El gasoducto que pretende construirse en la vía a la Costa hasta el Chorrillo para transportar grandes cantidades de gas licuado es una contradicción de varios niveles que a nivel gubernamental parecen no pretender resolverse.
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La primera de estas contradicciones nace de la pregunta ¿Cuándo deja de prevalecer la vida del hombre ante la fuerza del capital? Discurso que nuestro presidente Rafael Correa, difunde cada vez que tiene la oportunidad amparándose de transformaciones que se han hecho a nivel nacional, que entre otras cosas han “eliminado los poderes a la banca”. Y habría que preguntarle si ratificar la construcción del gasoducto en el tramo de la vía a La Costa-El Chorrillo, por donde alrededor de 300.000 personas serían perjudicadas, es prevalecer al hombre antes que el capital. A pesar de que varios de los posibles afectados, especialmente los cercanos a las urbanizaciones de vía a la Costa, han protestado respecto a la construcción del gasoducto, el gerente de refinación de Petroecuador, Carlos Pareja, ratificó que la construcción por la vía marcada no se puede cambiar por dos razones: El proyecto se atrasaría 1 año más y les costaría $ 600 millones más de lo presupuestado.
La siguiente contradicción parte de los derechos colectivos que poseen los moradores de los sitios por los que se pretende construir el gasoducto. La constitución de Montecristi, en su capítulo cuarto, sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades reconoce y garantiza :
“La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen”.
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Mientras nada de esto pase, y Petroecuador de continuidad a sus planes se están evadiendo derechos amparados en la Constitución, que sí se reconocen en otros casos como en las comunidades cercanas a los campos petroleros que se pretenden explotar para la décimo primera ronda petrolera. Según los moradores, los procesos en los que se solicita el cambio del trazado para la construcción del gasoducto y las varias acciones legales son anteriores a que todo este escenario se constituya en un hecho mediático para la prensa nacional y a pesar de eso el único resultado decanta en lo mediático.
La tercera de las contradicciones más cercanas es la inversión que realiza la empresa Petroecuador en materia ambiental, y que como parte la labor que realiza debería constituir uno de los mayores rubros en su presupuesto sin embargo, una base de datos trabajada por la empresa PODINPO sobre las contrataciones públicas registradas en el INCOP del 2009 a abril del 2012, revelan todo lo contrario. De 558.529 contrataciones solo 57 estuvieron destinadas por conceptos ambientales constituyendo el mínimo valor de $6.522.784,09, únicamente el 2% del total de contrataciones realizadas ($ 34´131.1003,4) por la empresa en este período, entre las que se incluyen escritorios metálicos, artículos análogos, entre otros de menor importancia y trascendencia para el medio ambiente pero descritos como tal.
El gasoducto es un hecho que sucede como Albert Camus describiría en La Peste y hay que proceder como en ella “reconocer claramente lo que debía ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. En seguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente”. Esta vez, el valor que tiene la vida de los seres humanos se debe defender desde la colectividad hacia la colectividad como actores de un principio que se llevó el gobierno en un discurso de conveniencia.
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Jéssica Zambrano
