En este año, que ya es electoral, escucho nuevamente que una de las razones para votar en contra del actual presidente es que por las leyes que él ha implementado, directa o indirectamente, el nivel de inseguridad se ha elevado. Debo confesar que durante su mandato he sido víctima de secuestro express y de robo a mano armada. Sin embargo, que me haya ocurrido durante su periodo gubernamental no es argumento, creo yo, para que responsabilice al gobierno por los asaltos que sufrí, en parte por mi ingenuidad, descuido, despiste, etc. Lo veo como hechos imprevistos que le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier parte del mundo ¿O es que antes de Correa no asaltaban a las personas constantemente?
Pero, volviendo a los niveles de inseguridad, se dice nuevamente por parte de algunos grupos de oposición que unas de las razones de su crecimiento es que durante el periodo de Correa se han suavizado las normas contra los delincuentes, y que, por tanto, se le facilita su libertad una vez detenido el reo.
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Ese argumento tan cacareado en todos los años de previo a elecciones es de tarima, porque esa facilidad no es novedad en la Constitución del 2008 (la de Correa), siempre ha existido[1]. Y así no haya existido, es básico en una sociedad que existan mecanismos para liberar a una persona si es que el sistema no logra aportar indicios claros de la peligrosidad de dicha persona como para que permanezca libre durante su juzgamiento.
Esa facilidad se desarrolla, entre otros principios jurídicos, en el “indubio pro reo”, que, por cierto, tiene siglos de vida y constituye una garantía para que a cualquier ciudadano, en caso de duda de si cometió un delito, no se le prive de forma arbitraria de lo más elemental que tiene: su libertad.
La tendencia de cierta oposición es que considerar al detenido como delincuente, en caso de duda, y no al revés.
Otra de las críticas que he escuchado es que el Estado ha destinado millones de dólares en pagos a defensores públicos, los cuales se han encargado obtener la liberación de delincuentes. Señores de la oposición, la existencia –y su respectiva remuneración- de los defensores públicos es una obligación del Estado, que también existe hace años[2] y constituye una garantía para que cualquier ciudadano, que no pueda pagar a un abogado, se defienda adecuadamente en un proceso, lo cual también constituye un derecho fundamental. En el peor de los casos, si los defensores públicos están haciendo bien su trabajo, que es su deber, entonces alguien en la rueda del sistema no lo está haciendo como se debe. Pero de ahí, a cuestionar la existencia de estos, o su pago, con la finalidad de que desaparezcan, o que se les pague menos por hacer su trabajo, es atentatorio contra la ciudadanía y contra los que ejercen ese puesto.
Pienso, entonces, que el tema no es si es responsabilidad de los defensores públicos hacer su trabajo o si es el hecho de si ha subido o no la delincuencia, pues siempre habrá víctimas y victimarios, y ambos necesitarán defenderse; o si se deben aumentar las penas, que tampoco es una salida dejar que se pudra un ciudadano en la cárcel por muy execrable que haya sido su acto. La salida, y aquí sí creo que hay una deuda pendiente del Gobierno, es la rehabilitación integral del ciudadano y su reinserción social. La sola construcción de nuevas prisiones en sí no resolverá el problema, si no se crean sistemas que incentiven la rehabilitación, por ejemplo: trabajos de corte comunitario y pagados ¿por qué no?
Si se va a criticar al Gobierno no se lo debe hacer por el lado de cuántos criminales ha liberado (que técnicamente ya no serían criminales), sino cuántos criminales no ha rehabilitado. Y esto no es solo deuda de este Gobierno…
[1] Por ejemplo, ver el artículo 24 de la Constitución Política de la República de 1998.
[2] Ver Miranda Rights.
Roberto Carmigniani
