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“Nosotros el pueblo achuar estamos atentos, porque se escucha que por ahí andan perros petroleros queriendo socializar. Nosotros ya hemos dicho bien claro, y tampoco queremos hacer problema, ya rechazamos, y si alguien viene y nos quiere dar ese taller o capacitación, simplemente ya hemos dicho y decimos compañeros: no estamos para eso.” Taxativo, Marco Mukuin, indígena achuar, poblador del cantón Taisha, responde ante los realizadores del documental Buscando a Wa jari sobre las pretensiones del gobierno de explotar petróleo en su territorio. La entrevista tiene lugar cerca del puente peatonal que cruza el río Zamora hacia el centro shuar El Tiink, en la provincia de Morona Santiago. En éste un cartel advierte: “PROHIBIDO EL INGRESO DE ONGs, EMPRESAS MINERAS, PETROLERAS, MADERERAS, TURÍSTICAS Y OTROS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PUEBLO SHUAR…”, y otro más adelante, con un dibujo de dos lanzas entrecruzadas: «PROHIBIDO PASAR JENTE [sic] EXTRAÑA».

La resistencia al ingreso de compañías mineras y petroleras ya data de más de una década en esta zona donde transnacionales mineras como Explorcobres S.A. o ECSA tienen intenciones de desarrollar megaproyectos mineros e hidroeléctricos impulsados por el gobierno del presidente Correa, sin embargo el anuncio de que en este mes de octubre se sacarán a licitación 18 nuevos bloques ubicados en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en el marco de la XI Ronda Petrolera, ha contribuido a enardecer más los ánimos de sus pobladores.

Ni las resoluciones, acuerdos, mandatos y declaraciones que desde hace más de seis meses han venido emitiendo las bases de las nacionalidades y organizaciones indígenas de la amazonía ecuatoriana, expresando un no rotundo a la XI Ronda Petrolera, ni la advertencia por parte de organizaciones ecologistas de la potencial destrucción del 43% del Parque Nacional Yasuní, así como de 3 millones de hectáreas de los bosques mejor conservados que tiene el Ecuador, parecen conmover la indiferencia del huésped de Carondelet y sus ministros. “Somos complementarios con China…”, dijo el presidente en conversación con la prensa extranjera el 16 de febrero pasado, “… ellos tienen exceso de liquidez y escasez de hidrocarburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escasez en liquidez. China financia a Estados Unidos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador«. Pues sí, dicho así pareciera que el Ecuador podría superar el subdesarrollo con tan sólo ser anuente a entregar sus recursos naturales a todo aquel que tenga el dinero, y la voracidad, para llevárselos. Somos complementarios con China. Tanto como el hambre con las ganas de comer.

¿Y cuando esos recursos se hayan agotado, qué? ¿Qué venderemos al gigante asiático cuando no quede nada bajo tierra, y en la superficie contaminación y extinción? Porque sabemos lo que ocurre, a este país le sobra experiencia sobre los perniciosos efectos que conlleva la actividad petrolera en la amazonía. Sin embargo parece que la obcecación neo-extractivista del señor Correa no le permite aprender de los ejemplos actuales de degeneración ambiental, cultural, social y de salubridad que padecen las provincias de Sucumbíos y Orellana, o recordar su historia reciente.

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Hace 40 años, el 26 de junio de 1972, el primer barril de petróleo llegaba por el Oleoducto Transecuatoriano desde Lago Agrio hasta la terminal de Balao, en Esmeraldas. En tal ocasión el gerente de Texaco, John F. Caston, se dirigió al dictador Guillermo Rodríguez Lara y a la eufórica concurrencia con estas palabras: “Señor presidente, tenemos absoluta fe que estos esfuerzos científicos, financieros y humanos representan para el Ecuador un decidido y significativo aporte para su acelerado desarrollo económico y social. Tras este petróleo que hoy llega a Balao existe una historia de intensos esfuerzos, sacrificios, y satisfactorias emociones.»Dos días después el mismo barril se paseaba por las calles de Quito sobre un tanque de guerra, encabezando un marcial desfile con bastoneras que terminó en el templete del Colegio Militar Eloy Alfaro, donde permanece hasta hoy.

Los discursos, la fiesta, y la pomposidad ocultaban la verdadera historia, y qué se sacrificaba realmente, tras ese petróleo que empezaba a bombearse hasta Balao.

La incursión de Texaco en el nororiente amazónico empezó incluso antes que un solo trabajador de la petrolera pusiera un pie en esa región. A partir de 1953 –once años antes que la compañía iniciara sus operaciones en Lago Agrio–, misiones evangélicas norteamericanas bajo el nombre del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) se establecieron en la zona y empezaron a hacer contacto con los indígenas. Su cometido de imponer la cruz y la biblia implicaba pacificar y sedentarizar a esos pueblos “paganos”, en especial a los waorani, lo que fue auspiciado con entusiasmo por las compañías petroleras y el gobierno ecuatoriano para facilitar las labores de exploración y explotación del oro negro. Así se dio inicio a un proceso de aculturación de hondo calado que supuso, entre otras cosas, dividir a las comunidades, despojarlas de sus conocimientos de adaptación al entorno, alejarlas de sus tradiciones y costumbres “por pecaminosas”, estimular el apetito consumista, e introducirles en el hábito del alcohol.

 

La llegada de Texaco a la región de Lago Agrio se produjo, como dijera algún testigo, “con la sutileza de un ejército invasor”. Los operarios y técnicos arribaron de manera inconsulta y expulsaron violentamente de las zonas de operación a los habitantes originarios. Al iniciar la exploración se construyeron trochas de 5 metros de ancho y varios kilómetros de largo; por cada kilómetro de trocha se desbrozaba media hectárea de selva para que los helicópteros descargaran el material explosivo. Seguidamente detonaban cargas subterráneas para ubicar los pozos de petróleo, afectando con frecuencia a las viviendas de los indígenas. En sus momentos de esparcimiento los trabajadores se entretenían disparando a lo que se moviera en el bosque, o dinamitando los ríos. Se cuenta que cuando se encontraban con “salvajes” les liquidaban sin ningún escrúpulo. La prepotencia e irrespeto que demostraron los petroleros durante los 28 años que permanecieron allí sólo se explican si recordamos que los propios abogados de Chevron-Texaco han dicho varias veces que “la amazonía ecuatoriana es un área de la industria petrolera y que allí no debe habitar ningún ser humano”. Las comunidades indígenas y los colonos sufrieron innumerables atropellos a sus derechos más elementales, desde violencia sexual en contra de mujeres adultas y niñas, mestizas e indígenas, hasta discriminación, racismo, y desplazamientos forzados. Los cofán, siona, secoya, kichwa, y waorani fueron objeto de graves daños culturales, económicos y sociales, y los sansahuari y tetete, abocados a la extinción.

Cuando la transnacional abandonó el país había perforado 350 pozos, lo que implicó la deforestación de un área de unos 4.000 Km2, el derrame de 18 billones de galones de agua de formación –un subproducto de la extracción petrolera, altamente venenoso y salino– en ríos y esteros, la excavación de alrededor de 1.000 piscinas de desechos tóxicos a cielo abierto, y la quema de billones de pies cúbicos de gas, emanando partículas cancerígenas a la atmósfera.

El daño provocado a la naturaleza, entre la deforestación, la contaminación de fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad, fue simplemente inconmensurable.

Para colmo, la actividad petrolera liderada por Texaco constituyó una punta de lanza que abrió el ingreso masivo de colonos en la amazonía, con la consecuente deforestación y deterioro ambiental en extensas áreas de asentamientos.

Los pobladores que habitan en las inmediaciones de los campos petroleros de las provincias de Sucumbíos y Orellana han resultado aquejados por diversos problemas de salud que se pueden relacionar directamente con las actividades hidrocarburíferas. Hay estudios que señalan que el 82.4% de esta población se ha enfermado en alguna ocasión por la contaminación, de estos el 96% reportan problemas cutáneos, 75% problemas respiratorios, 64% problemas digestivos, y 42% problemas oftalmológicos. Sostienen además estos estudios que la principal causa de muerte ha sido el cáncer en un 32%, tres veces más que la media nacional, y cuatro a cinco veces superior a la de habitantes de las mismas provincias que no residen en áreas contaminadas. La tasa de mortalidad por cáncer de la población estudiada asciende a 13.6 por cada 10.000 habitantes, el doble que en la sierra, el triple que en la costa y seis veces superior al de las provincias amazónicas. Los tipos de cáncer más comunes son de estómago, leucemia, hígado, intestino, útero y de los huesos. Adicionalmente se ha constatado que el riesgo de aborto espontáneo es 2,5 veces mayor en mujeres que viven en las inmediaciones de las zonas petrolíferas, y existe un elevado índice de malformaciones congénitas.

Dudo que John F. Caston dedicara un instante de cavilación a los pueblos de la amazonía, menos aún a la vida que bulle en sus bosques, cuando pronunció su discurso augurando “un acelerado desarrollo económico y social” ante el general Bombita aquel junio del ‘72. No tenía por qué, pues en la mentalidad de las empresas extractivistas el fin sí justifica los medios. Los estragos que puedan provocar son, como mucho, daños colaterales. Y es que, todo hay que decirlo, a partir del boom petrolero el Ecuador ha crecido de forma vertiginosa en materia económica, la red vial se ha ampliado y modernizado ostensiblemente, la salud y la educación han mejorado, y el analfabetismo ha disminuido. Pero también el endeudamiento externo ha aumentado a ritmo galopante, –y según dijo  el señor Correa el 16 de febrero de 2012 continuará ilimitadamente, la corrupción ha alcanzado dimensiones equiparables a la colosal riqueza que ha brotado de los pozos, la población se ha concentrado en las ciudades –acarreando graves problemas sociales, de inseguridad y de delincuencia–, la desigualdad se ha incrementado, y nos hemos anclado en una servil dependencia al oro negro.

Los cálculos difieren, pero si nos quedamos con los más conservadores se estima que la producción global de petróleo llegará a su máximo en el 2015, y que de mantenerse el índice de consumo actual las reservas mundiales se habrán agotado hacia 2040, lo que significa, de acuerdo a los doctores Colin Campbell y Jean Laherre, que deberán hacerse cambios drásticos antes de 2030. Si a ello agregamos la nefasta experiencia que nuestra amazonía –una región altamente biodiversa, frágil, y de extraordinaria belleza– ha soportado tras 48 años de actividades petroleras, y la necesidad cada vez más apremiante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ante la inminencia del calentamiento global, ¿no es insensato –por decirlo suave– pretender iniciar una nueva ronda de licitaciones petroleras para concesionar los bloques del centro sur del Oriente?

Las palabras de Marco Mukuin reflejan la desconfianza que existe entre las comunidades amazónicas ante los procesos de socialización y de consulta previa que, como bien saben ellos, no son sino un simple trámite administrativo para aparentar una supuesta aceptación de la actividad petrolera, o minera, por parte de los pobladores. Patricia Gualinga, dirigente Sarayaku, en comunicación con Amnistía Internacional comentó: “El Gobierno ha anunciado que ellos socializarán la información y que esa socialización ya es una consulta. Pero el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es algo diferente según los estándares internacionales. Para comenzar, la consulta sólo será una realidad si las autoridades nos demuestran que nos toman en serio, que respetan nuestros derechos y que actúan con buena fe y transparencia. En las últimas semanas el gobierno ha invitado a talleres informativos, pero dado el contexto en el que estamos, no sería prudente participar, pues el sólo hecho de socializar información en los talleres para ellos ya es una consulta”.

En 1964, al desconocer las intenciones y futuras consecuencias de la incursión de Texaco en sus tierras, los indígenas de la amazonía fueron presa fácil de la transnacional y el gobierno. Esta vez será distinto. Hoy existen precedentes importantes gracias a los cuales las organizaciones indígenas van desenmascarando las falacias sobre los supuestos beneficios que acarrearía la explotación de los recursos minerales en las regiones donde han habitado por siglos.

La tenacidad y firmeza de los 30.000 demandantes contra Chevron-Texaco, quienes han hecho frente al gigante petrolero por casi 19 años, resultó el 14 de febrero de 2011 en una histórica sentencia dictada por el juez Nicolás Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, condenando a la compañía a pagar $19 billones por los daños causados al medioambiente y a los pobladores del área. Por otra parte, el 27 de junio de 2012 el Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia en contra del estado ecuatoriano por haber concesionado de manera inconsulta gran parte de su territorio a la petrolera argentina CGC para la explotación del bloque 23. La sentencia contempla el retiro inmediato de más de una tonelada y media de explosivos dispersos en sus tierras, el pago de $1’290.000, y una disculpa pública del Estado. “Ahora debe venir hasta aquí el mismo presidente a pedirnos perdón. Nos trataron de terroristas y hasta de que no permitimos el desarrollo del país sólo por no dejar que exploten nuestro territorio. Eso nos hace sentir orgullosos”, declaró al respecto Marlon Santi, dirigente de la comunidad y expresidente de la CONAIE, durante las celebraciones que realizó con su pueblo por el fallo de la CIDH.

Estos son casos emblemáticos en la historia petrolera del Ecuador, gracias a ellos se ha demostrado que las grandes corporaciones ya no son intocables, y que los pueblos pueden y deben resistir para hacer respetar su dignidad ante los abusos de las empresas extractivistas y los malos gobernantes, algo que ya está ocurriendo.

El 24 de agosto de este año la comunidad de Miazal –una parroquia shuar al sur de Morona Santiago– frustró por tres ocasiones los intentos de aterrizaje de una avioneta en la que viajaban personeros de la Subsecretaría de Hidrocarburos, quienes pretendían realizar la llamada “consulta previa”. Pocos días después, personal de la Subsecretaría logró ingresar en Yaup’ –una parroquia aledaña– pero las comunidades impidieron la instalación de la consulta y las mujeres les regalaron con un baño de ají. El 30 de agosto la Nación Sapara sancionó a su presidente y vicepresidente con la destitución por haber permitido el ingreso de la Secretaría de Hidrocarburos, y emitió unas resoluciones rechazando “la entrada de las compañías petroleras con la XI Ronda Petrolera y la intromisión de la Secretaría de Hidrocarburos para las supuestas socializaciones”. De igual manera, el 17 de septiembre en la Gran Asamblea de la Asociación Shuar de Bomboiza se emitió un documento con doce resoluciones en respuesta a las pretensiones de explotación minera y petrolera en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, cuyo punto primero dice lo siguiente: “En ejercicio de nuestra autoridad y jurisdicción indígena constitucionalmente reconocida, ratificamos nuestro rechazo categórico a la licitación de nuestros territorios en la provincia de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y acogiéndonos al artículo 57 y 171 de la Constitución, declaramos a nuestros territorios libres de extracción petrolera, de minería a gran escala, de hidroeléctricas y de socio bosque. La Cordillera del Cóndor y el resto de nuestros territorios son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y nuestra decisión es defenderlos hasta las últimas consecuencias”.

Es de prever que reacciones como estas seguirán multiplicándose, pero también se puede anticipar un incremento de la presión y el acoso por parte de las empresas interesadas y el gobierno, quizás recurriendo preferentemente a oscuros y más discretos subterfugios en tanto estemos en tiempos de elecciones.

“Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del mítico bienestar de la población.”, dice Alberto Acosta en su libro La Maldición de la Abundancia, “El discurso sobre la importancia de la región se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación del capital, especialmente transnacional, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Esta es una de las mayores necedades de la maldición de la abundancia”.

La imposibilidad de aceptar que no podemos seguir creciendo indefinidamente nos ha vuelto acríticos ante la palabra “progreso” que el populismo blande manidamente como gran objetivo patrio. Y es que el único “progreso” que cabe en su inercia mental es el que confunde crecimiento económico con bienestar, un progreso como concepto moral que oculta las amenazas a las que estamos abocando a las generaciones que vendrán.

El petróleo y otros recursos naturales se van agotando. Cada vez resultará más caro y será más destructivo extraerlos. Estremece constatar cómo los gobiernos de todo el mundo prefieren ignorar esta realidad. Los decepcionantes resultados de la reciente Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Rio+20 dieron buena cuenta de que están maniatados por los grandes intereses económicos. Les inmoviliza el miedo a que si el tema trascendiese pudiera cundir el pánico, provocando el hundimiento de los mercados[12].

Sin embargo es imperativo tomar responsabilidades en ello. El momento demanda cambiar los patrones atávicos que han regido hasta ahora nuestra relación con el planeta desde que nos creímos aquello de que “somos el centro de todo lo creado”.

El paso hacia un mundo post-petrolero no es cuestión de elección. Abandonar la adicción planetaria a este recurso finito puede ser un proceso gradual y planificado, o puede ser brutal y traumático. Es sólo allí donde tenemos la opción de elegir.

Huelga decir que será una transición inimaginablemente compleja, sin duda el reto más grande que haya enfrentado la humanidad. Es fundamental desde ahora adoptar individualmente hábitos para reducir drásticamente el consumo de combustibles y otros derivados del petróleo como los plásticos e insumos agrícolas, así como favorecer el uso y desarrollo de transportes alternativos y energías renovables, preferir productos locales que no recorren largas distancias hasta nuestras canastas, o renunciar al consumismo y exigir que se fabriquen artículos durables, entre muchas otras medidas.

Todo ello ayudará, y la acción individual es fundamental, pero la verdadera transformación sólo podrá ocurrir cuando la búsqueda de una vida de calidad, justa y equilibrada para todos –y léase “todos” por “todo lo vivo”– sea el valor que impere en las políticas globales, en lugar de la codicia cortoplacista de nuestros gobernantes y las grandes corporaciones.

Bajada

Abandonar nuestra dependencia del crudo puede ser un proceso gradual y planificado o puede ser brutal y traumático

¿Qué vamos a elegir?