El juicio de las comunidades amazónicas versus Texaco se inició en 1993. Tuvo como jurisdicción los Estados Unidos de América, luego pasó a la corte de Sucumbíos, en la que, diecinueve años después, se ha dictado la mayor indemnización por daños medioambientales de la historia: diecinueve mil millones de dólares.
Eso es lo que se sabe, a grandes rasgos, del caso Texaco. De ahí, el juicio ha sido una materia espesa, oscura y fétida, casi como el petróleo derramado en las selvas ecuatorianas.
Pocas personas están al tanto de que de este caso siguen mandando consecuencias en una discusión que los medios tradicionales han evitado, limitándose a la somera reproducción de cables internacionales, boletines de prensa o hechos ciertos que Twitter se encarga de notificarle al mundo de forma instantánea.
Es decir, los medios (con ciertas excepciones) han llegado siempre tarde y mal al abordaje del caso, lo que deja a un tema tan delicado fuera de la discusión pública y, por sobre todas las cosas, lejos del imaginario occidental: la proyección mediática refuerza la percepción de que ese es un juicio lejano, allá en la selva, donde los ciudadanos del mundo no tienen nada que hacer.
El trickle down del caño del mayor juicio ambiental de la historia continúa y las gotas que van a caer en el futuro inmediato tendrán repercusiones mediáticas, económicas y hasta geopolíticas.
El silencio de los ¿inocentes? [medios]
11 de febrero del 2011. Un par de cables internacionales –Efe, Reuters, AFP, AP- llegaron a Diario La República de Lima y reportaban que Nicolás Zambrano, juez de Sucumbíos, había dictado la sentencia a favor de los afectados –comunidades indígenas y colonos- por los cargos de contaminación efectuados por Texaco-Chevron en la amazonía ecuatoriana. El monto: 9 mil millones de dólares. El editor del suplemento dominical de Diario La República le solicita a una de sus periodistas (ecuatoriana a la sazón) que haga una nota sobre “el juicio medioambiental más millonario del mundo”. El producto final, una suerte de resumen, se tituló “La Victoria de los Débiles”.
En la investigación para su artículo, la periodista tuvo dificultades para explicar (dentro de la tiranía del límite de caracteres de los medios tradicionales) un juicio de casi 20 años. La información se tornó difícil porque los medios ecuatorianos no proveían (al menos en sus versiones web) de información completa sobre el caso. Varias publicaciones a través de los años, pero casi siempre noticias descontextualizadas sobre algún anuncio del juez, alguna protesta de los afectados en Quito u otras medidas judiciales emprendidas por la petrolera intentando frenar el proceso.
En general, pequeñas notas que en conjunto cuentan la historia con algunos vacíos pero separadas solo la confunden más.
Navegando para tener más información, encontró dos notas que le llamaron mucho la atención. El hombre que humilló a Chevron, un perfil de Pablo Fajardo en Diario El País de España y Jungle Law , un reportaje extenso en Vanity Fair de Estados Unidos.
El de la revista tiene 9 páginas en las que explica detalles incluso de la situación de Lago Agrio antes de que la petrolera opere. Un texto altamente recomendable. Este reportaje tendría trascendental importancia en el camino que el juicio tomaría en su tramo final, donde se ejecutaría la sentencia. Una anécdota que explica la importancia de que la información se difunda. Una anécdota que se reivindica el valor que para la sociedad tiene el periodismo, cuando no es una bandera política o la justificación de las agendas estatales.
Recientemente, The New Yorker publicó otro extenso y muy completo reportaje sobre el caso.
Y aunque los tres son medios de comunicación de renombre y ofrecen información valiosa para entender el tema, son solo tres.
En regla general, el caso sigue siendo invisible para el mundo; lejano, ajeno, selvático.
Para saber qué tan (in) visible es, basta un ejercicio rápido. En una consulta a quince periodistas de la región (y uno del Reino Unido) sobre si conocían, habían escuchado o leído publicaciones sobre el caso, nueve contestaron: seis dijeron que no habían escuchado o que se habían publicado solo breves cables de agencias (dos de Colombia, dos de Perú, una de El Salvador y uno de Uruguay).
Una periodista venezolana radicada en Estados Unidos que trabaja en BBC Mundo comentó que se habían escrito varios trabajos acerca del caso pero que las notas se han enfocado mucho más en la demanda y las demás acciones legales y casi nada en el impacto que eso ha tenido en las comunidades indígenas. La información que mencionó se semeja mucho al caso de los otros medios porque toman en cuenta solo los cables y publican sin contextualizar, a veces ni entrevistan a la contraparte y ni siquiera entienden la magnitud del asunto.
Otra periodista peruana envió por mail un reportaje denominado El crudo se apoderó de la Amazonia ecuatoriana (este es el link pero solo se puede ver completo con una cuenta activa). Este tema sin duda tiene una mejor producción que las recién mencionada porque el periodista deja claro que para realizar el reportaje visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos.
Al final de la nota se podría revelar su “razón de ser”. Perú también es un país en desarrollo que, al ser también es extractivista, también ha sufrido contaminación ambiental. Y en el artículo intenta comparar el caso Chevron con su situación de extracción de recursos, como la minería. No que no sea válido pero sí parecería una publicación por una coyuntura nacional como son los conflictos socioambientales por la minería.
Al otro lado del charco, el periodista inglés respondió que había leído sobre el caso pero que “dijeron que el resultado era por fraude y que no era legítima y que si hubieron tenido caso lo hubieran perseguido en los Estados Unidos, no en Ecuador, por eso no quisieron pagarlo”. ¿Cómo es que una información tan especifica y parcializada llega hasta allá? Especialmente después de que fue la propia Chevron Texaco la que logró mover de sede el caso –de New York al Ecuador– por una demanda basada en la fórmula jurídica del forum non convenience.
Podría sonar ingenuo, por un lado, y conspirativista, por el otro, pero aquí es donde quizás se responde la pregunta inicial: ¿Por qué el mundo no conoce el juicio medioambiental más millonario del mundo?
Parecería que la respuesta es de una sencillez descorazonadora: porque es contra Chevron, empresa en el top 5 de las más millonarias de Estados Unidos que cuenta con 400 abogados en todo el mundo y un equipo de comunicación de la misma o mayor envergadura.
Puede que ése sea el motivo del silencio.
Un silencio que se ha interrumpido en algunos países como Brasil donde la petrolera también ha tenido problemas ambientales.
Allá se sancionó a Chevron por el derrame de 3.700 barriles de crudo en el yacimiento Campo de Frade. En Brasil sí hay más publicaciones sobre el juicio en Ecuador y lo tildan como uno de los más graves de la historia.
En este país y en Canadá también ha aumentado la cobertura mediática por la acción de reconocimiento de sentencia. A diferencia de la lectura del periodista inglés –que mencionaba el enfoque de las notas enfatizando en el fraude-, medios canadienses y brasileros le apuestan, en sus enfoques, a la lucha de los demandantes en Ecuador y fuera de él.
La intervención política también ha sido un motivo para reactivar las publicaciones del caso, lastimosamente quitando el foco en el juicio en sí y llevándolo a un tema más general y polémico como es el sistema judicial ecuatoriano. Estas desvirtúan lo que el caso representa pero como cuentan con alguna declaración de Correa, se vuelven más relevantes para los medios internacionales.
Es apresurado decir que no hay un contenido, al menos en la web, que explique el caso de Chevron. Tal vez mezclando la información de Texaco Tóxico y Juicio Crudo se logre un “justo equilibrio” porque ambas son las campañas activas de las versiones de cada bando. No se necesita ser experto en buscadores para encontrar datos sobre este caso, el problema es la fuente de la que provenga. En casos tan largos, complejos y polarizados como este hubo, hay y habrá interrogantes que desplazan la cuestión de fondo: la contaminación el norte del Oriente ecuatoriano es real y los responsables de ella deben hacerse cargo de sus cuitas.
Brasil y Canadá: tierra de ejecuciones
Compró la Vanity Fair para leer un artículo que la revista le había dedicado a un amigo cercano por su tesis de PHD en Biodiversidad.
Sí, la misma Vanity Fair referida en párrafos anteriores como uno de los tres artículos completos que se han escrito en el mundo sobre este caso. En esa revista, Graham Erion buscaba el texto que perfilaba a su compañero cuando se topó con un reportaje que le llamó más la atención: “Jungle Law” . La foto de Pablo Fajardo –de pie sobre un oleoducto rodeado de vegetación- captó su interés. Era mayo de 2007 y el joven canadiense aún estudiaba derecho en su natal Toronto.
“Supe que quería vincularme con el caso enseguida entonces en una hora conseguí los correos de los abogados de Ecuador y los llamé…desde ese momento he estado en contacto con ellos. Desde hace cuatro años que trabajo en esto, desde Canadá o Estados Unidos”, comenta entre risas este joven que visitó Ecuador a mediados de julio y brindó una entrevista a GkillCity para explicar los procesos fuera de Ecuador.
Erion trabaja en el bufete de abogados de Alan Lexner, quien lleva los procesos judiciales en Canadá. El 30 de mayo, los abogados que representan a los demandantes de Chevron en Ecuador interpusieron un reconocimiento de sentencia en Canadá. El 28 de junio se presentó la misma acción en Brasil.
El reconocimiento de sentencia es un recurso que se presenta una vez que un juez dicte una sentencia final en un país determinado y su cumplimiento (en este caso, el cobro de la indemnización) deba hacerse en el extranjero. El objetivo de esta acción es que el juicio de Ecuador se convierta en un juicio válido en las cortes canadienses y brasileras para poder cobrar los diecinueve mil millones que, conforme el fallo dictado, debe pagar Chevron. Las cortes correspondientes deben revisarlo, analizarlo y concluir si lo validan o no. “Si es que se logra la validación nosotros fortalecemos el juicio y procedemos a la incautación de bienes líquidos o no líquidos en esos países”, detalla Erion.
En Canadá no está la operadora de la petrolera Chevron pero esta tiene el 20% de participación en uno de los campos petroleros canadienses más grandes y el 25% de la explotación del campo marino de petróleo más grande de la Costa Este del Pacífico. El abogado canadiense recalca que una vez que se incauten estos bienes no se afectará la estabilidad laboral de los trabajadores, simplemente los ingresos que reciba desde ese momento la petrolera, irían directamente a los afectados en Ecuador.
En Brasil la situación es distinta.
Allá Chevron tiene participación en tres campos petroleros, especialmente en uno en el que hubo un derrame en noviembre último. Ahí tienen el 51,7%.
Aunque hay que esperar los procesos de las cortes de ambos países, Erion está convencido de que los afectados están en una posición legal “muy fuerte” porque estos países tienen un historial en reconocer sentencias extranjeras y los recursos de los que Chevron dispone para evitar que se reconozca la sentencia son escasos. “Básicamente nuestro trabajo es enseñar que el juicio es ejecutable. Las 100.000 muestras de químicos, las mociones que se han archivado…ellos tienen tanto en su contra. No creo que haya gente que los apoye”.
Además de Canadá y Brasil, los demandantes tienen una lista de 30 países en los que Chevron tiene activos y podrían aplicar el reconocimiento de sentencia. La situación política de cada país es una de las razones por la que es necesario analizar antes de emprender esta acción. Además, según Juan Pablo Sáenz –abogado representante de los demandantes-, la estrategia es sorprender a Chevron por eso comunicarán en su momento los próximos países a intervenir.
Canadá y Brasil fueron los primeros en la lista por su historial “limpio y transparente” en el sistema judicial. Entre la lista de países, los abogados no descartan presentar la acción en países árabes. “Lo que realmente nos importa”, recalca Erion, “es que los sistemas judiciales en estos países sean imposibles de sobornar por Chevron” porque, según afirma, lo que pasó en Estados Unidos y puede pasar en cualquier país que la empresa quiera sobornar a un juez.
Estados Unidos no está en la lista de países para presentar la acción de reconocimiento de sentencia porque según los abogados esto perjudicaría a sus clientes. Si van allá, las cortes se enfocarían en los juicios paralelos al caso, esos que la petrolera presentó en contra de los demandantes. En total son nueve pero ya se han desechado cuatro por considerarlos improcedentes. “Algunas de las demandas nos acusaban de habernos enriquecido ilícitamente… ¿Cómo puede ser eso si ni siquiera nos han pagado un centavo?”, argumenta Erion. Los otros cargos en contra de los demandantes son de fraude o corrupción en el proceso de estudios sobre contaminación que se hicieron en la Amazonía y en chantaje a los jueces ecuatorianos., en base a una ley llamada RICO (Rackeeter Influenced and Corrupt Organizations).
Además de las demandas en contra de los afectados, que interpuso Chevron en Estados Unidos, la petrolera llegó hasta otras instancias y ganó en una de ellas. Una corte distrital de la Haya que trata asuntos comerciales, determinó que el Estado ecuatoriano había violado un tratado bilateral de inversiones por el que debía indemnizar a la petrolera y solicitó que se tomen medidas para que se detenga la ejecución de la sentencia. Pablo Fajardo, otro de los abogados demandantes, explicó que enviaría un pedido a la Corte de Sucumbíos para que este rubro -96 millones de dólares- que el Estado adeuda a Chevron, sea transferido directamente a los afectados.
“Es cierto que se ordenó que Ecuador use los medios necesarios para detener la decisión. Pero en este caso la Corte de Sucumbíos reconoció que este pedido llegó hasta Cancillería, y luego le enviaron una notificación de que había el pedido y el juez del caso respondió que la Cancillería no se puede meter en el Sistema Judicial, no pueden darle instrucción al juez. El juez hizo un análisis, aceptó que existía la medida cautelar y que era legítima porque Ecuador está dentro de ese tratado bilateral y tiene jurisdicción pero recordó que no puede violar su Constitución interna por una orden que viene de fuera”, detalla con precisión Erion.
Los procesos iniciados en mayo y junio están sujetos a una estricta línea de tiempo que varía según el país y sus procesos de reconocimiento de sentencia. Erion confiesa que está más familiarizado con la canadiense en la que, por ejemplo, 40 días después de que se presentó la acción, la petrolera podía pronunciarse. Para el abogado es necesario señalar que ni en Canadá ni en Brasil sucederá lo que pasó en Estados Unidos o Ecuador donde el caso se estiró hasta durar casi 20 años.
De acuerdo a las líneas de tiempo Erion estima que en julio ambos países den la respuesta sobre la acción.
En esta instancia Chevron no puede detener el proceso, sí presentar ciertas acciones pero que no son tan relevantes como para interrumpir el procedimiento que siguen las cortes de ambos países.
Si es que los países llegasen a reconocer la sentencia, pasarían dos cosas emocionantes según los abogados demandantes. “Primero fortalecemos la sentencia, es decir al ir a otros países con la sentencia ecuatoriana también tenemos la canadiense que da más valor y segundo empezamos a buscar los bienes de Chevron para transferirlos a los ecuatorianos afectados”.
Shareholders (dis)agreement
Además de las acciones legales en Canadá, Erion se ha involucrado un poco más en el tema societario y comercial.
Un grupo de accionistas de Chevron en Canadá y Estados Unidos enviaron una carta a su Presidente Ejecutivo (el Chief Executive Officer, CEO gringo) manifestando su preocupación sobre la transparencia de la información de la situación de Ecuador.
“Decían que Chevron no les decía todo lo que necesitaban saber. Yo hice un reporte de lo que Chevron envía a sus accionistas donde habla de Ecuador y en ese documento noté que mintieron porque afirmaban que las cortes ecuatorianas no tienen jurisdicción en ellos. Los intereses económicos comprometidos por estos accionistas ascienden a cerca de 580 mil millones de dólares, una cifra extremadamente superior a la que la petrolera debería pagar a los afectados.
A la presión del juicio en Ecuador, los iniciados en Brasil y Canadá, la petrolera enfrenta un potencial tercer conflicto, esta vez “casa adentro”: las posibles acciones que esos accionistas emprendan.
Los cuarenta accionistas que firman la carta van desde el New York State y United SteelWorkers, pasando por las Misioneras Oblatas, la Congregación de la Pasión y la Coalición para la inversión responsable de las Hermanas de la Caridad Halifaxade Halifax hasta Oxfam.
La carta dirigida al principal de Chevron inicia advirtiéndole que representan quinientos ochenta y cinco mil millones de dólares en inversiones y le piden que en virtud de la sentencia dictada en enero en Ecuador urgen a Chevron a revisar cómo la compañía va a proteger su reputación.
“En el transcurso de los veinte años de litigio” afirman “Chevron ha sufrido un daño significativo en su reputación por defender la gestión de Texaco en el Ecuador.
Los accionistas tienen serias preocupaciones, según afirman, sobre el manejo que Chevron y su junta directiva le dan al caso en Ecuador. A los accionistas les preocupa la reputación de Chevron, claro, y también la exposición financiera de sus intereses, que equivalen más de treinta y dos fallos del caso en Lago Agrio. Según ellos, la propia Chevron ha admitido bajo juramento que el caso de Ecuador pone a la compañía en “daño irreparable en su reputación de negociaciones y sus relaciones comerciales” si el fallo llega a ejecutarse. Según afirma Erion en “Chevron’s Misrepresentations in Public Filings Regardings its $18.1 Enviromental Liability in Ecuador” de abril de 2012, dentro del juicio Chevron Corp. V. Steven Donziger, et al, (S.D.N.Y., Case No. 11-CV-0691), (disponible acá), el Procurador Contralor de Chevron Rex Mitchell declaró:
“El embargo de bienes pertenecientes a Chevron, tales como tanqueros de aceites, pozos, oleoductos en cualquiera de estos países, perjudicaría la cadena de distribución y operación; y los embargos en diferentes jurisdicciones serían mucho más perjudiciales… La campaña de los demandantes para embargar bienes alrededor de todo el mundo y generar máxima publicidad sobre eso de dichas acciones causaría un significativo e irreparable daño a Chevron. A menos que sea detenida, el plan anunciado por los Demandantes de perjudicar la cadena de distribución muy probablemente causara perjuicio irreparable a la reputación de negocios y las relaciones de negocios de Chevron que no serían remediables por daños monetarios.
Afirman, además, que “a pesar de la continua resolución gerencial de que pretende impugnar el juzgamiento en cada oportunidad que tenga, la exposición financiera ha crecido con el tiempo y las opciones de evadir el pago de los dieciocho mil millones de dólares se han estrechado en meses recientes. No sólo en Ecuador Chevron ha perdido su acción judicial, sino también en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.
Les preocupa también que la petrolera no pueda manejar con propiedad los desafíos ambientales y de derechos humanos que enfrentan. De Chevron, parecería dudan hasta sus propios accionistas. Otros fondos que tienen sistemas de responsabilidad social para invertir han empezado a discutir la opción de dejar de invertir en Chevron.
Por eso, los accionistas que firman la carta piden la designación de un director con experiencia en responsabilidad ambiental y han presentado dos propuestas de resolución para la reforma del gobierno corporativo: una pidiendo que Chevron separe los cargos de Chief Executive Order (CEO, presidente ejecutivo) y el de Chair of the Board (Presidente del Directorio); y la otra, que se flexibilicen los requisitos para convocar a juntas extraordinarias de accionistas. Además, le han pedido a la multinacional hidrocarburífera “full disclosure” de los riesgos que enfrenta su operación en caso de que se ejecute el fallo y que reconsidere si la “litigación sin fin” es la mejor estrategia y discuta con los accionistas un acercamiento más productivo, por ejemplo, un acuerdo equitativo que garantice la remediación ambiental y proteja de mejor manera a sus accionistas.
Esos cuestionamientos han trascendido el ámbito de la compañía y sus accionistas.
Unitarian Universalists, Association of Congretations, uno de los accionistas que firman la carta, le escribieron a la presidenta de la Comisión de Valores y Acciones de los Estados Unidos de América, Mary Shapiro, una carta para que ese organismo federal investigue si la petrolera está violando leyes de regulación del mercado de valores al omitir, tergiversar y omitir y no entregar información sobre el fallo que se ha dictado en su contra en el caso de la Amazonía ecuatoriana. En esa carta le adjuntan un documento preparado por Erion en el que se provee información detallada que sustenta la conclusión de que Chevron ha infringido sus obligaciones legales de entregar información a sus accionistas, a través de lo que sería un “cover-up” de los verdaderos riesgos que la compañía enfrenta por ese litigio.
A la misma Mary Shapiro le escribió el congresista por el noveno distrito, Illinois, Jan Schawosky con sus preocupaciones. A pesar de que Schawosky dice no querer hacer un juicio de valor sobre la cuestión legal del caso, per se, afirma estar convencido de que la Comisión debe investigar si hubo una violación legal de la obligación de Chevron de informar los actuales y potenciales riesgos devenidos del fallo adverso en Ecuador.
El último revés para Chevron es la negativa de la Corte Suprema de aceptar escucharla para que impida la ejecución de la sentencia. Es decir, la Corte Suprema no revisará el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, un hecho que seguramente provocará más preocupaciones y dudas en sus accionistas.
Así, la tubería del caso Amazonía versus Texaco parece estar lejos de cerrar su profuso caudal y el goteo de sus consecuencias parece adentrarse y desembocar en ramales no previstos inicialmente cuando en 1993 el abogado Cristóbal Bonifaz representando a una comunidad ninguneada y explotada presentaba la demanda en las cortes de New York.
Mucho crudo ha corrido por esas tuberías, a pesar de que los medios ecuatorianos hayan minimizado el caso y permanezca aún invisible para mucha gente en el mundo.
