Recibo por lo general entre cinco y diez noticias por semana sobre incautación de droga en Ecuador, pero el mail con remitente anónimo que me llegó el pasado lunes 23 de julio (con copia a varios editores y directores de algunos medios nacionales) me dejó perpleja por un par de segundos.
“La persona ‘X’ es narcotraficante, asesino y delinque en Ecuador”, fue el título que usó algún ciudadano para denunciar a quien días atrás, había sido protagonista en un diario local. Allí aparecía por haber sido acusado y detenido por esconder a un testigo clave en un acto delictivo; pero como casi ni
leo ese periódico especialista en crónica roja, la noticia me tomó por sorpresa.
‘X’ me era familiar. La relación que tuve alguna vez con esa persona no fue precisamente por mi labor periodística sino porque hace algunos años, mis conocidos y yo, fuimos clientes de su negocio. Un local de shawarmas que, a simple vista, era solo eso. Con el tiempo, se convirtió en “la casa comunal” en la que también frecuentaban personajes de la farándula quiteña para buscar, sonrientes, lo que solo esa persona y sus productos podían ofrecer: excesos.
Alto, gordo, de buena presencia y rasgos grotescos, ‘X’ se delataba solo al hablar. Era extranjero, y según el mail: “ayudante logístico de las FARC, que utiliza a Ecuador como almacenamiento e intermediario de estupefacientes” que tendrían destino internacional. Sin embargo, eso no era lo peor, sino que también sería parte de una supuesta banda delictiva que opera en Quito dedicada a la extorsión, pornografía infantil, piratería y secuestro. Nada de eso era evidente.
Suponiendo que lo primero es cierto, ‘X’ y sus cómplices serían parte del 60% de las 220 toneladas de cocaína que pasan anualmente por rutas ecuatorianas para exportación. Esto según las cifras que publicó el Departamento de Estado americano en 2011. En lo que va del 2012 se han decomisado 1494,9 kilos de droga -proveniente de Ecuador- en otros países de América, en Europa y Asia.
El Reporte Mundial de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) de 2012 señala que un kilo de cocaína en Colombia cuesta 2.198 dólares. Ese mismo kilo en México vale 12.500 dólares y cuando cruza la frontera a Estados Unidos, su valor en el mercado asciende a 97.400 dólares. Calculan que en todo el mundo este codiciado producto mueve unos 85.000 millones de dólares anuales, es decir, seis veces los beneficios brutos que genera Coca-Cola.
Todos ganan: primero, el campesino que cultiva la droga y aumenta sus ingresos entre cinco y diez veces más que si cultivara maíz; segundo, el transportador que cobra por arriesgar su vida al llevar el encargo; tercero, el policía que cierra los ojos junto con el de la Aduana; cuarto, se impone el juez que recibe su cuota mensual por proteger al de la idea; quinto y último, algunos (o muchos) funcionarios que cierran este infame círculo de complicidades que también reciben su bonificación por parte de las mafias. Todos estos son quienes se oponen a que se cambien las reglas.
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El servicio de aduanas de Hong Kong anunció el pasado 6 de julio la incautación de 649 kilos de cocaína procedente de Ecuador, la mayor en la historia de la ciudad. El valor en el mercado del cargamento alcanza los 98 millones de dólares. El cargamento de cocaína habría llegado por barco. Foto: Diario La Hora)
Todo indica que el narcotráfico que “se ha reducido en los países vecinos”, tras la intensificación de las campañas de intercepción en la fabricación ilícita de cocaína, ha tomado nuevas rutas.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por ejemplo, ha extendido su influencia en la región norte del país y la ha convertido en «un punto importante para el tránsito de cocaína, compuestos químicos y suministros para esa y otras organizaciones involucradas en el tráfico de drogas en Colombia», señala el informe de la ONUDD. Prueba de ello son las crecientes capturas y hallazgos de droga y laboratorios para su procesamiento en territorio ecuatoriano.
En lo que va del año se han encontrado 15 laboratorios de droga en Ecuador. Una cifra que va en aumento si se toma en cuenta los años anteriores: 13 en 2011 y 9 en 2010. El país ya consta en los informes y debates de seguridad del mundo como pieza clave del tráfico de sustancias en toda la región y los informes policiales ya manifiestan con seguridad que grupos delictivos internacionales integrados por colombianos y mexicanos, que se dedican al tráfico de drogas en toda América del Sur, ahora cuentan con socios ecuatorianos.
Las cifras se extienden también en las dependencias encargadas al comercio. La Aduana informó que dentro de diez distritos, el embargo de estupefacientes creció en un 15.56% en los últimos meses.
Finalmente, el pasado 5 de julio, tras la captura del exgobernador de Manabí, César Fernández, la Policía Antinarcóticos presentó un informe que reconocía la incautación en lo que va de 2012: aproximadamente 70 toneladas de droga (más del doble que el año anterior -26 toneladas- en el mismo periodo).
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El pasado 16 de mayo, la Policía Antinarcóticos encontró un laboratorio de procesamiento de droga en el sitio El Salto de Pigua, ubicado a unos 16 kilómetros de la vía principal Jama – Pedernales. Días atrás del operativo que dejó tres capturados, una avioneta con matrícula mexicana se estrelló cerca del lugar. Foto: Diario La Hora)
Las equivocaciones frente al tema se siguen tomando a espaldas de la realidad del negocio más grande de la década.
Hace poco revisé una entrevista, publicada en febrero por un medio local, al director nacional de bienes en depósito del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), Rafael Molina. Me llamó la atención su explicación frente a la carencia de hornos para incinerar droga incautada.
Molina señaló que quemar un kilo de sustancias ilegales en Ecuador cuesta 51 dólares “porque la institución debe contratar a dos empresas (no fueron nombradas por reserva) para que se encarguen del proceso”.
El Consep ya habría solicitado a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) dos hornos estacionarios valorados en casi 1 millón de dólares cada uno, uno para Quito y otro para Guayaquil. Además pidió tres hornos móviles que oscilan en 60.000 dólares*.
Otro de los puntos necesarios de analizar respecto es el sistema judicial lento y carente de legitimidad. Asimismo, la falta de clasificación adecuada de los internos en las cárceles del país.
Un estudio de inteligencia que realizó la Policía hace años en la Penitenciaría del Litoral, reveló que el negocio de la extorsión, la venta de sustancias, alcohol y alquiler de celdas, les dejaba a las mafias cerca de 50 mil dólares al mes. No dudaría que la situación se mantenga y se relacione con los principales problemas carcelarios registrados a nivel nacional. Además, el control de las visitas sigue siendo manual. Así es imposible combatir con la eficiencia de la delincuencia.
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El viernes 13 de abril, las bodegas del Consep ubicadas en el kilómetro 7 de la avenida Galo Plaza Lasso, al norte de Quito, fueron asaltadas. Sujetos no identificados se llevaron una tonelada de droga después de golpear y amordazar a los guardias. Todavía no se conoce sobre los responsables. (Foto: Diario La Hora)
La criminalización del consumo de estupefacientes nació hace un siglo. Todas las campañas políticas de prohibición han fracasado y las consecuencias solo han sido miles de muertos ¿Por qué? Porque en este negocio el Estado nunca podrá ganarle al mercado: mientras exista demanda, habrá una oferta aún mayor y en una empresa rentable como la venta de drogas ilegales, ‘los malos’ tiene todas las herramientas para ganar.
Hoy, se puede acceder a la información de los miles de dólares que se destinan a la prohibición de sustancias. El resultado es nulo y las evidencias incluso determinan que algunos uniformados y funcionarios trabajan para los narcotraficantes, más no para la ciudadanía.
El problema es que las drogas son placenteras, y nuestro sistema social no consigue ofrecer a los consumidores algo mejor como alternativa.
La ONUDD manifiesta que el 0.7% de los ecuatorianos consume marihuana, un 0.2% anfetaminas, 0.3% cocaína, 0.1% éxtasis y 0.11% opiáceos. Todos estos datos son de 2007, último año con información disponible específicamente sobre nuestro país. Sin embargo, el organismo destaca que se registra un crecimiento moderadamente del consumo de sustancias anualmente en todo el Ecuador.
Personalmente no me importa si legalizan las drogas o no. Defiendo al libre albedrío.
Conseguir estupefacientes es fácil y su precio ha disminuido en los últimos años. Las sustancias ilícitas cuestan ahora la mitad que hace 50 años. Incluso las opciones se multiplicaron con el uso de Internet, en donde se vende cannabis abiertamente mediante ofertas que no están sometidas a la fiscalización internacional.
Las drogas legales pagan impuestos legales. Mediante una despenalización, toda política gubernamental sobre las drogas estaría dirigida a regular y educar. Ese quizás sea uno de los problemas que no permite siquiera un debate racional que concluya en una alternativa política que favorezca a la legalización.
Información, educación y cultura son términos que estorban a quienes ostentan el poder, y los discursos alarmistas sobre los daños y las muertes que origina el consumo de drogas son enfatizados a diario mediante poquísimas campañas que además, ignoran de forma estratégica otras adicciones frecuentes como el alcohol que, además de causar enfermedades o incitar a la violencia a miles de seres humanos al año, sigue siendo legal.
Por eso, es necesario comprender que la legalización o no de las drogas es un tema de salud pública; el combate al crimen organizado es un desafío de seguridad pública y nacional; consumir o no ciertas drogas es parte de la libertad de las personas, acabar con el crimen organizado es una responsabilidad del Estado. No confundamos la educación y la salud pública con la seguridad.
Supongamos que sólo el 20% de los ingresos del crimen organizado ecuatoriano proviene del narcotráfico (aunque parezca exagerado). Si se despenaliza las sustancias ahora ilícitas con las debidas restricciones, las mafias perderían ese 20% de su ingreso y poder. Ese dinero podría ser invertido en seguridad ciudadana o rehabilitación de adictos porque esas cifras sí son alarmantes: el consumo de drogas y alcohol se inicia en Ecuador a la edad promedio de 12 años. Es en esa edad precisamente en donde se descubre el talento, el carácter, el genio, y el mal genio.
En la actual Constitución se prescribe que los farmacodependientes son personas que sufren una enfermedad y el Estado deberá garantizar su atención. Pero en Ecuador, los centros de rehabilitación son bastante escasos: a nivel nacional existen 15 clínicas estatales y 220 privadas. De estas últimas, sólo 100 son legales y cumplen con las condiciones necesarias para un tratamiento adecuado.
El Estado ecuatoriano invierte en un programa de prevención USD12 dólares por persona, mientras que en uno de rehabilitación, USD 2.000 dólares.
¿Qué hace la sociedad frente a este hecho? Todo: juzga sin la potestad de hacerlo y de manera drástica al ‘drogadicto’, ignorando sobre todas las cosas que esta persona es una víctima más, de un global problema social.
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Un estudio de la Policía Nacional, señaló que en 13 barrios de Quito se comercializan grandes cantidades de sustancias ilícitas, que son distribuidas para la venta al ‘menudeo’. En lo que va del año se ha decomisado 71.547 gramos de cocaína y 243.670 gramos de marihuana que se pretendían comercializar como parte del microtráfico que hay en la capital. Foto: Agencias)
El principio del fin es: cambiar la criminalización hacia los consumidores; dirigir el problema a una coyuntura social, más que delictiva; y renovar urgente a los legisladores.
Las drogas no se van a legalizar en Ecuador. No por lo menos en los próximos 5 años así el presidente de la República, Rafael Correa, haya señalado el pasado 4 de junio en Bolivia su apoyo parcial a la despenalización. No porque absurdamente se lo relacione a él con el pasado de su padre, sino porque el país no está preparado para pelear ante este hecho. Por eso mejor, no meterse.
Así que siga fumando en su casa, evite meterse sustancias sintéticas, visite a su dealer con discreción y deje de estar gritando a los cuatro vientos que fuma marihuana, que al contrario de lo que usted piensa, a nadie le interesa conocer que disfruta o no, de los regalos de la naturaleza. Gracias.
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* Hasta la presentación de este reporte al editor de Gkill, el Consep no ha determinado si la petición fue aprobada.
Mónica Mier
