Entrevista a Pablo Fajardo, abogado principal de los demandantes del caso Chevron.
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Entrevista a James Craig, asesor de comunicación para África y América Latina de Chevron.
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Foto de www.ecuadorenvivo.com
1. ¿Texaco llegó a Ecuador en 1964 y recién en 1972 comenzó a operar?
En 1964 el gobierno ecuatoriano invitó a Texaco Petroleum Company y a Gulf Oil a explorar y producir petróleo en el Oriente a través de una sociedad con el gobierno. En 1967, la Texaco-Gulf perforó el primer pozo productivo, Lago Agrio-1.
Este proceso de exploración se consolidó en un Consorcio para la explotación de los campos del Oriente con la participación del Estado ecuatoriano, que creó para el efecto en 1972 la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE.
2. ¿En cuántos campos petroleros operó Texaco?
El consorcio CEPE-Texaco operó en los campos de Lago Agrio, Guanta, Aguarico, Shushufindi, Sacha, Yuca, Auca, entre otros. La intervención de la explotación se dio en área de 681 hectáreas, menos del 1% del área de concesión (442.965 hectáreas). Las operaciones de producción se realizaron en tierras de propiedad del gobierno y se condujeron de conformidad con las leyes y regulaciones ecuatorianas.
3. ¿Cuántos derrames de petróleo hubo en la zona desde 1972 hasta 1990?
De acuerdo al banco de datos de SIPAS del Ministerio del Medio Ambiente se produjeron 218 derrames hasta 1990. (Según una auditoría de la empresa HBT-AGRA hubo 230 derrames hasta 1990). Comparativamente, Petroecuador registró 1.415 derrames en la zona solo entre 2000 and 2008, según cifras de la misma estatal.
4. ¿Cuál era el sistema para eliminar los residuos de las exploraciones y extracciones?
Texpet siguió un procedimiento de remediación que incluyó 8 pasos. En el Paso 5, se realizó un tratamiento de suelos mediante uno o varios de los tres métodos (Recuperación mejorada por surfactantes, Estabilización In-Situ y Bioremediación).
5. ¿Cuántas hectáreas remedió la empresa, cómo fue este proceso y en qué año?
En cumplimiento de un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, entre 1995 y 1998, Texpet remedió 162 de las 430 piscinas petroleras identificadas (además de 6 áreas de derrame) en dos auditorías, una proporción de los pasivos ambientales igual a su participación en el Consorcio con Petroecuador.
Esta remediación cumplió las leyes ambientales de la época (Acuerdo Ministerial No. 621), y fue aprobada en 1998 por el Gobierno del Ecuador y por el propio Petroecuador, luego de un amplio trabajo de verificación, donde participaron expertos de la Universidad Central.
En 1998 Texaco Petroleum Company fue liberada de cualquier futura responsabilidad. El resto de piscinas y áreas le correspondía remediar a Petroecuador.
6. ¿Quedaron áreas sin remediar? ¿Cuántas hectáreas?
En un aviso publicado en el 2006, Petroecuador reconoció responsabilidad por remediar 265 piscinas que quedaron de la época del ex Consorcio (ver aviso adjunto), pero los demandantes por años se opusieron a cualquier intento de remediación por parte de la estatal, a pesar de que el Estado incluyo esos pasivos en su programa de remediación PEPDA. Hoy en día, el estado actual de la zona de la antigua concesión es responsabilidad de Petroecuador, quien ha operado en esa zona durante los últimos 22 años.
7. ¿Cuáles fueron las acciones de «responsabilidad social» que la petrolera emprendió en la zona? ¿Proyectos de salud, educación…?
Texaco realizó contribuciones financieras a muchos hospitales y clínicas y a proyectos para llevar agua potable a diversas áreas de la región Oriental.
Texaco creó un fondo de 1 millón de dólares para proyectos socioeconómicos dirigido por las organizaciones no-gubernamentales FOISE y FCUNAE.
Un segundo fondo de 1 millón de dólares fue creado por la compañía para la construcción de 4 colegios y clínicas cercanas.
En total se produjeron aproximadamente 1.7 millones de barriles de petróleo. 95% de los beneficios de la operación quedaron en el país en forma de regalías, impuestos, subsidios y por participación accionaria del Estado en el Consorcio. De los aproximadamente 25 mil millones de dólares generados, 490 millones de dólares quedaron con Texaco Petroleum como utilidad neta y 24.5 mil millones de dólares se quedaron en el Ecuador.
8. Alguna vez dijo que Petroecuador es quien no cumplió con parte del acuerdo y que eran ellos quienes debieron remediar. ¿A qué se refiere? Puede explicar más…
Como mencionamos arriba, Petroecuador asumió y reconoce que tiene la responsabilidad de remediar los 2/3 de piscinas identificadas en las auditorias de la época del Consorcio. Recientemente Petroecuador anunció que llevará a cabo la remediación, a un costo de 70 millones de dólares justamente de los sitios comprendidos en la demanda fraudulenta de los demandantes. Los demandantes han basado su demanda sin méritos, su juicio corrupto y su sentencia fraudulenta en la burda tergiversación de estos hechos históricos y la negación de los compromisos asumidos por el Estado.
9. ¿Por qué Chevron insiste en que la sentencia y el juicio es un fraude?
Porque Chevron no tiene responsabilidad alguna por los supuestos daños en el Oriente ecuatoriano. Además, la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos es producto de fraude, colusión con autoridades corruptas, chantaje y otras conductas ilícitas de los abogados demandantes. La corrupción está ampliamente comprobada, pero ha sido simplemente ignorada por las cortes ecuatorianas de primera y segunda instancia.
En efecto, la sentencia emitida por el juez Nicolás Zambrano, además de ser escrita en secreto por los abogados demandantes y otros, se fundamenta ilegítimamente en evidencia fraguada y sin fundamento científico. Se basa ilegalmente en la aplicación retroactiva de la ley. Ignora la liberación de responsabilidades otorgada a Texaco Petroleum Company (TexPet) por el gobierno ecuatoriano luego de la remediación realizada en los años 90 en un número de sitios proporcional a su participación accionaria. Además, concede indemnizaciones punitivas y otros daños nunca pedidos en el reclamo de los demandantes y no autorizados por la ley ecuatoriana. Tampoco reconoce que cualquier impacto que hubiere actualmente en la región corresponde a Petroecuador, único operador durante más de dos décadas, y al propietario de dicha empresa que es el Estado ecuatoriano.
Chevron ha acumulado una montaña de evidencia – pruebas entregadas a la empresa por los mismos representantes de los demandantes bajo órdenes judiciales en Estados Unidos – que sustenta la posición de la empresa. Como resultado de procedimientos judiciales realizados en Estados Unidos, la empresa ha conseguido, entre otras evidencias, más de 500 horas de tomas no utilizadas de la película CRUDO, copias de las memorias de las computadoras de los demandantes y cientos de miles de páginas de documentos, incluyendo correos electrónicos, diarios, borradores de informes, memorándums, etc. Gracias a esta evidencia, se ha confirmado que:
1. La sentencia de primera instancia no fue redactada por el juez Zambrano, sino por los abogados demandantes. Textos confidenciales de los abogados demandantes que no aparecen en el expediente del caso son copiados textualmente en la sentencia firmada por Zambrano. Información del banco de datos privado de los demandantes, que jamás fue presentado a la Corte durante el juicio, aparece copiada en la sentencia con errores, inclusive con errores ortográficos, fácticos y matemáticos. Además, análisis lingüísticos forenses hechos por la empresa indican que la sentencia tiene varios autores, pero ninguno de ellos es Zambrano, basado en sus anteriores fallos como juez ponente en otros casos.
2. Los abogados demandantes conspiraron con la Corte para nombrar un perito supuestamente independiente para que sea auxiliar del juez para la elaboración del Informe Pericial Global, principal documento técnico del caso. Luego, el informe fue preparado secretamente por los técnicos norteamericanos de los demandantes, traducido al español, firmado por el perito Richard Cabrera y presentado a la Corte como si fuera producto de su esfuerzo independiente y transparente. Sabemos esto porque tenemos los borradores del informe preparado fraudulentamente por Stratus Consulting de Denver, Colorado, (consultora técnica de los demandantes) y los correos electrónicos de los abogados demandantes traduciendo y editando el documento pocas horas antes de que fuera presentado a la Corte. Tenemos también tomas no utilizadas de Crudo de una reunión entre los abogados y técnicos de los demandantes con Cabrera antes de su nombramiento como perito para conspirar en la elaboración del informe.
3. Los abogados, activistas y representantes de los demandantes conspiraron para presionar y chantajear a los jueces de Sucumbíos para permitirles ilegalmente abandonar su obligación de terminar las inspecciones judiciales, para bloquear la inspección del laboratorio no acreditado que usaron, para nombrar a Cabrera, entre otras decisiones. Esto se evidencia en múltiples tomas de la misma película, que se pueden ver en nuestra página web: www.juiciocrudo.com, y también en numerosas
correos electrónicos y en el diario de vida y propuesta de libro de Steven Donziger, líder de la campaña contra Chevron y principal abogado de los demandantes.
4. Falsificaron las firmas de por lo menos 20 de los 48 demandantes nombrados en la demanda. Este delito está comprobado por análisis forense de las mismas firmas como constan en el escrito que autoriza la demanda, comparándolas con las firmas oficiales de los documentos de identidad de los demandantes.
5. Falsificaron por lo menos dos informes periciales. El perito técnico de los demandantes, Charles W. Calmbacher, declaró bajo juramento que los informes presentados a la Corte por los abogados demandantes en su nombre no fueron escritos por él y no contenían sus conclusiones. También declaró que no encontró riesgos para el medioambiente o la salud humana en los lugares que él inspeccionó, contradiciendo las aseveraciones de los demandantes y los informes que presentaron a nombre de Calmbacher para los pozos Sacha-94 y Shushufindi-48.}
6. Confabularon con el Gobierno para conseguir acusaciones penales completamente infundadas contra dos abogados de Chevron. Una toma de la película Crudo demuestra una reunión que sostienen con Alexis Mera, Asesor Jurídico del Presidente Rafael Correa, para tramar con el Gobierno como minar la defensa legal de Chevron en el juicio.
Como estos ejemplos hay muchos más que explican por qué Chevron no acepta las sentencias ilegítimas de primera y segunda instancia en Lago Agrio.
Y Chevron no es la única en notar este comportamiento ilícito y/o antiético de los abogados demandantes. Hasta el momento, siete jueces federales de Estados Unidos han dicho que hay evidencia de fraude en el proceso ecuatoriano contra Chevron. Lamentablemente, las autoridades ecuatorianas no han investigado, y mucho menos sancionado, a alguien por estos delitos.
10. ¿Desde cuando es parte de Chevron desde el cargo que ocupa actualmente?
El cargo actual que tengo, asesor de comunicación para África y América Latina, lo he tenido desde agosto de este año. Pero he sido portavoz de la empresa para América Latina, y en especial el caso fraudulento ecuatoriano, desde mediados del 2008.
11. Si hacemos un recuento de los 20 años del caso, podría nombrar los momentos más determinantes.
Uno de los momentos más importante del caso fue en el año 2006. En vista de que los informes de los peritos de las partes eran discrepantes durante las inspecciones judiciales, la Corte nombró cinco peritos independientes. En cumplimiento de su función ordenada por la
Corte presentaron su informe respecto a los resultados de la inspección del pozo Sacha-53 (febrero, 2006), concluyendo lo siguiente:
• Las áreas remediadas no representan un riesgo de salud pública ni contienen niveles dañinos de contaminantes derivados del petróleo.
• Texaco Petroleum Company (Texpet) condujo una remediación efectiva que cumplió con todas las normas de cierre incluidas en el Plan de Remediación aprobado por el gobierno del Ecuador y Petroecuador.
• Las concentraciones de metales pesados en petróleo crudo son muy bajas y no representan un peligro significativo.
• Los resultados de las pruebas en agua realizadas en zonas aledañas, no muestran contaminación por petróleo o metales.
• Los resultados de las pruebas realizadas en agua potable, mostraron la presencia de altos niveles de contaminación por bacterias, tanto fecales como totales.
Cuando los propios peritos de la Corte le dieron la razón a Chevron, los demandantes iniciaron una campaña para ejercer presión sobre la Corte para que el juez les permita “renunciar” a realizar las inspecciones judiciales que ellos mismo solicitaron, y por tanto a probar sus acusaciones. El juez negó por dos veces esta solicitud pero a la tercera, en medio de acusaciones de “traidor” y de “corrupto” al juez, cedió al pedido. Además, boicotearon e impidieron la presentación de nuevos informes dirimentes. (Aquí deberíamos decir algo como: Todo esto llevo al juez nombrar a Richard Cabrera, cómplice oculto de los demandantes, como perito “independiente” de la Corte para preparar el Informe Pericial Global del caso, el cual al final fue redactado en secreto por los mismos abogados y técnicos demandantes y presentado a la Corte como si fuera de él. El fraudulento (y erróneamente llamado) “Informe Cabrera” recomienda a la Corte que ordene a Chevron pagar daños y perjuicios por más de 27 mil millones de dólares, cumpliendo así con la estrategia de los demandantes de imponer un monte delirante para presionar a la empresa para que les escriba un cheque gigantesco.)
Otro momento importante fue en los últimos años, cuando Chevron empezó a obtener abundante evidencia del fraude cometido por los abogados demandantes en el juicio de Lago Agrio, a través de procesos judiciales de descubrimiento de pruebas en Estados Unidos, conocidos como «discovery proceedings». Los documentos incluyen declaraciones juramentadas, correos electrónicos, tomas no utilizadas de la película CRUDO y segmentos del diario de Steven Donziger, cabecilla y principal abogado estadounidense de los demandantes. Las evidencias confirman:
1. Reuniones secretas de los demandantes con los jueces.
2. Presión de los demandantes a los jueces.
3. Colaboración impropia del Gobierno ecuatoriano con los demandantes.
4. Admisión de los demandantes que no tiene evidencias.
5. Colusión de los abogados y técnicos de los demandantes con el perito de la Corte Richard Cabrera, incluyendo coimas pagados por medio de una “cuenta secreta”.
6. La redacción clandestina de la sentencia por parte de los abogados demandantes.
Estas pruebas han sido colocadas ante la corte y ante las autoridades ecuatorianas. También forman parte del cuerpo de evidencia que se ha colocado ante las Cortes de Estados Unidos y un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
12. ¿Qué medidas está tomando Chevron frente a los dos procesos de reconocimiento de sentencia que se llevan a cabo en Brasil y Canadá?
Chevron, por política de la empresa, no habla públicamente de los detalles de su estrategia legal, pero podemos afirmar lo siguiente:
La sentencia ecuatoriana es ilegítima y el resultado de sobornos y fraude. La compañía cree que el fallo obtenido en el Ecuador no sería ejecutable en ninguna corte del mundo que respete y se apegue al Estado de Derecho.
Si los abogados de los demandantes creyeran en la integridad de su fraudulenta sentencia, buscarían su ejecución en los Estados Unidos –donde Chevron Corporation tiene su sede. (Recordamos que la única empresa demandada y sentenciada en este caso – aunque de forma corrupta y por medio de fraude – es Chevron Corporation, basada en San Ramón, California, y la empresa en Estados Unidos tendría suficientes activos para satisfacer la sentencia. Empresas subsidiarias en otras partes del mundo no tienen nada que ver con el caso ecuatoriano.) Sin embargo, los abogados corruptos detrás del juicio contra la empresa no se atreven a ir a Estados Unidos ya que tendrían que enfrentar el hecho de que ya siete cortes federales de ese país han determinado que existe evidencia de fraude en el juicio en Ecuador.
Chevron se defenderá enérgicamente contra cualquier acción para la ejecución de la sentencia. Chevron también seguirá buscando, mediante el proceso arbitral pendiente en La Haya, que la Republica del Ecuador cumpla con su obligación de resarcir a la compañía por los costos y daños ocasionados a la empresa al tener que defenderse por más de 9 años en este litigio corrompido y fraudulento. De igual manera la empresa tomará las debidas acciones jurídicas contra los representantes de los demandantes por asociación para delinquir y extorsionar, en el proceso amparado bajo la ley RICO (por sus siglas en inglés) que se sigue en Nueva York.
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