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@mariasolborja

Son diez nombres. Diez historias, que se pueden resumir así, como en una ficha breve de registro[1]. Abigail Heras, cuencana de 28 años, egresada de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Cuenca, casada, madre de un niño de tres años. Cristina Campaña, quiteña de 23 años, estudiante de Administración de la Universidad Central, Vice

presidenta de la Asociación Escuela de esta facultad. Fadua Tapia, quiteña de 19 años, graduada del Colegio Benalcázar, estudiante de primer semestre de Jurisprudencia de la Universidad Central, soltera, madre de un niña de tres meses, estaba embarazada durante la detención por lo cual es la única con medidas sustitutivas. Santiago Gallegos, ibarreño de 30 años, ingeniero agroindustrial, trabajaba en el IESS de Ibarra. Héctor Estupiñán, esmeraldeño de 27 años, ingeniero en sistemas, dicente secundario y universitario. Royce Gómez, guayaquileño de 25 años, odontólogo que ha realizado trabajos en barrios marginales de Guayaquil como el Guasmo. César Zambrano, esmeraldeño de 19 años, estudiante secundario, instructor de talleres de formación en actividades culturales y sociales. Pablo Andrés Castro, quiteño de 24 años, estudiante de Gobernabilidad, quien, cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, le entregó al Presidente Correa el plan “El Ecuador que los jóvenes queremos”, asistió como parte de la comitiva presidencial al Foro Social en Brasil en 2009. Luis Alberto Merchán, guayaquileño de 24 años, estudiante de cuarto año de derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil, ex Secretario Provincial de FESE en Guayas. Víctor Hugo Vinueza, 48 años, sociólogo, empleado de la Universidad Central, dirigente de empleados y trabajadores, dirigente barrial.

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Todos están detenidos. Todos, excepto Fadua Tapia quien se encuentra con medidas sustitutivas por haber estado embaraza de cuatro meses al momento de la detención, lo que significa que debe presentarse ante un juez una vez a la semana.

La historia inicia el 3 de marzo de este año, cuando estos diez dirigentes estaban reunidos en un condominio en el populoso sector de Luluncoto en el sur de Quito. Según lo han contado varias veces la reunión era para tratar temas de coyuntura social y política, relacionados a la manifestación que se daría al día siguiente, denominada Marcha Plurinacional por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos, organizada por sectores indígenas en contra del Gobierno y en la que estos dirigentes también participarían.

Sin embargo, según sus relatos y declaraciones oficiales, la reunión ni había empezado cuando inició el demonimado Operativo Sol Rojo, en el cual los jóvenes fueron detenidos, acusados de planificar actos desestabilizadores contra el Gobierno. Durante dos horas, según el testimonio de Fadua Tapia, fueron inmovilizados, boca abajo, ella incluida a pesar de que había anunciado su estado de gestación, para posteriormente ser detenidos sin explicaciones, incomunicados y acusados de actos terroristas.

El 4 de marzo se llevó a cabo la audiencia de flagrancia y en una rueda de prensa, el Ministro del Interior, José Serrano, anuncia “la captura de 10 líderes del GCP, Grupo de Combatientes Populares” y denuncia que éstos habrían estado preparando una seria de actos violentos, se los relaciona entonces con las detonaciones de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, que había ocurrido entre el 17 y 22 de noviembre de 2011, y se habla de “amenaza a la seguridad del Estado”.

El lunes pasado, se cumplieron nueve meses desde que los jóvenes fueron detenidos. Nueve meses de que no se han conocido pruebas concretas que respalden las acusaciones que hace la fiscalía. Nueve meses de denuncias de abusos y malos tratos, denuncias que hace públicas la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, encabezada por la activista de derechos humanos Elsie Monge, conocida también por haber sido parte de la Comisión de la Verdad que buscaba revelar hechos ocultos del caso de los Hermanos Restrepo. A esta organización se unen otras como la Clínica Ambiental y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH y realizan el Informe de Psicoanalis de Derechos Humanos, caso 10 detenidos en Luluncoto, Operativo Sol Rojo, en el que se determina que los detenidos sufren de estrés postraumático, ansiedad, insomnio, falta de apetito, sufrimiento mental severo, depresión, intenciones suicidas y comportamiento autoagresivo. Santiago Gallegos cuenta en este informe que: “Lo primero que pensé es que iban a terminar con nuestra vida porque entraron una cantidad indeterminada, entre 30 y 40 policías, muchos de ellos portaban armas de grueso calibre y nos apuntaron a la cabeza y nos botaron al suelo con violencia […]Luego de ahí nos levantaron y nos pusieron de rodillas y nos amarraron […] nos sacaron nuestras cédulas. Inclusive a mi me pusieron unas cosas que no me pertenecían en el suelo y me enfocaron con la cámara fotográfica hacia mí y hacia las cosas que nos ubicaron en el suelo […] jamás nos presentaron una orden de allanamiento […] la mayoría de ellos estaban encapuchados, con máscaras, y jamás tampoco nos presentaron una orden de detención, además nos estaban interrogándonos de hechos que nosotros no conocíamos, por ejemplo decían:`¿quién es el jefe, qué van a hacer, dónde están los explosivos´ […] era evidente que se estaba creando una escena de un supuesto crimen en ese momento […] entonces yo lo que pensaba en esos momentos es que nos iban a matar, que iba a pasar lo que es `el caso Restrepo´ no sé ”.

Como este, el informe recoge otros testimonios de los detenidos y sus familiares, como el de Cristina Campaña, quien también denuncia que le habrían puesto en su cartera documentos que no eran de ella y que servirían como pruebas en su contra. “[…] Era el amedrentamiento, hasta en la audiencia de formulación de cargos la persona que escaneaba y que puse las cosas me dijo: `tú tienes que comprobarme que yo te puse eso porque yo voy a negarlo´[…]”

Y es que hasta el momento no se han podido conocer, al menos a la luz pública, cuáles son las pruebas reales que han utilizado las autoridades para inculpar a estos jóvenes de algo tan grave como atentar contra la seguridad del estado o terrorismo. Si el propio gobierno no reconoce a las FARC como terroristas, ¿cómo puede declarar a estas diez personas como tales? Terrorismo, según define la Real Academia de la Lengua es la dominación por el terror, la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. ¿Qué actos violentos han ejecutado los Diez de Luluncoto? ¿Qué pruebas existen de que realmente tenían planes de ejecutar acto terrorista alguno?

Y es que ahora, la vida de estos diez jóvenes dio un giro completo. Nueve están recluidos, han perdido sus empleos, están alejados de sus familias, de sus ciudades en algunos casos y han sido dados a conocer al país como “terroristas”. La décima, tampoco ha podido hacer su vida normal y permanece con medidas sustitutivas, con la incertidumbre permanente de poder ser ingresada a un centro carcelario en cualquier momento, como lo ha relatado ella misma.

Uno de los detenidos, Luis Merchán, cuenta las difíciles condiciones en las que ahora vive, en un pabellón con 150 personas “[…] No hay como estar ahí. Humo de marihuana, drogas y tabaco, empecé a sentirme enfermo: con gripe y tos. Pedí exámenes a la trabajadora social, pero ella me dijo que si había sido acusado por acciones contra el Estado, cómo pretendía que el Estado pagara mis exámenes[…]” ¿Puede el Estado negar a un joven detenido el derecho a acceder a la salud? ¿Y las cuñas que nos inundan a diario sobre los cambios de esta revolución de manos limpias? ¿Dónde están las manos limpias aquí? ¿Dónde está esa justicia transparente de la que tanto escuchamos en época electoral?

La historia de miedo, de angustia, de incertidumbre que viven estos jóvenes hoy en día, inició con el allanamiento y la detención en Luluncoto y continuó dos meses después cuando grupos especiales de la policía, en operaciones simultaneas, allanaron las viviendas de sus familiares. De la casa de Fadua Tapia, por ejemplo, se habrían llevado como evidencia casetes de música protesta, un pañuelo sandinista, un pasamontañas, un informe del colegio de Fadua y una pistola oxidada que hace más de quince años no disparaba y que era guardada como una reliquia de la familia. Fadua, vivió por segunda ocasión la invasión policial en su casa, en donde estaba con custodia.

En la casa de Abigail, la situación habría sido similar, tal como lo relata su papá: “A las cinco de la mañana vinieron a mi casa, los policías iban a romper la puerta, cuando bajé el juez me enseñó la orden, les dejé pasar porque `quien nada debe, nada teme´. Revisaron toda la casa. Se llevaron dos computadores, cd´s de música, dinero”. La única casa que no fue allanada fue la de César Zambrano, quien había declarado que no vivía con su familia y había dado otra dirección.

Los siete hombres permanecen actualmente detenidos en el Centro de Detención Provisional de Pichincha, CDP en Quito, mientras las dos chicas están en la Cárcel de Mujeres. Y mientras tanto sus familiares coinciden ene que la prensa ha dado muy poca información sobre el tema, que no ha habido interés en investigar el caso, sin embargo dicen que algunos medios independientes del Gobierno, los han apoyado, mientras que los otros se refieren a los detenidos como terroristas. La madre de Royce Gómez cuenta que acudió al canal 2 a pedir apoyo y cuenta que ahí le sugirieron que pida perdón al Presidente en nombre de su hijo, a lo cual se negó y se fue.

El caso llamó la atención de los medios este viernes 7 de diciembre, cuando los nueve detenidos iniciaron una huelga de hambre. Poco después de que esto se conociera el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa que también está disponible en su página web con el título “Varias evidencias detallan actividades subversivas de detenidos en Operativo Sol Rojo”. Ya en el texto se señala que “Manuales para fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar, agendas para la ejecución de llamadas de explosivos en protestas fueron algunas de las evidencias encontradas en las agendas, computadoras y memorias de almacenamiento incautadas durante la redada que en marzo de este año en Luluncoto, al Sur de Quito. Esto permitió la detención de la organización autodenominada Grupo de Combatientes Populares[2]”. En el mismo comunicado se relaciona a los Diez de Luluncoto con las bombas panfletarias que explotaron en tres ciudades del país, y se añade que “Uno de los documentos hallados refiere la agenda que cumpliría el grupo entre mayo y septiembre de este año. Se incluyen actividades como: campañas de reclutamiento, afirmar mandos y combatientes en la dirección de masas y afirmar conocimientos militares. En otro documento se detallan actividades programadas para los primeros días de marzo, durante la marcha prevista por organizaciones sociales en Quito. En uno de los puntos se señala ‘El día de la marcha se realizarán llamadas de explosivos en Senagua y otras mineras’”. Se asegura además que en el teléfono celular de Royce Gómez “se hallaron mensajes cifrados”, escribiendo una palabra por envío, según el comunicado para evitar que sean interferidos, cita entonces algunas frases que habrían encontrado en el teléfono de Gómez “Verás, antes de que cojas un arma, deberás saber para qué fue creada un arma. Lo sabes?.” “Un arma fue creada para matar considerando número 1, no para amagar, asustar o amedrentar”. El texto detalla que estos indicios habrían servido para acusar a los detenidos de terrorismo y sabotaje y menciona que el MPD ha sido la organización “que mayor presencia mediática ha realizado a favor de la inocencia de los diez detenidos […] Al menos cuatro detenidos registran actividad cercana a dicha organización política. Fadua Tapia, una de las tres detenidas, aparece en el puesto 14 en la lista de candidatos a asambleístas nacionales por la Coalición Pluricultural de la que es parte el MPD”. Se menciona también que se hallaron cheques girados desde varias cuentas bancarias “una de ellas sería propiedad del MPD, emitido a favor de Jafet Leiton.” Se vincula también a uno de los detenidos, Héctor Estupiñan, con esa organización política y se especifica que habría mantenido una relación laboral en una entidad pública “su nombre aparece calificado como Servidor Público de Apoyo 4, en el cuadro de Roles de la Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en esa provincia (Esmeraldas). En este organismo se asume que ingresó a la entidad por gestión de dos consejeros, también relacionados ideológicamente con el MPD”.

Si bien el comunicado oficial no es del todo claro, pues contiene errores de redacción y en cuanto a la terminología (asumimos por ejemplo que al hablar de Coaliación Pluricultural se refiere a la alianza entre varios movimientos llamada Unidad Plurinacional de las Izquierdas, de la que en efecto, es parte el MPD), el fondo del comunicado gira en torno a la existencia de pruebas acusatorias, según el Ministerio del Interior claro está, al respeto del proceso (según el comunicado, sí existían las ordenes correspondientes “la incursión policial y posterior detención de los diez detenidos se cumplió acatando una orden judicial legalmente emitida por un juez de garantías penales”) y se hace énfasis en la presunta vinculación de los detenidos con el MPD, que personalmente, muy personalmente, considero que no es una organización que esté avalada dadas las prácticas que ha tenido históricamente, sin embargo, no es un delito que uno o diez estudiantes sean afines con la misma, por ende, me queda la pregunta suelta ¿el hecho de que sean cercanos al MPD los convierte automáticamente en terroristas?

La audiencia de juzgamiento está programada para este lunes 10 de diciembre, irónicamente, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y es que llama la atención que un grupo de diez personas sean detenidas de esa forma, sin que se presenten pruebas contundentes para demostrar que realmente podían representar un peligro para el Estado. Llama la atención que siendo un caso que tiene todos los elementos para ser escandaloso, casi no ha tenido repercusión mediática. Y la justicia, esa famosa justicia transformada, esa independiente, ¿será también ahora tan independiente como cuando a la tarde de la visita presidencial a dos involucrados en el caso Duzac, estos fueron liberados? Quizás eso es lo que le falta a este caso, que el CDP y la Cárcel de Mujeres abran las puertas para que quien manda en la justicia dé su dictamen y los Diez de Luluncoto puedan retomar sus vidas.


[1] Datos proporcionados por el informe de CEDHU

[2] Es copia textual del comunicado, con errores y todo.

 

María Sol Borja