El 3 de enero del 2011, en Nueva Loja, Chevron es sentenciado a pagar $ 8,9 mil millones a 30.000 demandantes, que reclaman por la reparación de 480.000 hectáreas de selva contaminada y los daños colaterales que ha causado la explotación petrolera. La sentencia condiciona a la multinacional a pedir disculpas públicas o la cifra se duplicaría. Chevron no pidió disculpas, pero tampoco ha pagado.
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¿Cómo llegamos a esto?
1964: El gobierno ecuatoriano invita a la petrolera estadounidense Texaco (Texaco Petroleum Company, que luego fue vendida a Chevron) para que inicie exploraciones en la Amazonía. Ecuador firmó un contrato con Texaco para esta compañía explote crudo en Sucumbíos y Orellana por 28 años.
1972: Texaco inicia sus explotaciones en Lago Agrio, en consorcio con la petrolera estatal, Petroecuador. En el sector donde se inició la exploración vivían cinco comunidades indígenas: Kichwa, Cofán, Secoya, Siona y Huaorani.
1972 -1990: Según los demandantes, durante este periodo Chevron (entonces Texaco) derramó 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema amazónico; arrojó 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas (agua de formación); y generó 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre. Además, se acusa a la petrolera de haber contaminado esteros y ríos de la zona, que son la principal fuente de abastecimiento de este líquido para quienes habitan en la región, incrementado, por efecto de la contaminación dejada, en tres veces los índices de cáncer en la zona, respecto a la media nacional.
1989: Un grupo de amazónicos que habitaba en Shushufindi (Sucumbíos) se sintió afectado por la exploración de la petrolera. Ellos fundaron el Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, con el abogado Pablo Fajardo como su líder.
1990: Dos años antes de que se acabe el contrato, Texaco transfirió las operaciones del consorcio al gobierno ecuatoriano, pero mantuvo su propiedad del 37% de la producción de petróleo.
1992: Petroecuador se convirtió en el propietario del 100% de la concesión y Texaco dejó el país.
1993: Cristóbal Bonifaz, abogado ecuatoriano radicado en Estados Unidos, apoya al grupo amazónico a denunciar a la multinacional por contaminación ambiental. Al inicio solo firmaban 76 demandantes, pero la cifra creció hasta 30.000.
La demanda en Estados Unidos permaneció casi 10 años, pasó por manos de varios jueces; mientras Chevron interpuso nueve demandas en contra de los afectados. Los acusó de fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. La petrolera argumenta que ellos sí hicieron remediaciones ambientales, que el estado ecuatoriano reconoce, mediante un documento, que la remediación había sido suficiente.
1995 – 1998: Chevron realiza un proceso de remediación ambiental.
1998: La entonces embajadora de Ecuador en EE.UU., Ivonne Baki, firma el Acta de Finiquito con la que absuelve a Texaco de cualquier demanda del Gobierno Ecuatoriano.
2001: La demanda de las comunidades amazónicas es rechazada, mientras la empresa Texaco Petroleum Company fue adquirida por Chevron.
2002: La Corte de Apelación de Nueva York resolvió enviar el caso a Ecuador ordenando a Chevron-Texaco a no alegar prescripción y a someterse a la jurisdicción ecuatoriana.
2003: El grupo amazónico interpuso su demanda judicial por contaminación ambiental contra Chevron en la Corte Superior de Nueva Loja, Sucumbíos.
2006: En una corte de los EE.UU. el gobierno de Ecuador acusa a Chevron-Texaco de fraude en su programa de remediación. El Frente de Defensa de la Amazonía insiste que el Tribunal ponga fin al proceso antes de que mueran más personas afectados por la contaminación, y pide al Departamento de Justicia de los EE.UU. de investigar corrupción por parte de Chevron en el proceso. Pero esta demanda fue retirada por falta de recursos para presentar las pruebas.
2010: En marzo, el Tribunal Internacional de la Haya determinó que Ecuador debía pagar $ 698,62 millones por las acusaciones de Chevron, pero Ecuador solicitó revisión del fallo argumentando, entre otras cosas, que del monto sentenciado debería desglosarse los impuestos no pagados por la petrolera durante esos años. Luego del análisis, el tribunal consideró que el país solo debía cancelar $ 96,33 millones y esa cantidad fue nuevamente apelada Ecuador.
2012: Tras 20 años de batalla legal, los afectados continúan esperando. Ellos presentan informes que argumentan serios daños en su salud debido a la contaminación de la industria petrolera, altos índices de cáncer, entre otros males. Por ninguna han recibido la indemnización que solicitan, no la disculpa pública, ni la riqueza de aquel oro negro que para ellos es suciedad sobre su selva.
Nota de la editora a cargo: Para este tema teníamos preparada una animación que, por fallas técnicas, no llegó a tiempo. Prometemos colgarla lo antes posible.
Gabriela Jiménez
