Jenny no sabe qué hacer. Siente indignación. Tiene miedo. Su futuro es una incertidumbre, dice. Habla con tono acelerado. De a poco su intensidad merma, sus compañeros la calman.
“No sé qué hacer”, repite la quiteña quien se refugia bajo el techo de una tienda para protegerse de la garúa. Con ella están seis jóvenes más, todos dirigen su mirada al edificio de enfrente, su universidad, cuya puerta está custodiada por cinco policías y sellada con un cartel de Suspendida por falta de calidad académica.
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Jenny no sabe que hacer. Hasta ayer cursaba octavo nivel de Ingeniería en Diseño y Comunicación Visual en la Unita. Hoy todo es incierto, sabe que no podrá continuar su carrera ahí pero no tiene idea dónde lo hará o si seguirá estudiando. Le faltan apenas dos semestre para egresar, eso es un año, un año que ahora podría multiplicarse o triplicarse.
No se ha informado sobre el Plan de Contingencia del Consejo de Educación Superior (CES) que ofrece una serie de alternativas para los 38000 estudiantes que cursaban sus carreras en las 14 universidades que se cerraron el jueves. Jenny cree que debe rendir un examen de nivelación para evaluar sus conocimientos y así ser ubicada en un centro de educación superior que sí pasó la prueba del Ceaces.
“¿Y si me bajan dos semestres, habré perdido un año de mi vida estudiando para nada…”, comenta y se altera de nuevo. Pero a Jenny no solo le preocupa acabar su carrera a tiempo sino saber cómo hará para pagar su deuda con el IECE. Allí, explica, te piden que acabes la carrera en un plazo determinado y obviamente no podré hacerlo. “Creo que tendré que pedir más crédito”, continúa la joven de cabello negro que combina con su camiseta y suéter.
Ella quisiera que la universidad le reconozca lo que ha invertido; quisiera que al menos le devuelvan la matrícula que recién pagó y nunca servirá; quisiera que su carrera la ofrezcan más universidades del país; quisiera que lo que está viviendo sea un sueño, un mal sueño.
No solo estudiaba en la Unita sino que era parte del equipo de Taekwondo de la universidad. Por eso estaba parcialmente becada, como sus compañeros que están a su lado. Como todos los días ellos llegaron a las 6:30 a entrenar, pero como nunca se encontrar con la puerta cerrada.
“Al menos ella es sola, yo tengo a mi novia que está embarazada, ella también estudia aquí y ahora los dos nos quedamos sin tener dónde ir”, comenta Miguel Loor, de 23 años. Él es estudiante de mecatrónica y eligió la Unita porque le permitía estudiar de tarde y trabajar de mañana. “Yo no tengo plata para pagar otra universidad, acá tenía 75% de beca y el resto lo cubría con mi trabajo de entrenador en una escuela que voy todas las mañanas”.
Miguel conversa con naturalidad, no se altera pero no se ríe de las bromas que hacen sus compañeros. Sus ojos tampoco se secan, están humedecidos como quien retiene una eterna lágrima.
Son más de 100 estudiantes que caminan en círculos en el exterior de la Unitas, ubicada en el centro de Quito, en una calle donde hay casas que aún conservan fachadas coloniales. En un calle donde también los comerciantes han aprovechado para montar sus negocios. Cybers, tiendas y copiadoras; unos cinco locales de cada categoría que se encuentran enfrente, a lado, detrás o diagonal a la Unita.
“La próxima semana cierro el Internet”, asegura Camilo Rosas. Desde hace cinco años que montó su cyber a dos locales de la universidad, le iba muy bien, dice, los alumnos siempre iban, agrega. Cree que sin ellos su negocio, de seis computadoras, no tiene sentido. Paga 350 dólares de arriendo al mes y está seguro que no podrá alcanzar ni esa cuota. “Tendré que ingeniármelas para poder vivir, sin los alumnos mi local y el de todos mis vecinos no puede seguir”, lamenta.
Clara Sandoval observa al comerciante mientras cuenta su desgracia económica, como él la describe. La señora de 57 años lo interrumpe. Habla rápido y alto y al comienzo sus frases carecen de claridad. Desbordan desesperación. “¿Ahora dónde va a ir mi hijo a estudiar? Yo lo puse aquí porque era buena, es buena. El señor presidente no nos puede dejar en la calle. Él debería entender, hacer algo”, continúa. Sus frases son variadas y confusas. Su indignación no le permite argumentar, con claridad, porqué cree que la Unita tiene calidad educativa.
Clara tiene 57 años, un esposo difunto, un hijo de 32 que ya se fue de la casa, y otro hijo de 26 años a quien ella le paga los estudios. Es comerciante ambulante, vende lo que sea, dice, para sobrevivir. “Trabajo desde tempranito hasta la noche y a veces solo consigo 15 dólares diarios, me tocaba pagar 140 dólares al mes. ¿Y ahora todo ese dinero dónde se irá?”, reclama como pidiéndome que la ayude a solucionar su problema.
Su hijo, que estudiaba sexto semestre de Ingeniería en Sistemas, la observa apoyado desde una pared. No interviene y observa con lástima a su madre que llora desconsolada.
Las miradas rígidas de los policías se intercalan entre los afectados que también les piden explicación a ellos. “¡Queremos entrar!”, se escucha como único grito. Jenny también grita, comenta que al menos quiere sus registros académicos para convalidarlos en otra universidad. Camina hacia la mitad de la calle para bloquear el tránsito al igual que sus compañeros. Los gritos, aplausos, chifleos son variados. Ella acompaña algunos.
Regresa al techo que la cubre de la garúa y ríe. Ríe de nervios porque sabe que cuando se acabe la bulla tendrá que regresar a casa y solucionar su futuro académico, profesional, económico… “Aún no sé qué hacer”, dice.
Isabela Ponce Ycaza
