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El título completo de este artículo es “El fascismo municipal, explicado por sus propios funcionarios” y su propósito es demostrar cómo la legislación, los discursos y las prácticas de los funcionarios del municipio de Guayaquil (registradas en sus ordenanzas y en los medios de difusión masiva) coinciden con las características básicas del régimen fascista.

El filósofo italiano Norberto Bobbio caracterizó al fascismo como anti-democrático porque los fascistas “no querían, en una palabra, la democracia, entendida como laborioso y difícil proceso de educación en libertad, como gobierno del control y del consenso, como gradual y siempre contrastada sustitución de la fuerza por la persuasión” (Ensayos sobre el fascismo, Pág. 36). El fascismo rechaza el ejercicio de libertades, la participación política, el razonamiento de sus actos: las mismas ideas que los fascistas del municipio de Guayaquil rechazan, como se lo explicará a partir de sus propios discursos y prácticas. Veámoslo, una por una:

1) El municipio de Guayaquil rechaza el “laborioso y difícil proceso de educación en libertad”

El “laborioso y difícil proceso de educación en libertad” implica la libertad general de los ciudadanos, cuyos actos solo merecen sanción en la medida en que ocasionen un daño concreto (lo que se deriva del derecho constitucional “al libre desarrollo de la personalidad” –art. 23 numeral 5 de la Constitución del ’98 y art. 66 numeral 5 de la Constitución del 2008) e impone en las autoridades la obligación de informar y orientar a sus ciudadanos para un mejor ejercicio de sus derechos.

En relación con la libertad general de sus ciudadanos, el municipio de Guayaquil se inscribe en la vertiente fascista de los conservadores “provenientes de la derecha histórica”, que exigen “antes que nada orden, disciplina, firmeza en la dirección” porque el carácter constante de toda política conservadora «es apreciar más el orden que la libertad” (Ensayos sobre el fascismo –en adelante, ESF-, Págs. 65 y 108). El que fuera declarado por Mussolini “filósofo del fascismo”, Giovanni Gentile, decía sobre los ideales fascistas que su cumplimiento por el individuo se daba “sometiéndose a una disciplina férrea y concurriendo de tal modo en la realización de un mundo que lo trasciende” (ESF, Pág. 110-111). En Guayaquil, de manera contraria a la libertad general de las personas, el municipio impone esa disciplina férrea para hacer cumplir a los individuos los ideales de moralidad que el propio municipio ha dispuesto para ellos en sus ordenanzas: el respeto a la «moral» y las buenas costumbres” .

La vaguedad y la ambigüedad de las supuestas infracciones a la «moral» y las “buenas costumbres” es funcional al firme propósito del municipio de Guayaquil de imponer “orden” y “disciplina” en los espacios públicos, porque le concede a los funcionarios municipales encargados de su aplicación una amplia discrecionalidad para decidir si un acto X de un ciudadano constituye o no infracción. De ahí que las conductas que se repriman a los ciudadanos, con particular énfasis en “zona regenerada”, abarquen desde aspectos básicos de la autonomía individual, como besos, gestos o formas y lugares para sentarse, pasando por el uso obligatorio de cierta vestimenta en el cerro Santa Ana y por los taxistas –esta última, fallida- así como las prohibiciones de acceso a los espacios públicos, hasta llegar a las restricciones a los derechos de reunión, a la libertad de expresión y a la protesta.

La prohibiciones que se entrometen en el ámbito de la autonomía individual se las justifica desde el más alto nivel del municipio local: con ocasión de la persecución a la agrupación Litro x Mate, que terminó por pintarle de gris su propiedad privada a Daniel Adum, el alcalde Nebot declaró: “Aquí todo el mundo tiene que pedir permiso” para pintar su casa, y no solamente en materia de contenidos, sino incluso «si lo que quiero pintar es armónico». (Están advertidos.)

Ahora, en general, los funcionarios municipales para justificarse cuando aplican este tipo de prohibiciones invocan, en los niveles inferiores, el consabido “yo sólo cumplo órdenes”, y en los niveles directivos, el supuesto cumplimiento de la ley, entendida de forma fascista. Por ejemplo, el director de justicia y vigilancia, Xavier Narváez, en la audiencia pública en el juicio contra Daniel Adum, declaró (min. 06:00 – 06:04) “lo que sí es objetivo es la ley, y su cumplimiento” y el director de cultura y promoción cívica del municipio de Guayaquil, Melvin Hoyos, precisó la idea por la señal de Ecuavisa: “vivir en una sociedad, que existen leyes, que existen normas, regulaciones que en el momento en que nosotros violamos estas normas del convivir social, en ese momento nosotros estamos yendo en contra de lo que debe hacerse”. Esta postura expresada por los directores municipales coincide plenamente con la doctrina fascista del “legalismo ético”, según la cual “es justo aquello que es ordenado por el solo hecho de ser ordenado” (ESF, Pág. 120) sin necesidad de justificación racional alguna.

El municipio de Guayaquil rechaza la “educación en libertad” porque incurre en el mismo defecto que Bobbio le atribuyó al filosofo fascista Giovanni Gentile: el de tener una “interpretación desviada del liberalismo que lo llevó a ver la realización plena de la idea liberal en un Estado policial” (ESF, Pág. 104). Su legislación, sus discursos y sus prácticas son concluyentes en el sometimiento de sus ciudadanos a una disciplina férrea, redactada en términos vagos y ambiguos, justificada por el sólo dictado de la ordenanza y aplicada de manera discrecional, lo que resulta contrario a la libertad general de sus ciudadanos.

2) El municipio de Guayaquil rechaza el “gobierno del control y del consenso”

El “gobierno del control y del consenso” implica un municipio abierto a la participación de la sociedad civil para deliberar y fiscalizar las decisiones de sus autoridades y la administración de sus dineros.

El municipio de Guayaquil, en contraste, es contrario a que la sociedad civil participe de la deliberación y la fiscalización de sus actos. Ninguna ordenanza del municipio de Guayaquil establece ningún mecanismo de participación ciudadana para la deliberación y gestión de asuntos de interés público. Cuando el 2008 se quiso incorporar el mecanismo de participación de la “silla vacía” establecido en la Constitución (Art. 101) el municipio de Guayaquil la rechazó.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) obliga a la democratizacion de los municipios «mediante el impulso de la participación ciudadana», la que está definida como un derecho por el que se garantiza a los ciudadanos «la elaboración y adopción de decisiones», así como «la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos» (Arts. 2.f y 3.g). Su artículo 29 establece como una de las funciones de los municipios la «de participación ciudadana y control social» y que la participación social debe orientarse «por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad». Dichas disposiciones obligaron a que el municipio de Guayaquil adopte una ordenanza de participación ciudadana, sobre la cual, sin embargo, Nebot declaró terminante: “a mí no me vengan teóricos de participación ciudadana a enseñar lo que eso significa”. El diseño de la participación ciudadana en la ordenanza, como lo explicó el concejal Vicente Taiano, debía hacerse para “evitar intromisiones en las gestiones del Alcalde”. Y tal cual, así se hizo.

El municipio adoptó una «ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana en el cantón Guayaquil» (sobre la que escribió en mayor detalle Ángel Largo Méndez, por acá) que crea una Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana integrada por el alcalde y un concejal quienes, por sí solos, tienen «una representación del 51% del total de los miembros de la asamblea», por un «régimen dependiente» que incorpora las dependencias administrativas municipales y entidades afines que tienen «una representación participativa del 19%» y por el restante 30% que lo componen organizaciones sociales, la mayoría afines al municipio, a las que se designa en la propia ordenanza. Claramente un sistema diseñado no para los ciudadanos participen, sino para que no jodan.

La legislación, los discursos y las prácticas contrarias a la participación de los ciudadanos en la gestión municipal se complementan con el uso de barras que entorpecen usualmente las intervenciones de los concejales que no se encuentran alineados a lo dispuesto por el alcalde Nebot. Estas personas de las barras, que es improbable que actúen por cuenta propia, son en la práctica del municipio de Guayaquil su forma más cabal de participación ciudadana.

3) El municipio de Guayaquil rechaza la “sustitución de la fuerza por la persuasión”.

La “sustitución de la fuerza por la persuasión” implica una creciente apelación a la razón como mecanismo de persuasión a los ciudadanos. Sin embargo, la violencia verbal ejercida contra aquel que pretenda disentir de las decisiones municipales es la moneda común. Cuando los informales plantearon a las autoridades municipales un sensato proyecto común que incluía «definir las zonas de trabajo, los productos que se puedan vender, otorgar permisos de funcionamiento para los vendedores, la entrega de un carné de funcionamiento y creación de un programa de capacitación», Nebot les respondió que «todo lo que venga de ellos va al archivo». Cuando se pretendió discutir lo del seguro social, Nebot mostró un loro para responder a personas que «sólo hablan y cuando hablan tampoco dicen nada» (la tradición de la derecha populista guayaca es el insulto y la agresión verbal, de las que Febres-Cordero es el obvio predecesor de Nebot. En todo caso, es un rasgo que pertenece más al populismo –ante el pueblo querer vender la imagen de tipo bien parado– que de la derecha propiamente dicha, el caso de Correa es ejemplo de ello. La diferencia entre uno y otro es que los políticos de derecha son generalmente impunes para el insulto y la agresión verbal –la prensa en general, pero sobre todo la de opinión, usualmente minimiza los hechos- mientras que los políticos que no son de esa tendencia –Correa, Bucaram- son largamente estigmatizados). Cuando alguien se atrevió a discutir la conveniencia de las tarjetas “La Guayaquileña”, Nebot contestó que “solo un tarado puede pensar eso” y que «si están transtorados que vayan al psiquiatra y si son ignorantes que aprendan»; cuando en una entrevista complaciente con Carlos Vera, su entrevistador le mencionó que existía un crítico de su gestión municipal, Ramón Sonnenholzner, ni siquiera escuchó la crítica para mandarlo a «que opine en Alemania» sobre Hitler (min. 07:06 – 07:26); cuando se intentó establecer a instancias de la gobernación presidida por Roberto Cuero un diálogo entre alcaldía y gobernación, Nebot lo mandó a hablar con una negra, porque Cuero es negro (?). (Ésta, en materia política, es una de las respuestas más profundamente imbéciles que he visto en mi vida).

Por supuesto que la violencia verbal palidece frente a la agresión física que proviene del municipio local, por parte de su policía metropolitana, cuyas peores consecuencias las padecen los informales. Las imágenes hablarán mejor y más preciso que las palabras, véanse el documental “Guayaquil Informal” de autoría de Ernesto Yturralde, para unos casos documentados de violencia física. Sobre estos casos de violencia que no puede considerarse (por razones políticas) “crónica roja”, los diarios los reportan que se detuvieron doce personas y hubo cuatro heridos (como El Universo en esta ocasión) pero ninguna investigación adicional, ningún afán de profundizar en las causas de esa violencia, o en sus consecuencias para quienes fueron detenidos o resultaron heridos. Parece implícito, que esta violencia puede admitirse.

El discurso verbal tan violento como impune cuando se trata de descalificar a sus opositores (que no se priva de reducirlo a la condición de animal o de discriminación racial), más la violencia física (ejercida incluso por el alcalde contra una autoridad judicial) cotidiana en las calles y ejercida por policías metropolitanos, es prueba del rechazo del municipio local a “sustituir la fuerza” por la persuasión.

Final

El cómo pudo implantarse un gobierno fascista en Guayaquil tiene la misma explicación que la que lo permitió en Italia: “la conquista del poder por parte del fascismo fue el resultado de una fecunda alianza entre precisos intereses de clase y turbios ideales, favorecidos por la crisis moral, social y económica que atravesaba un [cantón] como el nuestro, por larga tradición más acostumbrado a la opresión que a la libertad” (ESF, Pág. 80). En el original, entre los corchetes, se leía «país», pero la frase calza precisa para Guayaquil, una sociedad siempre conservadora y durante un tiempo corrompida por “la crisis moral, social y económica” del roldosismo, cuyo superación ha dado como resultado esta organización política cuyo funcionamiento de contenido fascista se describe en este artículo.

No tengo mayores expectativas que este texto produzca debate alguno con gente que defienda al municipio de Guayaquil. Esto, porque desde el municipio, su política es nunca debatir asuntos de interés público: a pesar de que se los invita, si no se trata de un ambiente complaciente (discursos políticos en actos de entidades afines o entrevistas en ciertos programas de TV, por ejemplo), nunca asisten. Para comunicarse con sus ciudadanos tienen un departamento de prensa que, como se comprobó en el caso contra la censura previa que implementó el municipio en el concurso Salón de Julio, no tiene empacho alguno en mentir.

En cambio, la gente que no es funcionaria municipal, pero que defiende a la Alcaldía creo que tendría grandes dificultades para desmentir las premisas en que fundamento mi opinión (después de todo, la mayoría son tomadas desde la propia autoridad a la que dicen defender) así como también creo que no podrían razonar cómo, una vez tenidas por verdaderas esas premisas, éstas no se adecúan a lo descrito como características propias del régimen fascista. Las más de las veces, la defensa de ellos se resuelve en vagas generalizaciones, falacias ad-hominem o sospechas paranoides, que no contribuyen a ningún debate serio. Pero puedo pecar de pesimista: a lo mejor, tienen otras premisas (que no sea, por favor, “hace obra pública”: justificar por eso prácticas de fascismo muestra ningún respeto por la idea de democracia) o mejores razonamientos que los expuestos hasta aquí. Ojalá. Veremos.

Pero de los funcionarios del municipio, ninguna respuesta. Porque lo típicamente fascista, como bien lo advirtió Bobbio, es el “primado de la acción por sobre el pensamiento, vale más un escuadrista que un profesor, hay más cultura en los bastonazos que en los garrapateos de los intelectuales” (ESF, Pág. 145), que es también, lo típicamente municipal (traducido a guayaco, “escuadrista” equivale a “garrotero” y “bastonazos” a “toletazos”). En manos de esta gente está la administración de nuestra ciudad. Un anacronismo brutal, para una sociedad democrática del siglo XXI.