Muchos no entendían bien el intríngulis legal que hay de por medio, pero la consigna era clara: Montañita se resistiría al intento de desalojo que intentaría la Policía Nacional sobre unos terrenos que los lugareños del pueblo emblemático de la ruta del sol consideran patrimonio inalienable de la comuna.
Montañita es, en efecto, un pueblo ancestral. En ella se asentaron los pueblos indígenas de la Costa ecuatoriana. En la Descarga 11 (que está al aire), Silvino Borbor habla de la Montañita en el tiempo remoto en que el turismo no existía en el pueblo y la gente se dedicaba mayoritariamente a la agricultura y la ganadería.
La relación de los montañeses con su tierra es directa y profunda, como dice José de la Cuadra está prendido en el agro el matapalo: con raíces como garras.
Desde 1937 en que se expidió la Ley de Organización y Régimen de Comunas, la gente que ha habitado el idílico recodo costero ha luchado por mantener la propiedad colectiva de los terrenos que conforman la Comuna Montañita.
Esa ley se aprobó en octubre de ese año, y apenas tres meses y medio después, el 15 de enero del 38, Montañita, al igual que Valdivia, San Pedro, Sinchal, Barcelona, San Antonio, Cadeate, Río Chico, Dos Manga, Pajisa, La Entrada, San Francisco, San José y Olón quedaban legalmente constituidas y autorizadas a convocar a la elección de cabildos.
Quizá los comuneros de las décadas del treinta y del cuarenta celebraron –y vaya que tenían razón para ello– estos hechos. Quizá lo hicieron sin darse cuenta que ése sería apenas el inicio de un tortuoso camino hasta lograr, recién en 1982. Quizá por eso recuerden no sólo el día (el diez de septiembre), sino hasta la hora (las diez de la mañana) en que el Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Vallejo López, declaró, como Juez de Tierras, que la comuna Montañita, por mandato de las disposiciones de de la Ley de tierras Baldías y Colonización de 1936 y por virtud de la prescripción adquisitiva de dominio con anterioridad a 1964, “es propietaria del cuerpo de terreno situado en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, provincia del Guayas, con una superficie de 1.414 hectáreas y comprendido dentro de los linderos señalados en el plano elaborado por el programa nacional de Regionalización agrícola (PRONAREG) e informe de linderación, instrumentos estos que con la copia de este fallo se protocolizará en una Notaria y se inscribirá en el registro de la Propiedad del cantón santa Elena”.
Acotar que la sentencia fue protocolizada e inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Elena resultan nimiedades fácticas que las personas que el catorce de diciembre de este año cerraron la flamante “Ruta del Spondylus” en el tramo de entrada a Montañita cuando les dieron aviso que un piquete de cientos de policías nacionales llegarían para desalojarlos de más de cien hectáreas de terreno y, además, de cien cuadras que llevan el nombre de “El Carmen”.
Hay varios litigios, administrativos, judiciales y constitucionales pendientes por esos terrenos, donde se encuentran algunas casas construidas por el MIDUVI, según afirman varios comuneros. Los juicios son entre una compañía denominada MASA, que alega ser la legítima propietaria de los terrenos en disputa y la Comuna.
Juicios van y juicios vienen.
En muchos de ellas las partes alegan indefensión, violación del debido proceso, desconocimiento de derechos y la expectativa de que los más altos tribunales del país les reconozcan lo que ellos creen es su derecho. Por supuesto, la famosa invocación de la jurisdicción internacional en caso de que el fallo sea adverso está presente. A veces la gente olvida que en los juicios siempre tiene que ganar alguien.
El presidente de la Comuna, Leonel Ufredo del Pezo Yagual, maneja el tema al derecho y el revés y lo cuenta en un tono de sincera preocupación. En la ayuda memoria que han preparado para entregársela a todo el que esté dispuesto a leerla, además de dar todos los detalles legales de los dos litigios, del Pezo ha denominado al asunto un “problema jurídico social” que afecta a su comuna. Según la ayuda memoria y el testimonio del presidente de la Comuna, en uno de los casos hay una orden de desalojo de marzo de este año, que no puede ejecutarse por cuanto existen resoluciones judiciales y constitucionales pendientes de resolución.
Todo eso sucedía en los tribunales de Santa Elena, Guayaquil y Quito como antecedente al catorce de diciembre de 2011. Ése día se constituyeron en las afueras de Montañita, para dar cumplimiento de la polémica orden de desalojo de marzo, la Intendente, dos asesores del Ministro del Interior y un piquete de cientos de policías (mil, según los montañeses).
En el video aficionado entregado anónimamente a gkillcity.com se escucha la discusión entre los comuneros y la Intendenta de Santa Elena. El dirigente comunal le explica que la orden está impugnada y la Intendente le dice que eso no suspende la ejecución de la sentencia. El teléfono de la funcionaria suena varias veces. Llamadas desde Quito y explicaciones entrecortadas. Parece hablar con el Viceministro del Interior.
El comandante del escuadrón policial trasladado para el desalojo, intenta dar explicaciones a los comuneros, diciéndoles que no busca el enfrentamiento con la gente, que lo mejor es que la gente facilite el trabajo policial. Pero el pueblo de Montañita no va a facilitar el trabajo policial. Y los va a enfrentar si es necesario.
“Morir defendiendo nuestros derechos constitucionales” dice uno, no sin un dejo de dramatismo.
Otro instruye a los policías sobre el derecho a la resistencia, consagrado en la Constitución del 2008. La expresión del policía es equívoca, como si dicha expresión le resultase contradictoria. Los miembros del GOE, que es el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (y una de cuyas unidades rescató al presidente Correa del sitio del Hospital Policial el 30 de septiembre), no parecen saber como reaccionar. Se ofuscan, se gritan un par de cosas con los comuneros, pero no es mayor cosa: detrás de ese uniforme, los unos, y detrás de las capuchas, los otros, son la misma persona. Y están a punto de enfrentarse los unos contra los otros.
La imagen evoca esa leyenda urbana guayaquileña que contaba de la madre que, en uno de los suburbios del puerto, despedía a sus dos hijos por las mañanas con una bendición cuando salían, a la misma hora, a trabajar: el uno era policía y el otro era ladrón y a ambos les pedía regresen sanos y salvos a casa por la noche. La misma gente en las orillas opuestas de la ley, aunque la protesta de los comuneros no puede, ni por exageración, compararse con el delito común del robo.
La resolución de la comuna es evidente. Más llamadas de celular, más explicaciones, mientras la tensión aumenta, de lado y lado. Los unos vestidos con sus trajes de camuflaje y sus chalecos de kevlar y los otros con el rostro encapuchado y blandiendo los machetes que revelan su identidad campesina. Unos extranjeros rondan la escena, preocupados por la irrupción policial en su oasis pacífico. Hay una que no deja de grabar con el tablet todo lo que sucede.
Hasta que llega el momento de la victoria para los Montañeses. La Intendenta anuncia que no hay desalojo y, eso sí, pide que la ayuden a limpiar la carretera, obstruida por ramas y fogatas de protesta par impedir el ingreso de los policías.
Al final, el grito de victoria de los comuneros, la retirada de los policías en las decenas de buses en que llegaron, el haber evitado el desalojo, parece un triunfo popular pocas veces registrado.
Seguramente los juicios avanzarán, los tribunales se pronunciarán y uno de las partes se sentirá irremediablemente perjudicada por las sentencias que se dicten. Eso ya se sabrá.
Mientras tanto, en Montañita siempre tendrán su 14 de diciembre.
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