Durante una conferencia magistral en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón, realizada el 7 de septiembre del 2010, el presidente Correa resaltó la necesidad de cambiar la noción de desarrollo, dejando atrás la reducción del bienestar humano como consumo material; esto, dado que es imposible pretender que el planeta pueda seguir soportándolo. Habló, en específico, de la ruta trazada en Ecuador: el Sumak Kawsay, el Buen Vivir, como vía alternativa: no la “acumulación ilimitada de bienes materiales, sino la satisfacción de necesidades base, con justicia y dignidad, en armonía con la naturaleza”. Lo que queda plasmado -expuso Correa- en que tenemos la constitución más verde del planeta, en donde la naturaleza pasa a ser sujeto de derechos.
Esta preocupación (y necesidad) por buscar un cambio en la noción de desarrollo encuentra múltiples miradas y voces. Una de ellas fue escrita de manera sucinta en un ensayo publicado en el 2000 por Enrique Leff, donde afirmó que la crisis ambiental es efectivamente la crisis de nuestro tiempo; dado que lo que subyace es una crisis mucho más profunda, una crisis del pensamiento occidental: “de la «determinación metafísica» que al pensar al ser como ente, abrió la vía a la racionalidad científica e instrumental (…) como formas de dominio y control sobre el mundo”.
Es así como ha de verse la crisis ambiental por la que atravesamos, arguye Leff: como una crisis de civilización, que nos plantea el “abrir nuevas vías del saber en el sentido de la reconstrucción y la reapropiación del mundo”. Y es allí precisamente hacia donde se apuntó en Ecuador al concederle derechos a la naturaleza, y al plantearse (en serio) otro escenario para un desarrollo sustentable. Pero, ¿cómo se ha articulado esto en la práctica?, ¿se están llevando a cabo alternativas al desarrollo extractivista, al ser nuestra economía eminentemente primario-exportadora?
Los datos concretos evidencian la gran brecha entre el discurso y la práctica. Cuestión que, debe decirse, no sólo ocurre en Ecuador: los gobiernos progresistas de América Latina (como Bolivia y Venezuela, con propuestas bastante similares) parecen perfeccionar el camino del extractivismo, siguiendo las mismas estrategias de desarrollo basadas en los supuestos modernos que discursivamente dicen querer dejar atrás: el dualismo Naturaleza-sociedad.
Parte de esto puede verse claramente en las cifras del sector hidrocarburífero, tomando como primer rubro las inversiones realizadas. En el 2006, bajo la administración de Alfredo Palacio, la inversión total en el sector petrolero fue de 356,8 millones de dólares. Para el año 2007, primer año de gobierno del presidente Rafael Correa, la cifra empezó a crecer: el monto total de inversiones pasó a 647,6 millones; que se desglosan en 230,3 millones del sector privado y 417,3 millones del estatal. Finalmente, para el año 2010 la cifra se dispara: la inversión total llega a los 2.144,0 millones de dólares, que se dividen en 417,0 de las petroleras privadas y 1.727,0 de las estatales (Ver Cuadro 1). ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión total (del 2007 al 2010) en el sector petrolero creció en un 231,1%, en donde la inversión privada creció en un 81,1%. Pero lo importante es el crecimiento del sector estatal, con un repunte de 313,9%.
En lo que respecta a la producción nacional de petróleo crudo, existe un declive en el sector privado: pasa de 92.213 miles de barriles en el 2007 a 43.196 en el 2011, es decir, decrece un 53,2%. Al contrario, la producción estatal va de 94.334 miles de barriles en el 2007 a 108.500 en el 2011: un aumento de 15% (Ver Cuadro 2).
Estos rubros tienen que ser cuidadosamente enmarcados dentro de un escenario más detallado: la aprobación de la Ley Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos el 26 de julio del 2010, luego de protestas de diversos grupos. La intención del gobierno en aprobar rápidamente la reforma fue la de presionar a las petroleras privadas para que extrajeran más petróleo y aumentaran sus inversiones. Correa lo dejó claro cuando dijo: “Me voy a reunir con las (empresas) privadas y vamos a hablar claro: o me invierten o se van (…)”.
La posición del presidente fue tan enfática que, tras la gran oposición que hubo dentro del pleno de la Asamblea Nacional ante la aprobación de la reforma, dijo que estaba dispuesto a aplicar la muerte cruzada: “(…) el gobierno no excluye la disolución de la asamblea nacional y el llamado de elecciones presidenciales para el resto del período”, expresó en un acto por el aniversario de la Armada Nacional.
El gobierno necesita del petróleo para poder solventar los gastos. Así de sencillo. Una y otra vez, Correa ha enfatizado que “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”, promoviendo prácticas extractivistas aunque con el discurso del Buen Vivir bajo el brazo. Porque, al parecer, dichas prácticas son legítimas si el que las efectúa es un gobierno progresista. No importa cuál: sea Bolivia, Venezuela o Brasil, lo mismo da. Lo expuesto en Japón durante la conferencia magistral, el logro de tener la constitución más verde del planeta y la necesidad de contraponer esa herencia moderna con el enfoque biocéntrico del Sumak Kawsay no es nada más que lirismo.
¿Dónde están esas alternativas al desarrollo extractivista? ¿Está en los altos porcentajes de inversión y producción en el sector hidrocarburífero? ¿Estuvo en la disputa por explotar o no los campos del Yasuní, en donde, a modo de chantaje, el presidente trazó como viable el explotar los campos Tiputini y Tambococha en caso de que fracasara la recaudación para la activación del fideicomiso del PNUD? ¿Está acaso en los proyectos para realizar minería a gran escala? Por supuesto, aquellos que se oponen no son más que ecologistas infantiles, para usar las palabras del presidente.
El escaso (y casi nulo) debate sobre estos temas, vinculados de manera directa con la tarea de que los enunciados jurídicos de la constitución se traduzcan en que la naturaleza pase efectivamente a constituirse como sujeto de derechos, parece resolverse en la proclama del presidente de: “somos gente buena y sabemos hacer las cosas, tengan confianza”.
Confianza que, a la luz de la realidad, significa esperar a que salgamos del extractivismo con más extractivismo. Esperar las condiciones para que la naturaleza tenga los derechos otorgados en la constitución; pero, hasta que eso ocurra, seguir viéndola como lo que es: una canasta de productos comercializables. Que lo dicho en Japón se quedé allá, resonando a modo de eco por el tiempo que dure.
Acá, el promedio de producción nacional de petróleo fue de 499.000 barriles diarios durante el 2011. Petróleo, sin lugar a dudas, progresista. ¿Debate para buscar alternativas concretas al modelo de desarrollo extractivista, para una economía post-petrolera? ¿Para qué? Ellos son gente buena, y saben hacer las cosas.
