Los incendios forestales se han convertido en la noticia de cajón de los periódicos, revistas, noticieros y portales web. Sabemos que existen incendios forestales por lo que vemos en los medios y la web, y por ahí nos duele un poco, pero estos no han podido sensibilizar de manera real a la población sobre la responsabilidad que esta tiene sobre estos flagelos. Lejos de naturalizar esta situación, creo que es importante preguntarnos ¿En qué hemos fallado para que esto suceda? ¿Somos todos responsables? ¿Estamos cuidando efectivamente nuestros ecosistemas? El panorama es duro: en lo que va del año 8 provincias ha sido afectadas y el país ha perdido más 4 mil hectáreas de bosque. Para que nos hagamos una idea, serían unos 60 parques La Carolina de Quito; o diez veces el parque Samanes de Guayaquil. Es mucho, y aún se cuantifica la pérdida de flora y fauna. La acción de concientización en estos días por parte del Gobierno se ha concentrado principalmente en la web, lo cual es bueno, pero también debemos ir más allá del hashtag y llegar a los sectores de la población que son principalmente los causantes de los incendios y que no son alcanzados con herramientas informáticas, sino con un verdadero trabajo con las bases populares para la sensibilización y educación forestal de empoderamiento ciudadano.
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La grave situación que hoy nos pinta un incremento del 200% de áreas impactadas por incendios forestales con relación a aquellas del 2009 es sin duda una emergencia nacional independiente del color que la pintemos o la norma bajo la cual se la considere desde la acción gubernamental. Es una emergencia porque esos bosques son patrimonio de todos, de la humanidad. Por ahora Pichincha, Imbabura, Carchi, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y El Oro están bajo alerta naranja.
En medio de esta avalancha de sucesos desafortunados nos encontramos con algo más triste aún: el 99% de los incendios forestales han sido provocados por el ser humano. Las causas van desde la aplicación de antiguas creencias de los campesinos, de que se debe quemar el campo para que el humo atraiga las lluvias, hasta el descuido de algún fumador que dejó una colilla de cigarro encendida. Es decir, las causas son la ignorancia y el desconocimiento por parte de la gente común. A esto, se le debe sumar la sequía de los campos y bosques, escenario perfecto para un incendio sin control. Se especula también que pirómanos y mal intencionados que buscan cambio de uso de suelo de bosque a uso urbano han obrado oportunistamente.
La tarea de las autoridades y ciudadanos es corregir esas creencias y prácticas culturales indebidas como en el pasado se intentó con la extracción de palma de cera en semana santa con sustitutos amigables con el ambiente. Programas que introduzcan o albarradas (reservorios de agua de lluvia igual usada desde los tiempos ancestrales) y sanciones pecuniarias suficientes para que por conciencia o necesidad de evadir multa persuadidos no olviden sus colillas o intenten premeditadamente ocasionar incendios son opciones ha explorar.
Hay otros temas que también debemos analizar. Por ejemplo, en los bosques de nuestra serranía encontramos especies introducidas como eucalipto o pino, que demandan mucha agua que seca nuestros páramos, degradan el suelo al absorber sus minerales de forma depredadora y además, son inflamables en mayor proporción que especies nativas. Todos estos factores desembocan en incendios que han permitido arrasar grandes áreas de bosque a una alta velocidad y con gran poder de dispersión.
Los incendios forestales son parte de un círculo vicioso asociado al calentamiento global. Los bosques al respirar capturan dióxido de carbono y lo almacenan en su corteza y troncos. Cuando se queman los bosques ese gas se libera y contribuye a su acumulación en la atmósfera que genera el conocido efecto invernadero causante del incremento de las temperaturas. Con el incremento en las temperaturas aumenta la sequía y la desertificación, alimentando ese círculo vicioso que resulta en la alta aparición de incendios.
Por lo que, la política de prevención actual y que está en ejecución debe ser refinada para que disminuya los riegos de incendios, tomando en consideración los factores mencionados, aplicando medias específicas para cada región del país puesto que las condiciones de vegetación, clima, culturales y sociodemográficas son diferentes.
De igual forma, no se puede repetir prácticas ineficientes de fomento de reforestación de especies con potencial comercial pero que desequilibren el balance ecosistémico. Los nuevos programas de reforestación deberán suprimir esa práctica de forma que cumplan su objetivo de incrementar el aprovechamiento de áreas ociosas con vocación forestal y al mismo tiempo se generen áreas de amortiguamiento que no sólo contengan la presión de la frontera agrícola sobre nuevos bosques o bosques nativos sino que disminuyan la propagación de incendios en monocultivos.
Por otra parte, si bien es cierto que el Estado debe apostar principalmente por la prevención de los incendios, también en el área de control de incendios se deben realizar esfuerzos ingentes, por ejemplo, expandiendo la disponibilidad de helicópteros con capacidad para recolectar y transportar agua para atender de manera más efectiva los eventos en cualquier parte del país.
Algunos países, como Brasil, cuentan con una guardia forestal que está altamente capacitada para la acción preventiva y de educación con la ciudadanía, así como en el apoyo a los cuerpos de bomberos cuando ocurren los flagelos. En el Ecuador, ante la ausencia de una guardia forestal, los gobiernos locales también debe ser fortalecidos tanto en la capacitación para la prevención como en su capacidad de respuesta.
Además, podemos pensar en sumar a los helicópteros una línea de un sistema interconectado de puntos de abastecimientos asociado al mapa de riesgos de incendio, es decir puntos de abastecimiento donde históricamente hay incendios o que reúna las características que pueda provocar incendios
En áreas urbanas y rurales, una continua capacitación a la sociedad sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales, aunado a un fortalecimiento institucional debe expandirse más allá de Quito y cubrir gobiernos autónomos descentralizados (GADs) en todo el país. Esto involucra establecimiento de sustitutos (albarradas), el uso de los incentivos (multas y recompensas) como práctica para quienes denuncien a vecino insensatos o vivarachos como acción ciudadana concreta de cuidado y control a la cual se puede sumar una participación directa en la reforestación de áreas impactadas que permita entender – aprender haciendo – que tener bosques y recuperarlos nos involucra a todos. Los GADs no podrán hacer esto sólo y una acción central podrá ayudar generando los perfiles técnicos necesarios así como su capacitación continua con líneas de cooperación internacional disponible en materia de prevención y control de incendios, pero igual de importante, con destrezas de involucramiento de la ciudadanía y empoderamiento de la base popular que vive del bosque.
Creo que aún recordamos en Guayaquil lo nos debe el Cabildo en referencia al incendio que consumió el 60% de Cerro Colorado en diciembre del 2011. Si esto ocurre en las dos ciudades más grandes del país y a su vez vemos el embate en áreas rurales de la zona centro, debemos prepararnos para algo similar en los delicados bosques secos de nuestra costa y el austro así como en el resto de ecosistema del país.
Si vemos fuera del país podremos comprender que los incendios forestales no son un problema sólo de Ecuador. Los factores tienden a repetirse y se han observado en diferentes formas en Rusia, México, California, Colombia, Indonesia y otros. Hay una acción humana destructiva (motivada por afición al fuego ó a la conversión irregular de tierra forestal a otros usos urbanos o productivos), agudas sequías, altas temperaturas y la limitada disponibilidad de planes de contingencia para hacer frente a estas catástrofes que amenazan a poblaciones aledañas, al patrimonio de un pueblo, y ante todo a la misma naturaleza y sus derechos.
En Nicaragua y Costa Rica cuentan con un Acuerdo Internacional sobre Colaboración en el Campo de los Incendios Forestales, como ejemplo en Latinoamérica. Canadá y Estados Unidos son suscriptores del Acuerdo de Protección contra Incendios Forestales en los territorios del noroeste de 1998. Este reciente episodio debe invitar al Ecuador a considerar suscribir convenios con otros países de la Región a través de los espacios de integración como el ALBA, UNASUR y CELAC, en materia de colaboración, no solo a la hora de que se den los incendios, sino en el campo de la prevención, transferencia de experiencias y tecnologías, entre otros. De igual forma el país debe hacer uso urgente de las provisiones beneficiarias en materia de incendios y gobernanza forestal comunitaria y ciudadana que instrumentos de los cuales ya es parte como el Foro de Bosques de las Naciones Unidas, Comisión Forestal de Latinoamérica y el Caribe, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (en caso de incendios en la Amazonía), el programa de Narobi en el marco de la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático así como la Organización Internacional de Maderas Tropicales – este última en caso de incendios en plantaciones forestales, principalmente.
Daniel Ortega
