecta al tráfico de mujeres, donde el “quemeimportismo” se ha posicionado como política de estado. Y es que unos cuantos tweets del Ministerio del Interior y los vínculos a documentos en línea, no son suficientes para erradicar la trata.
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Ana Mendieta, Fresh Hell
En el país se producen cerca de 6.000 casos de trata de personas anualmente, de acuerdo a un informe emitido por la Defensoría del Pueblo en el 2010. La cifra se hizo pública en mayo de 2012 a propósito del Encuentro Nacional contra la Trata de Personas que se realizó en Quito. Donde se informó que el 66% de las víctimas de trata de personas en Ecuador son mujeres, el 13% son niñas y el 9% niños.
La cifra mencionada por el Fiscal General del Estado no es la real. El estudio denominado ‘La trata ante el espejo’, realizado en la frontera norte del país, con el propósito de conocer la realidad de la explotación sexual en Ecuador, elaborado por el proyecto de Fomento de Seguridad Integral de la Frontera Norte (Fosin), señala cifras de hasta 100 mil mujeres afectadas por este delito. El 79% de esas víctimas es destinado exclusivamente a la explotación sexual y pese a las altas cifras obtenidas en investigaciones, entre 2010 y 2011, únicamente se registraron 199 denuncias. Lo más grave –según declaraciones del Fiscal General Galo Chiriboga, recogidas en medios de comunicación– “es que de todas esas denuncias apenas 11 pasaron hasta la etapa de instrucción fiscal y solo 5 tuvieron sentencia condenatoria durante ese período”.
El plan para combatir la trata de personas con el que cuenta el país no tiene recursos. Hasta mediados del 2011 el tratamiento de este tema, especialmente en lo que respecta al financiamiento, estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, periodo en el que, acertadamente, se elevó el combate a la trata de personas como una política pública. Sin embargo, el financiamiento no fue aprobado de acuerdo a la guía metodológica de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). En consecuencia, la creación de un Comité contra la Trata de Personas (conformado por delegados de diferentes instituciones del Estado) en el marco de implementación de un plan anti trata, no está dando resultados.
Hasta mediados del 2012 se receptaron 34 denuncias por este delito y recientemente, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cañar declaró culpable a Jorge Arcesio Vásquez Marín, investigado por tráfico de personas. Luis Freddy Lala Pomavilla, único sobreviviente de la masacre en Tamaulipas, México, denunció a Vásquez como responsable de la organización de su viaje clandestino a Estados Unidos.
La erradicación de la trata es un tema urgente y necesario en el país y la región, tal como consta en el último informe global de las Naciones Unidas. El asumirla como política pública no consiste únicamente en declararla documentalmente, sino en implementar mecanismos que hagan factible y real la lucha. De no hacerlo, de no asumir la gravedad del tema como estado, cualquier declaración de interés de las autoridades no será mas que demagogia y discurso de campaña, que seguirá costando vidas.
Karla Morales
