No es fácil comprender un caso legal que ha durado 18 años, peor resumirlo. De todas maneras considero necesario que los ecuatorianos conozcamos cierta información sobre el juicio contra Chevron.

Se puede empezar recordando los actores del tema. Por un lado está Chevron, una petrolera estadounidense billonaria –la segunda más grande en Estados Unidos- con cientos de filiales en el mundo. Por el otro están representantes de de cinco nacionalidades amazónicas –Kichwa, Cofán, Secoya, Siona y Huaorani- y un grupo de colonos. Ecuador sigue siendo un país invisible para muchas naciones del mundo, y dentro de Ecuador, los indígenas siguen siendo invisibles para muchos ecuatorianos. Con todas las desventajas en su contra este grupo de personas ha logrado mantenerse firme y, literalmente, aguantar hasta las últimas consecuencias.

Esta semana la Corte Provincial de Sucumbíos ratificó el fallo en contra de Chevron dictado el 14 de febrero por Nicolás Zambrano, el Juez  de lo Civil de Sucumbíos, es decir confirmó la responsabilidad de la petrolera estadounidense en el caso de contaminación de la Amazonia ecuatoriana. Esa sentencia, de primer nivel, condenaba a Chevron (ex Texaco) a indemnizar a las seis comunidades indígenas con 9500 millones de dólares por los daños ambientales y sociales causados durante los 18 años (1972-1990) que la petrolera operó en el país.

Luego de la sentencia de primera instancia, ambas partes apelaron. Los demandantes ecuatorianos pidieron que se revisen tres categorías de afectación: el reconocimiento de las tierras ancestrales, la economía de los amazónicos, y la destrucción y contaminación de las carreteras y vías de acceso de la zona. En la reciente ratificación del fallo ninguno de los tres aspectos fue tomado en cuenta. De todas maneras, tanto Pablo Fajardo –abogado que lidera el equipo de demandantes- y representantes de las comunidades Kichwa y Cofán, manifestaron que se sentían orgullosos del resultado.

El martes 4 de enero hubo una rueda de prensa y cuando Luis Yanza –coordinador ejecutivo de la asamblea de afectados-, Robinson Yumbo –presidente de la nacionalidad Cofán-, Ermer Chávez –presidente del Frente de la Amazonia- y Carmen Zambrano –representante de los colonos- intervinieron con un breve testimonio, ninguno pudo ocultar su emoción. Sonrisas perennes, voces entrecortadas de la emoción, ojos con brillo. Todos estos habitantes del oriente del país recalcaron la importancia de reivindicar su cultura, de defender el territorio que consideran la base de sus comunidades.

Tal vez nos cueste comprender cómo el suelo se puede convertir en “la base” para su vida. Precisamente por eso, porque ellos no lo consideran solamente un espacio físico. Verónica Potes, experta en vinculación del Estado y las comunidades indígenas a través del derecho, explica que ni el Estado ni los ciudadanos entendemos la relación especial que existe entre estas personas y su tierra. Los amazónicos se sienten parte de la naturaleza, viven por y para ella; incluso su espiritualidad surge de ahí. Además creen que en la selva viven sus ancestros muertos.

En la rueda de prensa se turnaban el micrófono y emocionados, los representantes de las comunidades también dijeron que este triunfo no solo le corresponde a las comunidades sino al Ecuador entero.

Escuchaba los testimonios y recordaba los antecedentes que me ayudaban a comprender aún más el peso de sus palabras.

En 1964 Texaco llegó a Ecuador y ocho años después comenzó a extraer el crudo. Durante ocho años la petrolera perforó la Amazonia. La conciencia ecológica era un concepto inexistente en ese momento, Chevron operó sin las medidas ambientales necesarias y las perforaciones, con poco o nulo control, provocaron que 59.938 millones de litros de aguas y productos contaminantes se viertan en el suelo y ríos de la provincia de Sucumbíos.

Las consecuencias se presentaron después, pero los indígenas decidieron que debían reclamar por ellas. Entre las más relevantes están: cerca de 300 indígenas murieron por enfermedades que se desencadenaron directamente por la contaminación, un numeroso grupo –no hay cálculos exactos- padece de cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel, y los pozos petroleros en los que operó, aproximadamente 380, están extremadamente contaminados.

Los amazónicos probaron suerte y en 1993 presentaron la denuncia en una corte de  Nueva York. El poder y la presión de la trasnacional lograron que el caso no se procese en Estados Unidos sino en Ecuador. En 2003 fue como un borrón y va de nuevo: los abogados presentaron una nueva demanda en la Corte Superior de Sucumbíos.

Mientras tanto Chevron tampoco se ha quedado cruzado de brazos. Denunció a tres de los seis jueces que han estado a cargo del caso, logrando su destitución. Hace un año demandó al Frente de Defensa de la Amazonía por extorsión y promover una campaña de desprestigio contra la empresa. También insiste que el Estado ecuatoriano ha intervenido en el caso a favor de las comunidades.

En su defensa, Chevron asegura que los demandantes han manipulado documentos como por ejemplo las pruebas del peritaje que determinaron el grado de contaminación en la Amazonia. También denuncian que los abogados de los actores participaron en la redacción de la sentencia emitida en febrero del 2011.

Existen varias acusaciones de ambos lados. Hay falta de claridad en algunos casos, sospechas e irregularidades en otros. Información la hay por montones. En esta página (https://www.juiciocrudo.com/index.php) encontrarán la que apoya las acusaciones de la petrolera contra los demandantes, la queja principal es la intromisión de los afectados en el proceso judicial. Y en esta otra (https://www.texacotoxico.org/) están todos los datos que sustentan la idea de porqué Chevron es culpable y debería pagar la multa que le han impuesto y más.

¿Qué pasa ahora? La sentencia de segunda instancia confirma el fallo subido en grado, en el que se ratifica la condena a Chevron. Las partes pueden presentar un recurso de casación, para que se revise la sentencia. Los demandantes no lo pedirán, Chevron aún no lo anuncia pero se espera que lo haga. Si es que solicita el recurso este no impediría la ejecución de la sentencia –a menos que Chevron caucione la suspensión de la ejecución de la sentencia–. Cuando la casación se resuelva, seguramente, después le sucederán acciones constitucionales.  De una u otra manera el caso que pronto cumplirá dos décadas, no parece tener un desenlace próximo.